En la vida cotidiana de los colombianos, particularmente de aquellos ubicados en zonas de intenso conflicto armado, la violencia parece marchitarse como reflejo de la vigencia de la tregua unilateral determinada desde el 20 de julio por las Farc y de un desescalamiento reciproco que involucra a los contendientes de la guerra en el cese […]
En la vida cotidiana de los colombianos, particularmente de aquellos ubicados en zonas de intenso conflicto armado, la violencia parece marchitarse como reflejo de la vigencia de la tregua unilateral determinada desde el 20 de julio por las Farc y de un desescalamiento reciproco que involucra a los contendientes de la guerra en el cese de hostilidades, el desminado y los ataques a la infraestructura energética. No se trata de algo absoluto. Aun persisten las violencias institucionales de los grupos dominantes en el Estado. La maquina gubernamental conserva inmodificada la cultura despótica del atropello y el ultraje a los grupos subordinados afectados por la carencia de espacios de organización sólidos en su resistencia frente al desmán crónico de las oligarquías locales. El fascismo muta desde su cuna original, se recrea y expresa con otras maneras para mantener a raya y fulminar a quien lo estorba desde la subalternidad campesina, obrera, indígena, afro o la militancia emancipatoria y liberadora. ¿Acaso no es ese el brutal mensaje de la captura de Feliciano Valencia, el líder nasa caucano, a quien integrantes del corrupto sistema judicial regional, representado en el Tribunal departamental, han condenado a 18 años de prisión por un reciente acto colectivo de rechazo a la violencia militar gubernamental que pretendía impedir el reclamo de las tierras ancestrales rapadas por poderosos terratenientes?
No se trata de un acontecimiento aislado. Se repetirá para recordarnos que la violencia persistirá como recurso esencial de poder de minorías sociales y políticas locales.
Aun así, la decisión de avanzar hacia la superación del conflicto es real. Superar la violencia requiere mucha paciencia e inteligencia para eludir la provocación de la ultraderecha, quien más ventaja saca con el uso de la fuerza.
Recientes avances en el trabajo de la Mesa de conversaciones de paz de La Habana, están indicando que el proceso se ubica en una transición política. ¿De qué transición se trata? Es la pregunta que conviene plantearse.
La transición como categoría analítica ha sido considerada a lo largo de los actuales diálogos. El gobierno aludió a una «justicia transicional» y en esos términos elaboró un Marco jurídico para la paz que no resultó adecuado a los requerimientos del Acuerdo especial para la terminación del conflicto que sirve de soporte a las conversaciones de paz. Su visión unilateral de las cosas jurídicas es lo que explica su irrelevancia. Hoy, con el funcionamiento de una sub comisión de expertos, hay señas de que surgen consensos en esa materia para cerrar así el prolongado debate del punto de las víctimas de la agenda temática.
Hacer uso de la transición como herramienta de análisis no implica excluir otras de mucho valor como el cambio, la ruptura y la revolución. Aunque en muchos casos no hay que olvidar que en las transiciones, además de la esfera política, hay que referirse a la económica, institucional o a aquélla otra que afecta a la organización del Estado, y cuya conjunción en algunos ámbitos espaciales ha sido caracterizado como de una revolución sin precedentes históricos.
En el caso concreto que nos ocupa, la transición encaja en el modelo escogido para terminar la guerra civil nacional. Refleja unas correlaciones de fuerza y el sistema de consensos determinado para evacuar los ejes del litigio.
Su contenido material refleja, inicialmente, un recorrido entre la violencia y la paz. Un paso desde los escenarios densos de la violencia (concentración latifundista de la tierra, pobreza, miseria, ausencia de libertades democráticas, régimen autoritario, constreñimiento mediático, etc), hacia los ámbitos de la vigencia cierta y plena de los derechos fundamentales de las personas.
La delegación plenipotenciaria de la resistencia campesina revolucionaria en La Mesa de La Habana, ha expresado recientemente su disposición de avanzar en la organización de su acción política en los términos de «la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil,….. para abordar y discutir los procedimientos para el tránsito de organización alzada en armas a movimiento político abierto (http://bit.ly/1gDmNhe).»
Síntoma de la potencia alcanzada por el proceso. La voluntad de paz lo jalona, lo empuja, lo direcciona para dejar atrás la violencia, a la que se aferran los grupos de la ultraderecha más radicales porque saben que es el terreno apropiado de su auge y reproducción política.
Pero la transición a la paz es más que eso, con ser importante. Ella implica de manera inmediata asumir otros problemas álgidos. Me refiero a los siguientes:
Primero. Al compromiso del gobierno Nacional de revisar y adelantar las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz. Lo que, desde mi apreciación, implica una aproximación al tema del Estado y su papel en la construcción de la paz mediante reformas trascendentales que dejen atrás el modelo neoliberal de ajustes adelantados en las últimas décadas desde el ángulo de lo que se conoce como Nueva gestión pública. Acercamiento que debe asumir el debate sobre la naturaleza de las instituciones estatales y las tensiones que se derivan del choque de visiones contrapuestas alrededor de la organización del Estado y la administración pública.
Segundo. «Asumir el mandato de la Agenda para esclarecer el fenómeno del paramilitarismo, y lo que es más urgente para el futuro de la paz, su desarticulación, porque guerra sucia en el post acuerdo constituiría un contrasentido. Esa amenaza debe desmontarse si queremos la reconciliación». Eliminar el paramilitarismo atrapa la reforma de las Fuerzas Armadas como dispositivo clave de la violencia. Los militares la adelantan a su manera, según datos recientes que dan cuenta de trabajos expertos. Sin embargo, no conviene el sesgo insinuado pues evade el consenso en la proyección de unos nuevos institutos armados para las épocas de paz y defensa de la integralidad territorial de la nación, función primordial de las mismas en la visión clásica. A los oficiales y expertos que tratan el tema de la reforma militar les conviene crear canales de comunicación e interacción con otras voces y opiniones; no solo tienen trascendencia las miradas desde lo que sucede o ha ocurrido en los ejércitos de los Estados Unidos o Chile, como lo planteo Pedro Javier Rojas Guevara, hace poco en una columna de El Tiempo (http://bit.ly/1V33qvr).
Tercero. «Retomar la discusión sobre «asteriscos» o asuntos cuya discusión fue postergada como por el ejemplo, el establecimiento de la cantidad de hectáreas que conformarán el Fondo de tierras, necesario para la ejecución de la Reforma Rural Integral, también es tiempo de sacar del refrigerador las 28 salvedades para airearlas y buscar consenso en torno a ellas».
Cuarto. Determinar los procedimientos de legitimación de los consensos mediante su refrendación popular y la realización de una Constituyente soberana, que bien termine de asumirse con el debate propiciado por la reforma planteada con el Acto legislativo que pretende crear una Comisión legislativa y dar facultades de paz al Presidente de la Republica, pues son tantos sus vacios y sus potenciales inconsistencias, que el riesgo de su naufragio en el examen obvio de la Corte Constitucional puede hacerse una realidad en los meses venideros, una vez se surta su trámite en las Cámaras legislativas. No creo tanto en el fantasmal «golpe de Estado» sugerido por el delirante uribismo para distorsionar la propuesta del Presidente Santos, sino que es tal la maraña de intereses involucrados que de esa gestión no creo que salga algo positivo en el articulado, salvo un acuerdo nacional inclinado por la Constituyente como punto de corte y de partida para una nueva etapa histórica de Colombia.
Quinto. Implementar y ejecutar los consensos suficientes alcanzados de manera que se eviten engaños y frustraciones colectivas en el pueblo.
Sexto. En un plano más general, no resulta irrelevante abordar los desafíos que para la izquierda, el movimiento social y el campo de la oposición democrática, tiene la transición a la paz. A la izquierda le corresponde la mayor carga en la construcción de la misma. Hacerlo con solvencia quiere decir plantearse nuevas formas de organización, nuevos lenguajes, nuevos símbolos, nuevas maneras de relacionamiento con la multitud.
Nota. Grave la crisis de la salud en Cali y el Valle del Cauca. Las finanzas del emblemático Hospital Departamental no dan más. La única salida es la movilización ciudadana exigiendo prontas soluciones fiscales al gobierno en todos sus niveles, empezando por los Ministerios de Hacienda y Salud.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.