A sólo 15 días de celebrar -en privado- el primer año de su mandato, la Presidenta Bachelet ha hecho su tercer ajuste ministerial. Tres ministerios en un año es una expresión de crisis, pero el problema es mayor. En este nuevo gabinete, los sectores más dogmáticos del neoliberalismo de la coalición de gobierno (la Concertación) […]
A sólo 15 días de celebrar -en privado- el primer año de su mandato, la Presidenta Bachelet ha hecho su tercer ajuste ministerial. Tres ministerios en un año es una expresión de crisis, pero el problema es mayor. En este nuevo gabinete, los sectores más dogmáticos del neoliberalismo de la coalición de gobierno (la Concertación) acrecientan y consolidan posiciones.
La imposición inconsulta de un cambio radical en el transporte colectivo de la capital — denominado Transantiago– , ha sido rechazada con justa indignación por la ciudadanía. En especial por los principales afectados, los sectores más pobres de la periferia. El asunto no se remite sólo a consideraciones técnicas. La visión neoliberal permea y cruza el origen de este concepto de transporte, su diseño e implementación. Empresarios privados y un cenáculo de iluminados en cuatro paredes dejaron fuera a los usuarios. Para la gente es cada vez más clara la necesidad de que el Estado tome un rol relevante en el transporte colectivo y que cuente con la opinión de las organizaciones de la sociedad civil.
La partida del Transantiago (desde el 10 de febrero pasado) fue el detonante de la crisis que se venía incubando por los desaciertos y concesiones del gobierno a la derecha, que cuenta con importantes aliados al interior de la coalición de gobierno. Ahora el golpe de timón hacia posturas más derechistas -evidenciado por el nombramiento de los nuevos ministros- es abiertamente aplaudido por la llamada «oposición» de derecha (la Alianza) que estima que estos nombramientos facilitarán el entendimiento entre su sector y el gobierno.
El gobierno ha cedido sin pudor -ni siquiera para guardar las apariencias- a las presiones reaccionarias. Cada vez que el pinochetismo, legitimado como un actor democrático por la Concertación, formula sus exigencias de imponer sus políticas ha contado con la rápida anuencia de la Presidenta. Así, en un Ministerio político por excelencia (la Secretaría General de la Presidencia) instala a un supuesto socialista que se caracteriza por su obsecuente conciliación con representantes de la oligarquía. En el cuestionado Ministerio del Transporte asume con mayores facultades y recursos un personero formado en el MIT cuya adhesión al modelo es total.
Por su parte, el Ministro de Hacienda que descartaba cualquier subsidio o mayor aporte fiscal para agilizar el sistema de transporte, abre sus faltriqueras y se convierte en un super Ministro, el que junto a su colega de Relaciones Exteriores encabeza el núcleo duro, neoliberal a ultranza, y son los verdaderos rectores de la política gubernamental. Viene de Harvard y el segundo fue formado en Wisconsin. Ahora, un doctorado de Berkeley ha sido nombrado en la cartera de Energía.
Los sectores democráticos que reclaman cambios en función de los intereses nacionales y populares se aglutinan en el Parlamento Social y Político que encabeza y convoca la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y se levanta como una fuerza en desarrollo para exigir que se cumplan los compromisos con la democratización real del país. La presencia –formal por el momento– de representantes de los Partidos integrantes de la coalición gubernamental permite avizorar nuevos y más profundos entendimientos. Ello se corresponde con los intereses objetivos de grandes masas que dieron su apoyo para que el actual gobierno fuera elegido, y que hoy se sienten chantajeados.
La Presidenta se comprometió ante el país a impulsar un cambio en el sistema electoral que rompa el aberrante binominalismo, a producir transformaciones de fondo en la estructura previsional, a considerar modificaciones en la legislación laboral, a continuar la senda de investigación y castigo respecto de las violaciones a los Derechos Humanos, a recoger las demandas por un proyecto educacional democrático, a preservar el Medio Ambiente impidiendo la depredación de la naturaleza en aras de un supuesto desarrollo y crecimiento, a atender las imperiosas necesidades de vivienda y los reclamos de los deudores habitacionales.
Todos estos compromisos están pendientes. A pesar del apoyo creciente de la ciudadanía al cambio del sistema electoral, el gobierno no tiene voluntad política para democratizarlo y recurrir al plebiscito (ni siquiera como una consulta no vinculante) para apurar el cambio y desenmascarar a los sectores que establecieron ese engendro durante la dictadura;
La reforma previsional, encomendada a una comisión de clara mayoría conservadora, se atisba como un proyecto que busca consolidar las Asociaciones de Fondos de Pensiones para mantener la capitalización individual, liberar de responsabilidades al Estado y al gran empresariado, y sepultar las esperanzas de una estructura participativa, solidaria y de reparto
La mayoría ciudadana apoya los cambios urgentes que requiere la educación, que fueron motivo de preocupación cuando en 2006 se expresaron centenares de miles de estudiantes en la conocida rebelión de los» pingüinos». Otra comisión de estudio nombrada por la Presidenta mantiene archivadas las demandas.
De los derechos laborales no se habla. Por el contrario. La reacción no ceja en sus exigencias por eliminar mas derechos a los trabajadores en uno de los mercados laborales más desregulados del mundo y con alta precarizacion del empleo. Sindicalización y derecho a huelga son una farsa.
En todos los ámbitos sociales, los problemas se acumulan: los problemas de vivienda se agudizan; los pueblos originarios son reprimidos brutalmente; con escasas excepciones de algunos jueces que actúan con diligencia, no hay avances significativos en el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura.
Todo éstos son aspectos pendientes de la democratización del país.
Mientras tanto, el Estado chileno cuenta con ingresos excepcionales en su historia por el precio alcanzado por el cobre en los mercados mundiales. Estos recursos son invertidos en el exterior, intermediados por especuladores financieros que obtienen jugosas comisiones. Peor aún: se presiona para privatizar CODELCO, la empresa estatal del Cobre, y no se asignan recursos para inversiones productivas que redundarían en un crecimiento real y en una notable absorción de mano de obra.
La brecha entre ricos y pobres se ahonda. La redistribución del ingreso en beneficio de los desposeídos sigue siendo una quimera en Chile.
Los recientes cambios ministeriales apuntan en la dirección de aumentar las desigualdades irritantes y el estancamiento económico.
Es un engaño incluir al gobierno chileno entre aquellos gobiernos que en América Latina están señalando un camino distinto, de transformación social en beneficio de sus pueblos, de integración real y solidaria. En Chile, los llamados socialistas hoy no tienen una política de izquierda ni proyecto de izquierda. No son el Partido del Presidente Allende. No construyen la Patria para Todos por la cual él se inmoló.
La oposición de derecha (la Alianza) -evidentemente- trata de explotar al máximo las fallas y las carencias del gobierno de Bachelet insistiendo en que la única solución es la «alternancia en el poder», vale decir que el pueblo le entregue el poder a ellos. Sin embargo, como lo señalan las diversas encuestas, esa propuesta no recibe apoyo ciudadano. Incluso, algunos de sus integrantes declaran con realismo que mientras la Alianza no cambie sus dirigentes y no se desligue radicalmente del pinochetismo, no tiene ninguna chance de llegar al poder.
Es claro que los comunistas chilenos somos de oposición al actual gobierno. Sin embargo tenemos la obligación de unir fuerzas si hay puntos de consenso – como es lo que ocurre en el Parlamento Político y Social– para incorporar a cientos de miles en la lucha por la democratización de Chile..
El Partido Comunista está empeñado en hacer posible la Nueva Mayoría Nacional que Chile necesita para construir una alternativa viable y progresista en nuestro país. Ratificamos que la única alternativa política a la crisis del modelo neoliberal es un gobierno democrático y popular que resulte de la más amplia unión de los sectores progresistas, tanto de los excluidos de representación parlamentaria como de los que, siendo parte actualmente de la Concertación, se oponen a que persista en Chile un sistema excluyente y antidemocrático.
COMISION DE RELACIONES INTERNACIONALES
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE
Santiago, 29 de marzo de 2007