La Unión Europea en la génesis del Plan Ibarretxe

Entre los muchos falsos argumentos utilizados para recomendar el «sí» en el próximo referéndum se encuentra la peregrina idea de que esta Constitución europea impide cualquier veleidad secesionista de las regiones o autonomías. Cuando se reflexiona con profundidad sobre el tema, la conclusión es más bien la contraria.

El director de uno de los principales periódicos nacionales, en una de sus homilías dominicales pretendía señalar a propósito del Plan Ibarretxe la incongruencia de los nacionalistas, que ansían por una parte la independencia política, pero ambicionan por otra continuar con los mismos lazos económicos. El artículo -que advierte que, de llevarse a cabo la escisión, habría que poner fronteras en Cantabria, Navarra, Burgos y La Rioja y establecer para los productos vascos aranceles elevados en el resto de España- tendría sin duda su lógica de haberse escrito hace treinta años, pero presenta por desgracia enormes agujeros en la España de la Unión Europea, del libre cambio y la libre circulación de capitales.

Hace treinta años, tanto en España como en cualquier otro Estado, la integración económica implicaba integración política y viceversa. Las empresas sabían que para gozar plenamente y sin restricciones de los mercados debían establecerse dentro de las fronteras de los Estados correspondientes y someterse a sus normas y imperativos. Las regiones ricas tenían que financiar a las pobres porque su riqueza estaba de alguna manera generada y propiciada por la posibilidad de vender sus productos y prestar servicios en éstas. Se repetía a escala territorial el mismo fenómeno que se daba en el orden personal. Nadie era rico porque sí. Las riquezas y los beneficios se obtenían en la sociedad y por consiguiente era lógico que la sociedad participase en ellos a través de los impuestos. El divorcio político conllevaba también el divorcio económico y, por tanto, cualquier secesionismo implicaba costes muy elevados, en especial para la región que se separaba. En 1978, el artículo citado habría tenido pleno sentido y, seguramente, cualquier planteamiento independentista hubiera sido inviable y apenas hubiese contado con apoyos serios. Cosa muy distinta se produce en la actualidad.

La doctrina de laissez faire laissez passer hoy imperante, divorcia la política de la economía. El Tratado, llamado Constitucional, que el próximo domingo vamos a votar consolida entre veinticinco países, por ahora, una integración comercial y financiera, sin que se produzca la mínima unidad en materia política. Cada Estado conserva sus presupuestos y sus finanzas. No existe una política fiscal común, ni una legislación laboral, ni una seguridad social europea. Los mercados permanecen abiertos para las empresas de todos los países, pero los estados ricos racanean hasta extremos inauditos a la hora de financiar a los de rentas más reducidas. Si Alemania, Francia, Dinamarca u Holanda no quieren financiar a los andaluces o extremeños, ¿po qué lo van a hacer los catalanes o los vascos, si las empresas de aquellos países tienen acceso a los mercados de toda España en las mismas condiciones que las catalanas o las vascas? Y si en Europa existen paraísos fiscales y países cuya tributación es extremadamente reducida, ¿por qué el País Vasco no va a poder reducir el gravamen a sus empresas? Si el divorcio político no implica la desintegración comercial y financiera -y sin duda no la implica, con tal de estar integrado en la Unión Europea-, la secesión es posible. La Unión Europea, lejos de ser un obstáculo al Plan Ibarretxe, lo posibilita y lo alienta.

En lo único que el citado artículo tiene razón es que Ibarretxe engaña a los vascos; si no a todos, sí a la mayoría de ellos, a los trabajadores. Pero es el mismo engaño de aquellos que nos quieren hacer creer que el actual proyecto europeo es una fuente de bendiciones para todos los ciudadanos. Para el capital sí, sin duda, pero no para los trabajadores. Mercados comerciales y financieros integrados, progresivamente más grandes, y Estados cada vez más pequeños conducen tan sólo al paraíso del neoliberalismo económico e imposibilitan la aplicación de los principios del Estado social. El PNV, un partido conservador y de derechas, es tal vez consecuente al inclinarse tanto por la secesión política de Euskadi como por el sí a la Constitución europea. Esquerra Republicana y Esker Batua, que se autotitulan de izquierdas, son congruentes al pedir el no en este referéndum, pero totalmente contradictorios cuando apuestan por la desintegración del Estado español.