Nunca antes la Universidad del Tolima había dado muestras de tanta ineficiencia y mediocridad a la hora de administrar sus recursos y gestionar los conflictos laborales. La administración del Rector José Herman Muñoz tuvo a su disposición cantidades ingentes de dinero que pudieron ser invertidos en la academia y la investigación, pero sus medidas desacertadas […]
Nunca antes la Universidad del Tolima había dado muestras de tanta ineficiencia y mediocridad a la hora de administrar sus recursos y gestionar los conflictos laborales. La administración del Rector José Herman Muñoz tuvo a su disposición cantidades ingentes de dinero que pudieron ser invertidos en la academia y la investigación, pero sus medidas desacertadas solo dejaron a su paso desgreño administrativo, derroche, millonarias inversiones en medios de comunicación, contrataciones de personal injustificadas o nunca prioritarias, cooptación de activistas estudiantiles y ambientales, persecución de las voces críticas, encubrimiento sistemático del déficit financiero, desprecio por el ethos universitario, y chantaje permanente a los actores que no se alinearon con su agenda de gobierno clientelista y corrupta.
Primero le expresó a los medios que la Universidad del Tolima «no pasaba por ninguna crisis». Unos meses después afirmó que la universidad tenía un «problema de flujo de caja». Más tarde reconoció que nos «enfrentábamos a una crisis» pasajera. Luego que la crisis financiera existía, pero que sería solucionada sin mayores traumatismos. Y hoy, el déficit al cual se enfrenta la institución educativa asciende a $30.000 millones, suponiendo que la cifra es la correcta.
Desde hace varios meses se denunció que la universidad gastaba un promedio mensual de $1.200 millones sin ningún soporte de ingresos ciertos. Y en otros momentos, algunos líderes profesorales y estudiantiles, expresaron que la crisis financiera era severa y que requería una respuesta inmediata. Pero la administración de José Herman Muñoz siempre hizo caso omiso a las denuncias, y actualmente, con un cinismo sin precedentes afirma ante los medios de comunicación que las acciones de protesta ante la crisis es solo una «reacción primaria».
Ya la Contraloría General de la República, en respuesta a un Derecho de Petición-Denuncia instaurado por el representante de los Exrectores al Consejo Superior UT, en la Sesión Colegiada Ordinaria N°47 de 19 de noviembre de 2015 (1) concluyó que la administración Muñoz no sólo ocultó deliberadamente las cifras del déficit financiero que al cierre del 2014 era de $5.402.096.388, sino que este déficit obedecía a que los costos y gastos se habían incrementado en porcentajes superiores a los ingresos.
Las soluciones que propone el Rector Muñoz siguen siendo las típicas de una administración neoliberal: descargar la crisis sobre los estudiantes, sacrificar la calidad académica, ampliar cupos en el IDEAD como si fuera un «tituladero», desfinanciar la investigación, y aplicar un plan de austeridad sobre los trabajadores, sin tocarle un solo pelo a los cargos directivos y de altos ingresos, uno de los sectores que más impactan en las finanzas.
Los 20 asesores jurídicos, los profesionales de apoyo, los directores de programa, los asesores de distintas dependencias, los altos ingresos de Rector, Vicerrectores y Decanos, las primas de servicio, las comisiones administrativas, los viáticos del Rector y miembros del Consejo Superior Universitario (CSU), las costosas oficinas de Gestión Tecnológica y de Proyección Social y, la reestructuración de la Oficina de Desarrollo Institucional (ODI) y la oficina de Control a la Gestión, permanecen incólumes sin ningún tipo de ajuste.
Si se revisan las cifras del Informe de Proyección de Costos de Personal Administrativo 2015 (2), fácilmente se puede evidenciar que entre Rector (1), Asesores (4), Vicerrectores (3), Decanos (9) y Jefes de Oficina (6), la UT debe pagar la extraordinaria suma de $3210 millones anuales. Y entre Profesionales Grado 18 (30) y Grado 17 (8), la universidad debe pagar la enorme suma de $3058 millones, muchos de los cuales son completamente prescindibles. Solamente los Directores de Programa (37) cuestan $3090 millones anuales, lo que amerita desde ya una revisión profunda sobre el impacto de estos cargos en las finanzas universitarias.
Asimismo, se deben reducir los costos de personal de las Unidades Administrativas como Gestión Tecnológica, con $850 millones anuales; Desarrollo Institucional, con $798 millones anuales; Proyección Social, con $440 millones anuales; Control de Gestión, con $360 millones anuales, entre otras. Como también se deben aplicar criterios de austeridad a las costosas nóminas administrativas de las Facultades de Veterinaria ($928 millones anuales con un solo pregrado), Agronomía ($1479 millones con solo dos pregrados) y Ciencias ($1715 millones anuales con solo dos pregrados), que en relación a los pregrados que ofertan, representan las unidades académicas más costosas de la universidad.
A pesar de la contundencia de estas cifras, la administración Muñoz le hace creer a los trabajadores de bajos ingresos de la UT, que son los responsables más importantes del hueco fiscal. En realidad, la falta de seguimiento y control de los hechos financieros ocasionó una subestimación de ingresos; los altos costos y gastos de las burocracias, son causa y efecto del déficit financiero de la Universidad.
Desde la perspectiva de que lo público es algo que nos conviene a todos, invitamos al Rector UT a hacer uso de las tres salidas que tiene la universidad, la de la 42, la de la Castellana y la de la María, y a la comunidad educativa a hacer uso de las tres salidas históricas, la organización, la movilización y la lucha, con miras a construir un auto gobierno universitario, sin pastores ni ovejas, en el que los sectores y actores internos definan el presente y futuro de la Universidad.
Fuentes consultadas
(1) http://issuu.com/elsalmonurbano/docs/informe_contralor__a_general_de_la_
(2) http://issuu.com/elsalmonurbano/docs/lo_que_no_sab__a_de_la_alta_burocra