La Veeduría Social, conformada por organizaciones sociales y religiosas para verificar la tregua unilateral declarada por las FARC el 20 de julio de 2015, denunció este viernes que grupos paramilitares operan «con la complacencia de las fuerzas militares», en alusión a los municipios de Cáceres, El Bagre y el corregimiento de Puerto Claver en la […]
La Veeduría Social, conformada por organizaciones sociales y religiosas para verificar la tregua unilateral declarada por las FARC el 20 de julio de 2015, denunció este viernes que grupos paramilitares operan «con la complacencia de las fuerzas militares», en alusión a los municipios de Cáceres, El Bagre y el corregimiento de Puerto Claver en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, «en los cuales, desde el mes de septiembre del 2015, se ha presentado un proceso progresivo de paramilitarización de la zona», aseguró la veeduría a través de un comunicado.
De igual forma denunciaron «situaciones de afectación de parte de la Fuerza Pública» y presencia paramilitar en los departamentos de «Córdoba, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Meta, entre otros, lo cual ha producido asesinatos, desaparición forzada y desplazamiento; así como la judicialización arbitraria de dirigentes sociales».
El comunicado se da luego de las medidas legislativas y políticas del Gobierno que para la veeduría «ensombrecen el ambiente favorable para la salida política negociada del conflicto armado y que van en contravía de los acuerdos alcanzados en La Habana», refiriéndose a privatizaciones como la venta de Isagén y la ley Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social), «que han propiciado el rechazo de amplios sectores sociales y políticos que plantean el desarrollo de procesos de movilizaciones sociales de rechazo».
También se da a pocos días de que Gobierno y FARC solicitaran al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas verificar el cese al fuego bilateral y la dejación de armas dentro del proceso de paz que se desarrolla en La Habana, lo cual ven como un paso importante en «el proceso formal de verificación que ayudará a prevenir que las situaciones denunciadas en este pronunciamiento sigan sucediendo», afirmó la Veeduría Social que ratificó estar lista para acompañar el proceso de verificación:
«Nuestro compromiso es seguir desarrollando esta tarea, en perspectiva de una cese bilateral al fuego y de la implementación de los acuerdos pactados entre las partes, en que estamos dispuestos a seguir incluyendo a otras organizaciones y comunidades», anuncia el comunicado que resaltó «los seis meses ininterrumpidos de cese unilateral al fuego declarado por las FARC-EP».
La Veeduría Social además exhortó a Gobierno e insurgencia a declarar el cese al fuego bilateral recomendando que en éste se incluya «al ELN como un gesto importante de inicio de las negociaciones con dicho grupo insurgente y una forma de superar los errores de pasadas negociaciones que se realizaron de manera fragmentada».