Las recientes decisiones anunciadas por el presidente venezolano respecto a las relaciones con Colombia evidencian su disposición, como era de presumir, de defender la soberanía nacional ultrajada por el secuestro en el pleno corazón de Caracas de Rodrigo Granda, una de las personalidades más conocidas internacionalmente de las FARC. Con el ilegal rapto del guerrillero […]
Las recientes decisiones anunciadas por el presidente venezolano respecto a las relaciones con Colombia evidencian su disposición, como era de presumir, de defender la soberanía nacional ultrajada por el secuestro en el pleno corazón de Caracas de Rodrigo Granda, una de las personalidades más conocidas internacionalmente de las FARC.
Con el ilegal rapto del guerrillero colombiano, el mandatario Chávez había sido colocado en una situación muy delicada ante la opinión pública progresista internacional, ante sus propios seguidores y ante el pueblo venezolano en general.
La acción cometida por los servicios represivos de Colombia con apoyo de militares venezolanos traidores a su patria por el dinero ofrecido como recompensa, tiene evidentemente una variedad grande de aristas y sus consecuencias-como ya se está viendo- están creando un serio foco de tensión entre los dos países vecinos.
El presidente Chávez se ha preocupado por sostener un diálogo directo con Uribe, su homólogo colombiano, a pesar de las obvias diferencias ideológicas y políticas entre ambos gobernantes. Mientras el venezolano ha impulsado un proceso de redistribución de ingresos en favor de los sectores desposeídos de su nación y ha ejecutado una firme política exterior de cara al Sur y en abierto choque al hegemonismo estadounidense, el presidente vecino ha aumentado la militarización de su sociedad dentro del proyecto dominador yanqui conocido como el plan Colombia, y así ha roto las conversaciones de paz con las guerrillas mientras ha lentificado la desmovilización de los cuerpos paramilitares denunciados una y otra vez como los autores de masacres contra campesinos, asesinatos de líderes y militantes de izquierda, y amplios contactos con el narcotráfico.
A pesar de esas diferencias, Hugo Chávez ha sostenido varios encuentros con su colega colombiano, y firmó un acuerdo que aumentaba el intercambio comercial y la colaboración económica entre ambos países. A todas luces, para el venezolano se ha tratado de demostrar que su firme voluntad integracionista para Latinoamérica no se detiene ante fronteras ideológicas, a la vez que ha intentado evitar, mediante ese diálogo frecuente y directo con el mismo presidente Uribe, que Colombia se convierta en un santuario de acciones subversivas por parte de los enemigos de los cambios en Venezuela, habida cuenta, sobre todo, de la radicación en aquel país de algunos de los golpistas de abril del año 2002, como el efímero presidente Pedro Carmona.
El secuestro de Rodrigo Granda, obviamente, se inscribe en los más recientes acontecimientos represivos del gobierno colombiano contra la guerrilla y tiene el antecedente hace unos meses del rapto en Ecuador de Simón Escobar -otra destacada figura de las FARC-, en connivencia con las autoridades de ese país y su posterior deportación a Estados Unidos. Tales actos hacen recordar en Sudamérica la siniestra operación Cóndor, mediante la cual las dictaduras militares se pasaban unas a otras a los militantes revolucionarios de sus respectivos países y ponen de manifiesto, además, la colusión al menos de los cuerpos de seguridad colombianos con los estadounidenses.
Pero el alcance de la operación efectuada en Caracas el pasado diciembre apunta hacia otros propósitos de mayor envergadura. En primer lugar, romper las estrechas relaciones de diálogo entre Colombia y Venezuela, con el claro fin de crear fricciones entre ambas naciones para ampliar las dificultades del gobierno bolivariano, cuyos éxitos económicos y políticos durante el 2004 se constatan plenamente. La madeja que se ha empezado a enredar puede ver surgir nuevos costados y hasta ascender de tono con consecuencias más graves. No se puede descontar, como han escrito algunos analistas, que sea calentada para buscar choques armados entre ambos estados y justificar la agresión militar de Estados Unidos contra el proceso bolivariano.
El empeño de altas autoridades colombianas como el ministro de Defensa, el vicepresidente y el propio presidente Uribe de justificar totalmente el pago de recompensas a quienes secuestren a sus opositores fuera de la nación, con absoluto desprecio por el derecho internacional en materia de extradición, hace pensar que existe tanto la voluntad de persistir en tan despreciable práctica como en tensar las relaciones con Venezuela. Quienes ya mintieron durante casi un mes afirmando repetidas veces que Granda había sido detenido en la ciudad colombiana de Cúcuta y no en Caracas, y ahora afirman cínicamente el derecho a reclutar cazadores de recompensas fuera de su territorio, son políticos capaces de cualquier cosa.
Hay otro ángulo que no puede ser desatendido en la cuestión. Se trata de la relación del gobierno de Chávez con la izquierda continental y mundial. No se debe descartar que con esta provocadora acción del secuestro en Caracas se haya buscado conscientemente afectar los indudables prestigio y simpatía ganados por Chávez durante los últimos meses entre tales sectores, especialmente durante la realización del encuentro mundial de intelectuales y artistas En Defensa de la Humanidad, durante los primeros días de diciembre.
Desde que supo del apresamiento de Granda, numerosos asistentes a aquella reunión que respaldó el proceso bolivariano han expresado su preocupación porque el hecho hubiera tenido lugar en Caracas, y hasta llamaron al gobierno venezolano a aclarar el suceso. Lógica y noble preocupación que podía, sin embargo, constituir la base de un despego hacia Chávez y hasta de crear serias dudas acerca de la sinceridad de sus planteos revolucionarios.
Y el deterioro de esa buena imagen alcanzada podía conducir al abandono de la defensa práctica del proceso bolivariano y hasta su eventual condena por parte de ciertos sectores y personalidades de esa intelectualidad progresista alarmada por los rumbos del mundo.
Ahora Hugo Chávez ha hablado claro y ha actuado también con patriótica y sensata nitidez respecto a este asunto. No deben quedar dudas de que su gobierno ha estado ajeno al secuestro. Y quienes hemos expresado en Caracas la necesidad de defender a la humanidad ante los muy diversos peligros que la amenazan, debemos pronunciarnos en defensa de la Venezuela bolivariana, este rincón de la humanidad donde se abren esperanzas y se materializan acciones en pro de las mayorías excluidas.