Este 30 de agosto se conmemoró el día internacional de Detenido Desaparecido y, esta fecha nos recuerda la urgente necesidad de terminar, de una vez por todas, con 35 años de impunidad en Chile. No olvidemos que la verdad duele pero sana y, por tanto, la justicia se transforma en la herramienta social que reparará […]
Este 30 de agosto se conmemoró el día internacional de Detenido Desaparecido y, esta fecha nos recuerda la urgente necesidad de terminar, de una vez por todas, con 35 años de impunidad en Chile.
No olvidemos que la verdad duele pero sana y, por tanto, la justicia se transforma en la herramienta social que reparará y finalmente reconciliará a una nación que aún se mantiene divida. Para todo quien se diga demócrata, éste debe ser su piso ético.
La verdad y la justicia son ante todos principios universales e indisolubles. Por tanto, son los cimientos fundamentales para avanzar en la verdadera paz y reconciliación nacional. Dicho marco es el que debe dirigir la discusión política en torno al tema de los derechos humanos en Chile con el objeto de evitar amnistías solapadas o injusticias. No hay que olvidar que estamos hablando de una profunda herida que se mantiene en el colectivo social por 35 años y donde la clase política ha sido incapaz de estar a la altura de su deber ético. Tanto así que a veces hace sentir a las víctimas y victimarios como verdadera moneda de cambio.
La clase política ha utilizado, en los últimos 18 años, el tema de los derechos humanos como discurso mediático con el objeto de mantener un estatus quo que les reditúe beneficios en tiempos electorales. Prueba de ello, es que todo lo que se ha podido saber en las causas de violaciones a los derechos humanos ha sido producto del trabajo de los tribunales de justicia y no de la voluntad política de los demás poderes del Estado.
Vemos, con dolor e impotencia, como el establisment político y parlamentario ha dado muestras de su incapacidad para enfrentar esta problemática en los últimos años, más allá de la presentación de iniciativas legislativas, ninguna ha llegado a buen puerto. La prueba más reciente es el fallido proyecto del Instituto de Derechos Humanos. Una buena idea pero mal diseñada, sobretodo si estaba liderada por José Antonio Viera Gallo. El mundo de los DD.HH. conoce su posición en esta materia y no es precisamente progresista. Afortunadamente, el gobierno la retiró del Parlamento y se comprometió, públicamente, a promover otra iniciativa similar pero ahora elaborada en conjunto con las agrupaciones de familiares.
En este contexto, la opinión pública debe recordar que se encuentran, por muchos años, durmiendo en el Congreso un Proyecto de Ley, presentado por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y organismos de derechos humanos, el cual busca eliminar los efectos de la llamada Ley de Amnistía de 1978 y dar el carácter de inamnistiable e imprescriptible a los crímenes de lesa humanidad y por tanto, impedir que los militares y civiles responsables del genocidio de la Dictadura Pinochetista queden en la impunidad.
LA RECONCILIACIÓN DEBE CONTENER UNA SOLUCIÓN GLOBAL
Cualquier solución legislativa que promueva una verdadera reconciliación en Chile no solo debe resolver el tema de la Ley de Amnistía sino que considerar toda la problemática de los derechos humanos violentados durante la dictadura militar.
Es necesario que la sociedad, la clase política y el Estado aborden esta problemática con una mirada humana, justa y reparatoria donde la mezquindad, en cualquiera de sus representaciones, sean estas políticas o económicas, no se impongan por sobre la paz social. La historia nos enseña como se hacen las cosas. Tenemos el ejemplo de lo realizado en torno al holocausto nazi, los actos indemnizatorios que los estados permanentemente realizan en materias económicas, políticas y civiles y, sobretodo a la persecución de los criminales de guerra pese a los años trascurridos del mayor genocidio conocido en el mundo contemporáneo.
La verdad que esperan los chilenos se sustentan en hechos ciertos y no en meras declaraciones o reconocimientos generales. Ya el país tuvo ejemplos de verdades a medias cuando el Ejército, a través de la Mesa de Diálogo, sostuvo que la mayoría de los detenidos desaparecidos fueron arrojados al mar y, donde los porfiados hechos le enrostraron su mentira cuando meses después los cuerpos de tres víctimas fueron encontradas en fosas clandestinas en el regimiento militar de Peldehue, en la localidad de Colina.
El reconocimiento institucional no sirve para establecer la verdad jurídica. Tampoco sirve la «verdad en la medida de lo posible», tal como lo manifestará el ex Presidente de la República y uno de los responsables políticos del Golpe Militar de 1973, Patricio Aylwin Azócar.
La verdad es una sola, aunque duela pero sana y, ésta, solo se logra cuando los victimarios reconocen con hombría sus crímenes y colaboran con la justicia para saber que paso con las víctimas.
La ciudadanía debe saber que los militares procesados, independientemente de su participación en estos delitos, sólo reconocen lo que no pueden negar ante los organismos policiales. Jamás han demostrado su voluntad de decir la verdad ni mucho menos están dispuestos a entregar a sus superiores o a quien dio la orden de matar. Para ellos, no hay beneficios ya que cualquier solución jurídica que busque establecer alguna salida en materias de clemencia o de prerrogativas penitenciarios para los victimarios deberá estar sujeta a la entrega eficaz y comprobable de los hechos investigados y no, a tratar de colocar un tiempo límite a las investigaciones de los tribunales con el único fin de sobreseer los casos. Promover solo lo último es instalar la impunidad en Chile y, por tanto, es deber de todo demócrata denunciar públicamente a quienes lo intenten hacer.
Sin embargo, hay que hacer la salvedad de responsabilidad y esta depende del grado de participación criminal de los hechos investigados por los Tribunales de Justicia. Pero, el piso mínimo de beneficio se debe sostener en los principios de verdad y justicia. No hacerlo sería mantener la violencia, la tortura permanente para el país y los familiares de las víctimas y, por tanto, negar e imposibilitar cualquier proceso de reconciliación.
El victimario no debe olvidar que la clemencia y el perdón se inician con el reconocimiento y procesamiento penal de su crimen. La confección ante el juez sin duda le ayuda a aliviar la conciencia y podría disminuir su condena.
Treinta y cinco años de silencio es demasiado tiempo de lealtad mal entendida, sobretodo, para quienes conocen la verdad y no tienen sus manos manchadas con sangre. Hoy es momento de hablar. Tienen una oportunidad histórica desde el punto de vista ético y moral. De ellos depende que los juicios terminen pronto y se conozca, de una vez toda la verdad. Los demás, son serán cantos de sirenas y de esto los familiares ya están hartos.
Roberto Portilla es periodista y Editor General de Crónica Digital.