Con el relato de la verdad acogido como herramienta de Estado y la voz del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, que anunciaron cumplir el mandato de la Verdad a rajatabla, se abren las puertas para avanzar hacia una sociedad de derechos y un real estado de derecho.
Terminó el tiempo de la comisión de la verdad y ha iniciado el de la afirmación de esa verdad en todos los escenarios de la vida cotidiana de la sociedad, el estado y las instituciones. Quizá el informe entre a ocupar un lugar como el principal ejemplo de investigación acción participativa del siglo XXI, en el ámbito de las ciencias sociales y humanas, su método, su construcción científica y el manejo del saber popular fueron impecables, colocaron en el centro los derechos de las víctimas a la memoria y la justicia orientadas al fortalecimiento de la democracia y la construcción de la paz completa.
La verdad creada une, junta, queda disponible para conocerla, completarla, servirá para entender la complejidad del conflicto y los elevados costos humanos, económicos y sociales que afectaron la cultura, destruyeron la psiquis y degradaron el sentido de la vida. La verdad anuncia cambios para equilibrar las mentes con vías hacia la reconciliación, aliviar el dolor sufrido y abandonar para siempre los vitores de guerra que dejaron maltrato, ultrajes, muerte, daños irreparables, y una mancha imborrable de crímenes contra la humanidad cometidos por el estado en medio de retóricas de paz.
El nivel de verdad alcanzado por la comisión no deja duda de la intensidad de la violencia padecida, de la naturalización del dolor y la sevicia de victimarios que obligaron a celebrar la muerte, que se ensañó especialmente en las gentes, cuerpos y mentes de los más débiles. Soldados al servicio de las élites responsables de las causas del fratricidio, pero impunes ante las consecuencias, leyes para defender el capital que empujaron la barbarie y jóvenes preparados para matar o morir por una patria que los excluyó. La verdad muestra los impensables grados de intensidad y extensión geográfica del conflicto sostenido con el miedo a la amenaza armada insurgente, útil para mantener al estado lejos de las demandas de la gente, relegado de las prioridades públicas y facilitador del despojo privado.
La verdad fue producida mediante la activación del potente mecanismo de escucha de todas las voces, plurales, diversas, diferenciadas, cínicas incluso, que quedan expuestas en un libro con más de 800 páginas y anexos de miles de horas de entrevistas y experiencias sistematizadas por expertos, investigadores, académicos, gente común, jóvenes, víctimas y victimarios, desposeídos y poseedores, que permitieron concluir que se requieren cambios institucionales, mentales, políticos, culturales, que unan al país, que lo junten en su mejor y más esperanzador relato colectivo de nación, de país, de ser humano. Colombia no puede ser nunca más el territorio del odio promovido con apuestas creadas para corromper las palabras y alentar venganzas. Es hora de convocar con una sola voz en calles, tribunas, púlpitos y tribunales a los militantes y oyentes del partido que recién abandonó el poder a trabajar para fortalecer y no para debilitar el escenario público, ni a impedir que se cierren las heridas. El abyecto proyecto de refundación fascista de la patria ha terminado y debe ser superado con urgencia.
Con el relato de la verdad acogido como herramienta de Estado (decreto ley 588 de 2017) y la voz del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, que anunciaron cumplir el mandato de la Verdad a rajatabla, se abren las puertas para que verdad y paz se mezclen y llevar hacia una sociedad de derechos y un real estado de derecho. Las acciones de verdad y paz toman fuerza con los anuncios de las organizaciones insurgentes del ELN y las FARC no firmantes, por entrar en un proceso de negociación política sin condiciones previas y; con los grupos armados no políticos, que anuncian su posible acogimiento a las leyes vigentes, a la par que las fuerzas armadas dan pasos seguros hacia el cambio definitivo de la doctrina del enemigo interno, y se comprometen a entrar en la lógica del adversario. Los altos cargos en el gobierno señalan cambios efectivos de reconocimiento y respeto por el país plural, sin hegemonías políticas de partidos, ni aliento patriarcal y autoritario.
La verdad alcanzada traza líneas para que el narcotráfico deje de ser el motivo para expandir la violencia y mantener la represión militar en campos y ciudades, y para que las áreas de cultivo no tengan más el destino de la ilegal y trasnacional industria de narcóticos. En la cultura quedan muchas tareas por venir porque allí se entrecruzan las formas con las que los seres humanos logran entenderse, imaginarse, darse identidad a sí mismos y relacionarse para el buen vivir, el bien estar. La verdad y la paz para la vida con dignidad en el núcleo del gobierno de poder popular cobran significado profundo con la designación de representaciones humanas antes negadas, olvidadas, que llegan a altos cargos del estado. Una mujer indígena del norte (Leonor Zalabata) nacida en la sierra madre del mundo, va a las Naciones Unidas, en donde 7 lenguas oficiales tendrán la posibilidad de agregar la voz ancestral de América y del mundo. A la restitución de tierras, eje de reconocimiento de las víctimas, llega un indígena del sur, del mundo de las aguas, Giovanni Yule, para poner en evidencia que a la tierra madre hay que pensarla, cuidarla, como territorio y cultura. A Washington va un hombre afro (Gilberto Murillo) y al viceministerio de educación superior Aurora Vergara, para que el país amplíe sus formas de pensar y actuar, incluyendo otros saberes excluidos por el etnocentrismo, el método cartesiano, las dualidades y las jerarquías que impiden la alteridad y el descentramiento del saber y del poder.
Habrá más democracia si se perfecciona la discusión pública de las ideas, la sociedad preserva la verdad alcanzada y al gobierno se le deja avanzar con la prudencia necesaria para forjar la construcción de la paz deseable. Los jóvenes en colegios y universidades tienen el compromiso ético, social y político de participar como actor central en el tránsito de la hegemonía tradicional hacia la organización y ejercicio del poder popular. Para adelantar el compromiso intelectual con la verdad y la paz ya más de 4000 Instituciones educativas y las 34 universidades públicas acogieron el mandato de la verdad.
Las Universidades tienen como garantía a la Mesa de Gobernabilidad y Paz del SUE y una sólida capacidad institucional, científica, cultural y son una reserva ética fundamental para promover, circular, estudiar, divulgar y defender el relato colectivo de nación en las regiones y a elevar el contenido intelectual de la nación. Las 34 universidades distribuidas de sur a norte y de oriente a occidente, suman más de 100.000 docentes y 700.000 estudiantes para afianzar el respeto por la vida, la verdad y la paz. UTP, UN, UPTC, UPN, UdeA, UIS, UNAD, UD, USCO, Guajira, Intercultural indígena, Tolima, Valle, Cauca, Nariño, Caldas, Distrital, Córdoba, Amazonia, Chocó, Cartagena, FPS, Cesar, son entre otras las que ya adelantan programas e iniciativas como la hora de la verdad, círculos de la verdad, jornadas de arte-diálogos-paz, propuestas de museos, murales, proyectos como Pazalo joven, Jóvenes+. A nivel individual hay compromisos fáciles de asumir como que cada docente de básica, media y universitaria incorpore en sus asignaturas y seminarios el informe de la verdad y adicionalmente promueva la idea de que todo funcionario conozca el informe de la verdad y se forme para aplicarlo y hacerlo motivo de paz
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