El gobierno de Álvaro Uribe atraviesa una profunda crisis política, ética y jurídica. 60 parlamentarios, la mayoría uribistas, han sido acusados por la Corte Suprema de Justicia de realizar pactos con narcotraficantes y paramilitares para garantizar sus elecciones al congreso y otros torvos propósitos. Entre ellos, Mario Uribe, primo del presidente y su mas cercano […]
El gobierno de Álvaro Uribe atraviesa una profunda crisis política, ética y jurídica. 60 parlamentarios, la mayoría uribistas, han sido acusados por la Corte Suprema de Justicia de realizar pactos con narcotraficantes y paramilitares para garantizar sus elecciones al congreso y otros torvos propósitos. Entre ellos, Mario Uribe, primo del presidente y su mas cercano aliado político. Igualmente personas que ocuparon altos cargos en el gobierno como el ex Director del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS -, un ex embajador en Chile y el actual embajador en México, ex Fiscal General.
Estos procesos han sido posibles por las denuncias del Polo Democrático Alternativo, el movimiento unitario de la izquierda colombiana, los estudios de ongs independientes, las denuncias de las comunidades y confesiones de los propios paramilitares. Contra la Corte el gobierno desarrolla campañas de desprestigio y ha demandado al presidente de la misma.
La crisis se ha profundizado al comprobarse que dos parlamentarios, ya detenidos, recibieron prebendas para votar a favor de la reforma constitucional lo que garantizó la reelección del actual presidente. Uribe ha sido acusado por organizaciones de derechos humanos de haber propiciado la creación del paramilitarismo. En 1983 la DEA lo ubicó como uno de los políticos colombianos comprometidos con el narcotráfico.
Los grupos paramilitares son narcotraficantes que en alianza con la cúpula militar, empresarios y terratenientes, y la total complicidad oficial, desataron en los últimos 20 años una política de terror y muerte. Màs de 50.000 personas asesinadas y 30.000 desparecidas. 4.000.000 de campesinos y habitantes de pequeños pueblos desplazados. Se apropiaron por la fuerza de cerca de 5.000.000 de hectáreas de tierra para dedicarlas al cultivo dela planta de coca y proyectos agroindustriales y ganaderos. Ejecutaron el exterminio de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, asesinaron a mas de 2.500 sindicalistas y a centenares de dirigentes estudiantiles, indígenas y defensores de derechos humanos. El gobierno de Uribe les dio estatus político a los paramilitares y realizó con ellos un amañado proceso de paz y de desmovilización. Luego, para impedir que siguieran sindicando a mas cómplices dentro del mundo político, empresarial y militar, extraditó a los líderes a los Estados Unidos en una secreta negociación que les brindará protección y garantías.
Ante la profunda crisis y en la perspectiva de avanzar hacia una nueva reelección , el gobierno de Uribe ha lanzado una inmensa cortina de humo para esconder estos escándalos y para desarticular a la oposición. Manipulando la información de los computadores que supuestamente le encontraron a Raúl Reyes se está montando un gran proceso de judicializaciòn de la oposición y el movimiento popular
El Fiscal General, antiguo empleado de Uribe, ha pedido abrir investigaciones contra los parlamentarios Gloria Inés Ramírez y Wilson Borja, contra el Director del Semanario Voz, Carlos Lozano, y contra otros dirigentes del Polo Democrático Alternativo. También contra la opositora senadora Piedad Córdoba y a un núcleo de personalidades, periodistas y corresponsales de prensa. Gloria Inés, Carlos y Wilson son miembros del Comité Central del Partido Comunista Colombiano. El PCC es uno de los objetivos a destruir por parte del gobierno.
De tiempo atrás el gobierno ha lanzado acusaciones contra la oposición , pretendiendo asimilar todo criterio diferente al oficial como vinculado a la guerrilla, llegando al colmo de calificar la Jornada Nacional e Internacional del pasado 6 de marzo, de defensa de los derechos de las víctimas del paramilitarismo y el Terrorismo de Estado, como marchas organizadas por la insurgencia.
Judicializar a la oposición y en especial al Polo Democrático Alternativo es una venganza por los debates de los parlamentarios del Polo que pusieron al desnudo la complicidad del uribismo con el paramilitarismo.
Nos encontramos en el comienzo de un juicio político que el presidente de la República pretende asimilar, extemporáneamente, a su peculiar justificación del Genocidio contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano en el que mas de 5.000 militantes de esta organización de izquierda fueron aniquilados y por lo cual el Estado colombiano esta ad portas de ser fuertemente condenado en los tribunales internacionales.
Una cacería de brujas que oculte y encubra los procesos contra los aliados narco-paramilitares del Gobierno y las demás investigaciones por los actos de corrupción oficial. Se trata de una verdadera razia que está apenas comenzando. Se ha amenazado con centenares o quizás miles de detenciones.
Sólo en las peores dictaduras se han conocido amenazas y juicios de esta naturaleza.
Se requiere la solidaridad urgente y decidida con el Polo Democrático Alternativo, el Partido Comunista Colombiano y demás sectores de oposición en Colombia victimas de un infame proceso judicial abierto por el gobierno mafioso de Álvaro Uribe.
Que cesen las amenazas y los asesinatos contra la oposición y el movimiento popular. Y que se abran las puertas para el Intercambio humanitario y la búsqueda de la Solución Política Negociada al largo conflicto armado colombiano.