La convocatoria de la Diada y de la iniciativa de «Via catalana cap à la independència» atravesando Catalunya el 11S de parte a parte ofrecen la oportunidad para contextualizar los procesos abiertos. Causas del neosoberanismo catalán La enorme decepción catalana por la decisión humillante del Tribunal Constitucional (2010) de amputar el Estatut del 2006, llevó […]
La convocatoria de la Diada y de la iniciativa de «Via catalana cap à la independència» atravesando Catalunya el 11S de parte a parte ofrecen la oportunidad para contextualizar los procesos abiertos.
Causas del neosoberanismo catalán
La enorme decepción catalana por la decisión humillante del Tribunal Constitucional (2010) de amputar el Estatut del 2006, llevó a muchos federalistas, que creyeron en el proceso escrupuloso del poco a poco, a la conclusión de que el problema de Catalunya es la baja calidad democrática de la España actual, y que eso no tiene remedio. Se movilizaron en protesta pero sin proyecto.
La frustración de las clases medias y trabajadoras por el impacto y la gestión de la crisis económica, ha sido, sin embargo, la espoleta para que el proyecto soberanista aparezca a los ojos de la mayoría como una alternativa global al conjunto de problemáticas catalanas.
En efecto, la cicatería presupuestaria y social del Estado y de la UE, tuvo en el Gobierno de Artur Mas -con sus duros recortes, presentados como obligados- un discípulo aventajado. Pero la deriva social hacia el soberanismo explica su giro dramático de posición en relación al derecho de decisión, intentando cabalgar el tigre y minimizar la impopularidad de su gestión. Su fracaso electoral ulterior (2012) no le permitió dar marcha atrás y, al mismo tiempo, homologó institucionalmente la salida soberanista que ya forma parte de la nueva cultura política catalana.
Posibilidades y dificultades de una Catalunya soberana
Desde el punto de vista económico, la estructura productiva catalana (y vasca) hace sostenible una hipotética independencia en lo relativo a tejido productivo, acceso a mercados y nivel tecnológico en el marco de unas economías abiertas. No se ven las desventajas económico-sociales de un cambio de status para Catalunya (o País Vasco), salvo en el coste y dificultades por lograrlo, o en las zancadillas para evitar homologarlo ante la UE, o en las maniobras de los partidos de ámbito español para manipular la opinión pública española y hacer calar en ella incluso salidas autoritarias que es uno de los riesgos.
Parece obvio que a mayor apoyo popular a la soberanía, mejor posición tendrá Catalunya como sujeto colectivo para lograr sus objetivos o negociar con ventaja. No tiene nada que perder con probar la apuesta soberanista, aunque ello requiera una unidad de proyectos que no va a ser fácil de mantener, a pesar de la presión popular mayoritaria. En todo caso ya se ha dado un salto cualitativo del catalanismo cultural y político al soberanismo del «yo decido y, después, negocio o resuelvo».
Nadie puede saber el resultado del proceso soberanista ni los plazos pero, desde luego, depende más de Catalunya que del Gobierno de España. La negativa o resistencia de los gobernantes del Estado Español puede retrasar una salida pero no impedirla; ya se trate de la independencia pura y dura (más difícil, en mi opinión); ya se trate de un Estat Catalá en régimen consorciado o confederal con España en clave soberanista (más factible); o ya se trate de un vínculo federal asimétrico (al final, si hay presión, será la propuesta del Estado, ya adelantada por el PSOE).
De mantenerse los respaldos a la dinámica plebiscitaria que se apunta en Catalunya, y si va unida a una movilización masiva continuada, sería imposible que el Estado desatendiera, a medio plazo, una consulta directa al respecto y un derecho a decidir de facto, cuyo resultado, y siguiendo el modelo quebequois, habría de negociarse con el Estado, sea sobre la fórmula final, sea para paliar sus importantes efectos en España. El ejemplo escocés ayuda en la misma dirección independientemente del resultado.
Éxitos logrados y eslabones débiles
Es encomiable el apoyo logrado por las plataformas unitarias convocantes de iniciativas y que indican el nivel de madurez de la sociedad civil y del respeto de algunos partidos a los procesos populares. Igualmente hay que destacar el impulso que se ha dado al debate social sobre «el día después» del cambio de estatus, como referencia para abordar «los días antes». Al mismo tiempo se ha asentado la convicción democrática colectiva del derecho de decisión como nodo de canalización de los procesos.
Un eslabón débil del proceso es que algunas fuerzas políticas (CIU y PSC) no vean electoralmente recompensado su esfuerzo, o que el ciclo de movilización se debilitara por disensiones en las plataformas unitarias, pudiendo entrar ese proceso en reflujo. De no aprovecharse la dinámica actual tardarán años en darse unas circunstancias tan propicias a un cambio jurídico político cualitativo, y ello a pesar de que la crisis económica tiene la contradictoria doble facultad de radicalizar a la gente y de dificultar la satisfacción de las demandas sociales.
Para las corrientes de izquierda -tanto independentistas y soberanistas como partidarios del derecho de decisión y de la consulta- el reto es compaginar la reivindicación nacional y el grado de unidad necesario para lograrla, con un salto en las reivindicaciones sociales como condición de participación social de las mayorías en el proceso. El modelo gramsciano de búsqueda de liderazgo sobre un Bloque Histórico de amplio espectro es un buen modelo.
Ecos vascos
El Estado Español ha podido obviar a un país como la CA de Euskadi de solo 2,1 millones de habitantes (2.600.000 con Navarra) y 6,2% del PIB del conjunto estatal, porque se le ha desacreditado políticamente por una larga violencia de un sector. Pero no lo puede hacer con un país de 7,5 millones de habitantes, con larga tradición democrática, que supone el 18% del PIB español y la cara más prestigiosa de la modernidad española.
Según el CEO, en un momento de fuerte flujo reivindicativo, el 44,3% es partidario de la independencia en Catalunya y un 25% quiere más autogobierno, aunque la opción por la independencia subiría hasta el 57% si las únicas opciones fueran solo si o no a la misma. Catalunya ha pasado en un breve plazo de una satisfacción autonómica generalizada (con un independentismo muy minoritario) al liderazgo independentista social, más reactivo que ideológico. Con todo, los sectores independentistas movilizados han dado un salto cualitativo en bases organizadas y en influencia.
Por su parte, en la CA de Euskadi -en un clima de relativa calma y de compás de espera- hay un 29% independentista y un 32% que podría apoyarlo según las circunstancias, lo que hace un 61% de independentismo potencial (Sociómetro Vasco). El mapa político en la CA de Euskadi es muy estable al respecto ya desde la Transición.
En el caso vasco, un eventual salto cualitativo soberanista ha venido lastrado por la presencia de ETA -y su efecto social disuasorio-, por las dificultades para estabilizar una alianza de los nacionalismos con un proyecto común y por la apuesta ajena al vasquismo cultural y político del PSE-EE. La interesante experiencia del Acuerdo de Lizarra (1998) la frustró el hegemonismo de ETA. Los dos intentos fallidos del Gobierno Ibarretxe (Nuevo Estatuto de 2004 y Derecho de consulta de 2008) no contaron con el entusiasmo del EBB del PNV ni con el apoyo de la izquierda abertzale -estaba en su laberinto- y de los sindicatos nacionalistas.
Así como en el pasado desde Catalunya se miraban con interés los sucesivos ensayos vascos pero no se implicaba solidariamente más que una minoría (CDC fue muy decepcionante al respecto), ahora desde Euskal Herria se mira con especial interés a Catalunya, tras las sucesivas experiencias vascas de choque contra el muro del Estado sin las condiciones subjetivas suficientes. Que ETA esté en proceso de disolución ayuda a retomar el proceso puramente político que siempre debió ser, pero la gestión de las secuelas de la violencia, el aterrizaje de Sortu a una política normalizada y las angustias de la crisis, pueden retrasar el turno de un proyecto compartido.
Con todo, ya en esta legislatura, en Euskadi se va a plantear la cuestión aunque desde enfoques distintos. Mientras el PNV propone elaborar un nuevo estatuto desde el Parlamento (algo ha de hacer ante la intensidad del proceso catalán), las izquierdas abertzales se inclinan más por la vía del derecho de consulta. Como el PNV busca una alianza presupuestaria y de estabilidad con el PSE-EE, la duda es si el concepto estatutario se haría a la medida de éste, haciendo difícil el apoyo de los soberanistas de izquierda. De nuevo faltarían condiciones subjetivas, salvo que Catalunya despierte procesos de alianza vasquista. La influencia del proceso catalán puede ser determinante.
Soberanismo y crisis de régimen
Se requiere un exquisito proceso democrático y de respeto de la diversidad interna que no deje lugar a dudas de que es el pueblo catalán quien tracciona el proceso. O sea, el problema no es ni la viabilidad de una Catalunya independiente ni tampoco España como tal, ni los españoles, sino cierta idea de España y la democracia heredada de la Transición, que no está a la altura de una democracia de calidad, social y sin dogales sobre sus comunidades políticas naturales.
La apuesta soberanista catalana es una parte de la evidente crisis de legitimidad del régimen surgido de la Transición. Una crisis de Estado y de régimen (corrupciones, paro, políticas antisociales, Monarquía..) que pone a la orden del día una ruptura democrática y por los derechos sociales en todo el Estado español. Si ambas dinámicas ya abiertas se encabalgan habrá cambio de régimen y de estructuras, antes o después. Harán bien los soberanistas en hilar lazos con el movimiento de fondo abierto en la sociedad civil española. Se requiere una atención especial a la opinión pública española para convencerla de que el proceso es confluyente, y no divergente ni distrayente que es como mayoritariamente se le percibe.
¡Bona Diada, bona Vía!
Ramón Zallo. Catedrático de la UPV-EHU
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