El gobierno de la Concertación y la propia mandataria Michelle Bachelet tratan de desplegar enormes esfuerzos para tratar de mostrar una imagen internacional coherente con sus «éxitos económicos».Sin embargo el modelo económico neoliberal en boga, no ha echo otra cosa que incrementar los problemas sociales, en donde el aumento de la criminalidad y la delincuencia […]
El gobierno de la Concertación y la propia mandataria Michelle Bachelet tratan de desplegar enormes esfuerzos para tratar de mostrar una imagen internacional coherente con sus «éxitos económicos».Sin embargo el modelo económico neoliberal en boga, no ha echo otra cosa que incrementar los problemas sociales, en donde el aumento de la criminalidad y la delincuencia juvenil es una de las expresiones más clara en este sentido.
Al respecto el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) acaba de advertir que el endurecimiento de las penas contra los adolescentes incluido en la nueva ley chilena de responsabilidad juvenil vulnera la Convención de los Derechos del Niño. En un país en donde prácticamente no existen medidas de rehabilitación clara para los jóvenes, que se ven involucrados en hechos delictivos. Es más, en las cárceles chilenas el hacinamientos es espantoso y son verdaderas escuelas del crimen y la delincuencia. Con gobiernos además que han sido incapaces de resolver los problemas de fondo, cuya raíz central es el modelo económico vigente, lo otro es seguir rasgando vestiduras y seguir resolviendo problemas con medidas de parche, como han sido hasta hoy las políticas del gobiernos de centro derecha de la Concertación.
Las críticas de Unicef se refieren a una indicación introducida en la Nueva Ley Penal Juvenil por el senador del pinochetismo Unión Demócrata Independiente (UDI) Hernán Larraín, que establece que los jóvenes condenados a más de cinco años de reclusión deben cumplir al menos dos en un recinto cerrado.
Este tipo de sanción se aplica a adolescentes de entre 16 y 17 años. Anteriormente, los jueces podían aplicar una pena de cinco años y un día de reclusión, pero ésta se cumplía en régimen de semilibertad. El problema, según expresa Unicef en un comunicado difundido ayer, es que se puede llegar a esa condena sin haber cometido un delito violento, sino algunos de mediana gravedad de forma reiterada.
El organismo internacional se muestra preocupado porque esta indicación «desvirtúa y contraviene los principios» de la iniciativa legal de que la privación de libertad debe ser el último recurso y sólo para delitos graves y con violencia contra las personas. Agrega que ampliar las sanciones privativas de libertad a adolescentes acusados de cometer delitos no violentos «no es coherente» con los principios de reinserción social.
La nueva ley comenzará a regir el 8 de junio, después que la Cámara de Diputados rechazase el martes pasado una propuesta de un grupo de diputados para aplazar su entrada en vigor durante un año. La normativa establece que entre los 14 y 15 años las sanciones pueden ir desde los tres años y un día a los cinco años, mientras que entre los 16 y 17 las penas oscilan entre 541 días a 10 años de prisión.
La reforma que elevó las penas se aprobó en la misma sesión del martes con el apoyo de los parlamentarios de la extrema derecha y el inesperado respaldo del oficialista Partido Radical Socialdemócrata (PRSD). En contra votaron socialistas, socialdemócratas y democristianos, que junto a los radicales integran la Concertación de Partidos por la Democracia que gobierna desde 1990.
La división entre los partidos oficialistas fue minimizada ayer por el ministro de Justicia, Carlos Maldonado (PRSD), que defendió además la controvertida indicación. «Me parece que tampoco uno debe establecer una incompatibilidad plena entre la privación de libertad y la reinserción, si fuera así, tendríamos que erradicar completamente la privación de libertad», manifesto Maldonado.
Cabe agregar además de que en Chile, los índices de delincuencia juvenil se han disparado producto de la existencia de un modelo económico que los margina y los deja sin perspectiva de futuro, de allí que muchos jóvenes se ven involucrados en actividades delictivas. La aplicación del capitalismo neoliberal desde la época de la dictadura, ha significado un crecimiento escandaloso de la brecha entre unos pocos muy ricos (10%) y la gran mayoría que vive enormemente endeudado y con ingresos de sobre vivencia. Chile es uno de los países del mundo, en donde las desigualdades sociales y la pésima redistribución de la riqueza, ha tenido como consecuencia el crecimiento de la inseguridad social, la criminalidad y la delincuencia, que son los éxitos de un modelo económico hecho a la medida de los grandes empresarios y la oligarquía financiera y económica del país.
Pero en Chile, al alero del modelo económico, de la Constitución del 80 heredada de la dictadura, de un sistema electoral anti democrático, no solo se siguen violando los derechos del niño, también se violan los derechos de los pueblos originarios, se violan los derechos de los trabajadores establecidos en los acuerdos internacionales de la OIT, se siguen violando muchos de los articulados establecidos en la propia declaración universal de los DDHH, en Chile se sigue violando el derecho del alrededor del 15% de electorado a tener representantes populares en el parlamento de la nación.
Es el Chile éxitoso, con unas billetera bien abultada, pero que es incapaz de resolver las injusticias sociales que generan criminalidad y delincuencia, además de condiciones de vida de sobre vivencia para los que viven de un salario indigno y que constituyen la gran mayoría de los chilenos.