Desde hace más de 20 años, Héctor Mondragón asesora a organizaciones campesinas e indígenas y a movimientos sociales urbanos en Colombia. Su labor le permite conocer de cerca los problemas diarios de todos estos grupos y de sus dirigentes, saber cómo se organizan y denunciar los ataques de los que son víctimas.
Hace unos días, Mondragón visitó Barcelona para presentar su libro Movimientos sociales, una alternativa al conflicto colombiano, publicado con el apoyo del colectivo Maloka. Durante su estancia, el activista colombiano conversó con Canal Solidario sobre la enorme violencia contra los movimientos sociales en su país, las estrategias de supervivencia que éstos han desarrollado, la impunidad ante amenazas y asesinatos de líderes y la presión que él mismo recibe.
¿Cuál es la realidad de los movimientos sociales en Colombia?
Los movimientos sociales colombianos comparten las luchas fundamentales del movimiento social que hay en todo el mundo, pero presentan algunas diferencias. La principal es que el movimiento social en Colombia está tremendamente desangrado por la violencia y ha costado la vida a miles de personas, campesinos, indígenas, miembros de sindicatos y de movimientos urbanos… la lista de los dirigentes que han sido asesinados es interminable.
¿Quiénes son los culpables de estas muertes y amenazas? ¿Los actores armados?
La mayoría de los dirigentes han sido asesinados para eliminar su acción social y por sectores poderosos. Se pagan sicarios y algunas veces se utiliza a los grupos armados, como los paramilitares, pero realmente estaríamos en un error si creyéramos que la mayoría de las muertes se deben al conflicto armado.
Se trata de intereses económicos y de una práctica que está logrando eliminar los derechos humanos y laborales en Colombia. Por ejemplo, en poco más de 20 años los grandes propietarios del campo han pasado de tener el 32% de la tierra a tener el 61%, cifra que refleja esa liquidación de los dirigentes sociales. En este contexto, algunos movimientos como el indígena han logrado conservar sus derechos, aunque por eso mismo son objeto de más asesinatos.
Todo esto no significa que el movimiento social haya sido derrotado definitivamente, al contrario, hay una persistencia que en cierta manera es milagrosa. Porque, si en un país como España el movimiento sindical hubiera perdido en los últimos 20 años 4.000 activistas ¿seguiría existiendo y trabajando? Toda esta violencia ha hecho que los movimientos sociales adquieran mecanismos de resistencia que le han permitido resistir.
¿La justicia colombiana ampara a los movimientos sociales de toda esta violencia?
En Colombia el sistema jurídico es todavía bastante democrático pero no se refleja en la realidad de la sociedad. Hasta hace poco existían todas las posibilidades para que la víctima reclamara, pero el actual Gobierno adapta las normas a la realidad, cuando esta realidad no es democrática. Un ejemplo es la Ley de Prescripción de la Propiedad, que ha bajado de 20 a 10 años el plazo para que la gente con títulos de propiedad reclame su tierra y que sólo da cinco años de margen para reclamar a los campesinos, ¡en un país con tantos desplazados!
Con las leyes anteriores era muy difícil reclamar pero algunas veces se ganó. El problema, entonces, era que un éxito judicial podía generar un castigo tremendo para la gente que se había atrevido a reclamar sus derechos judicialmente. Todo esto marca al movimiento social, pero sigue luchando. Un ejemplo claro son los campesinos e indígenas, que en estos momentos juegan un papel determinante. Fueron los indígenas quienes, tras 14 años esperando a que el Gobierno cumpliera su promesa y les devolviera una hacienda, decidieron ocuparla, movilizaron a mucha más gente y forzaron negociaciones con las autoridades.
Movilizaciones de este tipo se dan también en las comunidades afrocolombianas y en regiones como el Chocó, donde a pesar de las represiones y los asesinatos de varias gentes, han continuado las movilizaciones contra la guerra, contra el Tratado de Libre Comercio y contra las reformas constitucionales que propone el Gobierno de Álvaro Uribe.
¿Los movimientos campesinos e indígenas son ejemplos a seguir por el resto de organizaciones sociales?
Sobre todo el movimiento indígena, que a pesar de todas las dificultades se sigue movilizando. En 1996, por ejemplo, y después de ocupar la conferencia episcopal y tomar carreteras y oficinas públicas de todo el país, el Gobierno dialogó con los indígenas y acordó crear tres organismos permanentes de diálogo.
Se trata de una comisión de derechos humanos que investigue y repare a comunidades víctimas de violencia, una Mesa de Concertación en la que consultar a los indígenas las medias legislativas y administrativas nacionales que les pueden afectar, y una Comisión de Territorios Indígenas que vele por la propiedad de las tierras. Estos organismos funcionaron dos años pero el actual Gobierno los ha boicoteado. Sin embargo, en estos momentos el movimiento social ve en los grupos indígenas un modelo a seguir, centrado en la cuestión de la tierra pero también en otros temas como el Tratado de Libre Comercio, y muy bien organizado.
¿De qué manera se inspiran en el movimiento indígena?
Un caso muy claro es el del movimiento estudiantil, que se ha visto muy influido por las luchas indígenas y ha adoptado muchos de sus mecanismos. Los estudiantes protestan contra una reforma que quiere reducir a cuatro años los estudios en la universidad pública y que les daría títulos menos cualificados que los de la universidad privada, que mantendrá las carreras de cinco años.
Por eso se manifiestan y responden con imaginación a la represión que se ejerce contra ellos, una represión muy grande que ha acabado con la vida de varios jóvenes. Y ellos, en lugar de optar por el enfrentamiento directo, llenan de flores los vehículos de la policía, pintan consignas, organizan bailes en la calle…
Por todo esto, es de esperar que el movimiento social no se acabe en muchos años, porque si los muchachos participan masivamente tendremos muchos años de lucha social.
¿Significa esto también que los movimientos sociales se están renovando académicamente?
Sí. Muchos jóvenes campesinos estudian en la universidad pública, están implicados en el movimiento estudiantil y del campo, saben informática, inglés y tienen una capacidad de comunicación inmensa. En las comunidades indígenas, por ejemplo, es impresionante ver lo que saben del Tratado de Libre Comercio e incluso en muchas universidades es difícil encontrar gente que hable de este tema tan fluidamente como en las comunidades indígenas.
Las mujeres dirigentes sufren violaciones y ven cómo secuestran a sus hijos para obligarlas a dejar los movimientos sociales. En todo este contexto, ¿qué papel juegan las mujeres?
Un papel muy importante. En los últimos años el asesinato de líderes del movimiento campesino ha llevado a muchas mujeres a puestos de dirección, y lo han hecho muy bien, tanto que hoy día comparten la persecución al mismo nivel que los hombres. Muchas de éstas líderes campesinas están ahora exiliadas en España y otros países europeos. En España está la presidenta de la Asociación de Mujeres Campesinas Indígenas y Negras, una organización terriblemente agredida desde 2003. En esta campaña de terror se ha secuestrado a sus hijos para exigir a las mujeres su renuncia a la organización y se han hecho violaciones múltiples a mujeres de movimientos sociales, para atemorizarlas a ellas y a sus compañeras. También muchas han muerto asesinadas.
Como asesor de muchos de estos movimientos, ¿recibes también presiones y amenazas?
Sobre todo he colaborado con organizaciones campesinas e indígenas. Soy asesor de la Convergencia Campesina Negra e Indígena, una entidad que aglutina numerosos movimientos campesinos, indígenas y negros. Colaboro con la Organización Nacional Indígena, con entidades afiliadas a Vía Campesina y con compañeros del Cauca, de la Amazonía… pero también de las ciudades y con sindicatos como el petrolero. Por trabajar con el movimiento campesino fui detenido y torturado, y aún sufro las secuelas de esa tortura.
¿Cómo te ha afectado a ti y a tu familia?
Durante un tiempo me marché fuera con mis hijos, porque todavía eran muy niños. Ahora ya son mayores y todos vivimos en Colombia. Durante cinco años no hablé por teléfono y son las razones por las que estoy vivo. No tengo oficina ni una rutina. No acepto tener una rutina porque, analizando los casos de miles de amigos asesinados, te das cuenta de que el factor fundamental que se aprovecha para asesinar a una persona es la rutina. Compañeros del sindicato minero pidieron a la empresa que les dejara vivir en la mina porque les iban a matar del trabajo a casa y en la mina estarían seguros. Pero la empresa no aceptó y hoy están todos muertos. A la mayoría de los dirigentes los matan de camino al trabajo, a otros en el mismo trabajo, o en su casa… no se puede tener una rutina. Que un activista social tenga una rutina en Colombia significa dejarse matar.
¿Alguna vez has pensado en exiliarte?
No. He estado fuera por la seguridad de mis hijos y dando clases en Estados Unidos, en el marco de un programa para defensores de derechos humanos en peligro. Pero nunca he tenido la perspectiva de irme porque tengo la esperanza de que la lucha que estamos haciendo va a servir de algo.
Las cosas están empezando a cambiar en América Latina. Desde luego, el último lugar donde cambiarán es Colombia, porque es donde más violencia hay contra el movimiento social pero nosotros seguiremos trabajando para que la situación mejore.
