Considerada en frío, imparcialmente, después de casi una década de guerra sin cuartel, la Seguridad Democrática ha sido un fracaso. Quizá calculado, para seguir tirando la cuerda y sostener el conflicto en términos en que ni se desborda ni se termina. Basta mirar titulares de los últimos días. Las Farc y el Eln sostienen una […]
Considerada en frío, imparcialmente, después de casi una década de guerra sin cuartel, la Seguridad Democrática ha sido un fracaso.
Quizá calculado, para seguir tirando la cuerda y sostener el conflicto en términos en que ni se desborda ni se termina. Basta mirar titulares de los últimos días. Las Farc y el Eln sostienen una brutal ofensiva en Arauca después de que los gobiernos habían dado por arrinconadas a estas fuerzas; en Cauca, la guerra parecería de posiciones: las Farc atacan, retroceden, vuelven a la ofensiva sin que nada se pueda definir, salvo una presión constante; en Putumayo, los atentados, los ataques a las Fuerzas Armadas son permanentes y tienen lugar en los mismos sitios en donde desde hace años se han dado; en Huila, como se ha visto, los golpes se dan en la capital misma y son sistemáticos y brutales; en Guaviare, las guerrillas andan en puertos y caseríos sin mayores atafagos; en Nariño, se juega al gato y al ratón, y lo mismo vi, con mis ojos, en el Pacífico. Me parece que si se traza una línea ideal -como alguna vez lo escribí- entre Cúcuta y Buenaventura, en el suroriente del país los enfrentamientos entre las guerrillas y la Fuerza Pública son cada día más frecuentes. Al norte de esa línea ideal, los paramilitares continúan siendo una poderosa fuerza, llamada ahora Bacrim.
El monopolio del aire le ha permitido al Gobierno golpes contundentes que ha usado en su favor. Las muertes de Reyes, Jojoy, Caballero y Acacio han afectado seriamente la imagen de que la alta comandancia era invulnerable. Bombardeos precisos y espectaculares. Pero bombardear una guerrilla no es asegurar una zona. Más en la medida en que la respuesta de la guerrilla ha sido minar territorios y corredores estratégicos que dificultan los movimientos del Ejército. Sin duda, bombas, inteligencia, recompensas, armas modernas y mayor preparación de una tropa mejor pagada, por supuesto, han dado un resultado visible: ya no hay retenes en las carreteras principales, ni toma de pueblos ni despliegues ofensivos. El Gobierno lo toma como una victoria cuando quizá no sea más que un cambio de estrategia obligado de la guerrilla ante realidades inocultables. No parece, por tanto, que las guerrillas estén arrinconadas. Las Farc afirman que en 2010 tuvieron unas 2.200 acciones militares; el comandante general de las FF.AA., Édgar Cely, afirmó que las Farc cuentan con 18.000 integrantes: 9.000 combatientes armados y 9.000 milicianos. Ante un ejército de 400.000 hombres bien armados, la subversión ha regresado a la guerra de guerrillas clásica.
Por el otro lado, la cosa es igual o más grave. Según las cifras oficiales, durante el mandato de Uribe se entregaron 32.000 paramilitares, pero, como se ha venido sabiendo, unos 15.000 fueron reclutados ad hoc para que entregaran unas armas que salieron de quién sabe dónde. Es muy posible que las estructuras militares fuertes no se hayan desmantelado, sino que continúen bajo otras denominaciones -Rastrojos, Águilas Negras, Urabeños, Confederados- como antes operaban con los nombres Héroes de Tolová, de Granada, Cacique Nutibara, Bloque Central Bolívar. Los paramilitares continúan en las mismas regiones y haciendo el mismo oficio: traficando cocaína, vendiendo seguridad en zonas rurales y áreas de minería concesionada, y contribuyendo al aseguramiento militar de algunos territorios. Lo nuevo es el control urbano que han adquirido en la mayoría de ciudades y pueblos mediante la extorsión al menudeo. Un fenómeno del que apenas se comienza a hablar. Pagan «seguridad» los pequeños y medianos negocios, transportadores, distribuidores, o simples residentes de un barrio. La Corporación Democracia, que devino en la siniestra Oficina de Envigado, tenía bajo su mando 4.500 desmovilizados trabajando en cobros, extorsiones, ejecuciones, desapariciones. La Policía Nacional acepta la existencia de 3.500 miembros de estos grupos en armas actuando en 150 municipios. La Silla Vacía habla de 6.000 en 300 municipios.
Al final de cuentas hay que concluir que se dio la vuelta del bobo. El ministro de Hacienda declaró que entre 1980 y 2005 se gastaron, a precios de hoy, 140 billones de pesos, o sea 73.000 millones de dólares. Más o menos el presupuesto nacional de hoy. No encontré las cifras de esta fecha a 2008, pero en 2009 se gastaron 10.055 millones de dólares y en 2010 se gastaron 11.057 millones de dólares. En las tres últimas décadas, unos 120.000 millones de dólares. ¡Es lo que se llama equilibrio fiscal! ¿A quién beneficia este enorme sacrificio económico que hacemos? A los vendedores de armas, de botas, de raciones de campaña y, por supuesto, a los militares que, bien vistas las cosas, lo que saben hacer es administrar el conflicto armado. ¿Cuánto dinero del presupuesto militar es necesario y cuánto gastado en privilegios estamentales? Si a los militares condenados por asesinato que están en la cárcel de Tolemaida se les da el trato que la revista Semana denunció, ¿qué no se les dará a los demás uniformados?
http://www.elespectador.com/impreso/columna-261869-vuelta-del-bobo