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La zona de consolidación del Catatumbo incrementa violencia paramilitar

Fuentes: Rebelión

La ley 1450 de 2011 que adoptó el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, denominado «Prosperidad para todos» profundizó la institucionalización de las políticas de consolidación y recuperación territorial-PCRT, diseñadas durante la época de la mal llamada Seguridad Democrática. El artículo 195 dispuso que «el direccionamiento estratégico de la Política Nacional de Consolidación Territorial será responsabilidad […]

La ley 1450 de 2011 que adoptó el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, denominado «Prosperidad para todos» profundizó la institucionalización de las políticas de consolidación y recuperación territorial-PCRT, diseñadas durante la época de la mal llamada Seguridad Democrática. El artículo 195 dispuso que «el direccionamiento estratégico de la Política Nacional de Consolidación Territorial será responsabilidad del Consejo de Seguridad Nacional. El gobierno nacional determinará y revisará periódicamente las zonas de intervención y creará y fortalecerá los mecanismos institucionales de gerencia y coordinación civil del orden nacional y regional para su implementación, aprovechando y fortaleciendo las capacidades del Centro de Coordinación de Atención Integral de la Presidencia de la Republica (CCAI) y sus Centros de Coordinación Regionales (CCR).»

En aplicación de tal mandato, se creó, mediante el Decreto 4161 de diciembre de 2011, la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación y Recuperación Territorial, encargada de ejecutar la política y los planes correspondientes del gobierno central y la intervención militar imperialista norteamericana.

Por ahora, han sido focalizadas 7 zonas estratégicas de consolidación en la Macarena-Caguan, la Cordillera central, el Nudo de Paramillo, Tumaco, Montes de María, Putumayo y Catatumbo. En estas áreas está en plena ejecución la política establecida al respecto y su cobertura alcanza 54 municipios.

El Catatumbo fue oficializado en mes de agosto del año 2011, como una de las 7 zonas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo.

La región del Catatumbo comprende el territorio de los municipios localizados a lo largo del río del mismo nombre, que desemboca en el lago de Maracaibo. Allí viven 180 mil personas residenciadas en las localidades de Tibu, Sardinata, El Carmen, Convención, Hacari, Teorama, El Tarra, San Calixto y la Playa. La población, sumida en la miseria, tiene índices de necesidades básicas insatisfechas del 70% y 35% de analfabetismo.

La Zona de Consolidación ya tiene una Gerencia regional con enlaces militares y policiales y especialistas temáticos en desarrollo social y comunitario, desarrollo económico, desarrollo institucional y justicia, infraestructura y conectividad y ordenamiento territorial y derechos de propiedad.

Las políticas que se ejecutan implican un concepto de consolidación que supone el control institucional, la participación con reconstrucción del tejido social y la integración regional.

Sin embargo, como en el resto del país, las acciones gubernamentales no han traído beneficios para los habitantes de dicho territorio, lo que se observa es un resurgir del paramilitarismo y de la violencia de los poderosos dueños de la tierra y de las multinacionales que se están adueñando de las riquezas mineras existentes en abundancia.

La militarización es el resultado neto de los programas de consolidación y recuperación territorial del Catatumbo.
No obstante que el Catatumbo fue objeto de la más feroz acción paramilitar desde principios de siglo, el cual ejecutó masacres, asesinatos, desapariciones y atropellos de la mano de generales y brigadas militares y policiales, las políticas anunciadas no tienen ninguna eficacia en el logro de la paz y el bienestar de los pobladores. Es importante recordar que entre 1997 y el 2009, hubo en la región 25 grandes masacres con 203 muertos y 72 mil desplazados, protagonizadas por los paramilitares de Mancuso, con la colaboración de varios oficiales del Ejército, entre los cuales está R. Matamoros, un General que apenas si está siendo tímidamente investigado por los órganos judiciales, a causa de su alto cargo en el Ministerio de Defensa como asesor del Comando General de Alejandro Navas. Para no olvidar, también, las más de 60 ejecuciones extradjudiciales que hicieron del Catatumbo el paraíso de los «falsos positivos», cuando Santos era Ministro de Defensa de Uribe Velez, y se encontraron por allí los cadáveres de personas con enfermedades mentales, llevadas desde Bosa (Bogotá) para hacerlas pasar como guerrilleros caídos en combate y poder cobrar así las recompensas otorgadas por el presupuesto central que se alimenta de los dineros del Plan Colombia.

La nefasta militarización del Catatumbo incorpora el ingreso de batallones en la Brigada Móvil 15 y la Brigada 23, que han fortalecido el poderoso Batallón Santander. Recientemente el señor Santos, anunció, como lo acaba de hacer en el Cáuca para aplastar la revuelta indígena, que va a ingresar 5 nuevos batallones del Ejército y que se construirá una gran base militar (un Fuerte militar,como en tiempos de la colonia hispánica) en Tibu, donde operaran 7000 soldados que se integraran a la Fuerza de Tarea Conjunta-FTC-Vulcano. Hay, pues, una militarización de todos los componentes del control y la recuperación territorial. Todo lo cual ocurre bajo la estricta supervision del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Norteamericanas que a través de sus generales ha realizado visitas desde marzo del 2012 para incrustar en el territorio expertos contra insurgentes desplazados desde Iraq y Afganistán.

Un componente central de dicha militarización es el control estricto y dictatorial de la población con empadronamientos fotográficos, listas de datos, censos, redes de informantes y capturas masivas con ordenes judiciales espureas; en meses recientes se han dado mas de 70 capturas ilegales por parte de fiscales y jueces manipulados por los poderes militares.

Un caso ilustra la agresiva militarización del Catatumbo. En el pequeño municipio del Tarra, donde habitan 1200 personas, hay batallones con 1200 militares que invaden las escuelas, los colegios, los centros de salud y los pasillos de las casas particulares. Cualquier parecido con el Norte del Cáuca es pura coincidencia.

Todas las obras de ingeniería estan en manos de militares, los cuales adelantan la construcción de un embalse, un sistema integrado de transporte, varias vías, el levantamiento de viaductos, acueductos y el desarrollo de centros históricos. Igual ocurre con algunas obras sociales de fachada como jornadas culturales, jornadas de vacunación y construcción de magacolegios. Infraestructuras materiales y sociales que implican una inversión de 2, 3 billones de pesos, que no se ven por ningún lado y que más bien son el foco de corrupción donde se enriquecen altos oficiales que manejan discrecionalmente tan descomunales partidas fiscales.

En esos términos la región esta ante de una estrategia de invasión cuyo propósito es cambiar de control paramilitar y una economía de coca, a un control neoparamiltar (con las Bacrim de los Rastrojos y Águilas Negras) y una economía de monocultivo y extracción.

En ultimas, todo este Plan de Consolidación tiene como fin supremo adueñarse de las riquezas naturales de dicho territorio por parte de las multinacionales, pues se ha establecido que allí existen 350 millones de toneladas de carbón para explotar a cielo abierto, son 25 mil hectáreas de carbón a cielo abierto. Además existen reservas de oro, materiales de construcción, níquel, cuarzo, esmeraldas, uranio y maderables.

Otra estrategia de explotación es la implementación de monocultivos; ya en la parte baja de Tibu hay 12.000 hectáreas de palma africana, todo lo cual implica romper, con maniobras y sobornos a concejales, la zona de reserva forestal que ocupan el 70% del territorio.

En vista de todo este negativo cuadro se ha previsto realizar a finales del mes de agosto del año en curso una Audiencia Pública General con las autoridades municipales, departamentales y nacionales y las comunidades, para determinar alternativas que reorienten la inversión y el papel de las autoridades civiles correspondientes.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.