Una noche de plenilunio, más negra y brillante que nunca, retumbó desde la lluvia el colosal zolloso de una joven mapuche. Porque se dolía de su suerte de siglos, del niño que germinaba en su vientre sin las caricias de su padre, sin sus besos y su risa. El deambula por los cerros y bosques […]
Una noche de plenilunio, más negra y brillante que nunca, retumbó desde la lluvia el colosal zolloso de una joven mapuche. Porque se dolía de su suerte de siglos, del niño que germinaba en su vientre sin las caricias de su padre, sin sus besos y su risa. El deambula por los cerros y bosques del sur o quizás piensa en ellos en algún refugio nortino. Es uno de los tantos mapuche forzados a vivir en la clandestinidad por el gobierno de la Concertación que continuó la guerra centenaria contra el pueblo mapuche sin misericordia, sin tregua y reprimiendo sistemáticamente a los que el Estado chileno denomina «terroristas» en el marco del mal llamado conflicto mapuche. Porque este conflicto no lo iniciaron los mapuche y, tampoco, los involucra solo a ellos, pues existen otros actores determinantes: el mismo Estado, las empresas forestales, la policía, los grandes agricultores y las empresas energéticas. Es decir, no es un conflicto mapuche ni menos un problema mapuche, sino que el problema lo constituyen todos aquellos que han usurpado su territorio, destruido su cultura e intentado asimilar a un pueblo distinto. Sin embargo, el gobierno de Ricardo Lagos diseñó e impulsó una política indígena que poco difiere de las adoptadas por otros gobiernos a través de la historia, política destinada a establecer el pleno dominio de la cultura chilena por sobre la de los pueblos originarios. Dicha mirada y postura etnocéntricas no han variado substancialmente y, si es que actualmente se habla de cambios en el terreno de los derechos indígenas, es debido unica y exclusivamente a la lucha del pueblo mapuche por sus derechos colectivos. Y los que hablan y demandan no son precisamente las autoridades del Estado chileno, sino que los propios mapuche y organizaciones de derechos humanos tanto nacionales como internacionales. Por el contrario, cuando los representantes del Estado se pronuncian acerca del tema mapuche, lo hacen para mentir, estigmatizar y justificar las políticas represivas. Es lo que acaeció con el hasta hace poco ministro del interior, Francisco Vidal, quien señaló que consideraba «un error estigmatizar la etnia mapuche y a varios centenares de comunidades por potenciales focos de conflicto en algunas de ellas». No obstante, el gobierno de Lagos hizo exactamente lo opuesto a lo manifestado por Vidal, recurriendo a la satanización del movimiento mapuche y a la criminalización de sus demandas y acciones. Ello, a pesar de haber expresado en algún momento la voluntad política de iniciar un «Nuevo Trato» para con los pueblos originarios.
El Nuevo Trato que nunca fue
Y, claro, el gobierno creó la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato en el año 2001, la que finalmente emitió su informe dos años más tarde. Dicha comisión fue presidida por Patricio Aylwin y compuesta por personeros chilenos, aymara, rapa nui y mapuche. Tres de estos últimos, Aucan Huilcaman, Galvarino Reiman y José Llancapan, aprobaron el documento, pero incluyeron una serie de recomendaciones que, a juicio de ellos, eran fundamentales para que el trabajo de la comisión diera frutos. En concreto, los dirigentes mapuche expresaron que entendían el informe «como un avance en términos de esclarecimiento de las violaciones de los derechos colectivos que han afectado y afectan al Pueblo Mapuche». Pero, agregan, que «el proceso de esclarecimiento careció de la participación amplia de las organizaciones tradicionales y contemporáneas del Pueblo Mapuche». Además, puntualizan una serie de derechos históricos que son consubstanciales al pueblo mapuche y que no han sido tomados en cuenta por el Estado chileno. Es en este marco que reinvindican el derecho a la tierra, al territorio e identidad, la necesidad de reconocer la responsabilidad del Estado en la usurpación del territorio mapuche, la urgencia del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y el derecho a la libre determinación. La misma comisión sugiere una reforma a la constitución para que esta «declare la existencia de los Pueblos Indígenas, que forman parte de la nación chilena, y reconozca que poseen culturas e identidades propias. Declare que los Pueblos Indígenas de Chile son descendientes de las sociedades pre- coloniales que se desarrollaron en el territorio sobre el que actualmente el Estado chileno extiende su soberanía, a las que están ligadas por una continuidad histórica. Establezca el deber del Estado de garantizar la preservación de la diversidad étnico cultural de la nación y, por consiguiente, la preservación y el ejercicio de la cultura y la identidad de los Pueblos Indígenas, con pleno respeto de la autonomía de sus miembros; y que en consonancia con dicha declaración, reconozca y garantice el ejercicio de un conjunto de derechos colectivos a favor de los Pueblos Indígenas».
Es claramente una propuesta progresista y que, en general, refleja los avances verificados a nivel internacional en el campo de los derechos indígenas, sin embargo,nada de esto fue aceptado por el gobierno de Ricardo Lagos, por ende, aquel mentado nuevo trato solo quedó en el papel y en las centenares de horas que trabajaron los comisionados para nada. Y, una vez más, los pueblos originarios tuvieron que escuchar la palabra vacía del huinka mayor cuando, al constituir la comisión, declaró que «poco a poco vamos entendiendo, de una manera cierta, auténtica, más allá de la retórica y de las buenas intenciones, que el país nos pertenece a todos y que, para la constitución y configuración de este país, todos tenemos algo que decir». Pero el único que tenía algo que decir era el presidente Lagos, quien impuso su impronta autoritaria y su estilo arrogante, impediendo que el pueblo mapuche se expresara. Por el contrario, cada vez que el mapuche se movilizó en defensa de sus intereses este fue brutalmente reprimido por el gobierno, porque – «más allá de la retórica» – el país no le pertenece a todos y ciertamente no a los mapuche. Solo así puede entenderse la política de criminalización del movimiento mapuche impulsada desde el gobierno y obsecuentemente implementada por el poder judicial, la policía y la mayoría de los medios de comunicación. Por cierto, la expresión más absurda y repudiable de dicha política lo constituye la utilización de la Ley anti-terrorista en contra del pueblo mapuche que vulnera todos sus derechos básicos. Esto a pesar de que múltiples informes internacionales han declarado la ilegalidad e inadmisibilidad de esta legislación que califica de terroristas acciones que corresponden a reivindicaciones de índole social. De hecho, nadie jamás ha muerto por responsabilidad atribuible a organizaciones mapuche. Por el contrario, la única victima fatal es el comunero Alex Lemun asesinado por el mayor de carabineros, Marco Treuer quien, como acontece normalmente en estos casos, se encuentra en libertad. Como la mayoría de los violadores a los derechos humanos durante la dictadura militar, algunos de los cuales han sido indultados por el gobierno de la Concertación.
El gobierno de Lagos indultó a asesinos, mientras en las comunidades mapuche sembraba el terror con las fuerzas especiales de carabineros, se allanaban casas, se destruían enseres y se maltrataba a comuneros. Los asesinos libres o en cárceles especialmente habilitadas para ellos mientras a los mapuche se les condenada a largas penas en prisión por supuestos atentados terroristas que nunca lo fueron. Y ello sucedió hasta el último momento del gobierno de la Concertación, de hecho, a fines de febrero fue allanada por más de doscientos efectivos de la policía de investigaciones y de Carabineros, la comunidad Temucuicui, en la comuna de Ercilla, novena región. Los comuneros de Temucuicui viven en constante temor de ser allanados y amedrentados por la policia. Claro, porque en esa comunidad se libró una dura lucha contra las forestales y por el derecho a vivir en la tierra que les pertenece. Y eso el Estado no lo perdona. Esto es prístinamente sintetizado por el ex ministro Francisco Vidal cuando señaló categoricamente que «gobernar un país, en este caso en una región, y ver materias complejas como la violencia política, implica ser bastante equilibrado, e implica regirse por legislación chilena, e implica orientarse por las decisiones que conducen la voluntad política del gobierno. En Chile hay Estado de derecho, y ese estado de derecho la democracia tiene que preservarlo, cuidarlo, mantenerlo, y el que se sale de él, recibe las sanciones del estado de derecho». Pero Vidal jamás mencionó las múltiples violaciones a los derechos humanos que se cometen en territorio mapuche: las detenciones ilegales, las golpizas, la utilización de testigos secretos en juicios por la ley anti-terrorista, el mero recurso a esta ley cuando el mismo gobierno manifestó en incontables oportunidades que en Chile se erradicó la violencia para siempre. Sin embargo la violencia en el sur del país continúa tan vigente como antes, y no proviene precisamente de los mapuche, sino que del Estado y, en lo substancial, está destinada a proteger los intereses económicos de las forestales, las empresas hidroeléctricas, de obras viales y de tratamiento de aguas servidas. Es decir, toda la política indígena del gobierno de Ricardo Lagos estuvo destinada a mantener y reproducir el modelo neoliberal. En este sentido, poco se puede esperar del nuevo gobierno de la Concertación con respecto a los pueblos originarios, toda vez que no se avizoran, ni menos aún se plantean, modificaciones sustantivas al modelo neoliberal o al sistema capitalista imperante que es, en definitiva, lo que informa las políticas indígenas.
Bachelet : nada nuevo bajo el sol
Por el contrario, todo indica que la presidenta Michelle Bachelet, más allá del recurso a fórmulas paritarias que han redundado en la incorporación de algunas mujeres a posiciones de poder, no tiene voluntad política de superar el modelo de economía de mercado. Ello no significa que no puedan producirse algunos cambios formales en la esfera de los derechos indígenas, de hecho, en su plataforma programática se sostiene que «como sociedad tenemos una deuda con nuestros pueblos originarios. Estamos comprometidos con el nuevo trato que el Estado chileno ha ofrecido a los pueblos indígenas. Si Chile somos todos, debemos preocuparnos especialmente por nuestras raíces». ¿Noes lo mismo que expresó el presidente Lagos y que se diluyó en el tiempo y cuyas buenas intenciones – si alguna vez las hubo – sucumbieron rápidamente ante una realidad de represión agenciada por el mismo gobierno?
Bachelet, no obstante, ha ido más allá que Ricardo Lagos y ha señalado la urgente necesidad de viabilizar el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, algo que jamás ocurrió durante el anterior gobierno, no solo por su falta de voluntad polìtica, sino que, también, por la sistemática negativa de la derecha a aceptar que en este país no todos somos chilenos y que existen otros pueblos cuyos derechos deben ser respetados para que, eventualmente, construyamos un pais multicultural. Pero, si bien es cierto existe en la actualidad una mayor posibilidad de que se materialice el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, todo ello no será más que una mera formalidad si es que no se respeta el ejercicio efectivo de sus derechos colectivos como pueblo. Y en este sentido, no existe nada en el programa del actual gobierno que apunte a garantizar la libre determinación del pueblo mapuche. Se habla de becas indígenas, de incorporar la historia mapuche a las mallas curriculares de la enseñanza media, de fomentar el ecoturismo. Es decir, una vez más, se reduce el tema mapuche a su dimensión económica o cultural, a la devolución de algunas miles de hectáreas de tierras o a la difusión de algunas de sus manifestaciones culturales, pero se ignora la dimensión política del problema: el derecho a la autodeterminación, a decidir soberanamente su presente y futuro. Y es evidente que los principales problemas en el marco del «conflicto mapuche» surgen de la imposición del modelo neoliberal y de las políticas indigenistas del Estado que niegan la calidad de pueblo al mapuche. Entonces, poco o nada se puede esperar del nuevo gobierno si es que se insiste en un paternalismo etnocéntrico que considera a los pueblos originarios como entidades inferiores y susceptibles de asimilación por parte de la cultura chilena superior. Nada se puede esperar si es que se continúa aplicando la ley antiterrorista que condena al mapuche que lucha por sus derechos. Actualmente, los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol se encuentran en huelga de hambre indefinida. Patricia Troncoso, Juan Carlos Huenulao y Juan Patricio Marileo, condenados a 10 años y un día por un supuesto atentado incendiario, demandan la inmediata libertad de todos los presos políticos mapuche recluidos en los penales de Angol, Lebu, Concepción y Traiguen y el cierre de las causas por ley anti-terrorista, porque, sostienen, «jamás un mapuche será terrorista, ya que terrorista es el que saquea, asesina y encarcela en nombre de la muerte disfrazada con el nombre de progreso y estado de derecho».
Pero las consecuencias de la criminalización y judicialización del «problema mapuche» son solo manifestaciones del problema de fondo que constituye la aplicación y reproducción del modelo económico. Por lo mismo, habrá que ver la respuesta del gobierno, no solo a la huelga de hambre, sino que también, por ejemplo, a la oposición del pueblo mapuche a la construcción del nuevo aeropuerto de Temuko. Es más, el mismo día de la asunción de Bachelet como mandataria, los comuneros de la localidad de Quepe, comuna de Freire, se tomaron la carretera en protesta por la instalación del aeropuerto que afectará directamente a sus comunidades, indicando que no aceptaban «más farándula política. No queremos un show televisivo de millones de dólares en donde se diga que este país es un ejemplo de modernidad y se presente al mundo una realidad social que no existe. Somos miles de mapuche los que nos encontramos en la extrema pobreza y viviendo en condiciones de hacinamiento y maltrato. Seguiremos movilizándonos por la defensa de nuestra tierra, nuestra cultura y nuestros recursos naturales». Por ello, el verdadero nuevo trato solo puede ser realidad cuando el mapuche sea libre de tutelas racistas y por ahora no se vislumbra un cambio profundo en la relación Estado chileno y pueblo mapuche.