Indignado se encuentra uno de los técnicos que con más ahinco ha estudiado el tema de la propiedad sobre las concesiones mineras. A juicio de Caputo, también director del Centro de Estudios sobre Trasnacionalización, Economía y Sociedad, el borrador de royalty del ministerio de Hacienda es »inmoral». »El gobierno del Presidente Ricardo Lagos pasará a […]
Indignado se encuentra uno de los técnicos que con más ahinco ha estudiado el tema de la propiedad sobre las concesiones mineras. A juicio de Caputo, también director del Centro de Estudios sobre Trasnacionalización, Economía y Sociedad, el borrador de royalty del ministerio de Hacienda es »inmoral».
»El gobierno del Presidente Ricardo Lagos pasará a la historia económica y política de Chile como el del mandatario que completó la desnacionalización del cobre, que se inició con la dictadura de Pinochet», afirma taxativo Orlando Caputo, economista de la Universidad de Chile, director del Centro de Estudios sobre Trasnacionalización, Economía y Sociedad (Cetes), y ex gerente general de Codelco. Caputo sabe que su conclusión es fuerte, que nadie se ha atrevido a emitir una sentencia de ese calbre, pero aclara que lo suyo está en dicho en función de fundamentos técnicos y estricto apego a la ciencia económica, disciplina que lo obliga a declararse »indignado» con el borrador de royalty II a la gran minería, expuesto el lunes pasado por el Ministerio de Hacienda a los parlamentarios de la Concertación interesados en el proyecto minero, que entró ayer a la Cámara de Diputados. »Se completa la desnacionalización del cobre en este gobierno. Eso lo afirmo categóricamente. Porq ue en el proyecto, independiente de los montos, y de esos detalles, se reconoce indirectamente que los yacimientos de cobre y oro, con todas sus riquezas, son propiedad de las empresas. Y ese es el tema central que estuvo en discusión en el proyecto anterior. Todo esto ya no se contempla, a pesar de que la Constitución reconoce que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable, imprescriptible de todas las minas. Por eso yo siempre he hecho una separación clara de que la renta o royalty es algo muy distinto a los impuestos. Ese es el tema central, y creo que nos debiera preocupar a todos que el gobierno se haya olvidado de la propiedad», reflexiona Caputo. Para el experto no hay otra manera de definir el borrador de Eyzaguirre, sino como un »retroceso muy grande respecto del que el propio gobierno ya había presentado. En el mensaje del 5 de julio pasado se decía, en primer lugar, que la Constitución Política de la República aseguraba el dominio absoluto…, y agrega que por tratarse de recursos no renovables, poseen un valor intrínseco, por lo tanto, el Estado debería recibir una compensación. Además decía que la situación actual podía traducirse en una suerte de subsidio del Estado a los dueños de las empresas mineras, lo que produce una distorsión del mercado». Caputo agrega a su malestar: »No se entiende este nuevo proyecto, tomando en cuenta la posición del propio ministro de Minería, Alfonso Dulanto, poco después del rechazo del royalty en el Parlamento, que desarrolló en un artículo que envió a El Mercurio. En ese artículo detalló que el tema central era el de la propiedad de las concesiones mineras, porque los yacimientos son de todos los chilenos… como ocurre en todas partes del mundo». Allende al olvido -Al final se impuso la posición del ministro Eyzaguirre, a pesar de que estamos frente a una materia muy específica, donde Minería debería tener mayor notoriedad. Algunos parlamentarios hablaron a este medio de que sebypasseó a Dulanto.-Como haya sido no se entiende, porque el proyecto anterior, apoyado por Eyzaguirre, también tocaba el tema de la propiedad, que es lo central. -O sea, ¿a usted le tiene sin cuidado si se trata de un impuesto de 3,5% ó 5% a las utilidades operacionales de las empresas mineras?-Eso es absolutamente secundario. Estamos confirmando que la propiedad actual la tienen las compañías. Por eso me atrevo a decir que Lagos y su gobierno va a pasar a la historia como quien coronó la desnacionalización del cobre, que empezó Pinochet; nacionalización que había hecho Allende, apoyada por la mayoría de la gente que está hoy en el gobierno… A ratos espero que el Presidente Lagos no tenga un conocimiento en detalle de lo que está haciendo. Prefiero pensar eso. -¿Le parece creíble que el Presidente Lagos esté mal informado, mal aconsejado sobre las implicancias de un royalty a la minería?-Sí, es probable. ¡Es que no puede apoyar algo que entregue en propiedad privada los yacimientos a las compañías extranjeras! Además es una cosa inconstitucional… A pesar que el gobierno de Lagos uno pudiera catalogarlo muy bien, más encima ahora por la recuperación económica que se está teniendo, y su carácter de estadista, a diferencia de Eduardo Frei, quien no tuvo tantas resonancias, con este royalty él va a pasar a la historia con un punto muy negro. De espalda a la lucha política Parte del indeleble punto negro que Caputo ve acercarse de manera inminente sobre Lagos, se debe a que con este nuevo royalty »las empresas privadas se podrán apropiar del valor del cobre y el oro en el yacimiento, lo que les va a permitir tener utilidades de 6 mil millones de dólares. Eso está dicho por ellos mismos», añade muy molesto. -El punto central al que usted apunta ya nadie lo discute. Justamente para obtener el quórum que pueda aprobar la iniciativa en el Congreso. A su juicio, ¿no se puede tener un triunfo moral en torno al cobre, bajar las expectativas y cent rarnos en el porcentaje a cobrar por las utilidades operacionales, y en el punto de la invariabilidad tributaria?-¡Es que no puede haber triunfo moral acá! Si uno lo considera desde el punto de vista académico, de la historia de Chile, de la ciencia económica, este royalty es algo que raya en lo inmoral. En la falta de valor para defender la principal riqueza básica. Se le está dando la espalda a la lucha política que hubo para nacionalizar el cobre. Yo no digo que no puedan participar del mercado las empresas privadas, sino que hay que dejar muy claro quién es el dueño de los yacimientos. Porque eso además distorsiona el mercado. -¿No teme que gente de otros sectores califique su análisis de de ideologizado?-No, mis argumentos son completamente técnicos y apegados a la ciencia económica. Además son compartidos por profesores como Eugenio Figueroa, quien dice que hay que rescatar el valor in situ del cobre. Eso lo dijo el 2000 en El Mercurio. Decía que de no dar esa batalla, se está descapitalizando nuestro país, donando nuestro stock de recursos no renovables a las empresas extranjeras o al mercado. -Usted ha criticado fuertemente la sobreproducción del cobre. ¿Con el proyecto royalty esperaba que la Concertación se hubiera rehabilitado?-Los gobiernos de la Concertación son responsables de la sobreproducción de cobre; eso nadie lo puede negar. Podrían haberse reivindicado, y no lo han hecho. El royalty debió reconocer que existen tres elementos que participan en la producción: el trabajo, el capital y los recursos naturales. Reconociéndolos, se habría permitido captar lo que el económista Jagdich Bhagwati concibe como »lo necesario para evitar que se produzca el crecimiento empobrecedor». El borrador Las ideas fuerza que Orlando Caputo considera de segundo orden, ya que el tema de la propiedad de los yacimientos ha sido omitido, se pueden resumir en los siguientes puntos del borrador mostrado a los parlamentarios de la Concertación: *Se fija rá un impuesto a la actividad minera de 5% del valor de la utilidad operacional, a todas las mineras con ventas anuales sobre 8 mil UTA. *El pago será mensual y será considerado como un gasto para producir la renta. Quedan exentas de este cobro las empresas con un margen operacional de menos de 8%. *Las compañías podrán renunciar a los derechos que les entrega la invariabilidad tributaria original. La nueva renuncia deberá firmarse entre el 1 de diciembre de 2004 y el 31 de diciembre de 2005. *Al renunciar se les asegura que durante 15 años no se les aplicará ningún otro gravamen específico a la actividad. *Si optan mantendrán hasta el 31 de diciembre de 2007 la garantía sobre depreciación acelerada otorgada por el artículo 11 bis del DL600; pagarán un 4% de impuesto específico y no el 5%.