Recordemos por ejemplo el irrisorio impuesto específico a la minería que se presenta como royalty cuando no lo es; o la reducción de la biomasa de las principales pesquerías producto de una ley orientada a servir los intereses del sector industrial, o la tala ilegal de alerces; el caso Celco y la destrucción del Santuario […]
Recordemos por ejemplo el irrisorio impuesto específico a la minería que se presenta como royalty cuando no lo es; o la reducción de la biomasa de las principales pesquerías producto de una ley orientada a servir los intereses del sector industrial, o la tala ilegal de alerces; el caso Celco y la destrucción del Santuario en el río Cruces; el proyecto Pascua Lama y la desaparición planificada de glaciares ya en curso; el caso de La Farfana y el sometimiento a la hediondez permanente a una de las zonas más pobres de Santiago; la desafectación de suelos agrícolas y la expansión urbana hacia las zonas de interés silvoagropecuarias en Santiago; la exposición permanente de trabajadoras temporeras a pesticidas altamente tóxicos; la destrucción sistemática de aguas y suelo marino que realiza la industria salmonera en el Sur de Chile.
A esto se suma, la utilización mediática que hizo Ricardo Lagos de estos problemas, bañándose en aguas supuestamente descontaminadas o expresando congoja pública, para luego brindar por los responsables de la depredación, como Andrónico Luksic; o el desprecio público que expresan por estos temas representantes del gobierno, como el ministro de economía, Jorge Rodríguez. Todo ello es un reflejo de la profunda indiferencia que la Concertación y su concepción ultra productivista tienen por la problemática del medio ambiente.
Pero lo peor del gobierno de Lagos, es la profundización de un patrón de acumulación que consiste en la conversión acelerada de capital natural en capital financiero, lo cual es altamente destructivo y depredador, con el agravante de que va de la mano con la concentración de esta riqueza en corporaciones y grupos económicos que operan precisamente en los sectores que explotan intensamente el medio ambiente y sus recursos, sin considerar la incapacidad de los ecosistemas para soportar esta sobreexplotación, que a su vez es imprescindible para sustentar la estrategia mono exportadora que predomina en Chile, en donde el 86% de lo que se vende en el extranjero son recursos naturales.
Si no se ha desterrado definitivamente el tema ambiental de la agenda de la Concertación, es porque aún tiene algún rédito electoral en sectores ciudadanos donde la preocupación ecológica es un fenómeno creciente, tal como se demostró el 2005 tras los casos de CELCO y Pascua Lama. Esta misma estrategia se ha utilizado para legitimar la seriedad y responsabilidad de Chile en estos temas, a fin penetrar los mercados internacionales, escenario que es la real motivación del presidente saliente y de su coalición.
Pese a estos tímidos guiños a una conciencia ecológica en la escena internacional, el Gobierno de Lagos no cumplió sus compromisos ambientales internos y optó por sacar adelante la llamada Agenda Pro-crecimiento, lo que implicaba entre otras cosas, «eliminar los lomos de toro» que entorpecían el crecimiento del país, refiriéndose a la necesidad de un Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental más permisivo para la inversión privada.
Con estos antecedentes, es impensable creer que un nuevo Gobierno de la Concertación, tan comprometida con la derecha empresarial como Piñera, vaya a tener entre sus prioridades reformas profundas a este modelo de explotación y concentración.
No es posible imaginar un escenario en donde el medio ambiente sea tomado en serio y de forma responsable sin que se asuma la urgencia de aplicar royalties efectivos al uso de los recursos naturales (pesqueros, mineros, forestales e hídricos), que representen el aporte económico de éstos al proceso productivo y que tengan por destino el apoyo al financiamiento de desarrollo del país. Tampoco es posible creer en que creando un ministerio del medio ambiente vamos a caminar en la senda correcta. Antes sería más fácil y eficaz modificar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, con el objeto de que las comunidades locales afectadas y la ciudadanía en general, tengan la posibilidad real y verdadera de que sus intereses no sean vulnerados por los intereses de los grandes inversionistas, esto es, sin una participación efectiva de los ciudadanos. Si estos dos cambios operaran en el marco de una nueva ley de prensa en la que se financiara a medios independientes y en la que Televisión Nacional operara realmente como un canal público en donde los problemas ambientales tuvieran la cobertura que corresponda y bajo parámetros de una verdadera televisión democrática.
– Marcel Claude es economista y miembro de la Fundación Océana.