Cómo Araújo, García Romero, Morenito & Ordosgoitia se apropiaron de los terrenos valorizados de Chambacú, en los que habitaban los afrocolombianos de Cartagena. Publicamos una reseña de la vida delincuencial y racista del recién nombrado canciller colombiano, Fernando Araujo Perdomo
Una de las más crudas historias del racismo en Colombia: Artículo publicado en 1999 en El Espectador. Se refire a los manejos del ex ministro, ex embajador y hoy Presidente del BID Luis Alberto Moreno y sus socios, el ex gerente de Inurbe Héctor García Romero y el ex alacalde de Cartagena Gabriel García Romero. El 14 de mayo de 1993, el entonces Ministro de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, nombró como director del Inurbe a Héctor García Romero, el mismo que le había planteado a la entidad que ahora dirigía, su interés por el lote de Chambacú…
Hasta finales de la década de los años 70, la historia de la cultura afroamericana de Cartagena, pasaba inexorablemente por Chambacú, un «corral de negros», como lo describió el escritor Manuel Zapata Olivella. Hoy ese terreno es propiedad de Chambacú de Indias S.A., una empresa en la que confluyen los intereses económicos de media docena de servidores del Estado y sus familias.
En 1991 la Nación poseía la totalidad del predio y quería destinarlo a planes de vivienda. Pero el municipio se oponía a ello a través de su facultad para regular el uso del suelo, pues quería que allí estuviera el parque de San Felipe de Barajas, junto a su castillo.
El 14 de mayo de 1993 el entonces ministro de Desarrollo, LUIS ALBERTO MORENO, nombró a Héctor Abelardo García Romero en la gerencia del Inurbe y el electorado cartagenero escogió como alcalde a su primo Gabriel Antonio García Romero. Por acuerdo entre ellos dos, y con el aval del Concejo de Cartagena, el predio se partió en dos: una zona de parque y otra de construcciones.
El área urbanizable fue vendida, 18 meses después, por el Inurbe a Chambacú de Indias S.A. (Chisa). A la empresa, liderada por el hoy ministro FERNANDO ARAÚJO, se vincularon comprando acciones, luego de la adquisición del predio, Héctor García Romero, su esposa, la renunciante viceministra Marta Abondano, el ex presidente del Banco del Estado Sergio Espinosa Posada, el ex ministro Luis Alberto Moreno y Rafael Pérez Lequerica (hijo del hoy presidente del Banco Central Hipotecario, Rafael Pérez Martínez) quien había sido miembro fundador de la empresa y aumentó su participación.
Desde antes de adquirir el predio la empresa estuvo gerenciada por el ministro de Desarrollo, FERNANDO ARAÚJO, cuyo padre, Alberto Araújo, es accionista principal de la empresa (Araújo y Segovia Ltda.) que practicó el avalúo con base en el cual se vendió el predio en licitación pública.
La mayor parte de la logística del proceso de la licitación estuvo a cargo del ex gerente del Inurbe en Cartagena Carlos Ordosgoitia Osorio, actual secretario privado del ministro Araújo.
«Es que somos muy amigos, eso es innegable y no tiene nada de malo, porque en este proceso no hay nada oscuro», dijo el ministro Araújo cuando el equipo de Periodismo Investigativo de El Espectador, PIE, le planteó sus interrogantes.
Abriendo el corral
Las primeras viviendas de Chambacú -típicas de la arquitectura de subsistencia común en el Caribe- las comenzaron a construir en 1919 familias de pescadores que no encontraron lugar entre la playa y las murallas, donde otros pescadores artesanales se habían asentado aprovechando los antiguos muros como una de las paredes de sus casas.
En los a?os 50, cuando renació el interés turístico por Cartagena, muchas de las familias desplazadas de las murallas -que por ser de pescadores necesitaban vivir junto al mar- emigraron hacia Chambacú, que tiene como límite norte el lago de El Cabrero, que se esconde de los turistas detrás de las casas de Getsemaní, el castillo de San Felipe y el tradicional barrio popular de Torices.
A finales de los años 60, durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, Chambacú entró en proceso de desalojo y se inició un plan de reubicación de sus habitantes. Inconforme con los planes de la Nación, el Concejo de Cartagena aprobó en 1969 un acuerdo en el que se ordenaba la creación en el sitio del Parque San Felipe de Barajas, en honor al castillo que tutelaba el «corral de negros».
El desalojo -que para los más recientes asentados fue despojo- concluyó jurídicamente en 1981, cuando el Tribunal Superior de Cartagena declaró propietario del inmueble al Instituto de Crédito Territorial, ICT.
La prensa no reportó ningún incidente en Chambacú hasta 1991. Fue entonces cuando el Concejo del Distrito Turístico aprobó el acuerdo 052, que dictaba el reglamento de construcción para el Proyecto Integrado Chambacú, a través del cual se redujo el área reservada para parque a menos de la mitad y se abrió la posibilidad de construir viviendas y comercios en las 27,3 hectáreas restantes.
El predio seguía perteneciendo al Inscredial (antiguo ICT) en 1992, cuando el gobierno de César Gaviria anunció que éste comenzaría a llamarse Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe), dejaría de construir y vendería sus lotes al mejor postor.
Entre primos
Héctor Abelardo García Romero, entonces gerente de Héctor García Romero & Cía., le escribió el 30 de noviembre de 1992 al primer gerente del Inurbe, Gabriel Jaime Giraldo, para confirmar su «oferta sobre los terrenos de Chambacú», por el precio que determinara el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Seis meses después, el 14 de mayo de 1993, el mismo Héctor García fue nombrado gerente del Inurbe. Su primo Gabriel Antonio García Romero había obtenido, por elección popular, la Alcaldía de Cartagena, el 1° de junio de 1992.
Héctor García estuvo en el Inurbe cuatro meses, hasta el 29 de octubre de 1993. Durante su gestión, en su despacho, en la alcaldía de su primo y en la oficina de Carlos Ordosgoitia -hoy secretario privado del ministro de Desarrollo y entonces funcionario del Inurbe- el inmueble comenzó a ser sujeto de una serie de trámites que concluirían en su venta por licitación pública.
El 31 de agosto Héctor García recibió en su despacho un fax de Ordosgoitia con la exposición de motivos de un acuerdo que se tramitaba en el Concejo Distrital de Cartagena que reglamentaba y permitía la construcción de viviendas y comercios en la zona segregada al parque.
El 6 de septiembre Héctor García viajó para protocolizar, en la Notaría 3 de Cartagena, la zonificación del predio Chambacú que se utilizaría en la licitación, y el 13 de septiembre autorizó a Ordosgoitia para que preparara el desenglobe de Chambacú (ante el Catastro de Cartagena) y la cesión al municipio del pedazo de tierra al que fue reducido el parque.
Sin mayores modificaciones, el proyecto remitido a Héctor García terminó convertido en el acuerdo N° 64, del 4 de octubre 1993, que 23 días después reglamentó su primo, el alcalde de Cartagena Gabriel Antonio García Romero, a través del decreto 815 en el que se estableció que la zona de Parque Recreacional (que recibiría el municipio del Inurbe) sería «área de cesión» del Proyecto Integrado Chambacú.
En virtud del decreto 815 la futura empresa, en la que Héctor García tenía acciones, quedó exenta de la obligación de ceder al municipio áreas de uso público, tal como lo hacen todos los constructores en el país.
El último día de su gestión en el Inurbe (29 de octubre de 1993) Héctor Abelardo García le informó a la junta directiva sobre las negociaciones que había adelantado: «El nuevo alcalde de Cartagena (su primo, Gabriel García Romero)… declaró zona de desarrollo prioritario el terreno de Chambacú… Fundamentalmente el Inurbe cede una gran parte del terreno… y el municipio libera la zona restante para que el Inurbe la venda al mejor postor», explicó Héctor García, quien dos a?os antes había ofrecido comprar la zona como empresario privado.
El 19 de noviembre siguiente LUIS ALBERTO MORENO, a la sazón ministro de Desarrollo y presidente de la junta directiva del Inurbe, viajó para suscribir como testigo la escritura 3816 de la Notaría Primera de esa ciudad, a través de la cual se formalizó la entrega al municipio del terreno del parque. Junto con él firmaron la escritura Carlos Ordosgoitia, el alcalde Gabriel García Romero y Darío Rafael Londo?o, quien había quedado encargado del Inurbe tras la renuncia de Héctor Abelardo García.
Héctor García alcanzó a habilitarse para su fallida campa?a por la Alcaldía de Cartagena.
En el Inurbe, no obstante, Carlos Ordosgoitia seguía ocupando posiciones estratégicas. «Fui encargado de la secretaría general; después, de las subgerencias administrativa y financiera nacionales; después regresé a director regional en Bolívar, hasta febrero o marzo de 1995, cuando fui asesor de la gerencia general con funciones específicas para la Costa Atlántica, hasta el 1° de agosto de 1995, cuando me retiré», le dijo Ordosgoitia al fiscal que lo investigó y absolvió por una presunta falsedad documental en la entrega del predio.
Autoavalúo
Ordosgoitia -quien fue secretario privado del ministro Araújo Perdomo-, durante el primer semestre de 1994 solicitó y obtuvo conexiones de servicios públicos para el predio, mientras que en Bogotá se preparaba la apertura de una licitación pública para vender el predio.
En desarrollo de este último trámite la subgerencia especial del Inurbe debía fijar un precio mínimo del inmueble y, aunque la ley la obligaba a regirse por el avalúo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), lo solicitó a una empresa privada de Cartagena.
El 21 de julio de 1994 el avalúo fue remitido a Osdorgoitia por Luis R. Hoyos García, gerente de la empresa Araújo y Segovia Ltda. (controlada por Alberto Araújo Merlano, padre del ministro), estimando el valor del predio en $9.751 millones. Previamente se había solicitado el avalúo del Igac, pero el 4 de agosto -al tiempo que ordenó la apertura de la licitación- el Inurbe le pidió al Igac que no lo practicara.
El Igac, no obstante, avaluó el inmueble en $11.512,3 millones y cuando entregó su experticio ya se habían vendido tres pliegos de la licitación, en los que estaba determinado como precio mínimo el fijadopor Araújo y Segovia Ltda.
Rodrigo Marín Bernal asumió el Ministerio de Desarrollo un día después de que se hubiera publicado la convocatoria a la Licitación 003 de 1994 en la prensa. Como presidente de la junta directiva del Inurbe, pidió explicaciones sobre el hecho de que el precio mínimo de la Licitación no se hubiera fijado con base en el avalúo del Igac tal como lo ordenaba la legislación entonces vigente. El gerente saliente del Inurbe, Jorge Gabriel Taboada, explicó que su determinación tuvo como origen una demora de 15 días del Igac en responder a su solicitud.
El 17 de agosto de 1994 se declaró abierta la Licitación y se fijó como último plazo para la recepción de las ofertas el 6 de septiembre siguiente. El 29 de agosto siguiente tres empresas y un empresario que habían adquirido pliegos y otros cuatro interesados que aún no los tenían hicieron su visita al predio. Ningún socio de Chambacú de Indias S.A. estuvo con ellos en la diligencia.
Ese mismo día Ordosgoitia les remitió un oficio a los cuatro compradores de pliegos (Pedro Gómez & Cía., Civilco, Arquitectos e Ingenieros Asociados y Humberto Rodríguez Puente) informándoles que se había prorrogado la recepción de ofertas hasta el 15 de septiembre.
Propuesta única
Otros inversionistas, representados por la arquitecta Margarita Blanco, pidieron una prórroga de 30 días debido al «breve plazo fijado para la presentación de las propuestas (20 días), en consideración a la magnitud y el valor de la inversión». La prórroga fue de 11 días y ellos no entregaron su propuesta.
Una semana después del cierre, el 21 de septiembre, la Oficina Jurídica y la Subgerencia Especial del Inurbe analizaron la única propuesta que se había entregado, la del consorcio Chambacú de Indias, cuyo representante legal era el hoy ministro Fernando Araújo.
El 10 de febrero de 1995, Ordosgoitia (en ese momento gerente regional del Inurbe) firmó el acta de entrega del predio con quien actualmente es su jefe, Fernando Araújo, entonces gerente de Chisa.
Ese mismo día el consorcio, del que nació Chisa, entró en liquidación para dar paso a la nueva sociedad Chambacú de Indias S.A. En principio los accionistas eran los mismos del consorcio.
Más adelante, según los documentos inscritos en el Registro Mercantil de Cartagena, cuando se celebró la primera asamblea de accionistas, el 19 de agosto de 1995, Héctor García, LUIS ALBERTO MORENO y la hoy saliente viceministra Marta Abondano, habían comprado ya el 20% de las acciones y se hicieron a puestos en la primera junta directiva.
Los tres nuevos socios documentaron a El Espectador , la forma en que compraron sus acciones. El ex ministro MORENO facilitó copias de siete cheques por $350 millones y explicó que entregó, además, como parte de la negociación, un lote suyo en los Altos de Yerbabuena (Chía, Cundinamarca). Con los cheques y el terreno pagó el 5% de las acciones de Chisa en varias transacciones realizadas entre el 22 de marzo de 1995 y el 5 de julio de 1998.
García Romero y su esposa, Marta Abondano, compraron el 14,94% de Chisa en junio del 95.
El «mal» negocio
El ministro de Desarrollo admite que su padre controla la empresa avaluadora, pero argumenta que el consorcio terminó pagando $1.148 millones más del precio que fijó para el inmueble el Instituto Geográfico Agustín Codazzi pues, previendo la aparición de otras ofertas, tasó la suya en US$12.600 millones.
«Cuando nos metimos en el negocio el país estaba viviendo una situación diferente a la actual. Con la crisis, no tuvimos capacidad para pagarles a los bancos que nos habían prestado para hacer el negocio con el Inurbe. O sea que el propietario de la mayor parte de esos terrenos hoy en día no es Chambacú de Indias S.A. sino que son el Banco de Colombia y Granahorrar», los cuales recibieron tierra en pago por la deuda.
El último documento inscrito por Chisa en el Registro Mercantil dice que la empresa entregó los lotes 2B, 2-3 y el 50% de los derechos sobre el lote 2C (unas 11 hectáreas), por $36.432,7 millones, para saldar la deuda que contrajo con los bancos que les prestaron el dinero para pagarle al Inurbe.
Así, Chambacú de Indias S.A. es due?a del 50% de los derechos sobre el área restante ( 16.764 metros cuadrados), que corresponden a la zona en la que se han concentrado las inversiones hechas hasta el momento, en la construcción del «edificio inteligente de Cartagena», y los proyectos de dos hipermercados (Vivero y Cadenalco) una red de teatros de cine, que se levantarán imponentes sobre los escombros del «corral de negros».
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IPYS – Instituto Prensa y Sociedad
Banco de Investigaciones
El caso Chambacú
MEDIO El Espectador
AÑO 1999
AUTOR(ES) Ignacio Gómez
El 30 de noviembre de 1992 el constructor cartagenero Héctor García Romero entregó al Inurbe (Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana) una propuesta para adquirir la propiedad del terreno. Cinco meses después (14 de mayo de 1993), el entonces Ministro de Desarrollo, LUIS ALBERTO MORENO, nombró como director del Inurbe a Héctor García Romero, el mismo que le había planteado a la entidad que ahora dirigía, su interés por el lote de Chambacú. Siendo director del Inurbe, Héctor García Romero, le propuso al alcalde de Cartagena, Gabriel García Romero, su primo hermano, que le cambiaran la destinación de uso del suelo a Chambacú, propuesta que fue aceptada por su primo y avalada por el Concejo de Cartagena que decidió dividir el terreno en una zona de parque y otra de construcciones. La zona de parque fue cedida por el Inurbe a Cartagena en noviembre de 1993 y la de construcciones se vendió en febrero de 1995 al consorcio Chambacú de Indias S.A., en el que figuraban como socios Héctor García Romero, el ex embajador Luis Alberto Moreno, FERNANDO ARAÚJO PERDOMO, Alberto Araujo Merlano, Martha Abondano de García; Sergio Espinosa Posada y Rafael Pérez Lequerica, entre otros. El informe demostró que trámites como la decisión de cambiar la destinación del predio, la apertura de la licitación y el avalúo del lote, estuvo en manos de personas que después resultaron siendo los compradores de Chambacú.
A estos hechos se sumaron otros detalles que demostraron que varios funcionarios del Inurbe entre 1993 y 1995 actuaron deliberadamente para favorecer los intereses de la Familia Araujo, del ex ministro y embajador en Estados Unidos, LUIS ALBERTO MORENO y del ex director del Inurbe Héctor García Romero y su esposa Martha Abondano de García.
El 4 de marzo de 1999 se escribió en uno de los apartes del editorial de El Espectador que: «Lo que llama la atención de este negocio es que un conjunto de funcionarios oficiales -en los gobiernos de Gaviria, Samper y Pastrana- terminaron como dueños del mismo. Es decir, quienes desde el Estado permitieron que el terreno fuera urbanizable, con el paso de los días terminaron ejecutándolos como socios de una empresa particular. Entre las determinaciones adoptadas por los actuales propietarios del terreno, cuando eran funcionarios, figura la liberación del terreno -originalmente previsto para un gran parque-, para que pudiese venderse y destinarse a la construcción». Ese mismo día el periodista Ignacio Gómez publicó otro informe en el que mostró el rostro humano de la historia, el cual hacía referencia al drama de 35 familias que a través de distintos medios de presión del Estado habían sido desposeídos de sus predios, ubicados en el sector de Papayal, el cual hace parte de Chambacú y cuyos registros catastrales fueron borrados del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
ORÍGENES DE LA INVESTIGACIÓN
Una de las más crudas historias del racismo en Colombia, Chambacú, designaba a un predio baldío, sede de un parque que nunca se construyó, donde generaciones enteras de afro-americanos libertos de la esclavitud vivían en la miseria secando playas de una ciénaga interior de la ciudad de Cartagena para construir ranchos semi-lacustres, entre la ciudad amurallada y el castillo de San Felipe, una fortaleza militar que fue la máxima construcción de la corona española en la colonización de América. El predio fue desalojado en los años 50, para alejar la miseria del proyecto turístico de Cartagena y luego del escándalo que generó la novela-denuncia «Chambacú, corral de negros» del escritor Manuel Zapata Olivella sobre la marginalidad social en la que la élite de la ciudad había mantenido a los negros de ese asentamiento, siglo y medio después de la abolición de la esclavitud, y en la perspectiva de alejar la miseria de los ojos. El domingo 28 de febrero de 1999, Ignacio Gómez G. reveló en El Espectador, un complejo entramado de corrupción para apropiarse del predio, en el que se involucraba altos funcionarios de tres gobiernos consecutivos.
METODOLOGÍA
Hipótesis
El objetivo era demostrar el tráfico de influencias que condujo a que dicho terreno terminara en manos de allegados del círculo gubernamental del presidente colombiano Andrés Pastrana para fines privados que reñían con el interés público e histórico de la ciudad de Cartagena.
Tipo de búsqueda
El presidente Andrés Pastrana, que había llegado seis meses atrás al gobierno denunciando la corrupción de su antecesor Ernesto Samper, tenía como ministro de Desarrollo Económico a Fernando Araujo, que había avaluado el terreno que él mismo compraría después, y su socio el desde entonces embajador de Colombia en Washington, Luis Alberto Moreno, había sido Ministro de Desarrollo en un gobierno anterior (el de César Gaviria 1990-1994) y desde esta posición había ordenado la venta en subasta pública del predio.
Fuentes
Fuentes confidenciales en el Ministerio de Desarrollo, oficinas de registros públicos y comunidad afectada.
Medios
Recursos materiales: Los normales de una redacción. No se compró información.
Recursos humanos: Investigación individual.
Tiempo: Cuatro meses.
PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN
Aparte de la dificultad para la recolección de documentos, el principal obstáculo de este trabajo periodístico fueron las presiones sobre el periodista Ignacio Gómez de parte de los dirigentes políticos implicados. Durante el debate en el Congreso el reportero fue objeto de acusaciones y hostigamientos públicos, incluso, sobre su vida personal. Sin embargo, las publicaciones y las investigaciones posteriores demostraron que Chambacú fue uno de los casos de corrupción más evidentes de los últimos años.
IMPACTO
Un mes después de la publicación del escándalo, Fernando Araujo renunciaría al Ministerio de Desarrollo, pero sólo tres años más tarde la Fiscalía lo vincularía a él y al entonces Superintendente de Valores, Jorge Gabriel Taboada, al investigación criminal por el caso.
Un día después de la publicación de El Espectador, 1 de marzo de 1999, el fiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, y el procurador general, Jaime Bernal Cuellar, anunciaron la apertura de indagaciones penal y disciplinaria sobre los hechos denunciados y la designación de funcionarios para tal fin. El 2 de marzo el contralor Carlos Ossa Escobar también anunció la apertura de indagación fiscal por el caso del Banco del Estado, entidad a la que el ministro le adeudaba cerca de 500 millones de pesos.
La Procuraduría inició además investigaciones por presuntas irregularidades en la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Cardique, autoridad ambiental encargada de otorgar la licencia de para la construcción del megaproyecto urbanístico de Chambacú.
El 6 de abril de 1999 la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra cuatro ex funcionarios del Inurbe vinculados al sonado caso de Chambacú. Los llamados a rendir explicación ante el Ministerio Público fueron el ex director general del Inurbe y superintendente de Valores, Jorge Gabriel Taboada; Samuel Eduardo Salazar Echeverri, ex director del Inurbe y para la época embajador de Colombia en Chile; Rómulo José Arabia Valderrama, ex subgerente especial; y Carlos Ordosgoitia Osorio, ex director regional del Inurbe en Bolívar y secretario privado del ministro Fernando Araujo Perdomo.
El procurador Jaime Bernal dijo que la decisión se tomó porque «se encontraron indicios serios de posibles irregularidades en el proceso de avalúo de Chambacú». También anunció que se abrió investigación preliminar contra el ministro de Desarrollo Fernando Araujo Perdomo.
La Comisión Sexta del Senado también citó para el martes 13 de abril al ministro de Desarrollo para que explicara sus actuaciones en el caso Chambacú, la urbanización en Montería y el nombramiento de un socio suyo en Chambacú como su representante en la junta directiva.
El 1 de mayo de 1999 El Espectador informó sobre la decisión de la Fiscalía de vincular a varias personas del caso Chambacú a una investigación penal. La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia llamó a versión libre al secretario privado del Ministerio de Desarrollo, Carlos Ordosgoitia Osorio, y a los primos Héctor García Romero, ex director del Inurbe, y Gabriel Antonio García Romero, ex alcalde de Cartagena, quien el día anterior había sido capturado en Bogotá por otro proceso que se le sigue en su contra por peculado.
El 12 de agosto de 1999 se produjo la primera crisis ministerial del Gobierno Pastrana y uno de los primeros funcionarios en ser removido de sus cargo fue el ministro de Desarrollo, Fernando Araujo Perdomo, quien había recibido críticas de distintos sectores políticos para que dimitiera por los cuestionamientos hechos por la Fiscalía y la Procuraduría a raíz del escándalo de Chambacú, la urbanización Portal de la Almería en Montería y sus deudas con el Banco del Estado.
El 8 de septiembre se informó que la Fiscalía había llamado a declarar al embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Alberto Moreno, y al ex ministro de Desarrollo, Fernando Araujo Perdomo por el caso Chambacú y a otras 13 personas por créditos fraudulentos en el Banco del Estado.
Dos meses después, 8 de noviembre de 1999, la Fiscalía decidió que el ex ministro Araujo Perdomo; los ex directores del Inurbe: Héctor García, Jorge Gabriel Taboada y Samuel Eduardo Salazar Echeverri; y el ex alcalde de Cartagena, Gabriel García Romero, debían responder penalmente por posibles irregularidades en Chambacú. El miércoles 14 de junio de 2000 la Fiscalía dictó medida de aseguramiento de detención preventiva contra el ex ministro de Desarrollo, Fernando Araujo Perdomo, por el caso de la urbanización Portal de la Almería en Montería, pero le concedió el beneficio de libertad condicional previo el pago de una caución de tres salarios mínimos legales mensuales (780 mil pesos).
Tres meses después, el 28 de septiembre de 1999, se dictó auto inhibitorio a favor del embajador de Colombia en Washigton, Luis Alberto Moreno, por Chambacú. Pero se continuó con la investigación en contra de Araujo, Taboada, García Romero, Salazar y Ordosgoitia.
El 4 de diciembre de 2000 el ex ministro Araujo Perdomo fue secuestrado por un grupo armado que lo interceptó en el exclusivo sector de Bocagrande en Cartagena y desde entonces son pocas las noticias que se tienen de él. Se cree que el secuestro sea obra del Frente Caribe de las FARC, pero esa organización guerrillera no ha confirmado las versiones de los organismos de inteligencia e investigación del Estado.
El proceso penal contra los implicados en el caso Chambacú ha seguido su curso y el pasado 5 de junio de 2002 la Procuraduría General de la Nación le pidió a la Fiscalía que llame a juicio penal por el delito de falsedad ideológica en documento público al Superintendente de Valores, Jorge Gabriel Taboada, quien se vio obligado a renunciar al día siguiente, a raíz de los cuestionamientos hechos por su participación en el negocio de Chambacú, cuando se desempeñaba como director general del Inurbe.