El paramilitarismo en Colombia es y ha sido un instrumento represivo y de terror, al servicio de intereses políticos y económicos de la elite dominante; amparados por el Estado, financiados por terratenientes, la burguesía agraria y financiera y en los últimos tiempos por el narcotráfico que los constituyó en ejércitos privados del crimen. La oligarquía […]
El paramilitarismo en Colombia es y ha sido un instrumento represivo y de terror, al servicio de intereses políticos y económicos de la elite dominante; amparados por el Estado, financiados por terratenientes, la burguesía agraria y financiera y en los últimos tiempos por el narcotráfico que los constituyó en ejércitos privados del crimen.
La oligarquía y la fuerza pública lo ha utilizado en la ejecución de acciones encubiertas contra dirigentes sociales y de la oposición
política al régimen; el Estado lo vinculó, como su aliado, en la estrategia contrainsurgente.
Narcoparamilitarismo y política
Inicialmente Pablo Escobar, el jefe del cartel de Medellín, incursiona en la política como Representante a la Cámara. Posteriormente el narcoparamilitarismo se alía con políticos regionales a quienes les brinda apoyo económico y electoral, a cambio de ganar posiciones en la estructura de poder, llegando a controlar el 35 por ciento del parlamento, las instituciones del Estado en especial el ejército, la policía y algunos organismos de inteligencia.
Pero el fenómeno de la relación entre la política y el narcotráfico, van mucho más allá, incidiendo sobre la vida y dinámica nacional y ejerciendo control sobre bastas regiones del país.
El caso de Antioquia, es el hecho más significativo de esta relación y lo concretiza Álvaro Uribe Vélez, elegido gobernador de Antioquia y luego dos veces Presidente de la República con el poder electoral acumulado por los narcopamilitares de todo el país. No hay que olvidar que su padre fue socio del capo más grande de Colombia, Pablo Escobar Gaviria.
Las mafias paisas se entrelazan con la institucionalidad y la clase política de la región. Luego de la muerte de Pablo Escobar, quien tuvo gran influencia en la política del departamento, se fortalece la tenebrosa Oficina de Envigado dueña de la vida política de este municipio; Oscar Suárez M, el barón electoral de Bello, condenado por para política; Cesar Pérez García condenado por para-política y la masacre de Segovia; Luís Pérez Gutiérrez ex alcalde de Medellín, señalado por su vínculo electoral con el narcoparamilitarismo.
Los narcoparamilitares juegan un papel determinante en la consecución de votos y elección del candidato que «el patrón bendiga», promoviendo en la comunidad al elegido por «el patrón», impidiendo la llegada de otros candidatos, comprando votos, movilizando electores en el llamado trasteo de votos, y utilizando otra serie de argucias y componendas de la aplanadora electoral narcoparamilitar.
Este fenómeno que no es único en Antioquia, se repite en el resto de departamentos del país, como lo demuestra las investigaciones sobre más de cien parlamentarios judicializados por sus vínculos con la parapolítica, de los cuales cuarenta están condenados; así como más de quinientos gobernadores, alcaldes, diputados y funcionarios públicos están investigados y algunos condenados.
Orígenes del narcoparamilitarismo actual
A .partir de los años 80 del siglo pasado, la costosa y numerosa fuerza paramilitar de los capos de la droga, mediante pactos secretos, son integrados como aliados de la fuerza pública en la estrategia contrainsurgente. El financiamiento se les garantiza con la franquicia para exportar droga, llegando a poner en el mercado internacional más de 800 toneladas de cocaína y heroína, a finales del siglo pasado.
Las Cooperativas de seguridad «Convivir» creadas por Álvaro Uribe Vélez, fueron un puntal en el fortalecimiento y expansión del proyecto paramilitar. En 1995 se unifican los ejércitos privados de los narcotraficantes en las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y absorben las bandas de sicarios y delincuenciales urbanas. En el 2004 se desmonta una parte de la estructura narcoparamilitar.
Las llamadas bandas criminales (Bacrim) de hoy es la misma fuerza narcoparamilitar, no desmontada y dejada como reserva por la
ultraderecha y los narcotraficantes para defender sus intereses económicos y políticos. El Ex Presidente Uribe Vélez las llamó así,
para hacerle creer al país que éstas son otra cosa distinta y que el paramilitarismo desapareció en el falso «proceso de paz» adelantado con los capos del narcotráfico.
Los Paramilitares de ayer han tomado diferentes nombres con sus respectivas jefaturas: Rastrojos, Águilas Negras, Urabeños, Paisas, Nueva Generación, entre otras. Estas responden a las orientaciones de capos narco-paramilitares y a acuerdos con la fuerza pública.
Los que no se desmovilizaron, unos fueron trasladados a los diferentes centros urbanos y otros dejados en la zonas de influencia guerrillera y en la frontera con Venezuela, dándole continuidad a la alianza contrainsurgente y al plan intervencionista y desestabilizador contra Venezuela.
Los enviados a la ciudad se ubicaron en barrios populares y comunas, camuflados con negocios de fachada e integrados a la estrategia de control territorial, cumpliendo actividades represivas y de limpieza social, como informantes y cooperantes con la policía judicial, las fuerzas de control urbana «FUCUR», el escuadrón anti disturbios «ESMAD» y los CAI (Comandos de Acción Inmediata) de la policía.
Las llamadas Bacrim han extendido el control territorial a sangre y fuego en los barrios más periféricos y en acuerdos con la policía; ejercen control político y militar sobre comunidades y someten a otras bandas delictivas para consolidar corredores de traslado, distribución y venta de la droga.
Funcionamiento y contradicciones de las Bacrim
Las Bacrim urbanas se diferencian entre sí en las formas de financiación y especialización, teniendo en común el objetivo
contrainsurgente y alianzas con la fuerza pública.
Se han especializado unas en el sicariato, el robo de vehículos, piratería terrestre, contrabando, fleteo, falsificación de dinero,
secuestro y extorsión, prestamistas y usura contra pequeños comerciantes, y las más cercanas a los capos del narcotráfico,
participando en los grandes negocios de las rutas y comercialización de la droga.
Cada banda demarca su territorio y frontera con respecto a otras existentes. En la estrategia de control territorial, se articulan las
actividades de control social que adelantan algunos organismos represivos del estado, con la oficina del capo al cual respondan las
bandas de la zona o la ciudad.
Los enfrentamientos que se vienen dando entre Bacrim, posterior a la «desmovilización» y la extradición de los catorce jefes
narco-paramilitares, tiene relación con la recomposición de estas bandas y la recuperación del control territorial deteriorada en el
proceso de «desmovilización».
Cuando en la misma ciudad se encuentran estructuras de capos distintos y chocan en sus intereses, se dan enfrentamientos a muerte de unas bandas contra otras, disputándose el poder y el territorio, para el desarrollo del negocio del microtráfico y el mantenimiento de los corredores para el transporte de la droga.
El capo posesionado en la ciudad orienta y controla las bandas bajo su mando; define las fronteras de cada una, impone una cuota mensual y obliga a éstas a buscar fuentes de financiación: establecer plazas y ollas del vicio en sus respectivas zonas, impuestación a los negocios y familias, entre otras.
Las Bacrim más poderosas son las que trabajan con jefes del narcotráfico y hacen acuerdos con la policía y el ejército en la lucha
contrainsurgente; las que logran desarrollar diferentes acciones o movimientos de orden nacional con capacidad de coordinación y mando; es el caso de los Urabeños que a pesar de la detención del supuesto máximo jefe, Mario Rendón (hermano del alemán) y varios de sus lugartenientes, sigue operando con mayor fuerza y capacidad defendiendo los intereses de sus jefes narco- paramilitares, terratenientes y agroindustriales, responsables del despojo de miles de hectáreas de tierra, de numerosas masacres y desapariciones en la zona de Córdoba y Urabá.
Hace unos meses mostraron su poderío y visión en contra de la Ley de restitución de tierras, asesinando varios líderes campesinos que estaban al frente de este proceso y el desarrollo de un paro armado que, a pesar de la gran militarización de la zona, paralizaron el comercio y la movilidad en varias ciudades de la costa atlántica.
Las Bacrim con el fortalecimiento que vienen adquiriendo como aliadas en la estrategia contrainsurgente y contra el movimiento social, por sus acciones de guerra sucia y relacionamiento directo con la extrema derecha del país, complejizan y son un verdadero obstáculo para las iniciativas de paz, y un factor en la prolongación de la guerra de la oligarquía colombiana contra el pueblo.