La Ley de Compras Públicas Locales es el resultado de los Acuerdos de Paz suscritos en noviembre de 2016 por las FARC con el gobierno nacional, entre otras iniciativas del primer capítulo encaminadas a reivindicar el campo, como la Ley del Extensionismo Rural que también empieza a despegar, consistente en generar un cambio de enfoque radical en la asistencia y acompañamiento requeridos por la producción primaria en Colombia.
La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Gloria Inés Ramírez –en funciones presidenciales al momento de redactar esta nota– tendrá que enfrentar las mafias de los alimentos en su propósito de contribuir a la reactivación del campo colombiano impulsando las Compras Públicas Locales, según lo anunciado a finales de la semana pasada desde Cartagena durante el congreso cooperativo. Las mafias de los alimentos son las que reinan en las centrales de abasto a lo largo del país desde que acabaron con el Instituto Nacional Agropecuario, Idema, entidad que además de acopiar buena parte de la producción primaria contribuía a regular los precios agrícolas.
Por ley, la 2046 de 2020, todas las entidades de carácter gubernamental que requieran alimentos deben proveerse con el 30% de la oferta local de alimentos, para beneficio de los consumidores y de los pequeños productores de la agricultura familiar, campesina y comunitaria. Aquellos que proveen el 70% de las necesidades alimenticias de los colombianos y, paradójicamente, son los más débiles de la cadena, quienes menos beneficios reciben, y sobreviven en condiciones paupérrimas, como fue revelado en 2014 desde la academia y la investigación por la Misión Rural, liderada en ese momento por el actual ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.
Ahora tenemos en frente la posibilidad de reivindicar el campo, trabajando tanto por la seguridad como por la soberanía alimentaria del país. Y tenemos con qué hacerlo. Empezando por la ley, y por el piso establecido, toda una sorpresa para propios y extraños.
Cuando el proyecto inició trámite en Cámara de Representantes bajo la batuta de la Unidad de Organizaciones Solidarias, UAEOS –entidad adscrita al Ministerio de Trabajo–, se temía que no avanzaría con facilidad ya que se pretendía establecer un mínimo del 10% para las compras públicas locales, y se trataba de un monto tan alto que entraría pisando cayos.
Las mieles de la paz
Tres años atrás se estimaba en 3.7 billones de pesos el monto de las compras de alimentos por las entidades irrigadas con recursos del Estado que hoy pueden bordear los cinco billones, uno de los trozos más apetecidos de una contratación pública que involucra las necesidades de las Fuerzas Militares, el ministerio de Educación, las redes hospitalarias y carcelarias, Bienestar Familiar, entre otras. Igual para aquellos entes del orden departamental o municipal, así fuesen mixtas. Hasta los contratistas deben cumplir. Pero la iniciativa pasó en Cámara sin problema. El riesgo entonces se trasladaría al Senado.
No obstante, contra todos los pronósticos la iniciativa surtió los debates en cámara alta, si se quiere, con mayor facilidad que en cámara baja. A decir verdad, resultaron demoledores los argumentos esgrimidos en este sentido por la pandemia del Covid 19 que por aquellos días daba sus primeros pasos y mostraba sus fauces sobre el planeta tierra. Las intervenciones se generaban pero para enriquecer y apalancar la iniciativa, hasta trascender las fronteras que sus propios promotores se habían propuesto: los legisladores en Senado consideraron que el 10% de las demandas alimentarias era insuficiente y, por tanto, fijaron un 30%, agregándole además un adjetivo perentorio: MÍNIMO.
Era necesario blindar la nación en materia alimentaria, como lo vienen haciendo otras naciones del continente latinoamericano mediante la estrategia de las compras públicas locales.
A cambio de techo ese 30% de las compras de alimentos debe ser el piso, según lo establecido de manera taxativa por la Ley 2046 que Iván Duque sancionó el 6 de agosto de 2020. Pero no como resultado de la magnanimidad del exmandatario ni de su gobierno. Eso jamás podría ocurrir.
La Ley de Compras Públicas Locales es resultado de los Acuerdos de Paz suscritos en noviembre de 2016 por la entonces guerrilla de las FARC con el gobierno nacional, entre otras iniciativas del primer capítulo encaminadas a reivindicar el campo, como la denominada Ley del Extensionismo rural que también empieza a despegar, consistente en generar un cambio de enfoque radical en la asistencia y acompañamiento requerido por la producción primaria en Colombia.
Frustraciones a la vista
No obstante, año y medio después de la expedición del Decreto 248 del 9 de marzo de 2021, reglamentario de la 2046, no son pocas las dificultades que atraviesa la ley para su puesta en marcha y aplicación eficaz. Para empezar, nuestras comunidades rurales carecen de suficientes formas organizativas que sinteticen de manera efectiva sus necesidades.
Peor aún si entramos a considerar los procesos de agregación de valor a las materias primas que producen, hasta poderlas colocar en los mercados en las condiciones mínimas requeridas por la normativa en materia de permisos sanitarios y registros, entre otros. La necesidad de agregarle valor a nuestras materias primas constituye uno de los propósitos del gobierno del cambio en cabeza de Gustavo Petro.
Si las asociaciones campesinas y organizaciones cooperativas agropecuarias –apenas un puñado para una población de 12 millones de personas– pudieran colocar sobre una canasta los productos que sacan en condiciones de ingresar a los mercados, difícilmente proveerían una ínfima parte del 30% asignado por la ley. A riesgo de equivocarnos, nos atreveríamos a asegurar que no llegaríamos al 5% de la demanda mínima establecida en la 2046. Por condiciones de atraso y falta de las herramientas mínimas requeridas, pero también por la prevalencia dañina de las mafias de la proveeduría y la intermediación alimentaria que campea en las centrales de abastecimientos del país después que acabaron con el Idema, e irrigan al conjunto de entidades y contratistas y subcontratistas que surten los alimentos en los distintos lugares, caracterizándose por imponer precios bajos y ofrecer productos de calidades cuestionables.
Así nos encontremos en tiempos de compras públicas, y la ley obligue a los proveedores de alimentos demostrar que por lo menos el 30% de sus insumos los adquirieron en los territorios locales, el termómetro lo siguen imponiendo las centrales de abasto, independientemente que buena parte de sus productos los hayan importado, legal o ilegalmente.
Nuestros labriegos tienen vacas y sacan leche, para ejemplificar la situación. Y en nuestro territorio encontramos bovinos desde las partes más frías y altas, hasta las más bajas y calurosas, siendo las vacas de leche las que alimentan y sostienen alrededor de 400 mil productores, en su inmensa mayoría pequeños y pequeñísimos. Con un aditamento para nada desdeñable: tres de cada cuatro empleos que genera el sector lechero en el campo son desempeñados por mujeres.
Pero por la normativa existente, los productores de leche organizados no pueden surtir la leche que demandan los comedores escolares y comunitarios de los municipios. Para ello requerirían ultrapasteurizadoras del orden de los 2.000 millones de pesos, las más económicas. En consecuencia, las compras públicas en este sector estarían condenadas a continuarse realizando por vía de las grandes pasteurizadoras que nos alimentan, el 95% de origen extranjero (¡!).
Para completar el panorama, la representación campesina en los órganos de dirección establecidos por la ley resulta ínfima e intrascendentes, como en las mesas técnicas que aún se encuentran en trámite conformarse. Una representación insignificante en lo nacional, también en los escenarios territoriales o departamentales. Simples y meros saluditos a la bandera que bajo el nuevo gobierno debemos trabajar por superar, y ponerles muelas.
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