Un paso decisivo para la democratización económica en Cuba y la mayor participación popular es el de la descentralización de la propiedad socialista. Esta cuestión exige del fomento de la otra forma de propiedad socialista: la cooperativa, nunca promovida al nivel de la estatal. A estas alturas del proceso, la ampliación de las formas cooperativas apenas se inicia y los acercamientos académicos a ella son aún limitados.[1]
No obstante, es evidente que el sentido de propiedad socialista suele ser mayor en las cooperativas, tanto en las tradicionales Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) como en las modernas Cooperativas de Producción No Agropecuaria (CNA). En ellas los niveles de participación de los socios en la gestión de los medios, la distribución de los resultados y la toma de decisiones es mucho mayor que en las entidades estatales y se acerca más a su ideal de co-propietarios.
A inicios de la Revolución parecía que las cooperativas proletarias tendrían un rol importante en la naciente economía porque las tierras expropiadas de los latifundios cañeros que no fueran repartidas a particulares serían entregadas a los jornaleros devenidos en cooperativistas. De hecho, la conversión del Estado en gran propietario y productor directo en el agro no estaba prevista, ni en el espíritu, ni en la letra de la Primera ley de Reforma Agraria.
Por el contrario, uno de sus por cuanto estipulaba con toda claridad: “La producción latifundiaria, extensiva y antieconómica, debe ser sustituida, preferentemente, por la producción cooperativa, técnica e intensiva, que lleve consigo las ventajas de la producción en gran escala.” Mas, al poco tiempo, esas cooperativas fueron transformadas en las llamadas Granjas del Pueblo y los ex-jornaleros pasaron a ser trabajadores estatales.
Se creó así un inmenso sector estatal rural que se nutrió, no solo de las tierras expropiadas por el INRA, sino también de la recuperación de bienes malversados por Batista y sus secuaces, las expropiaciones a los colaboradores de la contrarrevolución y los propietarios que abandonaran el país, y la nacionalización de los centrales azucareros norteamericanos y sus tierras. El Estado pasó a ser el nuevo señor del campo cubano y las grandes empresas estatales que ocupaban miles de hectáreas, vinieron a ocupar el lugar de los latifundios privados.
Las ideas contrarias al latifundio de cubanos como Manuel Sanguily –a quien se dedicó la ley−, Ramiro Guerra, y tantos otros que pensaron y lucharon por hacer prevalecer la mediana y pequeña hacienda campesina en nuestros campos, con su producción intensiva y ecológicamente sustentable− quedarían pospuestas una vez más hasta el presente.
En saco roto ha caído el conocido pronunciamiento de Lenin: “el régimen de los cooperativistas cultos es el socialismo”. Tampoco se ha tenido en cuenta el éxito que ha tenido su extensión en los modelos de socialismo de mercado de China y Viet-Nam. La suspicacia gubernamental hacia ella radica en que la cooperativa es un paso hacia la descentralización y la alta burocracia, apegada a la estatización verticalista, aspira al monopolio estatal más completo sobre todos los medios de producción, fundamentales y no fundamentales.
Pero los hechos son tozudos, y aunque el texto de los documentos principales del partido/Estado cubano −entre ellos la Constitución de 2019− insisten en el carácter principal de la empresa estatal socialista, los indicadores económicos de los últimos veinte años indican con toda claridad que la tendencia histórica es a la disminución de su importancia dentro del PIB respecto a otros tipos económicos y a la economía sumergida.
Ahora, cuando el inminente proceso de unificación monetaria pende, cual Espada de Damocles, sobre miles de empresas estatales que pueden ir a la quiebra al desvalorizarse su patrimonio y su producción, se discuten variadas opciones para su salvación. Se piensa en subsidiar, privatizar, o aplicar diversas formas del capitalismo de estado –siempre con capital extranjero, único permitido−. Sin embargo, poco se habla de la opción más expedita: su conversión en cooperativas industriales donde los obreros pasen a ser cooperativistas plenos.
A nivel mundial es una variante harto aplicada del cooperativismo y su eficacia ha sido comprobada en todos los continentes. Históricamente, fue una de las formas embrionarias de la propiedad colectiva y ha sobrevivido en varios países como una alternativa a la gran producción capitalista. Desde El Capital de Marx hasta la Comuna de París, las industrias gestionadas por sus propios obreros fueron una de las primeras variantes recomendadas de nacionalización socialista.
Es hora de que los medios de producción que son ineficazmente explotados en manos de empresas estatales cubanas encuentren mejor aprovechamiento en cooperativas surgidas de la clase obrera, y no solo de campesinos y artesanos privados. Prefiero verlos en cooperativas que administrados por capitalistas extranjeros, o por miembros de la burocracia, sus familiares y acólitos, devenidos sorpresivamente en empresarios en diferentes modalidades del capitalismo de estado.
Nota:
[1] El profesor Víctor Figueroa Albelo, de la UCLV fue su principal promotor durante décadas. Un valioso aporte más reciente es el ensayo “Las cooperativas en el nuevo modelo económico cubano”, de Camila Piñeiro (2013), en su libro: “Repensando el socialismo cubano. Propuestas para una economía democrática y cooperativa”. Ruth Casa Editorial-ICICJM, pp. 107-171.