Tras dos semanas de intensa protesta popular, a raíz del estallido social acontecido el pasado 18 de octubre, donde el pueblo y la clase trabajadora han sido protagonistas de primer orden, elevando cada vez más sus niveles de organización y de conciencia, son varios los sectores del pueblo que han comenzado a posicionar sus demandas. […]
Tras dos semanas de intensa protesta popular, a raíz del estallido social acontecido el pasado 18 de octubre, donde el pueblo y la clase trabajadora han sido protagonistas de primer orden, elevando cada vez más sus niveles de organización y de conciencia, son varios los sectores del pueblo que han comenzado a posicionar sus demandas. Entre estos sectores están las y los trabajadores de la educación, quienes han sido participantes frecuentes en las masivas manifestaciones que se han realizado en los distintos centros cívicos del país y también actores activos en las asambleas que se han levantado en los territorios, en relación a lo mismo, han visto en esta coyuntura una posibilidad de levantar sus históricas demandas contra el sistema educativo chileno y por el mejoramiento de sus condiciones laborales.
El sistema educativo chileno, desde los oscuros años de la dictadura militar hasta los gobiernos neoliberales de la Concertación, se ha posicionado como un caso extremo de la aplicación sistemática de políticas de mercado en la educación que tienden a la permanente privatización y a la instalación del enfoque por competencia. Es por ello, que surge la necesidad de levantar una alternativa que barra con aquellos preceptos que fundamentan el quehacer pedagógico nacional, y que sea un aporte a las experiencias históricas de aquellos sectores que han combatido la bestialidad del capitalismo en la educación.
Lo que persigue este proyecto educativo -en sintonía y al ritmo de las políticas capitalistas a nivel mundial-, es la formación de estudiantes sin un carácter crítico, despolitizados/as, sin conocimiento histórico y de nula formación integral. Junto a esto, el sistema educativo se caracteriza por tener una alta participación del sector privado, el cual recibe un financiamiento estatal y privado, que le permite lucrar de diversas formas, además el currículum nacional se configura como un dispositivo de poder de la clase burguesa para mantener el control económico, político y social. En ese sentido, el sistema educativo chileno produce mano de obra barata, estudiantes endeudados/as que en un futuro serán trabajadores/as precarizados/as, carentes de derechos y oportunidades.
Creemos que el principal problema que enfrenta el sector es la privatización y mercantilización de la educación. La educación no está centrada en las y los estudiantes, sino que está centrada en los resultados establecidos por parámetros estatales e internacionales y estaría mediada por la competencia. Para nosotros/as como trabajadores/as de la educación es necesario plantear una reconstrucción del sistema educativo a nivel general, donde los recursos del Estado tengan una distribución equitativa e integral, aportando a la implementación de nuevos estudios pedagógicos, cursos que desarrollen habilidades educativas, entre otros. Exigimos que todas las escuelas pasen al Estado y que la educación privada no exista. Es tarea de cada uno/a de los/as participantes de los centros educativos, aspirar a derribar aquellos fenómenos nefastos del sistema educativo hegemónico, apuntando a la horizontalidad de la práctica educativa y a la democratización en la toma de decisiones. En ese sentido, debemos ser críticos del cúmulo histórico de la docencia en nuestro país y de sus prácticas cotidianas, apuntando a una educación al servicio del pueblo y liberadora.
Para mantener la educación de mercado, los poderosos se han dotado de leyes represivas y que atentan contra la formación integral de las y los estudiantes del pueblo. Una de las políticas represivas más fuertes en contra de la educación pública, y en especial contra los/as estudiantes secundarios/as, ha sido la promulgación de la Ley de «Aula Segura» implementada por el gobierno empresarial de Sebastián Piñera, esta normativa brinda mayores facultades a los/as directores/as de los establecimientos educacionales para expulsar de manera expresa o realizar la cancelación de matrículas a estudiantes que se vean involucrados/as en hecho «graves» de violencia. De esta manera, este gobierno de derecha, que históricamente ha criminalizado la protesta popular, busca frenar las crecientes manifestaciones y acciones directas que involucran el uso de artefactos incendiarios por parte de estudiantes de liceos emblemáticos del centro de Santiago, y dar una muestra de la supuesta mano dura del presidente contra la delincuencia y de su falso compromiso con la educación pública chilena.
Otra medida tomada durante este gobierno y que causó gran rechazo en el sector, fue la decisión del Consejo Nacional de Educación (CNE) de eliminar la obligatoriedad de enseñar las asignaturas de Historia, Educación Física y Artes en los niveles de tercero y cuarto medio (salvo los servicios locales de la educación), lo que se concretaría a partir del año 2020, profundizando el carácter mecanicista, acrítico y ahistórico del currículum nacional, perpetuando el sistema de explotación capitalista a través de la formación de alumnos/as cada vez menos críticos/as y con menos conciencia social .
Por lo tanto, rechazamos de manera absoluta la promulgación de leyes que atentan contra las y los estudiantes como lo es la Ley de Aula Segura y el Cambio Curricular, y en consecuencia, exigimos su retiro de manera inmediata. Estas leyes no responderán jamás a las necesidades reales de los colegios de la periferia y otros establecimientos que no son «emblemáticos», donde la violencia es cotidiana y las redes de narcotráfico operan a diario, donde las y los trabajadores de la educación sufren violencia y agresiones, y donde se espera mantener el control sobre el estudiantado, sometiéndolos a través de la ignorancia y apatía social, y en caso de que se rebelen, se aplica mano dura. Este tipo de leyes no es más que un voladero de luces para que el Estado siga abandonando la educación pública, olvidando su carácter pedagógico y formativo.
Por otro lado, el sistema educativo capitalista tiene dentro de sus pilares más relevantes el establecimiento de pruebas estandarizadas en los distintos niveles educativos. Lo que ha traído como consecuencia que la centralidad de los establecimientos educacionales sean los resultados de estas pruebas, transformándose en un eslabón primordial al momento de estructurar las lógicas enseñanza-aprendizaje y de producir y reproducir el currículum nacional. Es por ello que los centros educativos se han concentrado en enseñar solamente lo que se evalúa, fragmentando y reduciendo el quehacer curricular a la lógica mecánica y de resultados, imposibilitando con ello la formación de sujetos con una formación holística, que desarrollen habilidades de pensamiento social, reflexión y crítica. Esto se suma directamente con la presión que tienen los y las docentes a la hora de evaluar y ser evaluados, por lo que ven aumentada su carga de trabajo en el hogar para alcanzar las metas propuestas por el sistema.
Como trabajadores de la educación con perspectiva clasista, rechazamos rotundamente la formulación de pruebas estandarizadas como la PSU, SIMCE, PISA e INICIA. Se debe avanzar hacia una educación donde se evalué a partir de un currículum pertinente al contexto, a los intereses de clase de los sujetos populares. En ese sentido no pueden ser evaluaciones estandarizadas, sino apropiadas a cada contexto y currículum, donde las y los trabajadores de la educación deban ser actores de primer orden en la estructuración de dichas evaluaciones y su carácter.
Sin lugar a dudas, una de las principales demandas que han agitado los y las profesoras en las últimas décadas es el pago de la «deuda histórica» originada en el año 1981 a raíz del proceso de municipalización impuesta por la dictadura militar, donde se desconoció por parte de los municipios el reajuste al sueldo base al sector público que establecía una asignación especial no imponible para el personal docente que dependía del Ministerio de Educación. Esta asignación no fue alcanzada en un 100% por los profesores/as. Exigimos el pago inmediato de la deuda histórica para estos profesores/as, en su mayoría jubilados, que se encuentran viviendo con pensiones de miseria luego de una vida dedicada a la enseñanza.
También se ha posicionado durante el último tiempo la demanda por el pago de menciones, que ha sido levantada por las y los educadores diferenciales y de párvulos. Esto hace referencia a la modificación de la ley 20.158 para incorporar las especialidades de su área para el respectivo pago de mención que reciben las y los docentes. El gobierno a través de la displicente Ministra Marcela Cubillos ignoró esta demanda durante el extenso paro de profesores de este año y no hizo nada en relación al reconocimiento de las menciones de las educadoras de párvulo y con respecto a las educadoras diferenciales solo se comprometió a entregar una «asignación especial» que es un bono trimestral que se asocia a la especialización en inclusión educativa mediante cursos impartidos por el ministerio. Exigimos el pago de las menciones a las y los educadores diferenciales y de párvulos.
Otra de las demandas hace referencia a la falsa «desmunicpalización» que se inició durante el gobierno de la nueva mayoría, ya que este ha traído consigo una serie de conflictos para las y los trabajadores de la educación de las comunas donde se ha implementado, ya que a pesar de que la Ley señalaba que no se producirían los traspasos a los Servicios Locales de Educación (SLE) si las municipalidades no saldaban las deudas previsionales y salariales que arrastraban por años con sus trabajadores/as, esto no ha ocurrido, como en el caso de la comuna de Cerro Navia. Además de las deudas, se presenta otro conflicto, ya que los trabajadores del área de administración educacional de los municipios (regidos por el Código del Trabajo) no serían traspasados al SLE, sino que serían despedidos e indemnizados, absorbidos por los municipios en otros cargos o funciones o sometidos a Concurso Público para mantener sus cargos o postular a otros. Además, aquel sector de funcionarios que está regido por el Estatuto Municipal, también sería absorbido por los municipios. Este proceso dejaría fuera del sistema unos cuatro mil trabajadores y trabajadoras. Rechazamos completamente esta ley ya que viene a reacomodar el modelo de mercado e instala una lógica gerencial de administración, mantiene la lógica de competencia entre colegios, con el aporte monetario que se entrega por alumno/a, manteniendo el sistema Voucher además de perpetuar el hecho de que los sostenedores y alcaldes tengan injerencia sobre los fondos y la administración de la educación, exigimos una verdadera desmunicipalización que acabe con la competencia entre colegios, donde todos los colegios pasen al Estado.
Las educadoras y técnicas en atención de párvulos han centrado su lucha en contra de la ley de sala cuna universal, que en términos concretos, mantiene la lógica de privatización de la educación, por lo que restará recursos a una parte considerable de los trabajadores/as, generará un ahorro evidente a los empleadores, otorgará recursos fiscales al sector privado de la educación preescolar y desligará aún más al Estado de su responsabilidad como garante de derechos.
Hacemos un llamado a los cientos de miles de trabajadores y trabajadoras de la educación repartidos en los diversos y recónditos lugares del país, a que se sumen activamente a las movilizaciones y protestas que se levantan día tras día. Debemos partícipes activos en las asambleas autoconvocadas en nuestros territorios, poniendo a disposición las sedes sindicales para la organización popular. Además, debemos sostener una actitud de defensa absoluta a los ataques del gobierno y los empresarios, especialmente hacia estudiantes y profesores que hayan participado en las protestas, en ese sentido repudiamos la detención del profesor Roberto Campos, rechazamos categóricamente los abusos cometidos contra estudiantes por parte de carabineros y militares y condenamos la persecución política a dirigentes estudiantiles y sindicales por parte de los aparatos represivos del Estado. Solo estando junto al pueblo, en sus luchas concretas, es como la perspectiva de una educación liberadora, se dota de sentido y se vuelve una posibilidad real.
Por una Educación al servicio del pueblo
Fin a la educación de mercado
Libertad inmediata al Profesor Roberto Campos Weiss
Por un Sindicalismo Clasista y Combativo
Asociación Intersindical de Trabajadoras y Trabajadores clasistas AIT
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