Las desmovilizaciones de paramilitares: un nuevo engaño de Alvaro Uribe Vélez

Con la controvertida desmovilización del Bloque Cacique Nutibara (BCN) de las Autodefensas Unidas de Colombia, hecho que se produjo en la ciudad de Medellín, en Noviembre del año 2003, se cree, arrancó el proceso de legalización del narcoparamilitarismo bajo el gobierno del candidato-presidente Álvaro Uribe Vélez. Desde entonces y hasta hoy se considera, según algunos registros oficiales, que más de «treinta dejaciones de armas» se han producido en distintas regiones del país y las cuales suman en total, según la verdad del Estado, algo más de 22 mil narcoparamilitares aparentemente desmovilizados.

Y nos atrevemos a poner en duda las desmovilizaciones hasta ahora realizadas y la seriedad del conjunto del proceso; no ya sólo por el incumplimiento del cese al fuego que de modo reiterado ha hecho del mismo Don Berna, Jorge 40 y el resto de la jefatura de los narcoparamilitares, con el silencio cómplice del Jefe del Estado, de la iglesia, de la misión de la OEA/MOPP, de los gremios y, por supuesto, de un vasto sector de la prensa oficialista: hablada y escrita, sino porque hay hechos que se encargan de decirnos y de decirle al conjunto del país y a la opinión pública internacional que a este proceso le falta no sólo seriedad, —tanto por parte del gobierno como por parte de los narcoparamilitares—, sino una gran dosis de verdad.

Hasta ahora estamos enterados que de cara a los familiares de las víctimas el gobierno del candidato-presidente no está interesado en que aquellas conozcan toda la verdad en relación con la circunstancias que terminaron con la vida de sus seres queridos y/o, en su defecto, dónde reposan hoy sus restos en el caso de los desaparecidos y desaparecidas. Y ello para no hablar que la justicia se volatilizará, hasta hacerse gaseosa cuando de aplicarse a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad se trate. Ocho años máximo pagará la horda asesina del narcoparamilitarismo si es que se le consigue demostrar en seis meses que incurrieron en delitos atroces, descontado, y como ya sabemos, el tiempo que duraron matando, extorsionando y desplazando aun concentrados en Santa fe de Ralito, con lo cual la pena queda como máximo en cinco años. Otros, la gran mayoría, al decir verdad, ni siquiera serán investigados, pues sobre ellos no pesa ninguna incriminación, al menos así lo ha hecho saber el Consejo Nacional de la Judicatura [1] al analizar la mayoría de los registros de más de 3600 excombatientes desmovilizados. Y de la reparación ni hablemos—- pues la reglamentación de la ley de justicia y paz, ese monumento diseñado para favorecer al victimario, en este caso a Don Berna, Hernán Giraldo, Ramón Isaza, Salvatore Mancuso, Ernesto Báez, Macaco, Cuco Vanoy y demás, pocas esperanzas despiertan entre los familiares de las víctimas.

Este proceso, está muy claro, es una sarta de mentiras y el mentiroso mayor es el candidato-presidente. A esta mentira contribuye el psiquiatra del régimen, señor Luís Carlos Restrepo (Alto Comisionado de Paz), el señor Sergio Caramagna, responsable de la Misión de observación de la OEA y la alta jerarquía de la iglesia, intemperante en su momento en relación con otros procesos de paz, — dícese con las FARC— y callada y sorda en relación con los despropósitos y desmanes que hoy organiza de modo legalizado el narcoparamilitarismo.

En Colombia hoy el narcoparamilitarismo no se está desmovilizando como de manera triunfalista se pretende argüir desde la Casa de Nariño y desde el Comando Central del Ejército. Las pretendidas dejaciones de armas que con bombos y platillos se festejan por parte del gobierno del candidato-presidente y asimismo se transmite ese entusiasmo al mundo entero, vienen sirviendo de manera efectiva, sin duda, para que los paramilitares ahora de forma legal consoliden el poder territorial, financiero y político que levantaron en muchas regiones rurales y urbanas del país como resultado de someter durante años al terror a las mismas. Ahora las cooperativas de vigilantes y los agentes cívicos (Policías Cívicos), eufemismo con el cual llama el presidente Uribe a los narcoparamilitares reciclados o a reciclar, son quienes se encargan o se encargarán, seguramente, de hacer de modo legal lo que antes hacían de manera ilegal. Es de recordar que el mismo candidato-presidente ha manifestado en reiteradas ocasiones que los paramilitares desmovilizados pueden ser útiles a la sociedad, quizá sí, seguro, pero a la sociedad de ganaderos de Córdoba, de Antioquia, del Caquetá, etc o, en su defecto, a los narcotraficantes que aun no se han constituido en paramilitares.

El caso de la desmovilización/reinserción en Medellín [2] y que el Alcalde de la ciudad, Sergio Naranjo, pone como ejemplo, —y de igual modo el Presidente Uribe—, es un fiel reflejo de que el paramilitarismo no se está desmovilizando ni reinsertando como así se populariza, sino que está haciendo menos visible su poder, pero no por ello menos efectivo que su forma anterior de operar. Hoy, sin lugar a equívocos, es más fuerte este poder, pues tiene un amparo legal y este le permite no sólo interlocutar con la institucionalidad, sino permearla y aprovecharla para sus fines y propósitos. El no atacar los bienes de los testaferros que dieron cobijo legal a los bienes mal habido de los principales narcoparamilitares, con masacres y desplazamientos como patrón general de actuación, el poder participar con candidatos de sus preferencias en las elecciones subrepticiamente, el orientar el voto de los electores de forma compulsiva hacia sus candidatos, el incidir en las decisiones de importantes alcaldías y gobernaciones a través de funcionarios proclives a sus propuestas, así como el eliminar a candidatos opositores y manejar una red importante de negocios, formales e informales, y en las principales áreas de su dominio geopolítico y económico, es, sin duda, una muestra de ese poder.

Jugando sucio a la desmovilización

Y este poder bien es decirlo, no sólo hoy se ha transformado como así lo manifestamos, sino que hoy por hoy se está reciclando. De hecho su reciclamiento no es nuevo, pues es de recordar que con la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara una parte no menos importante de los combatientes incorporados de última hora no sólo eran toda suerte de delincuentes comunes, (lo mismo que los narcoparamilitares, sólo que fueron convertidos en sediciosos por obra y gracia del Presidente para darles estatus político a vulgares narcotraficantes), sino que la dejación de armas dejó como resultado que el número de narcoparamilitares desmovilizados no coincidía con el número de armas entregadas. Muchas de las armas eran inservibles, lo que desde entonces evidenció que este sería un patrón a seguir con el resto de las desmovilizaciones. Efectivamente, este proceder es el que se ha seguido en todas las mal llamadas entrega de armas de los narcoparamilitares, incluida la del 1 de marzo en el Departamento del Putumayo [3] , y frente a ello el gobierno del candidato-presidente ha guardado y guarda de manera celosa y cómplice un abrumador silencio.

El Presidente-candidato sonríe cuando habla de más de 22 mil narcoparamilitares desmovilizados, sin embargo, un análisis frío y meticuloso de las entregas de armas registradas nos muestra que tan sólo unas 10 mil y más armas (13000) son las que han sido entregadas, lo que equivale a decir con el otrora Delegado de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michael Frühling, que por cada dos desmovilizados se entrega una arma y ello en pésimas condiciones. Así, podríamos señalar que, sobre el particular, ni los narcoparamilitares dan cuentas ni el gobierno las pide. De hecho no pidió explicación frente a la súbita y misteriosa desaparición de Carlos Castaño, ni frente a la de Rodrigo Antonio Mercado Peluffo, Alias Cadena. Tampoco lo hizo frente al sonado caso de la concejala Maribel Galvis Salazar [4] , del municipio de la Dorada, acusada de extorsionar a importantes comerciantes en esa ciudad y ante la orden de captura que le había proferido la seccional de la Fiscalía en Caldas, y sin pensarlo dos veces, huyó y terminó reinsertándose con los narcoparamilitares de Ramón Isaza hace escasos días. Estos hechos son un insulto a la inteligencia y una humillación a las víctimas.

El narcoparamilitarismo goza de salud: Esta vivo y colea.

La no concordancia entre el número de combatientes desmovilizados/as y el número de armas entregadas resulta cuando menos sospechoso y ello ha prendido todas las alarmas entre las organizaciones de derechos humanos: Amnistía Internacional, Humain Rights Watch, Cinep, Colectivo Alveár — lo que las reafirma en sus críticas iniciales a este mal llamado proceso de desmovilización —- y también entre las Naciones Unidas. Esta no coincidencia entre el patrón un (a) combatiente desmovilizado (a), un arma, si algo nos pone de presente es que este proceso lo caracteriza la trampa, la mentira y la desconfianza mutua. Así las cosas, hay más excombatientes que armas entregadas y eso nos ubica en varios escenarios cada uno con unas posibles explicaciones sobre el particular.

En primera instancia podríamos decir que si esto sucede del modo en que se presenta puede ser porque los paramilitares hayan arrastrado a la desmovilización a importantes estructuras que hacían parte de su logísticas y que no necesariamente tenían porque estar armadas, lo cual podría ser factible hasta cierto punto, pero no como para que una mitad estuviera armada y la otra sólo viendo que aquella asesinaba, extorsionaba y comercializaba con la coca, entre otras muchas cosas. Muchos de los que se entregaron y como así lo sabe el Gobierno e importantes organismo internacionales fueron recogidos entre las barriadas, la mayoría delincuentes comunes, con el objeto quizá de inflar el número de desmovilizados y de paso evitar que importantes y verdaderos combatientes, seguro, hicieran dejación de armas y se mantuvieran en cambio en el anonimato y como una fuerza de choque y a la espera de que el gobierno no hará efectiva contra los jefes de las AUC la autorización de extradición que hay pendiente contra la mayoría de ellos, y quizá también, a la espera que la ley de justicia y paz resulte de acuerdo a sus conveniencias.

De hecho cuando en el mes de octubre del 2005 Don Berna fue arrestado por haber sido señalado como el responsable del asesinato del Diputado a la Asamblea de Córdoba, Orlando Benítez, de su hermana y su escolta, y trasladado a la cárcel de máxima seguridad en Cómbita (Boyacá), y cuando se presumía que el Gobierno del candidato-presidente lo extraditaría hacia los EEUU por tráfico de estupefacientes, una gran parte de los miembros del Bloque Cacique Nutibara y quizá de esa fuerza activa pero no visibilizada ni legalizada se tomó a la ciudad de Medellín, paralizó el sistema de transporte de autobuses y frente a lo cual la fuerza pública poco pudo hacer o no quiso hacer.

Ante esta medida de fuerza el gobierno le tocó desmontar el plan de extradición contra Don Berna y en su defecto lo envió a la cárcel de Itagüí. Simultáneo a ello la Dirección de las AUC congelaron las desmovilizaciones previstas y exigieron a Uribe la restitución de la condición de negociador para Don Berna. Acto seguido, es decir, el día 27 de Octubre del 2005 en el Centro de Convenciones de la ciudad de Medellín se reunieron los jefes de 11 bloques de narcoparamilitares ya desmovilizados y ratificaron la condición de negociador de su líder encarcelado y al mismo tiempo hicieron recomponer la vocería de las AUC, quedando la misma compuesta por Don Berna, Diego Vecino (Edwar Cobos Téllez) y Antonio López, y de donde salió Salvatore Mancuso como vocero de los desmovilizados. Con este acto, las AUC lograron blindar a Don Berna, pues siendo vocero de las desmovilizaciones en ciernes difícilmente podía ser extraditado si fue que en algún momento el candidato-presidente lo pensó hacer.

Otro hecho que explica porque existe una inflación de combatientes «desmovilizados» y un bajo número de armas entregadas, (hecho que no es patrimonio sólo de las AUC, pues con las guerrillas también se operó lo mismo en sus distintos procesos de desmovilización), puede obedecer y obedece al hecho que los narcoparamilitares han dejado importantes depósitos de armas con el objeto de persistir en el rentable negocio del control de las drogas, de mantener un importante control social y geográfico de importantes zonas aún no controladas por el ejército y la policía y también para imponer su autoridad. De hecho en significativas zonas del país la presencia paramilitar nunca ha desaparecido y la zona del alto San Jorge y del Alto Sinú es un claro ejemplo de ello. Por eso hoy no sorprende, al meno a mí, que la misión de verificación de la OEA [5] quiera dar por novedoso el rearme del narcoparamilitarismo cuando las comunidades en muchos sitios del país y, en especial, en córdoba, saben que los paramilitares siguen imponiendo su autoridad armada, viviendo del negocio de la coca, fortaleciéndose económicamente, desplazando a campesinos y líderes urbanos y asesinando a toda suerte de opositores y delincuentes comunes no de sus afectos.

El bloque Héroes de Tolová, el mismo que asesinó al Diputado Orlando Benítez y que comandaba y comanda Don Berna nunca ha dejado de hacer lo que ha hecho y si hay dudas sobre el particular, justo es indagar qué pasa en el Alto Sinú y en el San Jorge, y bueno es preguntarle a Monseñor Julio Cesar Vidal, Obispo de Montería (santuario del narcoparamilitarismo) y al Comandante de la XI brigada con sede en esta misma ciudad, qué pasa en esa zona y por qué reportan tanta tranquilidad las autoridades civiles y militares cuando la realidad señala otra cosa. ¿Así resulta que, en Córdoba, lugar donde Uribe tiene sus haciendas, incluida el Ubérrimo, hay rebrote del narcoparamilitarismo? ¿Uribe no lo sabe o no lo quiere ver? Los habitantes de Tierra Alta, Montelibano y Montería lo saben y mucho.

No es descartable que las caletas que albergan cientos de armas y las cuales no han sido entregadas en su mayoría, terminen, como terminarán, sirviendo para consolidar nuevos ejércitos de paramilitares, que luego serán vendidos a narcotraficantes y con los cuales éstos evitaran el pedido de extradición que pesa sobre ellos. Ejemplo de este tenor ya existen, Carlos Castaño en su momento vendió algunas franquicias [6] paramilitares a reconocidos narcotraficantes de viejo cuño. Así, a los hermanos Miguel Ángel y Víctor Manuel Mejía Múnera, alias los Mellizos, les vendió un bloque de paramilitares que luego bajo el mando de Miguel Ángel se convertiría en el Bloque Héroes de Arauca, comandado por él pero bajo el seudónimo de Pablo Arauca. Ambos, es justo señalar, hacen parte hoy de las negociaciones con el gobierno del candidato-presidente. Y por esta misma dirección entró a Santa fe de Ralito Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordo Lindo y quien habría comprado hombres ya entrenados a las AUC y con los cuales conformó el Bloque Calima. Lo mismo viene aconteciendo con Wilber Varela (Alias jabón) y Diego Montoya (Don Diego) en el valle del Cauca quienes ahora pasan por paramilitares y no es descartable que a ellos también se les extienda el estatus de sediciosos. Esta podría ser otras de las razones para que cuadros medios y combatientes hoy estén reestructurando fuertes unidades paramilitares y ofrecerlas como franquicias armadas a narcotraficantes de turno. Ellos saben que Uribe ha aceptado que viejos y nuevos narcotraficantes entren en la negociación y a eso le sacarán importante rédito.

Por último, existen otros elementos que pueden explicar porqué muchos no han querido dejar las armas o porqué están volviendo a ellas. Quizá muchos entendieron que la intención por parte del Gobierno ha sido y es la de desmovilizar y al precio que sea, pues así se garantizaba y garantiza un punto importante el candidato-presidente de cara a la reelección. Tal vez para muchos no ha existido una estructura orgánica y operativa que haya actuado con eficiencia en relación con garantizar a los desmovilizados los recursos para poner en prácticas sus proyectos productivos. En muchos casos los salarios prometidos a éstos, por una maraña burocrática y por toda suerte de inconvenientes no se han pagado en la fecha indicada, lo que ha originado no sólo airadas protestas de los excombatiente, como así ha sucedido en diversas regiones del país, sino una fustración en el proyecto de reinserción mismo. No pocos deambulan por campos y ciudades en una actitud depredadora y desafiante. El drama de la convivencia en zonas donde están concentrados es terribles y el temor está instalado entre la ciudadanía.

De este modo, las regiones donde están ubicados los reinsertados se han convertido en espacios acumuladores de tensiones — más de las que ya hay– y en lugares donde la criminalidad y los actos delincuenciales se han disparado. Un ejemplo manifiesto de lo anterior nos dice que: desde que empezaron las dejaciones de armas 141 miembros de las autodefensas han resultado asesinados por actos asociados a atracos a mano armada, a la extorsión, el secuestro, el ajuste de cuentas, a la venta de alucinógenos, etc y 282 han resultado detenidos por esos mismos actos y también por enfrentarse a la fuerza pública y por porte ilegal de armas. Aún así el Candidato-presidente Uribe nos dice que la desmovilización es un éxito, que está contribuyendo a pacificar al país y asimismo lo anota y sin ruborizarse el Director del Programa de Reinserción Juan David Ángel, quienes al parecer viven en un país virtual.

El candidato-presidente habla con gran candor de que el proyecto de desmovilización de los narcoparamilitares es un éxito y su Ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, en un seguidismo mental y como ya nos tiene acostumbrado dice lo propio, sin embargo, Sergio Caramagna que se ha mostrado durante este proceso como si no hubiese estado verificando el mismo, les recuerda que hay un rebrotes del narcoparamilitarismo — lo ha descubierto tarde, quizá para cubrirse la espalda y decir después que lo advirtió— Aun así, dudo que el candidato-presidente actúe contra esta alerta, pues en el fondo él sabe que el narcoparamilitarismo está vivito y coleando e imponiendo su ley en muchos sitios del país. Él lo ha tolerado así y ya es hora de exigirle a Uribe y a los suyos, incluido al psiquiatra del Régimen, toda la verdad sobre este pretendido y falso desarme. El réquiem en paz por el narcoparamilitarismo en Colombia aún está lejos, todavía no es hora de registrarlo en el obituario y pienso que con Uribe estamos a años luz de ese deseo. Parafraseando a García Márquez hay que decirle a Uribe que jale un taburete y se siente en el y empiece a contar toda la historia sobre su nefasto proceso de paz con el narcoparamilitarismo, y, sobre todo, antes que lleguen los familiares de las víctimas y también de quienes hoy sufren su cerril improvisación. Otro boquete se le abre a su encumbrada Seguridad democrática, la cual hace agua desde hace rato.