Las garantías y el derecho a la participación social en la solución dialogada al conflicto, está cuestionada. Así lo demuestran las capturas masivas realizadas en el día de ayer contra líderes y lideresas de la región del Sur de Bolívar, Bajo Cauca y Norte de Antioquia, Cartagena y Bucaramanga. Mientras el Gobierno habla de post- […]
Las garantías y el derecho a la participación social en la solución dialogada al conflicto, está cuestionada.
Así lo demuestran las capturas masivas realizadas en el día de ayer contra líderes y lideresas de la región del Sur de Bolívar, Bajo Cauca y Norte de Antioquia, Cartagena y Bucaramanga. Mientras el Gobierno habla de post- conflicto, en Colombia sigue desarrollándose la represión contra las fuerzas alternativas que se manifiestan en favor de la paz.
Los hechos ocurridos este 22 de marzo en diferentes puntos de la geografía colombiana constatan que, existe un plan judicial, de ataque con persecuciones y hostigamientos de la fiscalía, detenciones masivas, simultáneas y arbitrarias, en contra de líderes y lideresas defensoras de DDHH y de comunidades mineras y campesinas, cuyo propósito es debilitar las fuerzas alternativas y democráticas que se oponen al régimen y al modelo extractivista de saqueo, despojo, y ocupación militar a los territorios, con el fin de favorecer el capital trasnacional para implantar sus mega proyectos.
Los líderes y lideresas detenidas pertenecen a la Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, uno de los procesos sociales humanitarios más antiguos en Colombia, en buscar soluciones entre el gobierno y la sociedad. En su trayectoria se registra el desminado humanitario en el corregimiento de Micoahumado, Municipio de Morales en el año 2004. Esta organización social es una de las convocadas a la Mesa de Quito a intercambiar sobre sus experiencias y métodos de participación.
Iguales hechos se registraron en el Norte y Bajo Cauca Antioqueño donde otros 5 líderes fueron capturados, ellos pertenecen a la Asociación Campesina del Municipio de Ituango y Puerto Valdivia. Las razones de su judicialización ha sido denunciar sobre el impacto y daño ambiental a sus comunidades, que ocasiona el proyecto Hidroituango que adelanta la EPM. Así como la vía de Puerto Valdivia a Pescadero.
El día 22 de marzo otro líder indígena del Departamento del Cauca es asesinado; se trata de Javier Otaca, este comunero Nasa, de la comunidad Santa Elena, se hallaba ejerciendo liberación de la tierra en la Hacienda Miraflores de Corinto Cauca, cuando fue acribillado por sicarios al servicio del ingenio azucarero a escasos metros se de la fuerza pública.
Esta escalada represiva se presenta en momentos en que organismos internacionales como Naciones Unidas, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierten sobre la escalada de asesinatos sistemáticos contra defensores y defensoras de derechos humanos y activistas sociales.
Llama la atención la poca efectividad de la Fiscalía para adelantar acciones contra paramilitares que aterrorizan numerables regiones del país; mientras que aplica toda la fuerza para aterrorizar y perseguir activistas sociales.
El actual proceso de paz requiere de acciones humanitarias urgentes que contribuyan a bajar la intensidad del conflicto y propicien un cese bilateral al fuego, y cese la persecución contra el movimiento social y las fuerzas democráticas.