Las drogas: Armas de destrucción masiva para Colombia

¿El que busca halla? No cuando se buscan armas de destrucción masiva y el sitio es Irak. ¿Reducir la producción de drogas dentro de un país que las suministra? No cuando la droga es cocaína y el país que la suministra es Bolivia, Perú o Colombia.

A diferencia de la incursión y ocupación formal de Irak, que va acompañada por una protesta y resistencia sin precedentes más allá de sus fronteras, la presencia de EE.UU. en Colombia ha devuelto a los titulares la «Guerra sucia», desarrollada en gran parte durante los años Kennedy como una guerra de baja intensidad y de carácter clandestino. Desde un agujero negro periodístico, la «guerra civil» en Colombia llega alguna vez al interior de ciertos periódicos, pero después del cabildeo de Occidental, BP Amoco, Enron, de contratistas militares privados y de otros, la «guerra civil» de Colombia cuesta al contribuyente de EE.UU. más dinero en ayuda que cualquier otra operación en el hemisferio occidental, y cuesta al pueblo colombiano una sangría tan inmensa de vidas inocentes que la «guerra civil» es condenada ahora como genocidio.

Mientras el papel de EE.UU. en esta «guerra civil» sólo se expandió bajo Kennedy, su origen data de la doctrina del ‘Destino Manifiesto’, como lo postuló el presidente de principios del siglo XX William Howard Taft: «El día no está distante… en el que el hemisferio todo nos pertenecerá, como de hecho ya nos pertenece moralmente, por virtud de la superioridad de nuestra raza».

Como lo demuestran actualmente Rumsfeld, Wolfowitz y Powell el optimismo de Taft también era simplón. La historia muestra que otros habitantes de nuestro hemisferio no estaban totalmente de acuerdo con su evaluación de nuestra superioridad, así que EE.UU. lanzó la acción militar para persuadir a los infieles, como lo hizo en Colombia cuando envió tropas a ese país en tres ocasiones diferentes antes del año 1925. No es precisamente de conocimiento común que las Actas del Congreso (de EE.UU.) de 1960 catalogaron el propósito de esas incursiones como «protección de intereses estadounidenses», o para ser más precisos, intereses concebidos por EE.UU., y para propósitos más reveladores, para «restaurar el orden». Exactamente como los contratos de ‘construcción de la nación’ en Irak han caído como maná del cielo en el regazo de corporaciones estadounidenses como Bechtel y Halliburton de Cheney, pocos saben que el historiador de la CIA Gerald Haines escribió que en 1945 esa perspectiva fue presagiada para América del Sur, cuando EE.UU. actuó para reemplazar a sus rivales británicos, franceses y canadienses «a fin de asegurar el área para el exceso de producción industrial y las inversiones privadas, y para explotar las vastas reservas de materias primas». Pocos saben, además, que después de haber sido enviado a un tour de América Latina en 1969, Nelson Rockefeller informó a Nixon que: «Crecientes frustraciones en todo el Hemisferio Occidental por la pobreza y la inestabilidad política han llevado a más y más gente a considerar a Estados Unidos como chivo expiatorio y a buscar soluciones marxistas para sus problemas socioeconómicos». Un Castro en el América Latina continental, advirtió Rockefeller, «crearía un problema extremadamente difícil para Estados Unidos».

La política exterior resultante, diseñada para «estabilizar» el área parece como un viaje espiritual en la montaña rusa de Coney Island. Primero interpretaron el flagelo como comunismo, pero después se derrumbó la Unión Soviética. Pasó luego a ser descrito como tráfico de drogas, y el perpetrador fue caracterizado a principios de los años 80 como «narco-guerrilla» por Lewis Tambs, el embajador de Reagan en Colombia, y más adelante, en 1986 como «narcoterroristas» por Elliot Abrams, Secretario Adjunto de Estado para Asuntos Interamericanos. Pero después de esfuerzos de erradicación controlados por los militares, las drogas y sus ganancias clandestinas no disminuyeron, sino que florecieron dentro de las fronteras de Estados Unidos. Comenzaron a filtrarse de numerosas fuentes las afirmaciones sobre brutales violaciones de los derechos humanos cometidas durante esos esfuerzos controlados por los militares, convirtiendo en una burla molesta la Enmienda Leahy, que prohíbe la ayuda contra la droga a fuerzas de seguridad extranjeras implicadas en semejantes violaciones. Luego sucedió el 11 de septiembre, y cuando la nación se paralizó horrorizada, en algún sitio en una oficina de Washington la mitad «narco» de la expresión de la era Reagan fue abandonada a favor de la otra mitad. Apareció un nuevo culpable – el hecho puro, auténtico – no falsificado – el terrorista de un genuino eje del mal. Pero la montaña rusa no ha terminado todavía. El Subsecretario de Estado, Rand Beers, encargado de Asuntos Internacionales de Narcóticos, hizo una declaración en noviembre de 2001 indicando que las FARC, el mayor grupo guerrillero de Colombia, había entrenado en campos de al Qaeda en Afganistán. En lo que constituyó un bochorno para la agenda bélica de Bush, Rand tuvo que retractarse públicamente cerca de un año más tarde al exigírsele una prueba en una demanda colectiva presentada en nombre de 10.000 ecuatorianos que afirmaban que la fumigación aérea colombiana había pasado la frontera y dañado su entorno y su salud personal. Al analizar una economía global reestructurada y el papel que las compañías petroleras en particular juegan en ésta, más gente en EE.UU. comenzó a poner en duda la intención de la participación de su gobierno en Colombia, igual como cuestionaban su participación en Afganistán e Irak. Comenzaron a poner en duda la existencia del terrorista omnipresente, el terrorista cuya cara cambia casi a diario de la de un afgano, a la de un iraquí, un saudí, un palestino, un kurdo, un filipino o un colombiano, un terrorista cuya cara podría ser identificada por un programa como TIPS. Comenzaron a hacerse preguntas sobre el contexto social que se desarrolla a su alrededor. ¿Era realmente tan degradante que había que exigir a su biblioteca o librería que hicieran un perfil de sus selecciones de lectura o que el cartero tuviese el deber de controlar sus cartas? Fue el momento en el que el llamado a realizar intervenciones de EE.UU. en todo el globo exigía extrema claridad. La recuperación de la expresión «narcoterrorista» de la era Reagan y la utilización de su confluencia holística para soldar las posiciones políticas del pasado con las del futuro, parecía tener sentido. Quedaba sólo un problema. La soldadura no funcionó ante el público en general. Lo que ocurrió con un edificio en la ciudad de Nueva York, y la sustancia ingerida por adolescentes en sus sótanos, formaban una conexión dudosa.

Como actores torpes que sospechan que se les escapó su personaje y que al hacerlo perdieron su público, los ingenieros de la política descartaron de nuevo la mitad de la expresión de la era Reagan, esta vez la segunda mitad. El tren de la montaña rusa que venía a toda velocidad y que acaba de echar marcha atrás. Resucitaron el vino añejo más fácilmente digerible del vulnerable narco sin preocuparse siquiera por cambiar la botella.

Al aprobarse el desembolso presupuestario de emergencia H.R. 4776 para el contraterrorismo en el Congreso [de EE.UU.] en agosto de 2000, que dio luz verde para levantar las restricciones a la ayuda de la lucha contra la droga para la lucha contra guerrillas «marxistas», parecía que el propósito de la intervención de EE.UU. quedaría por fin expuesto a los ojos del mundo. En abril de 2002, Peter Rodman, Secretario de Defensa adjunto para Asuntos Internacionales de Seguridad presentó un informe con la perspectiva del Departamento de Defensa sobre las «amenazas» a la democracia colombiana ante el 107 Congreso. Comenzó articulando la necesidad de más ayuda para confrontar los crecientes ataques de las guerrillas FARC y ELN y para ayudar a Colombia a ocuparse de modo más eficaz de las AUC paramilitares. «Estas organizaciones han secuestrado y asesinado impunemente a ciudadanos de EE.UU. y han dañado importantes intereses comerciales de EE.UU., como los oleoductos». Aprovechando las facilidades permitidas con la aprobación de H.R. 4774, anunció que «la estrategia de la administración es suministrar al gobierno colombiano los medios y el incentivo para confrontar a estos grupos en todo el territorio nacional, estén o no las unidades individuales o los combatientes involucrados directamente en actividades relacionadas con la droga». Aunque al comienzo de su presentación Rodman invocó de modo homogéneo para los tres grupos la etiqueta de «narcoterroristas», al resumir la amenaza al final, redujo la trinidad menos uno, omitiendo toda mención de las AUC. «Cientos de ataques del ELN y de las FARC han sido dirigidos contra la infraestructura eléctrica, de gas natural y del petróleo. Sólo el sabotaje por los narcoterroristas de los oleoductos ha costado al gobierno de Colombia una pérdida de ingresos del orden de 500 millones de dólares por año. El oleoducto fue atacado con bombas 170 veces en 2001, vertiendo 2,9 millones de barriles de petróleo – ocho veces la cantidad del Exxon Valdez.«

Para los bien informados, las expresiones de Rodman no son nada nuevo. Documentos publicados bajo la Ley de Libertad de la Información muestran que ya en la primera administración Bush, la «Estrategia Andina» de EE.UU. otorgó a gobiernos del sur ayuda contra la droga que también podía ser utilizada contra ‘nuestro adversario mutuo’: la guerrilla. Un ejemplo en cuanto a Colombia: Human Rights Watch obtuvo un documento del ejército colombiano que articula la reorganización de su sistema de inteligencia, elaborado con ayuda de la CIA y de funcionarios del Departamento de Defensa. El documento no hace mención alguna de las drogas, pero se concentra en la «subversión armada». Aunque lo que siempre ha sido un acuerdo tácito recibió peso legal mediante un voto del Congreso, ¿apoyaría el público en general la escalada de un esfuerzo militar lanzado por cuenta de lo que Michael T. Klare llama «guerras de recursos»? ¿Llegaría a entender ese público la construcción de la nación, o la ayuda a jóvenes democracias, como eufemismos para la obtención de recursos para que las corporaciones puedan establecer empresas en el extranjero a costa de las autóctonas? Mientras la ley de EE.UU. reflejaba la intensificación de los esfuerzos internacionales para los informados, para los de a pie, los órganos de Washington seguían sonando de manera diferente. La amenaza de la droga, empleada en el pasado para justificar los gastos, fue vuelta a ser enfatizada ante el público para asegurar y justificar los gastos futuros.

Exorcizando al malvado

En el caso de Rand Beers, podemos ver los problemas que ocurren cuando las declaraciones políticas fracasan. Los portavoces no pueden renegar del terrorista igual como lo pueden hacer con el narcotraficante, una vez que han postulado estos términos en el espacio público. Pero como lo demuestra ahora la situación en Irak, ha habido tantas declaraciones discordantes sobre las intenciones de EE.UU. antes de la invasión que hasta los demócratas piden una investigación del Congreso. Gregory Thielman, antiguo director de la oficina de inteligencia del Departamento de Estado, dijo: «Esta administración ha tenido una actitud hacia la inteligencia basada en la fe… ‘Conocemos las respuestas – dennos la información de inteligencia para apoyar esas respuestas.'» Mientras admite que gran parte del cuadro inexacto utilizado para justificar y explicar la invasión a la población de EE.UU. se basaba en información de inteligencia, agregó que: «La mayor parte se basa en la manera cómo los funcionarios superiores abusaron de la información que recibieron». En un caso, los tubos de aluminio adquiridos por Irak, fueron presentados como «encubiertos por la ambigüedad». Algunos analistas de la CIA pensaron que los tubos podían ser utilizados para centrífugas de gas para enriquecer uranio, pero este punto de vista fue cuestionado por expertos del departamento de energía. A pesar de todo, la Consejera de Seguridad Nacional Condoleeza Rice anunció al público que los tubos sólo podían ser utilizados para centrífugas. En vista de todas las controversias sobre las armas en Irak, el secretario de defensa Rumsfeld tuvo que cambiar de posición y se concentró en algunos puntos más delicados y finos. Explicó al Senado que EE.UU. no había entrado en guerra contra Irak por nueva evidencia de armas, sino porque Washington consideró esa evidencia «en una dramática nueva perspectiva» después del 11 de septiembre. Del mismo modo, los esfuerzos por mejorar su credibilidad respecto a América Latina después del esclarecimiento de recientes pretextos también llevaron a que la administración cambiara de posición. Pero, a diferencia de las operaciones de EE.UU. en Irak que se enfrentaron al riguroso examen internacional, las operaciones en Colombia, con su historia de coerciones diplomáticas, infiltraciones clandestinas, mecanismos de inteligencia, mercenarios y ejércitos indígenas debidamente entrenados en forma legal y ilegítima, siguen gozando del lujo de no encontrarse en el centro de la atención pública. En vez de preocuparse por matices, los funcionarios rescatan un atavismo político ya probado. Utilizan golpes de brocha para ensalzar un ingrediente familiar: los valores occidentales de la familia.

La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP), dependiente de la Casa Blanca, coordinó una costosa infraestructura de relaciones públicas que involucra a comités, equipos operativos, conferencias, audiencias del Congreso, etc., que presentaba a la droga como un importante problema de salud que confronta Estados Unidos. En julio de 2003, el presidente de la Cámara, Dennis Hastert (republicano de Illinois) indicó que la droga o la violencia relacionada con la droga cuesta las vidas de 16.000 jóvenes por año en EE.UU. No importa que, a pesar de que el tabaco destruye 400.000 vidas por año sólo en EE.UU., una ley que limita la publicidad y la distribución de productos de tabaco haya sido bloqueada porque interferiría con la libre expresión corporativa. Si la teoría legal, tal como está constituida actualmente, interpreta y protege a las corporaciones como «gente» bajo la ley, entonces este santificado derecho puede ser visto como un santificado derecho «humano». Recientes intentos de debilitar o de revocar la legalidad de juicios colectivos contra las compañías tabacaleras subsume el derecho de libre expresión del individuo bajo el mayor, más digno, derecho de libre expresión de la ‘persona’ del cuerpo corporativo.

Para demostrar su sensibilidad ante la campaña de relaciones públicas por la droga, James Hill, Jefe del Comando Sur de Estados Unidos, habló de la amenaza de la droga durante observaciones que hizo a representantes de los países de Sur y Centroamérica: «Nunca me refiero a estos terroristas como guerrillas, insurgentes, o rebeldes. Tampoco lo hace el Secretario de Estado – porque, en sus palabras, esas etiquetas los idealizan… Ellos [los camellos] hacen lo que deben hacer – matar indiscriminadamente… Los niños no deberían vivir con miedo a ser reclutados por las pandillas, los narcotraficantes y los narcoterroristas, y sus vidas no deberían ser acortadas por ser obligados a trabajar en un laboratorio de coca, aspirando e ingiriendo venenos. Un niño, si crece en Bogotá, Río, Pucallpa, Ciudad de Guatemala, Port-au-Prince, Paramaraibo o Nueva York, tiene derecho a crecer, ser amado, cuidado, y a satisfacer por lo menos sus necesidades básicas como la nutrición, educación y otra cosa que muchos niños de hoy en día no tienen – el sentimiento de estar seguros. Nuestros niños tienen derecho a estar seguros. Y si actuamos juntos, podemos darles seguridad y estabilidad… » En un discursito final para crear una base común, Hill terminó diciendo: «Dios los bendiga y Dios bendiga a cada uno de sus países».

El Reino Unido, nuestro socio en el financiamiento de UNODC, la oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, fue llamado por la campaña a que muestre que la droga está pasando de ser una amenaza interior a una global. El primer ministro británico Tony Blair afirma: «Uno de los mayores problemas que tenemos en este país en la actualidad es el crimen y las drogas. La gente está muerta de miedo por las drogas». El zar de la droga del Reino Unido, Keith Hellawell, describió aspectos de este terror a la droga en observaciones a The Guardian, y al hacerlo utilizó la demografía femenina de la misma manera como Hill utilizó la demografía infantil. «Veo a mucha gente joven que me dice: ‘no le estamos haciendo daño a nadie’. Eso simplemente no corresponde a la verdad. Si consideramos cómo las mujeres son tratadas en países como Afganistán, una de las principales fuentes de heroína, se ve que hay un efecto secundario».

Hasta en julio de 2003, tres años después de que H.R. 4775 sancionó legalmente que se utilice dinero del contribuyente de EE.UU. para ayudar, equipar y entrenar a soldados latinoamericanos para combatir a las guerrillas y no a los narcotraficantes, el Secretario de Estado Colin Powell y el representante Hastert se presentaron en una conferencia de prensa después de una reunión muy publicitada del Grupo de Trabajo para EE.UU. Libre de Drogas. Powell, junto con Hastert, identificó con seguridad a la región andina como la fuente del efecto secundario que amenaza nuestro hogar global. No se mencionó a terroristas, ni a guerrillas. Su mensaje de hoy recayó en un mensaje de 1989, cuando un memorando del Departamento de Estado concluyó que «Bolivia, Perú y Colombia constituyen el problema de la cocaína» [énfasis del documento].

Genealogía de una Guerra de la Droga

La conclusión del Departamento de Estado parece haber sido subjetiva, como lo revela el siguiente memorando a la Embajada de Perú. El memorando fue enviado antes de una cumbre en la que EE.UU. decidió que otras naciones no serían invitadas hasta que sus funcionarios se reunieran a solas con los peruanos y hubiesen tenido suficiente oportunidad para establecer un marco necesario. Los funcionarios escribieron a los peruanos: «Tenemos una oportunidad singular en la cumbre de reestructurar fundamentalmente nuestra relación. Tenemos entendido que la máxima prioridad de su gobierno es la derrota de Sendero Luminoso [Maoísta], no el narcotráfico. Pero existe una importante coincidencia, especialmente en el valle Huallaga superior. En áreas productoras de coca donde actúa Sendero Luminoso podemos suministrar ayuda tanto a la policía como a los militares».

Según nuestro Departamento de Estado, el plan incluía algo de persuasión, o reconvención, a nuestros vecinos del sur. Un memorando interno indicó que los líderes políticos en estos países no «cederán su soberanía permitiendo que EE.UU. ataque directamente a los traficantes». El ardid para la intervención parece haber sido sacado de un manual sobre la guerra de baja intensidad. «El desafío es movilizar a los gobiernos para que ataquen el tráfico de drogas como una amenaza directa a la integridad de sus países. Un problema de política exterior debe ser solucionado por los instrumentos tradicionales de la política exterior (utilizados imaginativamente): Diplomacia, ayuda militar y económica, recolección y compartimiento de inteligencia».

Anteriormente, otro memorando señala: «Dependemos de un gobierno que sea estable, democrático y capaz de ayudarnos a cumplir con nuestros propios objetivos programáticos. Si Sendero Luminoso derroca al gobierno o provoca un golpe militar nos quedamos fuera de la actividad de control de la droga. Por ello, es algo que tenemos que hacer».

El control del país de origen, en lugar de algún método serio de control interno, siguió siendo la solución pertinaz, la política indiscutible, el imperativo moral, la «actividad» desorbitada, y «algo que tenemos que hacer».

Rand Corporation, un think-tank conservador, publicó un estudio muy citado sobre la eficacia de varios programas de control de la droga. La investigación concluye que la educación en el interior y los esfuerzos de rehabilitación son 7 veces más efectivos que la criminalización, 11 veces más efectivos que la destrucción en las fronteras, y todo un 23 por ciento más efectivos que el control en el país de origen. Habría que señalar, sin embargo, que el país de origen de casi la mitad de la marihuana consumida en Estados Unidos, es en realidad Estados Unidos. Un estudio de 1998 concluyó que la marihuana fue registrada como el cultivo con los mayores ingresos en un total de ocho estados: Kentucky, California, Alabama, Connecticut, Hawai, Tennessee, West Virginia y Virginia. El estudio también estableció que el cultivo de marihuana fue cuarto entre todos los cultivos comerciales, y que acumuló mayores ingresos para los agricultores que el tabaco, el trigo o el algodón. Y sin embargo, la proliferación de este cultivo ilegal, cuya producción interna aumentó en un mero 10% en 1980, parece haber pasado desapercibida. Desapercibida, es decir, hasta que Jamaica y Colombia protestaron que EE.UU. debería probar la seguridad y eficacia de sus soluciones de fumigación antes de imponerlas en el extranjero. Cuando se desbarataron las negociaciones para impulsar la agenda de fumigación como resultado de esta demanda, EE.UU. se vio presionado para hacer en casa lo que les querían hacer a otros. En 1990, el zar de la droga William Bennett calificó la situación de «intolerable» y declaró para que quedara registrado en público: «Si no actuamos en nuestro propio país, no tenemos una base para pedir a otros que actúen en los suyos». Inmediatamente después de esta misiva, la fumigación de cultivos de marihuana con el producto químico «Roundup» comenzó en Estados Unidos, aunque lejos, en el Pacífico, en las islas anexadas de Hawai. Cuando la doctora Patricia Bailey, médica hawaiana, informó que el efecto sobre la salud humana de los residentes locales era serio, y que «existe una importancia estadística de las quejas», dejaron silenciosamente de pulverizar. Con la excepción de ensayos en pequeña escala, muy controlados, no ha habido más fumigación en ningún otro estado. El doctor Fernando Lolas, jefe de bioética en la Organización Panamericana de la Salud, habla del «doble rasero ético» involucrado en los estudios de EE.UU. «El balance final», dice Kimberly Stanton del Centro Robert F. Kennedy de Derechos Humanos en Washington, «es que no hay ningún sitio en EE.UU. donde una comunidad permitiría que les ocurra este tipo de fumigación».

No obstante, la fumigación aérea en el extranjero, no cayó en desgracia. Fumigaciones en México, Belice, Jamaica, Birmania, Suráfrica, Guatemala, Perú y Bolivia fueron autorizadas a pesar de los climas de preocupación e inseguridad dentro de esas áreas. Después de que EE.UU. aisló a Colombia como una «preocupación mayor», el país fue fumigado en tres olas separadas, comenzando con marihuana en 1978, seguida por adormidera para heroína en 1992, y finalmente coca en 1994. En 1999, el Informe sobre Estrategia Internacional de Control de Narcóticos reveló que de 183.000 hectáreas de coca pulverizadas, quedaron 122.500 hectáreas, poniendo en duda desde el punto estadístico la eficacia del programa. A pesar de todo, EE.UU. asumió una posición de que no había ni derrota ni rendición, y «la acometida en las regiones del sur de Colombia» del Plan Colombia lanzó el 22 de diciembre de 2000 su más implacable programa de fumigación de todos los tiempos, guiado por los militares, a los que había sido legado hace tiempo el rol tradicional de supervisor de la policía, en el departamento sureño de Putumayo, rico en petróleo y controlado por la guerrilla.

Impacto sobre la vida humana, impacto en el medio ambiente

El líquido de pulverización está compuesto de glifosato, un producto químico fabricado por Monsanto, la entidad que también introdujo a la biosfera una gran cantidad de intervenciones en la cadena alimenticia global que afectan la salud y la supervivencia de la gente: el Agente Naranja en Vietnam, la hormona recombinante del crecimiento de bóvidos (rBGH), y los alimentos y semillas genéticamente modificados.

Aunque tanto Canadá como la Unión Europea prohibieron el ingreso de productos rBGH a sus mercados, en febrero de 1995, la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de EE.UU. aprobó para la venta y el consumo leche no-etiquetada de vacas a las que se les ha inyectado la hormona sintética. Un informe de 1996 en el International Journal of Health Services indica que la leche rBGH difiere de la leche natural desde el punto de vista químico, nutricional, farmacológico e inmunológico, y que está contaminada con pus y antibióticos de mastitis causada por la hormona, como resultando de forzar la producción más rápida y copiosa de leche. Lo que es aún más alarmante, la leche rBGH está cargada con altos niveles, de hasta 10 veces el de la leche natural, del factor de crecimiento IGF-1, similar a la insulina, relacionado con el cáncer, y más de 10 veces más potente. A pesar de estos resultados, Monsanto ha gastado millones de dólares en una infraestructura legal para evitar la concienciación del público. Su reciente demanda solicitando una orden judicial para prohibir a una pequeña lechería de Maine que etiquete su leche «libre de hormonas», y sus recientes intentos de aplastar las afirmaciones de que ha violado las leyes antimonopolio y creado un cartel contra la fijación competitiva de precios, sugieren el alcance de su poder. Ya que otras compañías publicitan su leche como «libre de hormonas» y ya que hay múltiples afirmaciones de que Monsanto participó en la fijación de precios, estos casos tienen un futuro pleiteador: precedentes para los derechos humanos de expresión de las pequeñas ‘personas» contra las grandes ‘personas’ corporativas.

Antes de 1996, no existían los productos genéticamente modificados. Pero después de que se vendieron más de 10.000 millones de dólares de semillas GM en el mercado creado por Monsanto y ahora dominado por esa corporación, se estima que existen unos 30.000 productos alimenticios genéticamente modificados en las estanterías de los supermercados, sin etiquetas para poder distinguirlos. EE.UU. aplicó presión sobre los mercados hemisféricos, del Tercer Mundo y en Europa, para comerciar con alimentos GM. En 1998 había 73 millones de cultivos GM en el mundo y después de lo que se convirtió en una gran guerra comercial, se espera que la Unión Europea levante su prohibición de 1998 de alimentos GM. Después de este primer desastre de relaciones públicas, la industria sufrió otro contratiempo cuando el maíz GM, declarado inapropiado para el consumo humano, fue descubierto en tortillas para tacos de Kraft por una ONG independiente. Un ejecutivo de Aventis CropScience, productores del maíz, dice que el suministro alimentario nunca puede librarse de la nueva especie, a pesar de sus mejores esfuerzos, de manera que está solicitando a la Agencia Estadounidense de Protección Ambiental (EPA) que revise su política de cero tolerancia. La polución alimentaria y los errores genéticos nunca pueden ser retirados del mercado, pero no constituyen el único riesgo. Ensayos recientes con animales muestran su reticencia a comer alimentos GM, pero que cuando lo hacen, existe evidencia de un menor aumento de peso, del aumento de su tasa de mortalidad, y de una conducta irregular. Investigadores dicen que cuando un gen es insertado en un organismo receptor, existe un «efecto de posición» que altera la inteligencia original del gen, haciendo que la expresión genética sea impredecible. La inserción del gen también interfiere con la edición del RNA y en el plegamiento molecular lo que puede llevar a la producción de enfermedades similares a BSE – la enfermedad de la vaca loca. Durante todos los años 80, Monsanto gastó millones de dólares para desarrollar técnicas de ingeniería genética para uso agrícola. Vendió sus licencias a otras compañías – algo que lamentó posteriormente. Después de los acuerdos, ejecutivos antiguos y actuales de las compañías de semillas informan que Monsanto las presionó para coordinar las estrategias de fijación de precios. El Departamento de Justicia ya está «considerando» si Monsanto participó en prácticas anti-competitivas en el mercado de los herbicidas, pero no ha habido mención alguna de si se ampliará esta investigación a las semillas.

En 1961, John Kennedy ordenó la pulverización de defoliantes en Vietnam para destruir bosques que servían de refugio a la guerrilla Viet Cong, para interrumpir sus fuentes de alimentos, y para denegar a las fuerzas comunistas las rutas de ingreso al sur. Como los ataques aéreos en Colombia, en ese caso tampoco consideraron a los no-combatientes, aunque la extrema toxicidad de la dioxina, uno de los componentes del herbicida, era bien conocida en la industria por lo menos desde 1965. Un defoliante ampliamente conocido, el Agente Naranja de Monsanto, ha sido vinculado ahora a enfermedades como el cloracné, la enfermedad de Hodgkin, el mieloma múltiple, los cánceres respiratorios del pulmón, la laringe, la tráquea y los bronquios, el cáncer de próstata, la neuropatía periférica, la diabetes, la leucemia linfática crónica, y la espina bífida en los hijos. Aunque la evaluación del daño al pueblo vietnamita ha tenido lugar hasta bien entrado 2002, y los grupos de veteranos han pedido que se paguen las reparaciones prometidas al pueblo vietnamita por Henry Kissinger durante el acuerdo de cese el fuego de París de 1973, funcionarios de EE.UU. afirman que las demandas de compensación fueron abandonadas por Hanoi cuando se normalizaron los lazos diplomáticos en 1995. Clinton no mencionó esta ausencia de reparaciones y no presentó una disculpa formal en su histórica visita ocho semanas antes de dejar el poder, lo que significa, por lo menos para el historial oficial, que el caso estaba cerrado. Cuando se levantó el embargo comercial que duró 30 años, en 1994, con las «Relaciones Comerciales Normales» (antes el Estatus de la Nación Más Favorecida») conferidas en 2001, todo parecía tranquilo y en 2003 el primer barco de guerra de EE.UU. que volvió a Vietnam después de la retirada militar, entró a puerto cerca de Ho Chi Minh City. Pero todo no está tranquilo y la preocupación por el Agente Naranja y su componente, la dioxina, aumenta. Un estudio de la Universidad Columbia concluyó que los antecedentes militares subestimaron el uso de Agente Naranja en siete millones de litros, lo que condujo al gobierno vietnamita a presionar a Estados Unidos para que cumpliera con su «responsabilidad moral por este hecho», según la portavoz del Ministro de Asuntos Exteriores, Phan Thuy Thanh, todavía en 2003. En junio del mismo año, la Corte Suprema de EE.UU. permitió a los veteranos de EE.UU. que demandaran a las compañías químicas por exposición al Agente Naranja a pesar de un convenio previo de 1984. Según la Agencia Estadounidense de Protección Ambiental (EPA), la dioxina es uno de los productos químicos «más desconcertantes y peligrosos» de todos, y la Encyclopedia Britannica informa que «menos de dos millonésimos de una onza bastan para matar a un ratón». El doctor Theo Colborn del World Wildlife Fund nos recuerda que duró 40 años hasta que siquiera se comenzó a reconocer las plenas consecuencias de la orden de Kennedy, que dice que dejó el legado de una «historia de horror» en Vietnam. Comparando el uso del Agente Naranja con el de glifosato en Colombia, dice: «¿Vamos a esperar cuarenta años hasta que saquemos a relucir la verdad?»

Y sin embargo, a pesar del conflictivo historial de Monsanto, el portavoz del Departamento de Estado William Brownsfield sigue confiado en el glifosato de Monsanto, reasegurando que es «probablemente el herbicida de uso comercial más comúnmente utilizado en el mundo». Aunque es utilizado en más de 100 países en todo el mundo, cuando cuestionaron las afirmaciones hechas sobre la seguridad del producto en sus anuncios, Monsanto eliminó las etiquetes «biodegradable» y «producto inocuo para el medio ambiente». La Agencia Estadounidense de Protección Ambiental (EPA), colocó al producto químico en la Categoría Uno, la categoría más tóxica, y se establecieron restricciones para su aplicación. Ningún ser humano debe entrar a un área pulverizada hasta que han pasado 12 horas desde la fumigación. Pero la ley colombiana que exige que las comunidades sean notificadas antes de la pulverización, permitiendo así que las personas abandonen temporalmente la zona, es abiertamente violada. La antigua embajadora de EE.UU., Anne Patterson, admitió el desacato de la ley al decir: «No podemos notificar a una comunidad antes de que sea fumigada, porque si lo hiciéramos los campesinos dispararían contra los aviones y los helicópteros». Cuando le pregunté a Mari Tolliver, en aquel entonces funcionaria de la embajada de EE.UU. a cargo de los esfuerzos de fumigación en Putumayo, sobre la verosimilitud de una acción semejante por parte de los campesinos contra las incursiones con defoliantes, corrigió rápidamente el error de Ms. Patterson, diciendo que «no son los campesinos, sino las guerrillas» los que participarían en los disparos. La negativa a mejorar la posición de la Embajada y respetar la ley colombiana, o encarar sus implicaciones morales, es tal vez otro indicador de la impunidad de la que gozan los agentes de EE.UU. en su país anfitrión.

La EPA también señala que el producto químico no debe ser pulverizado a más de 3 metros de alto sobre el suelo, por el peligro de que derive. Sin embargo, el método de aplicación en Colombia involucra la eyección del defoliante a altas alturas utilizando aviones militares suministrados por EE.UU. que están equipados con la múltiple capacidad de lanzar cohetes, disparar morteros, y ser equipados de ametralladoras. Han pulverizado directamente sobre vías fluviales, pozos de agua, cultivos legales, y sobre trabajadores que cultivan los campos, así como sobre niños que juegan en ellos. Numerosas comunidades fumigadas informaron de mareos, náuseas, dolores de cabeza, problemas respiratorios, sarpullidos, dolores de las articulaciones y de los músculos. La Defensoría del Pueblo colombiana recibió un total de 6.553 quejas por daños de cultivos legales, a pesar de los riesgos que incurren los agricultores al hacer tales afirmaciones en público. La cuenta es seis veces superior a la que menciona la agencia antinarcóticos colombiana, la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), en el informe del Departamento de Estado al Congreso sobre el respeto del procedimiento de fumigación. A pesar de la pulverización sobre 240.000 hectáreas con un aumento multiplicado por 80 de la cantidad de herbicida desde 1986, la producción de coca y adormidera se triplicó entre 1994 y 1999. Informes recientes del Departamento de Estado que afirman que la producción de coca en Colombia está en baja actualmente son rechazados por investigadores que presencian el «efecto burbuja». El término, utilizado hace tiempo en América Latina, se refiere al movimiento de producción. Cuando una operación es aplastada, no cesa sino que en lugar de hacerlo se agranda en otra parte, a veces cruzando las fronteras hacia otro país. A pesar de todo, los incondicionales de la erradicación aérea son tan tenaces como el propio crecimiento de la coca. La respuesta del presidente colombiano Uribe, que no se desconcierta por nada, ante la creciente crítica internacional parece ser: «¡Fumigar, fumigar, fumigar!» Lo que no revela es: ¿con qué?

El defoliante utilizado en Colombia no es glifosato puro. Su nombre «Roundup Ultra,» es una versión más fuerte de la fórmula comercial y contiene glifosato sólo como base. Desarrollado por Monsanto para mejorar la penetración en las gomosas hojas de la coca, se le mezclan aditivos antes de pulverizar, e incluyen ingredientes ineptos tales como el surfactante aniónico POEA (polioxietanolamina) -5 veces más tóxico que el mismo glifosato, el antiespumante Cosmo-In-D, y el surfactante Cosmo-Flux 411F. Ensayos en EE.UU. en marihuana y adormidera utilizaron con éxito 2,5 litros de glifosato por hectárea, pero para las plantas de coca de Colombia, la relación aumentó a 10,41 litros por hectárea. Se han hecho ensayos con glifosato en su estado puro, y algunos han sido hechos con el producto comercial «Roundup,» pero no ha habido estudios toxicológicos con la amalgama específica de ingredientes utilizados en «Roundup Ultra.» La fórmula exacta sigue siendo un secreto industrial, una posición que no provoca objeción alguna de los funcionarios de la política antinarcóticos.

Mientras la preocupación por los peligros del glifosato crece en la conciencia pública, están considerando el posible uso letal en ataques aéreos contra las regiones de la coca en Colombia de un hongo patógeno no probado. En una carta de 1998 a Clinton, Dennis Hastert y Trent Lott exhortaron al «rápido despliegue de micoherbicidas en las áreas controladas por las FARC y el ELN». Una «solicitud de acción» interna del Departamento de Estado describió la aprobación del suministro de 400.000 dólares para una etapa piloto del proyecto, pero agregó que «instamos al UNDCP a solicitar fondos de otros gobiernos, a fin de evitar la percepción de que se trata únicamente de una iniciativa del gobierno de EE.UU.» Uzbekistán, el país cuyos gobernantes fueron informados por el líder de la mayoría del Senado, Tom Daschle, de que la presencia de EE.UU. en ese país no es «simplemente por el futuro inmediato», obtuvo un lucrativo contrato para investigarlo. Un peligro del hongo es que muta fácilmente. Numerosas plantas son susceptibles a ser infectadas por los cientos de variedades del fusarium oxysporum, y cada variedad puede infectar a una o incluso a una serie de especies de plantas. Un hecho aún más aterrador es que los seres humanos también pueden ser infectados por el hongo, especialmente los que tienen sistemas inmunes comprometidos como los que sufren de sida o asma, o incluso el desnutrido campesino de la coca. La investigación muestra que los seres humanos infectados tienen una tasa de mortalidad de un 76%. Planes para aplicaciones específicas fueron introducidos en el Plan Colombia original, la ley de la administración Clinton que destinó 1,3 millones de dólares para la ayuda contra la droga, pero la estrategia fue excluida al ser resistida en Colombia y otros países en todo el mundo. Luego, en diciembre de 2002, un plan para su uso volvió a aparecer en la Cámara de Representantes de EE.UU. El doctor David C. Stands aisló por primera vez, en Hawai, el Fusarium, también conocido como EN-4, hace casi dos decenios. Ahora es uno de sus principales propugnadores y ha llegado a ser vicepresidente de Ag/Bio Con Inc., la compañía propietaria de la variedad EN-4 así como de los planes para su utilización. Ha argumentado que Colombia no tiene el derecho moral de rechazar el EN-4 como solución y ha declarado de manera inquietante: «Pienso que deberían sufrir las consecuencias de esa decisión». Aunque hay una crítica aún más amplia de EN-4 que de glifosato, Rand Beers, que fracasó en el intento de impulsar una agenda relacionando a las FARC con al Qaeda, no está dispuesto a sufrir el mismo fracaso en su intento de promover una agenda con EN-4. Dice que si Colombia rechaza el plan «sería muy difícil recuperarse… » Una declaración que llama especular sobre qué ventajas se perderían y quién exactamente las perdería. Su determinación se refleja en sus palabras finales: » … Nunca estoy dispuesto a admitir que se acabó».

Problemas para Colombia, problemas para el mundo

Las selvas húmedas suministran un 42% de la biomasa vegetal y del oxígeno. Después sólo de Brasil, Colombia es considerado el país más biodiverso del mundo. Como gustan de decir los campesinos del sur de Colombia: «Somos los pulmones del mundo». En comparación con las 800 especies de pájaros observadas en Estados Unidos, Colombia tiene 1800, muchas de las cuales están amenazadas de extinción. Aproximadamente un 10% de todas las especies de plantas y animales del mundo se encuentra en Colombia, y muchas de ellas no se encuentran en ninguna otra área del mundo.

Por cada hectárea fumigada, dicen que entre 1,4 y 4 hectáreas son posteriormente destruidas. Además de los efectos dañinos de los herbicidas, la fumigación lleva a una mayor destrucción de árboles por campesinos, que necesitan una técnica de «corta y quema» para ganar nuevas tierras cuando huyen de sus campos destruidos. Se calcula que entre 150.000 y 240.000 hectáreas de selva tropical en la cuenca del Amazonas y del Orinoco han sido destruidas. Si continua el presente ritmo de fumigación, un 70% de estas áreas se convertirá en llanuras o en tierra infértil.

Los cultivadores de coca viven una «economía de supervivencia, de frontera, impulsada por la colonización», dice el investigador Martin Jelsma. Con la erosión del valor de los productos agrícolas en el mercado internacional, y las reformas neoliberales, contrarias a la agricultura, legisladas durante los años 80 y 90, las condiciones de la calidad de la vida se han disipado. Aunque en la profundidad del Amazonas los narcotraficantes controlan plantaciones de coca de dimensión industrial que llegan a 150 o 200 hectáreas, los traficantes explotan sobre todo las necesidades económicas de la población campesina, que emprende el cultivo de la coca no por las ganancias, sino para subsistir, utilizando sólo entre 3 y 10 hectáreas.

El lado «humanitario» del Plan Colombia.

Al establecer EE.UU. una línea dura contra la droga, también reconoce que importa mostrar flexibilidad en esa línea. Hizo una exención para el cultivo de coca para la Coca Cola Company, que saca de la planta ilícita un agente aromatizante para sus gaseosas distribuidas globalmente. Luego, cuando la presión de la población indígena de Bolivia y Perú obtuvo la atención de ONG internacionales, se hizo una exención para conceder pequeños reductos de cultivo de la planta que los indígenas han utilizado medicinal y espiritualmente desde tiempos antiguos. De la misma manera, los arquitectos del Plan Colombia afirman que han tomado en consideración las dificultades de los campesinos. Una fracción de los fondos del Plan fue utilizada para crear «programas de desarrollo alternativo», establecidos para ayudar a orientar a los campesinos hacia medios legales de ganarse la vida. Los programas iban a ser inaugurados sólo una vez que los campesinos firmaran un pacto social con el gobierno, ofreciéndose voluntariamente a erradicar sus cultivos de coca a cambio de una ayuda básica o de apoyo técnico y de infraestructura. 343 millones de los 1.300 miles de millones del paquete de ayuda del Plan Colombia fueron reservados para prioridades no-militares, y los costos de desarrollo alternativo fueron tomados de estos fondos. La versión del Senado de EE.UU. de la Ley de Operaciones Extranjeras exigía que la ayuda fuera entregada dentro de seis meses después de que un campesino firmara el pacto. Sin embargo, al canalizarse la ayuda a través de varias oficinas dispersas en el marco del plan, se cumplió sólo mínimamente con la distribución. En el departamento sureño de Putumayo, 38.000 familias, aproximadamente la mitad de la población, firmó pactos que comenzaban el 2 de diciembre de 2000. La ayuda tenía que pasar entonces por Dirección de Asuntos Internacionales relativos a Narcóticos y la Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de EE.UU., por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la agencia del gobierno colombiano que implementa el Plan Colombia, PLANTE, y cinco organizaciones colombianas sin fines de lucro contratadas para entregar la ayuda antes de que pueda llegar al umbral de las casas de los campesinos. Lo que sucede con la ayuda del Plan Colombia suena como el mensaje de un juego de teléfono de niños, que pasa por tantos participantes que al final queda poco del mensaje original; cuando ha pasado por los canales del laberinto oficial, poco queda del dinero original. En abril de 2002, mucho después del límite de seis meses, sólo 8.500 de las 38.000 familias a las que se debía asistencia legal, recibieron algún tipo de ayuda, y se informó que la mayor parte era insostenible. Aunque la fumigación ocurrió en 17 departamentos colombianos, USAID financió proyectos de desarrollo alternativo en sólo 9. La ayuda al desarrollo fue dispersada de la misma manera que la ayuda militar. En octubre de 2003, la Contraloría colombiana, publicó un informe criticando al Ministerio de Defensa por el manejo de los fondos del Plan Colombia, agregando que «miles de millones de pesos» han sido «gastados sin supervisión».

La misma ley de Operaciones Extranjeras también exigía que los proyectos de desarrollo alternativo debían estar establecidos y funcionando antes de que se iniciara la fumigación, para que los campesinos tuvieran medios legales de apoyo financiero antes de que se acabaran los ingresos de la coca. Pero en Putumayo, comenzaron con la fumigación el mismo mes en el que tuvieron lugar las firmas: diciembre de 2000.

El fracaso del programa de desarrollo alternativo es considerado tan flagrante, tan ostensible, que muchos concluyen que la despoblación de Putumayo y de otras áreas rurales, y el uso de esas áreas para la infraestructura multinacional era, y es, la intención oculta de la política de EE.UU. – una vez que se haya eliminado a los defensores de esa área: las guerrillas. Un estudio secreto realizado por USAID, la oficina a la que se comenzó por entregar los fondos de desarrollo del Plan Colombia, reconoció que por la situación de la seguridad, los malos suelos y la inaccesibilidad de la zona a las cadenas del mercado legal, la oficina reconocía que la oferta de ayuda a los cultivadores de coca en Putumayo era fútil. Marc Grossman, Subsecretario de Estado para

Asuntos Políticos, subrayó la admisión secreta de USAID utilizando términos más delicados, pero más enrevesados, en abril de 2002: «Si pueden emplear a alguien de fuera de la zona (Putumayo), que vaya allí a trabajar, es algo que se debería hacer».

Después que la nueva versión de la Constitución de Colombia de 1991 permitió el ingreso legal de capital privado a las empresas de servicio público, el país fue lanzado por un camino de cambio volátil de la economía. Colombia es el tercer exportador de carbón por su tamaño del mundo, y en empate con la exportación de flores cortadas, el carbón es la exportación legal más lucrativa después del petróleo y el café. Pero en los últimos años Colombia privatizó sus minas de carbón y las vendió a un consorcio de corporaciones extranjeras. La compañía petrolera estatal, Ecopetrol, disminuyó su participación en los beneficios de un 50% a un 30% después de pagar royalties, siguiendo una instrucción del FMI de pagar sus deudas y atraer a corporaciones extranjeras. Considerando por lo menos este último esfuerzo, la fórmula funcionó. Adyacente a Venezuela, rica en petróleo, se considera que Colombia, que ya es el séptimos exportador de petróleo a EE.UU., tiene grandes reservas sin explotar. EE.UU. gasta 470 millones de dólares al año para proteger el oleoducto Caño Limón en Arauca, donde los beneficios provenientes del petróleo ya llegan a 42 millones de dólares por año. En 2001, treinta compañías petroleras firmaron contratos de exploración, un salto considerable comparado con 1999 cuando había una sola. La electricidad y el gas natural, que también se predice que es abundante, están abiertos a la inversión privada. En la medida más sorprendente del rápido cambio económico en Colombia, el Departamento de Energía de EE.UU. calcula el crecimiento de la inversión extranjera en Colombia de 311 millones de dólares en 1991 a 4.382 millones de dólares en 1999.

Todo esto ha hecho caer las vidas de los campesinos en la turbulencia y la inseguridad. Durante una visita en Puerto Asís, Putumayo, los campesinos dejaron en claro su desconfianza ante las actividades tanto de EE.UU. como del gobierno colombiano. También demostraron su sutileza en la determinación de los factores que pesan en el destino de sus vidas y su sustento. «Cuesta entre 2 años y 2 años y medio para iniciar cultivos alimenticios si se comienza de cero». Los pactos de ayuda que exigen que la coca sea erradicada en un año, están «muertos antes de nacer»

Como parte de un proyecto de desarrollo auspiciado por la Embajada de EE.UU., el gobierno entregó pollitos a los campesinos, pero estaban tan enfermos y desnutridos que «un 60% de los pollos murió dentro de 7 semanas».

La Red de Solidaridad entregó apoyo alimenticio, pero fue de «calidad elemental, mala. El arroz estaba contaminado con polvo de lavar.»

En cuando a la familiarización del gobierno con los campesinos y con sus condiciones de vida, pocos funcionarios han viajado a las áreas para conocerlas de primera mano. Los campesinos dicen que «la fumigación es la única presencia del gobierno que hemos visto».

Al describir cómo es la existencia entre el intento de obedecer la ley que prohíbe el cultivo de coca y el de mantener su promesa al pacto de su gobierno, incluso cuando el gobierno rompe las promesas que les hace, dicen: «no podemos vivir una vida normal».

«Cultivamos palmas, pero no tenemos nada para procesar el aceite.»

«Criamos peces, pero no tenemos medios para envasarlos para el mercado.»

«Queremos que ustedes sepan que hemos estado arriesgando nuestras vidas para hacer el trabajo de la coca, y ahora arriesgamos nuestras vidas para abandonarlo.»

La realidad coincidente, lejos de los sufrimientos de los campesinos, es que las drogas y sus ganancias continúan abriéndose paso en el mercado de EE.UU. El Departamento de Justicia de EE.UU. estima que EE.UU. se beneficia cada año de 100.000 millones de dólares provenientes de las ganancias del narcotráfico. A principios de los años 90, Naciones Unidas calculó que las ganancias mundiales de la droga ascienden a 440.000 millones de dólares. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (ODCE), estimó la cifra en 560.000 millones al año, y que más de la mitad de ese monto es lavado a través de bancos de EE.UU. No interesa cuál de las estadísticas refleja mejor la situación. Un nivel de beneficios tan elevado es un nivel de beneficios que es bien protegido. Las fronteras de EE.UU. son permeables no debido a las redes sofisticadas de los narcoterroristas y de las guerrillas latinoamericanas, sino porque miran para otro lado en las puertas de ingreso al país y en un considerable territorio más allá de ellas. El Servicio de Investigación del Congreso informa que un 90% de los productos químicos utilizados para convertir la planta de coca, medicinal y espiritual, en un narcótico, son fabricados en EE.UU. y el 10% restante es producido en Europa, no en América Latina. Porque la génesis de la droga se encuentra en las fábricas químicas de EE.UU., no en las plantas de coca, EE.UU. es el país de origen, no Bolivia, no Perú, no Colombia. Para encontrar el narcoterrorista como lo conjuran Peter Rodman, Colin Powell, Dennis Hastert, o como lo conjura Rand Beers que los asocia con al Qaeda, o como Keith Hellawell que dice que abusa de las mujeres, como James Hill que dice que esclaviza niños y «mata indiscriminadamente», hasta nuestra propia Administración para Control de Drogas, DEA, testificó que no hay que mirar hacia las guerrillas de Colombia. Como los informes de Scott Ritter, Denis Halliday y David Kay que describen que las armas iraquíes no constituyen una amenaza para EE.UU., la DEA concluyó en junio de 1994 que «ninguna evidencia verosímil indica que las FARC o el ELN han instruido, por política, que sus respectivas organizaciones se involucren directamente en la producción o distribución independiente de drogas», y que «no se conoce que ni las FARC ni el ELN hayan estado involucradas en el transporte, la distribución o la venta de drogas ilícitas en EE.UU. o Europa».

Pero, a pesar de todo, esta montaña rusa no termina. Mientras miembros de los escuadrones de la muerte paramilitares de Colombia reciben impunidad legal bajo Uribe, pequeños consumidores no-violentos de drogas languidecen en las prisiones en todo EE.UU. En medio de una batalla entre prisiones-por-ganancias y presupuestos estatales. EE.UU. tiene un 5% de la población del mundo, pero hasta un 25% de la población carcelaria mundial. Una de cada cuatro personas encarceladas, o sea un 23,7% están en la cárcel por drogas. Si consideramos el crimen relacionado con la droga, como asaltos, robos y asesinatos cometidos para pagar por drogas, cuyos precios son exorbitantes debido a la guerra contra la droga, se calcula que la mayoría de los aprisionamientos se deben a la droga. Bajo Bush, los analistas legales documentan una creciente tendencia nacional a eliminar o reducir la criminalización y la reclusión a favor de los métodos de educación, prevención y rehabilitación. Algunos economistas argumentan que la reducción de la criminalización es sólo un recurso provisional hasta que se aclare la situación entre cuentas públicas y privadas, y que entonces recomenzarán con la criminalización. Otros argumentan que la línea dura no fue rentable, y que en un esfuerzo por regenerar el negocio hacia una vaca productora de efectivo de primer orden, se está realizando una importante reestructuración, incluyendo la conversión de algunas de las 300 prisiones construidas durante la última década y media en áreas rurales, con la esperanza de llegar a ser centros del auge económico, en centros de rehabilitación a la última moda. Hablando de la desmovilización de los paramilitares colombianos, el recientemente depuesto del Interior y de Justicia de Uribe, Fernando Londoño, afirma que la ley contemporánea está pasando de métodos para privar a la gente de sus libertades a métodos para ayudarles a reintegrarse a la sociedad. Existe una inquietante simetría en las observaciones sobre la descriminilización hechas por el republicano John Vratil, presidente del Comité Judicial del senado de Kansas: «Pienso que nos estamos dando cuenta de que existe una manera más inteligente de tratar a los criminales, mejor que simplemente ser duros con ellos y recluirlos por el resto de sus vidas… Lo que comenzó como un esfuerzo para ahorrar dinero se ha convertido en un reconocimiento de una buena política pública». Es previsor que se propugne que después de que las duras leyes ‘de las tres infracciones’ para condenados por delitos menores fueron consideradas como poco rentables, el remedio propuesto sea rentable, tanto en dólares como en relaciones públicas, al nivel de la política exterior. No obstante, en cuanto a la nueva actitud, todo no es lo que parece. La Alianza de la Política de la Droga informa que el Presupuesto de Control de la Droga de la ONDCP de la Casa Blanca para 2003 fue manipulado para simular una impresión de equilibrio entre una nueva línea blanda y la antigua línea dura. Debido a que recientes sondeos en EE.UU. reflejan la preferencia del público por métodos preventivos, esta ecuanimidad trata de demostrar una neo-compasión. Los legisladores que acuden a la idea más allá de las líneas partidarias, saben que una veleta flexible asegurará el flujo de futuros fondos. ¿Pero se aplicará esta política de neo-compasión en EE.UU. a los cientos de miles que discrepan de la dirección de nuestras políticas externas, a las 8.748 personas detenidas en centros de inmigración, a los 2.377 en prisiones militares, a los 16.206 en prisiones territoriales, a la actual población de hombres negros que asciende a un 45% de la población reclusa que sirve sentencias de más de un año, o a los prisioneros de Guantánamo detenidos en condiciones infrahumanas sin acusación legal y sin ayuda de un abogado?

Esta pregunta también puede ser formulada a los que consideran legítima la afirmación de Londoño de la evolución de la ley para los paramilitares perdonados pero no para las guerrillas. Las personas que consideran a las guerrillas como un elemento marginal desechable, que tiene el descaro de reflejar la violencia del estado en su lucha por frustrar el libre comercio y la penetración extranjera a los mercados de su país, harían bien en considerar a quién exactamente le están poniendo la etiqueta de guerrillero. 38.000 dirigentes sindicales han sido asesinados durante los últimos quince años, la mayor cantidad de cualquier país, en cualquier época. Luego, en septiembre de 2003, Uribe estremeció a la nación con una condena generalizada de los activistas de los derechos humanos que han criticado su represión contra la izquierda, contra activistas que incluyen a los que obran por la paz, feministas, ecologistas, escritores, periodistas y gente que ayuda a los pobres. En su discurso televisado a toda la nación, que fue condenado por miembros de Amnistía Internacional como una señal a los agentes armados de que esos sectores constituyen ahora objetivos adecuados, dijo: «Cuando los terroristas comienzan a sentirse débiles inmediatamente mandan sus voceros de los derechos humanos. Estas organizaciones son «unos traficantes de derechos humanos que deberían de una vez por todas quitarse sus caretas, aparecer con sus ideas políticas y dejar esa cobardía de esconder sus ideas detrás de los derechos humanos»

Cuando la cacería de armas de destrucción masiva ofreció una efímera hoja de parra para invadir Irak, el análisis más sucinto del pretexto de la guerra contra la droga fue probablemente hecha por un campesino. Al final de la reunión local en Puerto Aís, cuando la gente habló de los devastadores males del Plan Colombia y de sus fracasados programas de desarrollo, su voz fue la única que vio su relación con el éxodo masivo, un éxodo que ha separado a casi tres millones de personas de sus hogares.

«Sé que otros han muerto por decir lo que digo, pero soy un hombre viejo, y he tenido una vida plena. No le han ofrecido ningún pacto alternativo de ayuda a nadie que viva a ocho kilómetros de un pozo petrolero.»

Patricia Dahl

Coordinadora

Colombia Support Network New York City

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