Este año, en Chile, el Día Internacional de los Derechos Humanos, tendrá lugar apenas 24 horas antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias, a realizarse el domingo 11 de diciembre. La candidata presidencial de la Concertación (Michele Bachelet) y los de la derecha (Joaquín Lavín y Sebastián Piñera) han hecho escasas referencias a temas de […]
Este año, en Chile, el Día Internacional de los Derechos Humanos, tendrá lugar apenas 24 horas antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias, a realizarse el domingo 11 de diciembre. La candidata presidencial de la Concertación (Michele Bachelet) y los de la derecha (Joaquín Lavín y Sebastián Piñera) han hecho escasas referencias a temas de este orden, como la impunidad y la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales del conjunto de la población.
El pacto Juntos Podemos Más, que agrupa a un sector de la izquierda encabezado por los partidos Comunista y Humanista, con Tomás Hirsch como candidato, lleva además entre sus candidatos a parlamentarios, a dos destacados abogados de derechos humanos (Carmen Herz y Eduardo Contreras) que asumen las demandas de verdad, justicia y memoria.
El movimiento de derechos humanos no escapa a la fragmentación que afecta al conjunto de los movimientos sociales. Tampoco puede afirmarse que el pacto Juntos Podemos Más represente al conjunto del movimiento de derechos humanos. Más allá de la coyuntura electoral, el sector actualmente vive una suerte de reactivación, como reacción al indulto del Presidente Lagos al criminal Manuel Contreras Donaire, autor material del atroz asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez, en dictadura. Esta reanimación de las organizaciones y colectivos de derechos humanos, adquirió un segundo impulso con el nuevo desafuero y detención del ex dictador Augusto Pinochet por la Operación Colombo y el caso Riggs. A comienzos de año, la antigua plana mayor de la DINA encabezada por su ex director, Manuel Contreras, había comenzado a cumplir sentencias de prisión, las primeras en el caso de un detenido desaparecido, Miguel Angel Sandoval Rodríguez. En 30 años, esta era -y sigue siendo- la primera sentencia definitiva para perpetradores de uno de los miles de casos de desapariciones en dictadura. Sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado, que representa la postura oficial, ha mantenido la postura contraria, a favor de la amnistía, y de oposición a la concesión de reparaciones civiles para las familias de los caídos.
A raíz del reciente indulto al homicida del citado dirigente sindical, se constituyó una Iniciativa contra la Impunidad que ha realizado diversas manifestaciones de repudio a esa política oficial, y por otra parte, las organizaciones han visto recientemente con satisfacción que nuevos procesamientos o peticiones de procesamientos por desaparecidos en la Operación Colombo y otros episodios represivos, se van sumando a los primeros casos. La Operación Colombo fue el nombre dado por la DINA a una maniobra mediática orientada a encubrir las desapariciones de 119 chilenos y chilenas, ocurridas entre 1974 y 1975, y publicitadas como muertes en enfrentamientos entre militantes de izquierda. Estas crónicas falaces fueron publicadas en medios de Argentina y Brasil creados para la ocasión, y reproducidas luego en Chile.
El aniversario Nº 30 de la Operación Colombo, conmemorado a fines de julio frente a La Moneda, un esfuerzo conjunto del Colectivo 119 con trabajadores de la cultura, dinamizó a otras organizaciones y mostró capacidad para reinstalar un tema que luego sería el centro de trascendentes resoluciones judiciales.
El proyecto de ley sobre amnistía e impunidad, que deberá analizar el nuevo Congreso continuará en el centro del quehacer de las organizaciones una vez concluidas las elecciones, porque la candidata con mayores opciones sólo sostuvo que el tema no debía analizarse en ese entonces.
Avances y retrocesos
En el balance del año 2005, es necesario registrar un importante avance institucional: la suscripción de la Convención sobre la desaparición forzosa de personas por el Estado chileno. Sin embargo el gobierno continúa sin ratificar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y el Tratado de Roma, que establece la Corte Penal Internacional.
El informe final de la Comisión de Prisión y Tortura, creada por el gobierno de Lagos, pese a sus manifiestas debilidades en cuanto al restringido universo de casos y a las serias objeciones respecto de las reparaciones concedidas, significó una legitimación del tema de la denuncia de la tortura y la prisión política en la opinión pública. Una de las mayores falencias de la Comisión fue la discriminación que afectó a un sector, ahora organizado como Agrupación de ex Menores de edad Víctimas de Prisión Política y Tortura, que recaba apoyo internacional para sus demandas de reparación integral, no acogidas por el Estado chileno. Por otra parte la decisión del gobierno del Presidente Lagos de impedir que los tribunales conozcan las denuncias de torturas, manteniendo el secreto de los nombres de los torturadores, concitó el rechazo de las organizaciones de ex prisioneros y prisioneras políticas. Un documento alternativo fue elaborado por la Coordinadora Nacional de Ex Prisioneros Políticos, para impedir el propósito concertacionista de amparar a los criminales. Por otra parte los tribunales comenzaron por primera vez a procesar a agentes por el delito de tortura. La percepción de muchos de los actores sociales y políticos, es que Lagos operó con un criterio falsamente igualitario, por una parte otorgando reconocimiento político a un vasto sector hasta ahora discriminado: los ex presos políticos, y por otra parte, concediendo el indulto a uno de los criminales más feroces, dio una señal de apoyo a la impunidad en dirección al poder judicial y al alto mando de las fuerzas armadas.
Un nuevo centro clandestino de detención, Londres 38, fue declarado este año Monumento Nacional, constituyéndose un nuevo colectivo que asumirá tareas relacionadas con el sitio, que se suma a los ya existentes: el Parque por la Paz (ex Villa Grimaldi) y el Estadio Nacional. También, por primera vez, se organizaron los Familiares de Ejecutados Políticos por Explosión, hasta hoy no reconocidos oficialmente como víctimas de la dictadura. Al finalizar el año, es posible observar también una tendencia al rescate de la memoria histórica por los organismos de Derechos Humanos y distintos colectivos sociales, que por ejemplo, lograron impedir el cierre del Estadio Víctor Jara por parte del derechista alcalde de Santiago; realizaron actos conmemorativos de héroes de la resistencia en la Octava Región, entre otras iniciativas como el memorial levantado en Santiago por el Colegio de Contadores en su sede institucional. Por otra parte, la Comisión Etica Contra la Tortura está contribuyendo a abrir más ampliamente el abanico de la memoria, y organizó la conmemoración de la masacre de un hecho ocurrido en Santiago en 1905 conocido como la Huelga de la Carne. Ello apunta a enfrentar el próximo bicentenario de la República con una mirada diferente a la propuesta por la historia oficial.
Derechos de los jóvenes
Los derechos humanos de los jóvenes no están siendo asegurados hoy en Chile, cuyo gobierno prefiere enfrentar problemas como la droga o la falta de trabajo, con la rebaja de la imputabilidad penal juvenil de 18 a 14 años, y la construcción de nuevas cárceles a lo largo del país, ahora concesionadas a privados, tal como las autopistas. Las condiciones de reclusión en los actuales recintos carcelarios han sido criticadas severamente por organismos independientes.
A lo largo de la campaña electoral, la manipulación mediática del tema de la delincuencia contribuyó a acentuar el temor de parte de la población frente a jóvenes de sectores poblacionales. La prensa criminaliza permanentemente a esta franja social, que sólo aparece en las noticias como protagonista de hechos de violencia (barras bravas) o víctima de los mismos.
Derechos de los trabajadores
El maltrato laboral es una vulneración de los derechos humanos que no recibe hasta ahora atención oficial ni institucional alguna, pero recientes investigaciones han establecido que se trata de una práctica muy frecuente en diversos ámbitos no sólo del sector privado sino también en el aparato del Estado. En los grandes centros del consumo, los malls de las grandes ciudades, ello se expresa en la imposición de condiciones materiales de trabajo lesivas a la dignidad de las personas, en tanto que en el sector público las denuncias se refieren al hostigamiento, persecución y acoso laboral que explican en parte las alarmantes estadísticas de cuadros de depresión en la fuerza laboral chilena.
En el caso de los trabajadores y trabajadoras temporeros, las denuncias implican pérdida de la fuente laboral, en zonas donde la agroindustria de exportación es la única alternativa de sustento. Por ello es que muy pocos casos se notifican ante las autoridades sanitarias y/o laborales. El silencio implica, por otra parte, sistemático daño a la salud, por utilización de plaguicidas que provocan daño crónico, y generan una carga tóxica en el organismo, traspasable a las futuras generaciones. El derecho a la vida y a la salud de los campesinos y campesinas no está protegido hoy en Chile, ni su resguardo específico está contemplado en los tratados de libre comercio suscritos hasta ahora. Estas demandas son levantadas por las organizaciones campesinas independientes que incluso han denunciado los hechos a organismos vinculados a la Comunidad Económica Europea, uno de los destinos preferentes de las exportaciones chilenas.
Libertad para presos políticos
Un logro importante en este año, fue la libertad de Pedro Rozas y un conjunto de presos políticos en democracia, tema asumido por el Coordinador por la Libertad de los Presos Políticos, que junto a organizaciones homónimas del exterior, logró su objetivo a partir de métodos que incluyeron formas no tradicionales, como la publicación de un libro de poesía de uno de los prisioneros, y anteriormente la edición de «Crimen y Castigo en la Transición chilena», un libro de denuncia acerca de la tortura en democracia, elaborado en prisión. A través de prolongadas huelgas de hambre llevadas adelante por los jóvenes, lograron sus familiares y grupos de apoyo romper la censura impuesta por largos años al tema de la existencia de presos políticos en democracia.
Otras situaciones pendientes en materia de derechos humanos, son las de chilenos condenados a vivir en el exilio con prolongadas penas de extrañamiento impuestas también en dictadura, o el impedimento a los chilenos que viven en el exterior para ejercer el derecho a voto.
La prisión política mapuche
Pero en el país hay otro tipo de presos políticos: los mapuche condenados por defender sus comunidades y tierras usurpadas. En el sur, se realizan actualmente en las regiones octava, novena y décima, nuevos operativos policiales similares a los allanamientos realizados en dictadura a los campamentos ubicados en las grandes urbes. Las comunidades mapuche son allanadas con gran despliegue de armamento, de noche, con violencia, utilización de gases y otras formas de intimidación a ancianos, mujeres y niños. Los fallos condenatorios por los cuales se mantienen decenas de lideres y jóvenes mapuche en prisión, se han dictado utilizando la legislación antiterrorista generada en dictadura y criticada por el derecho internacional. Fue necesario que observadores internacionales asistieran a uno de estos juicios en Temuco, para impedir que se cometieran nuevas aberraciones.
De cara a un nuevo gobierno, las demandas del movimiento de derechos humanos son las que históricamente ha sustentado y que hasta ahora han impedido la consolidación de la impunidad, abriendo espacio este año para gotas de justicia. Sin embargo, para sostener activamente esta lucha, estas demandas deben buscar un punto de encuentro con las luchas que se llevan a cabo en defensa de los derechos económicos, sociales y culturales.