Sobre la violencia en Colombia y sus causas circulan muchas versiones. En los últimos años suenan como nunca antes las palabras ‘democracia’, ‘seguridad’ y ‘negociaciones de Paz’. Ojalá esto significaría algo positivo. Pero en ese ‘Mundo al Revés’, como bien explica Eduardo Galeano, parece que cuanto más se utiliza unos términos considerados positivos, más se […]
Sobre la violencia en Colombia y sus causas circulan muchas versiones. En los últimos años suenan como nunca antes las palabras ‘democracia’, ‘seguridad’ y ‘negociaciones de Paz’. Ojalá esto significaría algo positivo. Pero en ese ‘Mundo al Revés’, como bien explica Eduardo Galeano, parece que cuanto más se utiliza unos términos considerados positivos, más se quiere ocultar la verdad. La lucha por la democracia y la libertad, se hace con bombardeos masivos e invadiendo y ocupando países enteros. La lucha contra el terrorismo, se hace a través de campos de concentración y cárceles secretas dónde la tortura y el terror se imponen. Los gobernantes en Colombia lo han entendido bien: legalizar el aparato paramilitar encargado de la guerra sucia, se llama ‘proceso de Paz’, aplicar la represión y la guerra, se llama ‘seguridad democrática’ y la ley que pretende absolver a los peores criminales de la historia, se llama ‘Justicia y Paz’.
El proceso llamado ‘negociación de Paz’ con los grupos de ‘autodefensa’, AUC, mejor conocidos como paramilitares, es una muestra clara de la hipocresía diplomática internacional. Una gran farsa, un circo tragicómico, podríamos decir, si no fuera tan tristemente doloroso. Los decenas de miles de violaciones de Derechos Humanos están sujetas a un espectáculo mediático, cuyo objetivo es torturar y enterrar otra vez a las victimas, para desaparecer de una vez por todas la aspiración a la verdad y la justicia. A ese encuentro público entre el brazo militar terrorista oculto y unos delegados nombrados por el gobierno se llama ‘negociación de Paz’, pero se encuentra con unas deficiencias básicas para ser tal cosa:
-a- En la mesa no está sentado ningún actor armado insurgente.
-b- Los supuestos comandantes paramilitares son reconocidos narcotraficantes.
-c- No existe ninguna desmovilización real.
-d- No hay tregua.
Para justificar las negociaciones, y más en general la política cínicamente llamada ‘seguridad democrática’, el gobierno de Uribe presenta unos resultados dudosos:
-e- Las cifras son falsas.
-f- En la medida que avanza la llamada Paz, aumenta la represión del estado.
-g- Existe una creciente paramilitarización del estado.
Los objetivos reales de las falsas negociaciones son tres:
-h- Recoger más dinero para seguir con la guerra.
-i- Mostrar una falsa separación entre el proyecto paramilitar y militar del estado.
-j- Garantizar la impunidad de los crímenes.
-a- Las AUC no son un actor armado insurgente.
Las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, son una organización paramilitar, o dicho con otras palabras, son una organización terrorista estatal. Nunca hubo un enfrentamiento real con el estado. Las pocas veces que hay ataques por parte de las AUC, se trata de silenciar (lea masacrar) a personas dentro del estado que intentan cumplir con su deber: investigadores jurídicos, jueces, funcionarios que combaten la corrupción, etc. Y cuando el ejército oficial ofrece algún resultado en la supuesta lucha contra las ‘autodefensas’, se trata del descubrimiento de alguna base ‘para-militar’ vacía (cuando las bases paramilitares siempre están cerca de las bases militares y perfectamente ubicadas por todo el mundo) o de un tiroteo con algún grupo de ‘autodefensa’ cuyo comandante se aleja demasiado de los intereses del estado y del ejército.
El estado se encuentra ahora negociando con su propia organización armada encargada de aplicar la guerra sucia contra la resistencia social.
«Como ya ha señalado la Alta Comisionada en informes anteriores, el Estado colombiano tiene una responsabilidad histórica innegable en el origen y desarrollo del paramilitarismo, que contó con amparo legal desde 1965 hasta 1989. Desde entonces, a pesar de que las llamadas «autodefensas» fueron declaradas inconstitucionales, han transcurrido ya diez años sin que se haya logrado su desmantelamiento efectivo. En este mismo plano histórico, particular responsabilidad le toca a las fuerzas militares, puesto que durante el extenso período de amparo legal de las «autodefensas», les correspondió promover, seleccionar, organizar, entrenar, dotar de armamento y proveer de apoyo logístico a estos grupos, dentro de un esquema general de apoyo a la fuerza pública en su lucha contrainsurgente.»[OACNUDH, 2000]
«El control paramilitar es más fuerte en los cascos urbanos, donde es mayor la presencia de la fuerza pública y de las autoridades, lo que no deja de ser un elemento significativo en las denuncias de connivencia de servidores públicos con el paramilitarismo. Son motivos de preocupación las declaraciones de autoridades civiles y militares negando la existencia en sus regiones de grupos paramilitares, cuando ésta era de conocimiento público.»[OACNUDH, 2003]
-b- Los jefes paramilitares presentados son narcotraficantes.
Cuando los jefes paramilitares se presentaron en Santa Fe de Ralito, la zona de encuentro entre los paramilitares y el gobierno, se descubrieron sus identidades reales. Resulta que la mayoría de ellos son conocidos narcotraficantes.
«Hoy, de los 13 miembros del llamado estado mayor negociador de las Auc -descontando a Miguel Arroyave, asesinado- 10 están o pedidos en extradición o incluidos en la lista de grandes narcotraficantes de EEUU.» (El Tiempo, 25/09/2004)
Así se demuestra el vínculo fuerte que siempre existió entre el narcotráfico y el proyecto paramilitar. Y eso, de un lado deja ver que el proyecto paramilitar no es ningún ‘actor armado’ con un programa político, sino una banda de criminales y por lo tanto no tienen sentido unas negociaciones de paz. Del otro lado, dado los vínculos históricos entre el paramilitarismo y las fuerzas del estado, deja también en evidencia la alta involucración del propio estado en el narcotráfico. Y, además, desenmascara todo el Plan Colombia, el plan militar de EEUU para combatir el narcotráfico, y dirigido casi exclusivamente a los territorios de influencia guerrillera. Las zonas principales de producción y tráfico de la cocaína, en realidad son zonas bajo control estatal colombiano, y no las zonas guerrilleras. El objetivo del Plan Colombia no es por lo tanto el combate del narcotráfico, sino el combate de la guerrilla.
-c- No hay desmovilización real.
Los supuestos miles de paramilitares desmovilizados, en realidad no existen. Por ejemplo, en la primera desmovilización efectuada en Medellín, se presentaron unos 850 jóvenes, con escaso armamento. Una gran parte de ellos no eran paramilitares, en el sentido de combatientes que participaron como tal en las acciones militares, sino jóvenes (en parte delincuentes y miembros de bandas de Medellín) que fueron ‘reclutados’ por parte de aparato paramilitar para presentarse como paramilitares, bajo la promesa de unos ingresos y trabajo asegurados por parte del gobierno. En la actualidad, las estructuras paramilitares en Medellín y los alrededores siguen perfectamente intactas y funcionando, a pesar de la supuesta desmovilización.
En general, las cifras oficiales hablan de, hasta la fecha, 12.500 paramilitares desmovilizados. El armamento entregado es escaso. Ni rastro de los equipos de radio, coches y camiones, armamento pesado o de los helicópteros con los cuales los jefes paramilitares se movían impunemente por todo el país. No lo pueden entregar, porque en gran parte, ese material pertenece al ejército, y fue y sigue siendo, utilizado de forma compartida y coordinada. Tampoco se han entregado los muchos millones de hectáreas de tierras robadas o compradas bajo amenaza a los 3 millones de campesinos desplazados. (Cifras dadas por Codhes señalan que entre 1997 y 2003, los paramilitares se quedaron con 5 millones de hectáreas.)
-d- No hay tregua.
Una de las condiciones de las falsas negociaciones es la supuesta declaración de una tregua por parte de los grupos paramilitares. Pero igual que las negociaciones, esta tregua no existe. Los paramilitares siguen operando en todo el país, siguen contando con el pleno apoyo de las fuerzas militares estatales.
«Los paramilitares continuaron cometiendo infracciones e infringiendo el cese de hostilidades. Se registraron graves acciones que incluyen masacres, homicidios, toma de rehenes y desplazamientos forzados. Llamó la atención el alto número de infracciones, su gravedad y la impunidad con la que se ejecutan tomando en cuenta el declarado cese de hostilidades.» [OACNUDH, 2005]
Por ejemplo, según las estadísticas del CINEP, fueron ejecutados extrajudicialmente durante los 6 primeros meses de 2004, 304 personas por los grupos paramilitares (y 130 personas fueron ejecutados por los diferentes organismos militares del estado).
-e- Aumento de la represión por parte del estado.
La violencia paramilitar disminuyó en ciertas zonas, pero eso se debe al aumento de la represión por parte de los organismos del estado.
«La oficina en Colombia continuó recibiendo, en forma creciente, denuncias de violaciones con responsabilidad directa de los servidores públicos, y en particular de la Fuerza Pública, en varias ocasiones conjuntamente con la Fiscalía. Resultó preocupante el aumento de denuncias de detenciones arbitrarias o ilegales, de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, de violaciones al debido proceso y a la intimidad. Hubo un aumento de denuncias de torturas y maltrato. Se denunció igualmente, en varios casos, la responsabilidad del Estado por omisión o por connivencia de servidores públicos con grupos paramilitares.»[OACNUDH, 2004]
«Hubo un aumento de denuncias de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la fuerza pública y a otros servidores públicos. Continuaron siendo altos los de torturas y desapariciones forzadas. Fueron notables las denuncias de detenciones y allanamientos sin los fundamentos jurídicos adecuados, por parte de miembros del Ejército y de la Fiscalía. También hubo casos de manipulación de pruebas y de testigos. La continuidad de los nexos entre servidores públicos y grupos armados ilegales, en particular paramilitares, se puso de manifiesto en varias denuncias en las que se atribuyó responsabilidad estatal por acción directa u omisión.» [OACNUDH, 2005]
En todo el país se han organizado detenciones masivas e indiscriminadas, en las cuales centenares, hasta miles de personas son detenidas a la vez, mantenidas en grandes campos de concentración, marcadas en algunos casos con un número en el brazo, y en situ son elaboradas las órdenes de captura por el fiscal que acompaña a los militares y que pretenden dar cobertura legal a las detenciones.
«Se denunció que, en reiteradas ocasiones, se dieron órdenes de captura en blanco, o éstas se emitieron con posterioridad a las actuaciones, con la tolerancia o la implicación directa de los fiscales. Se denunciaron casos de desmovilizados que dieron falsos testimonios a cambio de dinero o de beneficios judiciales.» «Las detenciones arbitrarias, caracterizadas por la precariedad de los indicios, y las irregularidades y manipulaciones procesales, no sólo violan la presunción de inocencia de las personas, sino también provocan la estigmatización que genera el despliegue periodístico y público del nombre, y a veces foto o imagen, de las personas detenidas.» [OACNUDH, 2005]
-f- Hay paramilitarización del estado.
La aparición pública de los paramilitares a través de la mesa de negociación, tiene como objetivo la desaparición de los paramilitares, pero esa realidad, sólo es virtual. Lo que está ocurriendo es la reabsorción del proyecto paramilitar por parte del estado, en todos sus segmentos, desde lo político, lo económico y lo jurídico. En el plan político, un tercio de los diputados en el Congreso son personas afines al proyecto paramilitar y elegidos en sus zonas de influencia gracias al fraude, la amenaza a los demás candidatos (que en múltiples ocasiones se retiraron) y el voto forzado de los habitantes que se veían ante la amenaza de más masacres indiscriminadas a no ser que su voto fue masivamente para el candidato promovido por los paramilitares. En el plan económico, se está legalizando de forma masiva el robo de tierras por parte de los paramilitares gracias el desplazamiento, y a través de megaproyectos, como la palma aceitera (palma africana) que son introducidos en territorios controlados por el paramilitarismo. Y en el plan jurídico, gracias a la salida masiva del país de fiscales, jueces y investigadores comprometidos con la justicia bajo amenaza constante por parte de los militares y paramilitares. Desde arriba hasta abajo, la fiscalía resulta infiltrada totalmente por personas a sueldo del proyecto paramilitar. Decenas de casos jurídicos contra el estado y en contra de los principales líderes paramilitares y militares desaparecen, otras decenas son bloqueados sistemáticamente, jueces emiten fallos inconcebibles desde el punto de vista jurídico, testigos protegidos son asesinados, etc.
-g- Las cifras sobre violencia son falsas.
El gobierno de Álvaro Uribe presenta, para demostrar el éxito de su política en la disminución de la violencia, cifras que supuestamente muestran una tendencia a la baja. Naciones Unidas dice lo siguiente sobre estas cifras:
«Las estadísticas oficiales actuales sobre violaciones de los derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario adolecen de errores sistemáticos y accidentales. Por ejemplo, no se registran las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, las detenciones arbitrarias, y las violaciones al debido proceso de acuerdo con los estándares internacionales establecidos. De igual forma ocurre con las estadísticas sobre homicidios, las mismas no discriminan adecuadamente si el autor ha sido un agente del Estado o un particular actuando con el consentimiento o aquiescencia de éste. El CIC no registra los casos de desaparición forzada, a pesar de que la conducta ha sido tipificada como delito en el Código Penal vigente. Para el derecho internacional de los derechos humanos la desaparición forzada sólo puede ser cometida por funcionarios públicos o por particulares que actúen con la aquiescencia o tolerancia de aquellos. Según informaciones recogidas por la oficina en lo que va del año 2004 hay registrados más de 200 casos que pueden ser calificados como desaparición forzada.»[OACNUDH, 2005]
Las cifras del Ministerio de Defensa sobre sus resultados en la lucha contra la guerrilla también son abrumadoras: para el año 2000 había en Colombia 21.585 insurgentes y según estas mismas estadísticas oficiales entre el año 2000 y 2003, han sido neutralizados 18.114. Pero el número de insurgentes, en el 2003 es de 21.072. Se puede argumentar que entran nuevos combatientes en la guerrilla, pero según estas cifras, la guerrilla se renovaría cada 3 años. Para el 2004, según cifras oficiales del comando general de las fuerzas armadas, se hubieran puesto fuera de combate a más de 6.000 guerrilleros (entre ‘dados de baja’, capturados o desertados). A pesar de ello, los expertos consideran que la fuerza militar de la guerrilla sigue igual…
Los verdaderos objetivos de las falsas negociaciones son las siguientes:
-h- Obtener más fondos para la guerra:
Resulta bastante cínico, pero los fondos destinados para la desmovilización, en realidad acaban empleándose para la guerra. Ya desde el principio, el gobierno colombiano presenta unas cifras completamente manipuladas. Por ejemplo, el número de paramilitares aumentó de forma espectacular desde que el gobierno empezó con las falsas negociaciones. Según cifras del propio gobierno y según expertos internacionales, el número de paramilitares llegó en el año 2003 a unas 13.000 personas. Pero en el momento de presentar las peticiones de fondos internacionales aparecen cifras completamente distintas.
«Según la oficina del Comisionado para la Paz, el reintegro a la vida civil de los primeros 13.000 ‘paras’ costara unos 208 millones de dólares (más de 600 mil millones de pesos), a razón de 16.000 dólares (unos 48 millones de pesos) por cabeza y por dos años que se necesitaran para la reinserción efectiva. Eso, sin contar lo que costaran los del Bloque Central Bolívar (4.000) y los de Alianza Oriente (2.000), que están en mesas paralelas.» (El Tiempo, 20 de julio 2003)
En estas mesas paralelas estaban en aquel entonces por ejemplo el bloque ‘Metro’ (Medellín y Antioquia) con supuestamente 1.500 hombres y el Bloque Élmer Cárdenas, al mando de ‘El Alemán’ con al menos 1.000 hombres más. Además, quedaban algunos frentes que todavía no se habían incorporados en el proceso. En total el aumento era de 13.000 a más de 23.000, más de 10.000 hombres armados. Contando a 16.000 dólares por persona (corresponde a unos 10 salarios mínimos en Colombia), son 160 millones de dólares lo que se pretende recoger en fondos internacionales.
-i- Mostar una falsa separación entre el proyecto paramilitar y el estado:
Con las falsas negociaciones, el gobierno quiere dar la imagen de sentarse y negociar con un supuesto actor armado independiente. A diario se organizan incidentes para crear la ilusión de que se trata de unas verdaderas negociaciones, pero las situaciones llagan a ser tan absurdas que ningún observador puede creer que son reales.
Un ejemplo es el ‘incidente’ con el reconocido narcotraficante y responsable de diversos crímenes atroces (que seguramente son calificables como crímenes de Lesa Humanidad), ‘Don Berna’. Desde la zona de encuentro, ese narcotraficante paraestatal ordena sus crímenes, uno de ellos parece ser el asesinato de un diputado el pasado 10 de abril. La Fiscalía emite una orden de captura, la Policía le va a buscar en la zona de negociación, pero se ‘escapa’. Mientras tanto el comandante para-militar ordena la paralización del transporte público en Medellín, como muestra de fuerza. (En Medellín se suponía que ya estaban desmovilizados los paramilitares.) A las pocas horas, Don Berna aparece negociando con el gobierno, y el resultado es que uno de los terroristas (en el sentido literal de la palabra) más crueles de Colombia permanecerá en una lujosa finca, libre para seguir sembrando el terror.
-j- Garantizar la impunidad de los comandantes paramilitares y los altos mandos militares frente a la Corte Penal Internacional, CPI.
En noviembre del 2002 entró en vigor para Colombia, el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Lo que se mantuvo secreto en aquel entonces fue que el gobierno invocó una cláusula que excluye durante 7 años a los crímenes de guerra. El calendario para las falsas negociaciones está ajustado a este plazo de 7 años y la aprobación de la ley llamada ‘Justicia y Paz’, que impone penas ridículas para los crímenes atroces cometidos por los paramilitares, tiene como objetivo asegurar que todos los crímenes (estamos hablando de decenas de miles de crímenes registrados) quedan impunes ante la posible y probable acción por parte de los organismos de derechos humanos.
El objetivo, además, es doble: al lavar los crímenes de los paramilitares, se pretende hacerlos desaparecer, con lo cual también se aspira ocultar a los verdaderos organizadores de los crímenes: los altos mandos militares que crearon, armaron, organizaron y coordinaron a los distintos grupos paramilitares bajo los auspicios del gobierno de turno.
Conflicto armado y terrorismo
En el mundo al revés no puede ser de otra forma que los verdaderos terroristas son presentados como un actor armado con estatus político, y los insurgentes, reconocidos como tal por parte de la ONU, presentados como terroristas. En Colombia sí existe un conflicto armado, pero entre diversos grupos insurgentes que surgieron como respuesta a la represión y la aplicación de la guerra sucia contra la población campesina y contra la protesta social.
«Hubo reiteradas declaraciones de altos funcionarios del Gobierno que desconocieron la existencia de un conflicto armado interno y afirmaron la existencia exclusiva de una amenaza terrorista contra la sociedad colombiana.» [OACNUDH, 2005]
Pero esta insurgencia legítima, (rebelión), es llamada terrorista por parte del gobierno de Álvaro Uribe. La agenda política, social y económica de, por ejemplo, las FARC, es una agenda que queda muy lejos de los principios marxistas que caracterizaron a este grupo insurgente al principio. Su programa se parece mucho más a un programa de cualquier partido político de izquierdas en Europa, basado en los principios de soberanía sobre las riquezas nacionales y la construcción de una sociedad democrática con igual distribución de la riqueza.
Pero esta agenda, para los gobernantes colombianos es inaceptable, porque haría falta repartir y compartir los ingresos, y haría falta tocar los privilegios de una clase ultra rica y altamente corrupta.
«Según el indicador de la línea de pobreza (LP) el 64% de la población vive en condiciones de pobreza. Según la Contraloría General el 31% de los colombianos pobres se encuentran por debajo de la línea de indigencia. Adicionalmente al alto grado de pobreza, la brecha de inequidad sigue siendo grande. Según cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el 20% de la población más pobre percibe el 2,7% de los ingresos totales de la nación, mientras que el 20% de la población más rica concentra casi el 62%. La cobertura del sistema de salud sigue siendo muy baja. Casi el 40% de la población total no está afiliada. Durante el año se empeoró la situación hospitalaria, en particular por la precariedad de recursos y servicios.»[OACNUDH, 2005]
Colombia es un país que dispone de enormes riquezas, y justamente por ello, los intereses son tan altos que la vida de la mayoría de su población no parece importar. Las privatizaciones de los servicios públicos en Colombia se caracterizaron (y se caracterizan) por su alto grado de corrupción y su alto grado de represión de los sindicatos. La corrupción aseguró la venta de los negocios por debajo de su valor real, y el asesinato sistemático de centenares de sindicalistas acalló la protesta y sigue asegurando la explotación eficiente. Telefónica, Repsol, BBVA, Banco Santander y otras multinacionales obtienen de esta forma unos beneficios garantizados.
El apoyo del gobierno español al actual presidente de Colombia, no es muy diferente al apoyo que recibieron los anteriores presidentes. De muchos de estos ya se acepta públicamente que eran más bien criminales y corruptos que nunca deberían haber recibido apoyo ninguno como presidente. Del actual presidente Álvaro Uribe se conoce perfectamente su pasado criminal, y, además, existen decenas de informes sobre la ‘paramilitarización’ del estado y la creciente represión de la protesta social. Pocas veces la mentira y el engaño de un gobierno colombiano han sido tan claros y tan contundentemente denunciados. A pesar de ello, a algunos de los gobernantes europeos les interesa mas bien poco escuchar estas críticas. Cuanto más intereses económicos hay en juego, más sordo el gobierno europeo. Zapatero parece necesitar una intervención intensiva del oído.
OACNUDH, 2000: Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Oficina en Colombia, marzo 2000.
OACNUDH, 2003: Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, febrero 2003.
OACNUDH, 2004: Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, febrero 2004.
OACNUDH, 2005: Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, febrero 2005.