El jueves por la noche, el presidente colombiano Álvaro Uribe autorizó la puesta en libertad bajo ciertas condiciones de guerrilleros de las FARC si entregan a Ingrid Betancourt. Sus familiares, aunque esperanzados, expresaron sus temores de que se trate «un nuevo golpe de efecto» de Uribe que «tantas malas pasadas nos ha jugado». Remarcaron, además, […]
El jueves por la noche, el presidente colombiano Álvaro Uribe autorizó la puesta en libertad bajo ciertas condiciones de guerrilleros de las FARC si entregan a Ingrid Betancourt. Sus familiares, aunque esperanzados, expresaron sus temores de que se trate «un nuevo golpe de efecto» de Uribe que «tantas malas pasadas nos ha jugado». Remarcaron, además, que la propuesta tiene «muchas cosas confusas».
Familiares de Ingrid Betancourt acogieron con desconfianza la declaración del presidente colombiano Álvaro Uribe que, a cambio de la entrega de la ex candidata presidencial, autorizó la puesta en libertad de guerrilleros de las FARC. El alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, afirmó que esta decisión constituye «un mecanismo expedito e inmediato para el acuerdo humanitario».
«Básicamente consiste en que el único requisito para que se realice el acuerdo humanitario es la liberación de los secuestrados», manifestó en una comparecencia en la Casa de Nariño, la sede del Ejecutivo en Bogotá.
Dijo que sólo basta que la guerrilla entregue a Betancourt y a las otras 39 personas que mantiene en calidad de «canjeables» para que «un número singular o plural» de presos sean puestos en libertad. Eso sí, Restrepo puso una serie de condiciones: «Automáticamente deben comprometerse a un buen comportamiento y no volver a delinquir. Es un compromiso que se mantiene básico, propio del Estado de Derecho».
«Creemos que queda establecido todo soporte jurídico para el acuerdo humanitario y hemos reducido al máximo los requisitos. Basta simplemente con que, de manera inmediata, sea liberada para nosotros considerar que el acuerdo humanitario se ha realizado», añadió.
En los últimos días han aumentado los rumores sobre el estado de salud de Betancourt, que padece hepatitis B y leishmaniasis. Según reveló el Defensor del Pueblo colombiano, Vólmar Pérez, tuvo conocimiento del agravamiento de su situación, por lo que en febrero debió ser atendida en un centro de salud de una aldea del departamento del Guaviare.
Familiares de Betancourt expresaron sus temores ante el anuncio de Uribe. «Espero que de nuevo no haga un doble juego y muestre una verdadera voluntad política para avanzar y entablar un verdadero diálogo con las FARC», subrayó Lorenzo Delloye, hijo de la ex candidata.
En su opinión, las FARC «deben aprovechar esta ocasión porque la situación física de los rehenes es muy grave y porque es su última oportunidad de ser consideradas algo más que una organización terrorista».
«Tenemos poco tiempo, hay que actuar ahora. Tengo la moral muy alta, creo que todos los secuestrados van a salir vivos. Creo que van a negociar, pienso que no quieren ser consideradas sólo terroristas», destacó.
Asimismo, pidió a la comunidad internacional que presione a Uribe para que acepte negociar con las FARC. «Todos juntos debemos pelear por la libertad y la vida de los secuestrados. No hay tiempo. Mi mamá va mal y los rehenes van mal», insistió.
El ex marido de Betancourt, Fabrice Delloye, afirmó que si bien «la propuesta del Gobierno es un paso adelante, tiene muchas cosas confusas que deben ser aclaradas. Por otro lado, el Gobierno de Uribe nos ha jugado tantas malas pasadas que desconfiamos». En ese sentido, expresó su temor a que sea «un nuevo golpe de efecto».
Advirtió que en caso de no ir más lejos, puede quedar «como un gran gesto sin ninguna consecuencia. Tememos que Uribe quiera utilizar este decreto porque sabe que Ingrid está mal y no quiere cargar con la responsabilidad de su muerte». Aseguró que la solución «sigue pasando por el intercambio humanitario». Hasta el momento, Bogotá siempre se ha negado a ello y a desmilitarizar los municipios de Florida y Pradera. «Deben decir si quieren que haya una fuerza internacional de interposición y ser más específicos. De lo contrario, las FARC no van a responder y la propuesta se quedará en palabras que se las lleva el viento», sostuvo.
El sacerdote Manuel Mancera afirmó en declaraciones a la cadena RCN que «entre 200 y 300 guerrilleros acordonaron el puesto de salud» de la pequeña localidad de El Capricho, en el Departamento del Guaviare, para que Betancourt recibiera asistencia médica.
El portavoz adjunto del Ministerio francés de Asuntos Exteriores, Frédéric Desagneaux, vio con buenos ojos la iniciativa del Ejecutivo colombiano. «Es importante y, a nuestro juicio, va en el buen sentido», comentó.
Familiares de los cuatro estudiantes universitarios mexicanos muertos en el bombardeo al campamento de las FARC en Ecuador anunciaron que continuarán con sus acciones hasta que los responsables sean condenados. «Es un crimen de Estado, porque eran civiles inermes que, a la hora de dormir, fueron masacrados», denunció Álvaro González, padre de uno de ellos, en la protesta que el jueves realizaron frente a la Embajada de Colombia en México D. F. Reiteró que estaban en Ecuador por «motivos relacionados con sus estudios y no eran terroristas como señala el Gobierno de Uribe». Instó al Ejecutivo de Felipe Calderón a interponer una protesta diplomática y a llevar el caso a «los tribunales internacionales». Alumnos de Filosofía de la UNAM, donde estudiaban algunos de los fallecidos, escenificaron los cuerpos ensangrentados de los jóvenes, mientras ondeaban una bandera de Estados Unidos.
El Gobierno mexicano solicitó ayer a Bogotá «una compensación». El Ministerio de Asuntos Exteriores colombiano dijo que están «dispuestos a reconocer el pago de indemnización cuando haya una decisión judicial o una conciliación administrativa».