El gobierno del presidente Álvaro Uribe acaba de realizar un balance sobre los resultados del Plan de Seguridad Democrática, implementado por la administración iniciada en el 2003 para sanar la violencia del país atribuida al conflicto interno, principalmente a través de medidas de combate a los sectores armados de la oposición como así también para […]
El gobierno del presidente Álvaro Uribe acaba de realizar un balance sobre los resultados del Plan de Seguridad Democrática, implementado por la administración iniciada en el 2003 para sanar la violencia del país atribuida al conflicto interno, principalmente a través de medidas de combate a los sectores armados de la oposición como así también para el movimiento social en general.
Según los datos gubernamentales, en poco más de un año, 5.357 integrantes de grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como paramilitares de los grupos de autodefensas aceptaron deponer las armas en los términos del decreto 128, disciplinando la desmovilización e reincorporación de combatientes de fuerzas ilegales.
Los números suministrados por el gobierno colombiano son tomados con pleno descrédito por grupos como las Farc.
De acuerdo con Alfonso Cano, miembro del Secretariado del Estado Mayor Central de la guerrilla, el servicio de estadísticas oficiales funciona como «departamento de propaganda del gobierno, que sube y baja los índices, conforme a la indicación hecha por el Palacio de Nariño, porque, al final de cuentas, sus jefes son nombrados por el Presidente de la República».
De hecho, la desmovilización de grandes levas de guerrilleros es negada tanto por las Farc como por el ELN. Inclusive esta última organización guerrillera vino a público, a inicios de este mes, para negar la existencia de frentes de combatientes disidentes dispuestas a aceptar el plan de desarme del gobierno.
En lo que e refiere a la desmovilización de paramilitares, con los cuales el gobierno posee acuerdos especiales, la ampliación de las actividades de mercenarios vinculados a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), inclusive en suelo extranjero, como el incidente registrado en Venezuela, parece desautorizar la intención del gobierno de Uribe de mostrar a través de datos que está consiguiendo disolver el conflicto armado a través de esta vía.
«Fijémonos que, a pesar de tanto bullicio, la guerra sucia contra los dirigentes populares se incrementó tanto como la actividad paramilitar, los éxodos propiciados por los pecuarios para avanzar en la ampliación del latifundio siguen adelante, el terror oficial que llena las cárceles de presos políticos es creciente, al mismo tiempo en que aparece ostensivamente la arrogante impunidad de muchos bandidos enclavados en el poder del Estado», aconseja el comandante de las Farc en entrevista a la revista Identidad.
Plan de Seguridad Democrática
Para muchos sectores de la sociedad civil colombiana, como las organizaciones de defensa de los derechos humanos, el Plan de Seguridad Democrática es sinónimo de violencia, a pesar de que el balance gubernamental afirme que este programa haya reducido en cerca de 18% los homicidios comunes y en 49% las masacres en los últimos 22 meses en Colombia.
En comunicado a la comunidad internacional, la organización de derechos humanos Brigadas Internacionales por la Paz (PIB), registrada oficialmente por las Naciones Unidas y con diez años de actuación en el conflicto colombiano, afirma estar siendo «indiciada, atropellada y estigmatizada» por el gobierno del presidente Uribe.
«Desde diciembre de 2003, Brigadas Internacionales de Paz han sido víctima, en la’Comunidad de Paz’ de San José de Apartado, de acciones represivas de grupos paramilitares en connivencia con sectores de las Fuerzas Militares colombianas», denuncia la entidad, mostrando que los paramilitares continúan tan activos cuanto antes, a pesar de las desmovilizaciones divulgadas por el presidente.
«Desde fines del mes de mayo, el propio presidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, dio proseguimiento a los atropellos contra la población de la Comunidad de Paz y a las PBI, llegando al punto de amenazar con ‘la deportación y prisión’, caso no se someta a las arbitrariedades de la Procuraduría y de las Fuerzas Militares presentes en la zona, en el marco de la Política de Seguridad Democrática, totalmente antagónica a los principios universales del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario», señala el comunicado.