Un importante debate sobre el futuro de las Zonas de Reserva Campesina se ha agitado entre diversos sectores de las élites pudientes, incluyendo factores del alto gobierno entre los que se cuentan los ministerios de defensa y el de agricultura, que para el caso han venido fungiendo como una inquisición medi e val en el […]
Un importante debate sobre el futuro de las Zonas de Reserva Campesina se ha agitado entre diversos sectores de las élites pudientes, incluyendo factores del alto gobierno entre los que se cuentan los ministerios de defensa y el de agricultura, que para el caso han venido fungiendo como una inquisición medi e val en el campo. El ministro Juan Carlos Pinzón lo hace imponiendo su propio ordenamiento territorial en función de una definición guerrerista del conflicto, que convierte las áreas campesinas en aldeas de consolidación estratégica; y el ministro Juan Camilo Restrepo, subordinado a este plan, involucra plenamente a la población rural en la confrontación bélica al suscitar sospechas criminalizantes, al demonizar a los campesinos, al insinuar sus formas organizativas como amenaza para la patria, al señalarlos insidiosamente como guerrilleros, para convertirlos en objetivo militar, diciendo además que lo que ellos pretenden es establecer una «constelación de republiquetas independientes». Son éstos, argumentos que nos remiten a las posturas más retardatarias de la década de los 60, en que Álvaro Gómez Hurtado debutaba como legislador alentando la violencia en sus discursos.
Opositores y defensores del proceso de diálogos por La Paz que se realiza entre el gobierno y las FARC-EP han sentado posiciones que ponen en evidencia que dentro del gobierno mismo se agazapan enemigos furibundos de la justicia social y la reconciliación, elementos que no están por propulsar el acceso a la tierra en favor de los despojados y de la paz con justicia social, sino empeñados en afianzar en el campo verdaderas aldeas estratégicas de confinamiento y consolidación militarista para proseguir la confrontación, y para hacer de la formalización de la tierra un mecanismo más de entrega del territorio, en breve plazo, a la extranjerización y voracidad extractivista de las trasnacionales.
Pretenden pasar por alto, quienes hoy cuestionan a las FARC por su propuesta de permitir el acceso y el uso adecuado a 9 millones de hectáreas de tierra para los campesinos, mediante el fortalecimiento y la creación de nuevas Zonas de Reserva Campesina, que esta figura de reivindicación de las abandonadas familias rurales fue una creación del mismo Estado, el cual frente a las necesidades y justas luchas de los campesinos tuvo la sensatez, pocas veces vista, de plantearse la defensa de estos escenarios que son los principales garantes de la alimentación nacional, dando paso a la Ley 160 de 1994. Tal normativa, producto sobre todo de las históricas y justas luchas agrarias, mas allá del fantasma de Marquetalia que espanta a los latifundistas y especuladores financieros que representa el presidente de Fedegán José Félix Lafaurie, lo que pretende es proteger a los agricultores tradicionales.
¿Por qué estos lacayos del capital financiero no dicen que las republiquetas independientes son las empresas multinacionales que se están apropiando del suelo a la peor manera de la empresas yanquis que hicieron de Colombia una república bananera?
Al contrario de la creciente y desaforada extranjerización del territorio nacional, o de la mantención mezquina del latifundio improductivo, los procesos de creación de Zonas de Reserva Campesina que existen en Colombia, deben ser considerados una avanzada para la Paz, tal como efectivamente se han venido construyendo, y su reconocimiento pleno debe jugar un papel fundamental en la definición de una transformación agraria del país que afiance la justicia y la soberanía nacional. De manera tal que si el ministro de agricultura piensa en la defensa estricta de lo que dice la ley y no en lo que se discute en la Habana, debería recordar que un tercio del territorio nacional está en manos de la ganadería extensiva y que el índice Gini en el campo es 0,87. Todo ello, mientras lo que indica su propia institucionalidad en el Artículo 64 de la Carta Fundamental que el ministro dice defender, es que el Estado del cual funge como funcionario, tiene por deber «promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa…»
Insistimos, el gobierno debe cesar la estigmatización y persecución pertinaz que viene haciendo contra las Zonas de Reserva Campesina y sus dirigentes. Los campesinos de Colombia deben ser escuchados; su participación y determinaciones, como la de todo el pueblo, es fundamental para construir un verdadero proceso de paz en Colombia.
Delegación de Paz de las FARC-EP