Frente a la campaña contrainsurgente disfrazada de reportes «periodísticos» publicados por diferentes medios manifestamos lo siguiente: Rechazamos enfáticamente la continua campaña mediática en contra de las FARC-EP con el objetivo de demonizarlas, presentándolas como violadoras sistemáticas de los derechos de las mujeres. Nada más ajeno a la realidad de una insurgencia que en sus filas […]
Frente a la campaña contrainsurgente disfrazada de reportes «periodísticos» publicados por diferentes medios manifestamos lo siguiente:
Rechazamos enfáticamente la continua campaña mediática en contra de las FARC-EP con el objetivo de demonizarlas, presentándolas como violadoras sistemáticas de los derechos de las mujeres. Nada más ajeno a la realidad de una insurgencia que en sus filas cuenta con el valioso aporte de muchas mujeres que conforman el 40% de sus integrantes.
Carece de lógica que una organización insurgente que ha resistido por más de 51 años resistiendo a una de las más fuertes arremetidas militares en América Latina y el mundo, pueda vivir agrediendo a la población civil, peor aún, abusando sexualmente a sus guerrilleras y a las mujeres de la población, como lo presenta, de manera amañada la Fiscalía.
Al respecto queremos precisar lo siguiente:
1. La regla general para movilizarnos , en todas las regiones, en medio de la población civil, es mostrándonos ante ella; no ocultamos nuestros rostros. Así generamos confianza con los habitantes y garantizamos el respaldo de las comunidades, sin la cual no podríamos sobrevivir, ni nosotros, ni ninguna guerrilla revolucionaria en el mundo. Por tal razón, los comportamientos indebidos por parte de nuestra guerrillerada, siempre han sido denunciados por la misma población civil al mando correspondiente quien toma las medidas disciplinarias de frente a las comunidades.
2. El uso de brazaletes por parte de los guerrilleros se restringe al combate y a los actos públicos. Ningún movimiento de nuestros camaradas entre la población civil se hace con este tipo de identificaciones.
3. Es bien sabido que grupos delincuenciales han usado y usan el nombre y nuestras insignias para cometer delitos, secuestros y violaciones contra la población civil.
4. Ya sea contra mujeres de la población civil o nuestras compañeras de filas, en las FARC-EP, la violación es un delito que se paga con la máxima pena contenida en nuestros reglamentos, a través de una decisión tomada en un consejo de guerra revolucionario en el que el juez es la base guerrillera. Los eventuales casos que hayan podido ocurrir desde nuestra fundación como organización revolucionaria que, en más de 50 años, ha visto pasar por sus filas a miles de combatientes provenientes de todas las clases y estratos sociales, no representan una práctica y mucho menos una política sistemática de las FARC-EP como lo quieren presentar algunos medios.
5. Sin lugar a dudas, en el conflicto armado colombiano ha existido una política sistémica para atacar a la población civil, a través de masacres, violaciones graves a los derechos humanos de hombres y mujeres, desplazamiento forzado y en especial una política de violencia contra las mujeres. Pero no han sido las FARC-EP las victimarias. Por el contrario, es de público conocimiento que en Colombia durante más de 30 años en la más completa y absoluta impunidad, se ha implementado por parte del Estado la guerra sucia contra el pueblo y en este contexto hablamos desde la orilla de las víctimas.
6. Es innegable el hecho de que la Fiscalía y las tradicionales fuentes de inteligencia del Estado, en más de un caso han aceptado testimonios falsos por el que han caído presos decenas de dirigentes de organizaciones políticas, sindicales y sociales y que ahora buscan generar una matriz de estigmatización de la insurgencia que en nada ayuda a sacar adelante el proceso de paz.
7. En reiteradas ocasiones hemos manifestado y fundamentado el por qué de nuestra desconfianza en la justicia colombiana. Por tal razón, pedimos una investigación seria e independiente que deberá describir todo el universo de las víctimas de violencia sexual en Colombia y descubrir los hechos de modo, tiempo y lugar en que se dieron. Para esto, proponemos, en concreto, la conformación de un equipo técnico-investigativo, creado por la Mesa de Conversaciones y parte de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, que se concentre específicamente en hechos de violencia sexual y de género en el marco del conflicto.
8. Además, hacemos formal solicitud al señor Fiscal General de la Nación para remitir a la Delegación de las FARC-EP en La Habana, los casos de denuncias legales, cotejadas por pruebas que sugieran la implicación de integrantes de nuestra organización.
Categóricamente afirmamos que en las filas de las FARC-EP no hay espacio para la violencia contra las mujeres; solo hay espacio para el amor, la camaradería, el respeto y el reconocimiento hacia ellas. Prueba de ello es la amplia participación femenina en nuestra delegación. Juntos, hombres y mujeres luchamos ahora por un sistema integral de justicia, de verdad, reparación y no repetición que permita lo más pronto posible la reivindicación de las víctimas.
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