Haber alcanzado un acuerdo, luego de un largo proceso de conversaciones que se tomó más de seis años, es apenas el punto de partida de un prolongado periodo de tensiones y conflictos que se fijan como propósito acercar lo acordado a una etapa de implementación en la que el Estado tiene la mayor responsabilidad en […]
Haber alcanzado un acuerdo, luego de un largo proceso de conversaciones que se tomó más de seis años, es apenas el punto de partida de un prolongado periodo de tensiones y conflictos que se fijan como propósito acercar lo acordado a una etapa de implementación en la que el Estado tiene la mayor responsabilidad en relación con el cumplimiento de lo pactado, no solo como requerimiento de orden constitucional de garantizar la paz a la nación, sino, de construir las seguridades y confianzas para recuperar su propia credibilidad en relación con el manejo de los conflictos sociales y políticos de la nación, la construcción no solo del orden legal, que se lo da la norma si se cumple, sino, de la legitimidad que se la concede la sociedad cuando reconoce y avala sus esfuerzos, acompaña sus compromisos y vigila el cumplimiento de los mismos.
Lo que se ha comenzado a manifestar desde muy temprano, es un gobierno impotente para cumplir los acuerdos en un escenario político complejo y con una institucionalidad que funciona, según sus parámetros, libres de toda responsabilidad con el acuerdo. La fase de implementación, se sale de la estrecha órbita del gobierno y entra en la complejidad de intereses del orden Estatal y su enredada institucionalidad, compromete las ramas legislativa y judicial, los partidos políticos y la sociedad en su conjunto. La implementación de los acuerdos se da en un periodo de cierre de gobierno, agotamiento de los entusiasmos de los diálogos y de los acuerdos, en un ambiente de creciente polarización y de reconfiguración parcial del mapa político y de cambio de la administración del Estado. Esta situación, resulta grave y preocupante en la medida que el proceso político nacional ha dispersado las fuerzas de la paz que sienten que cada vez gana más terreno los resultados del plebiscito el 2 de octubre de 2016, que produce una inflexión que puede convertir un proceso aparentemente exitoso en un estruendoso fracaso y en la práctica, en un fraude político a las FARC que sienten en medio de la impotencia como se va desfigurando a cada paso el cumplimiento del acuerdo.
En la práctica lo que se está viendo es que las FARC han sido engañadas, por una institucionalidad perversa, que pasa por encima de los acuerdos, desconoce los compromisos, e irrespeta no solo a las FARC, sino, a la comunidad nacional e internacional. Se siente un sentimiento de impotencia reprimida, de rabia sorda, una sensación de engaño que hace que la más bella experiencia política de las últimas cinco décadas, la carta de presentación de un pueblo de parias a la sociedad civilizada, se venga a pique en el desparpajo de una clase política inútil, cuyo único propósito son sus propios intereses corruptos y mezquinos, libres de toda ley y todo orden.
El acuerdo se viene renegociando una y otra vez y las posibilidades de lo que representaba en su conjunto, nada distinto a una reforma liberal democrática capaz de enfrentar los problemas estructurales de la nación, se va derrumbando en medio del cinismo y la irresponsabilidad institucional. Los partidos políticos tradicionales y la extrema derecha, conjuntamente con la fiscalía, se alían en la práctica para reducir el acuerdo a su mínima expresión, a su propósito inicial, que no consistía en otra cosa que en desarmar a las FARC y llevar su dirigencia a la cárcel. El Congreso precarizo la Jurisdicción Especial para la Paz y la redujo prácticamente a los miembros de las FARC.
Nadie puede negar que las Farc han cumplido a cabalidad con lo acordado y que continúan con obstinación en sacar adelante su proceso de paz. Si se han producido disidencias eso es propio de cada proceso, pero si se han incrementado las disidencias obedece a un sistemático incumplimiento del gobierno con los reincorporados y es responsabilidad exclusiva de la ineptitud y la incapacidad del Estado para mantener motivados en la institucionalidad a quienes se reincorporaron.
Se equivoca el gobierno, la clase política y la sociedad en su conjunto si creen que la entrega de las armas, es suficiente para acabar la violencia, es la mirada más miope que pueda tener una sociedad. Cuando el dispositivo de la violencia se dispara las armas salen de la nada. Lo único que puede disminuir la violencia de naturaleza política es un proceso de trasformaciones democráticas incluyentes que garantice a la sociedad un mínimo de derechos y oportunidades. Ese era el propósito del acuerdo. No era un acuerdo para hacer ninguna revolución, es un acuerdo de mínimos que comprometen en lo rural una reforma integral, en lo político la ampliación de la democracia y la participación política, y el reconocimiento del derecho de las víctimas y, pare de contar, lo demás son procedimientos. Como bien se ha señalado por distintos sectores se trataba de desatar un ciclo reformista, subrayo -reformista- y no de transformaciones estructurales de la sociedad colombiana, sino como una etapa necesaria de realización de reformas históricamente aplazadas que podían enfrentar en principio, causas que habían sido definidas como de origen y de persistencia del conflicto.
El acuerdo general, contemplo la reincorporación integral, económica, política, social, de las FARC-EP a la vida de la nación, con unas condiciones esenciales y básicas. Si eso no se cumple, mucho menos se va cumplir lo sustancial. El proceso de paz está atravesando un momento crítico que comienza en el incumplimiento de las garantías esenciales para que quienes se reincorporaron tengan las mínimas seguridades de subsistencia y no se produzca, al no ser que sea el interés del Estado, el retorno a la violencia.
Estamos en un terreno movedizo en el que ya se han comenzado a producir fenómenos de reciclaje de violencia inédita con consecuencias incalculables en costos sociales, económicos y políticos. Las FARC van a mantenerse en el proceso de paz, van a ir a la JEP y al Congreso de la República donde seguramente darán duras «batallas», tomaran distancia de la violencia y de la guerra, pero el Estado está sembrando en un territorio carente de oportunidades, un nuevo y más devastador ciclo de violencia.
Fuente original: https://prensarural.org/spip/spip.php?article22904