Después de 48 años de guerra, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno colombiano han anunciado que iniciarán un proceso de negociación con miras a lograr un acuerdo de paz. Es una buena noticia porque esa guerra, que tiene sus raíces más cercanas en 1964, pero que en realidad se remonta a […]
Después de 48 años de guerra, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno colombiano han anunciado que iniciarán un proceso de negociación con miras a lograr un acuerdo de paz. Es una buena noticia porque esa guerra, que tiene sus raíces más cercanas en 1964, pero que en realidad se remonta a 1948, podría tener un curso interminable. El anuncio hecho formalmente en Oslo, a mediados del mes de octubre de 2012, solamente oficializó un proceso que se había iniciado desde el mismo inicio del gobierno de Juan Manuel Santos en 2010. Con una carta discreta dirigida al Secretariado de las FARC, el presidente Santos reconocía de manera implícita el fracaso de la estrategia de guerra total ensayada por la presidencia de Álvaro Uribe en sus dos períodos que abarcan del 2002 hasta el 2010. Es importante el anuncio a todo el mundo de ese proceso de negociación. De manera velada, el gobierno colombiano reconoce entonces, que las FARC no es uno más de los cárteles de la droga como la propaganda reaccionaria y los propios Estados Unidos de América los ha pintado. A partir de ahora, las FARC serán tratados de manera vergonzante de la misma manera que las ha calificado Venezuela: como fuerza beligerante.
Tendrían las FARC que lavar la imagen que tienen de ser una organización terrorista. Así las consideran 31 países del mundo, entre ellos la Unión Europea. Y algo que es muy importante, así las ve una buena parte de la población de Colombia. Son las FARC un caso curioso de una organización insurgente cuyo poder militar es inversamente proporcional a su convocatoria política fuera de sus áreas de influencia y particularmente en las ciudades de Colombia. Les ha acontecido exactamente lo contrario de lo que le sucedió al Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México. Con una guerrilla pobremente armada, localizada y que hubiera podido ser fácilmente arrasada, los zapatistas se convirtieron en una referencia no solamente nacional sino universal.
En los próximos años veremos una larga negociación. En la misma la guerra se verá combinada por ambas partes con la búsqueda de apoyo en el campo político y en la arena internacional. Las FARC tienen una ventana de oportunidades para cambiar su imagen de narcoterroristas y aparecer como una fuerza con objetivos plausibles.
La política como continuación de la guerra
Hace ya unos años, durante mi estancia académica en la Universidad de Stanford, aprendí que en la ciencia política estadounidense que analizaba conflictos, existía la expresión «the best second choice» («la segunda mejor opción»). La primera mejor opción en un conflicto, sobre todo si se trata de una guerra, es aniquilar al enemigo para que su rendición sea incondicional. La segunda mejor opción, en la medida en que ninguno de los bandos resulta derrotado, es la negociación y los acuerdos de paz. Exactamente lo que sucedió en Nicaragua, El Salvador y Guatemala después de los sangrientos años ochenta del siglo pasado. Esto es lo que parece estar ocurriendo ahora en Colombia. Obviamente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tras 48 años de guerra de guerrillas, no pudo derrotar al gobierno colombiano fuera de signo liberal o conservador, ni tampoco impulsar una revolución por la vía violenta. Tampoco el Estado colombiano, a través de sus distintos gobiernos, pudo derrotar a las FARC. Después de un intento de solución negociada durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) que tuvo como epicentro una «zona de distensión» en la región del río Caguán, su sucesor Álvaro Uribe (2002-2010), intentó resolver el conflicto mediante la aniquilación de las FARC.
El intento resultó ser un fiasco pese a estar sustentado en el «Plan Colombia» y en el segundo período de Uribe (2006-2010), en una inversión de 12 mil millones de dólares. La ofensiva tuvo éxitos en la captura y aniquilamiento de varias de las principales figuras de las FARC: Simón Trinidad capturado en 2004 y el abatimiento en combate o bombardeos de Raúl Reyes (2008), Jorge Briceño «el Mono Jojoy» (2010) y Alfonso Cano (2011). Las ofensivas no lograron desarticular a las FARC, las cuales en este momento tienen aproximadamente 18-20 mil efectivos distribuidos en decenas de frentes guerrilleros en todo el país. Pese a la balandronada gubernamental de que las FARC han accedido a negociar porque ya están derrotadas, cualquier analista de medio pelo puede avizorar que lo que está sucediendo es que la lógica del «second best choice» ha empezando a privar en el gobierno de Santos. Deslindándose discretamente de su antecesor, Santos ha vuelto a abrir el camino de las negociaciones, inauguradas oficialmente en Oslo a mediados de octubre de este año, pero que comenzaron con una carta dirigida por Santos a la comandancia de las FARC al inicio de su gobierno.
El gobierno de Santos procurará golpear militarmente a las FARC mientras se sienta a la mesa de las negociaciones. Lo cortés no quita lo valiente cuando de negociaciones de conflictos armados se trata. Las FARC harán lo mismo con el mismo objetivo de estar en la mesa de negociaciones con la mejor de las correlaciones de fuerzas. Lo que viene a la par de las negociaciones de paz, es un recrudecimiento de los combates militares. Siendo la guerrilla militarmente más exitosa en la historia de América latina, hemos dicho ya que políticamente las FARC no tiene la mejor de las imágenes. Ha estado involucrada en una política de secuestros que tenía como objetivo negociar la libertad de combatientes y comandantes capturados, se le relaciona con los cárteles de la droga y se les endilga acciones terroristas de consecuencias políticas discutibles. Las FARC intentarán mejorar su imagen con posturas razonables. En voz de Rodrigo Granda, miembro del Secretariado, pondrán sobre la mesa de negociaciones la apertura democrática, el cese del asesinato de los activistas políticos y sociales, reforma agraria, soberanía nacional y políticas de salud, educación, vivienda, ecología. Además, una solución integral al problema del narcotráfico.
Guerrilla y narcotráfico
La mayoría de los análisis que se hacen sobre las FARC en Estados Unidos de América, las presentan como uno de los cárteles del narcotráfico que actúan en dicho país. Es imagen muy difundida y aceptada. Basta ver la entrada sobre las FARC que existe en la versión en español de la enciclopedia electrónica Wikipedia, para ver lo generalizado del aserto. La apreciación más equilibrada que he escuchado en relación a ello, se la oí al muy estimable colega colombiano Alejo Vargas, en ocasión de una conferencia impartida en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla: el que las FARC haya establecido negociaciones con los distintos cárteles del narcotráfico que han operado en Colombia no los vuelve parte de ellos ni desvirtúa que dicha organización tenga un planteamiento político para su país y aun una dimensión utópica en sus objetivos.
Las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC, anunciadas oficialmente en Oslo hace unas semanas, involucrarán el tema del narcotráfico en su agenda. El gobierno de Juan Manuel Santos pondrá sobre la mesa el involucramiento de las FARC con los narcotraficantes colombianos. Y es que en efecto, es de sobra conocido el pacto al que han llegado las FARC con dichos delincuentes. En las zonas en las cuales esta guerrilla colombiana ejerce el control territorial, a los narcotraficantes se les permite el cultivo de coca, mariguana y el funcionamiento de las llamadas «cocinas» que no son sino los laboratorios en los cuales se procesa la hoja de coca para convertirlo en cocaína. Además, las FARC permiten a los cárteles de la droga el trasiego de la droga por los territorios controlados por la guerrilla. A cambio de esto se les cobra a los cárteles el llamado «impuesto de guerra», el cual le genera ingresos que algunos analistas colombianos estiman en decenas sino es que centenares de millones de dólares al año.
El tema del narcotráfico y la guerrilla colombiana debe ser visto sin hipocresías. Es el narcotráfico un actor indudable en la política colombiana y su dinero se difunde por toda Colombia. Los paramilitares colombianos -ejército irregular de extrema derecha que actúa como contraguerrilla- obtienen financiamiento del narcotráfico de manera parecida o peor a la de la guerrilla. Las campañas electorales de los más diversos signos se nutren también de este dinero sucio. Y algún ex presidente colombiano dijo en corto que no había habido presidente de dicho país que no hubiera hecho alguna negociación con el narcotráfico. Las FARC arguyen que en este momento lo que circula en el mundo por concepto de narcotráfico son 670 mil millones de dólares, de los cuales regresan a América latina 20 mil millones y a Colombia reputada productora del 80% de la cocaína, solamente regresan 4 mil millones de dólares. Resulta claro que el dinero del narcotráfico irriga las finanzas estadounidenses y del mundo. Otro enorme negocio son los precursores químicos y el armamento que se producen fundamentalmente en el primer mundo. Las FARC consideran perdida la guerra contra el narcotráfico -con similares argumentos a los de Pérez Molina en Guatemala- y por ello desde 1999, el líder histórico Manuel Marulanda «Tirofijo», propuso un plan sobre sustitución de los cultivos ilícitos que consideran que puede tener vigencia y aplicación para América latina. Para las FARC el narcotráfico es un fenómeno económico, político, militar, social y tiene un componente moral, pero su solución es esencialmente económica y social.
La relación de las FARC con el narcotráfico tiene una larga historia. Han sido enemigos literalmente a muerte. Desde los años ochenta, las FARC han concluido que el narcotráfico no es un problema militar ni tampoco los narcotraficantes son su enemigo a vencer.
Las FARC nacieron oficialmente el 27 de mayo de 1964 en medio de una vasta ofensiva del ejército colombiano contra las llamadas «Repúblicas independientes». Éstas no eran sino zonas de dominio de las autodefensas campesinas en Marquetalia, Río Chiquito, El Pato y El Guayabero en los departamentos de Tolima, Cauca y Caquetá. Desde el asesinato del líder antioligárquico Jorge Eliecer Gaitán, el 9 de abril de 1948, la violencia se enseñoreó en Colombia y de ella fueron víctimas bases campesinas liberales y comunistas en diferentes regiones del país. Quienes deploran la violencia que llevan a cabo las FARC, deberían reconocer que esta violencia la originó la violencia del Estado a partir de 1948 y luego con la ofensiva de mayo de 1964. Las autodefensas campesinas de todas estas regiones lograron sobrevivir a la ofensiva iniciada en mayo de 1964, terminaron influenciadas por el Partido Comunista Colombiano y finalmente se constituyeron en las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). A partir de 1993, con motivo de su octava conferencia, las FARC han alzado vuelo propio y son una organización con raíces en el PCC pero independiente del mismo.
Durante muchos años las FARC conservaron un discurso que las identificaba con un marxismo ortodoxo aun cuando no pudieron evitar la impronta de la realidad campesina de la que provenían. En julio de 1964, en medio de la ofensiva lanzada por 16 mil efectivos del ejército colombiano, las FARC proclamaron su programa agrario, básicamente una reforma agraria para los campesinos sin tierra y arrendatarios a partir de la confiscación de tierras de los latifundios, respeto a la propiedad de los campesinos ricos que trabajaran su propiedad, créditos blandos y asistencia técnica, sistemas sanitarios para atender la salud pública rural, precios básicos garantizados para los productos agropecuarios, protección a las comunidades indígenas y alianza en todo este proyecto con el movimiento sindical. En abril de 1993, las FARC emitieron la «Plataforma para un Gobierno de Reconstrucción y Reconciliación Nacional» que hoy hasta podría ser el proyecto de los gobiernos de izquierda en América latina: control del Estado de los sectores estratégicos de la economía nacional; fomento del mercado interno; autosuficiencia alimentaria; estímulo a la pequeña, mediana y gran industria privada; fomento a la autogestión, microempresa y economía solidaria; 50% del presupuesto invertido en bienestar social; 10% en investigación científica; proteccionismo estatal frente a la desigual competencia internacional; establecimiento de un gobierno pluralista, nacional y democrático; división de poderes, parlamento unicameral.
Muchos de estos elementos programáticos serán enarbolados por las FARC en el contexto de las negociaciones con el gobierno colombiano que apenas están comenzando. Su planteamiento general para las negociaciones es el de una paz con justicia social y respeto a la soberanía. Ello implica un desarrollo agrario que ponga freno al despojo que están sufriendo los campesinos colombianos por los grandes capitales invertidos en megaproyectos mineros e hidroeléctricos, eliminación de las bases militares estadounidenses, defensa de los recursos naturales nacionales, eliminación del Tratado de Libre Comercio, garantías a la vida de los luchadores sociales y de los eventuales guerrilleros desmovilizados, solución integral y no punitiva al problema del narcotráfico, medidas en contra de la corrupción.
En voz de los integrantes del Secretariado Rodrigo Granda e Iván Márquez, las FARC expresan que no irán a las negociaciones a buscar «una revolución por contrato». No esconden sus ideales socialistas y afirman que hasta ahora han tenido que pelear con las armas por estos ideales porque no han tenido opción. Lo que quieren ahora es hacerlo pacíficamente pero exigen garantías de que no se repita la historia de la Unión Patriótica. Este frente amplio en el que participaron las FARC entre 1985 y 1990 y que fue aniquilado en 5 años, al ser asesinados 5 mil de sus militantes y sus dos candidatos presidenciales.
Colombia tiene una oportunidad para la paz, pero el camino será largo.
(*) Carlos Figueroa Ibarra es sociólogo guatemalteco, profesor investigador del Posgrado de Sociología en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Autor, entre otros libros, de Guatemala: El recurso del miedo.
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