El asesinato sistemático de dirigentes populares y ex combatientes por medio de las Fuerzas Armadas (FFAA) y bandas narcoparamilitares apunta a “matar en la cuna” a todo el cuerpo social organizado que se oponga al régimen de dictadura mafiosa que rige en Colombia.
La Representante a la Cámara María José Pizarro en el prólogo del Informe ‘Bolillo, Dios y Patria´, afirma que “la doctrina de Seguridad Nacional, basada en la idea del enemigo interno, en la desconfianza a la ciudadanía. Así, cualquier brote de inconformidad social es asumido como un riesgo para la seguridad del Estado y como tal es repelido con todo rigor bélico y jurídico” [1].
El Informe ´Bolillo, Dios y Patria´ registra que entre el 2017 y 2019 las FFAA son responsables de 639 asesinatos, 40.481 casos de violencia física y 241 casos de violencia sexual; además, en los tres años que lleva de vigencia el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Policía ha cometido 289 asesinatos, 39.614 violaciones físicas y 102 casos de violencia física [2], en promedio la Policía cometió un asesinato cada 1,2 días.
Según este informe la violencia estatal se aplica de manera sistemática contra la Protesta Social, sus principales víctimas son la población afro, LGBTI, indígenas, mujeres, jóvenes y estudiantes, delitos que gozan de un 98 por ciento de impunidad.
Por su parte el Informe de la Campaña Defender la Libertad registró en 2020 46 asesinatos a manos de la Policía, y entre noviembre de 2019 y diciembre 2020 documentaron más de 2.500 detenciones ilegales durante distintas expresiones de Protesta Social [3].
Diez organizaciones defensoras de Derechos Humanos (DDHH) manifestaron su preocupación por el Decreto 003 expedido este 5 de enero, porque consideran que es una declaración de principios operativos, que no modifica sustancialmente ningún aspecto de la brutalidad policial descargada contra la ciudadanía y las protestas sociales, caracterizada por ser arbitraria y desproporcionada [4].
El plan de expansión del narcoparamilitarismo
La Fundación Progresar defensora de DDHH en Norte de Santander desde diciembre del año anterior viene denunciando la llegada de nuevos grupos narcoparamilitares a los corregimientos y veredas de Cúcuta, Tibú y Puerto Santander, que han generado el desplazamiento de 53 familias de la vereda La Silla, y de otras 40 que el 10 de enero tuvieron que salir de la vereda Ambato en Carboneras, Tibú [5].
La Comisión de Justicia y Paz también denuncia el control social, político y económico que hacen los narcoparamilitares del Clan del Golfo sobre las comunidades campesinas, indígenas y negras en el Bajo Atrato, específicamente en Urabá chocoano, Apartadó, Turbo y Chigorodó [6].
Desde luego las incursiones paramilitares y el control territorial que ejercen, lo realizan dentro de planes trazados por las FFAA, contando con la asesoría de las Brigadas SFAB enviadas por Estados Unidos a Colombia desde mediados de 2020.
Continúa el exterminio de opositores
María Eugenia Mosquera hace parte a la red de Comunidades Construyendo Paz en Colombia (Conpazcol), es vocera de la Coordinación Étnica Nacional de Paz (Cenpaz), el 7 de enero denunció amenazas de muerte.
Gonzalo Cardona Molina líder ambientalista coordinador de la Reserva ProAves Loros Andinos y guardián del Loro Orejiamarillo, el 8 de enero fue reportado como desaparecido en la vereda La Unión en la vía entre Barragán y Roncesvalles en Tuluá, Valle del Cauca, tres días después fue hallado sin vida.
Iván Velásquez Gómez ex Magistrado Auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, investigador de la infiltración de la mafia en la política¸ fue víctima durante el Gobierno de Álvaro Uribe de persecución, montaje judicial y seguimientos ilegales, razón por la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó al disuelto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre); el 11 de enero denunció que la Unidad Nacional de Protección le notificó que le suspende el esquema de seguridad que tenía asignado.
Giovani Claro de 38 años, ex combatiente adscrito al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Negro Eliécer Gaitán de Caño Indio en Tibú; fue asesinado el 11 de enero en el sector de La Curva en Convención, Norte de Santander.
Fredman Herazo Padilla de 43 años, abogado afro asesor en legislación afrocolombiana, vivía desde hace 23 años en San Basilio del Palenque, fue asesinado el 15 de enero en el Puente del San Jorge en La Apartada, Córdoba.
Robinson Quino Bonilla era integrante de Junta de Acción Comunal de la vereda Caño Bonito, pertenecía al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), fue asesinado el 15 de enero en Yondó, Antioquia.
Fermiliano Meneses Hoyos, era concejal por el Partido Liberal en Argelia, fue secuestrado y posteriormente asesinado en la vereda El Pinche del corregimiento El Plateado de Argelia, Cauca.
William Rodríguez Martínez se desempeñaba como Edil en Cúcuta, el 16 de enero narcoparamilitares lo asesinaron en su vivienda en la vereda La Punta en Cúcuta, Norte de Santander.
Jesús Antonio Jaimes es el Vicepresidente del Concejo Municipal de Saravena, Arauca, por el Partido Político Polo Democrático Alternativo, el 16 de enero fue víctima de un atentado en el barrio Las Flores.
Francisco Javier Vera de 11 años, líder ambiental y defensor de DDHH, el 16 de enero denunció que fue amenazado de muerte.
____
[1-2] Informe: Bolillo, Dios y Patria. Observatorio de Violencia Policial de Temblores ONG, 12-01-2021.
[3] La lucha contra el abuso y las detenciones arbitrarias en la protesta social. El Espectador, 07-01-2021
[4] Comunicado Conjunto: Cinco preocupaciones sobre el decreto que reglamenta el uso de la Fuerza Pública en las manifestaciones sociales.
[5] Denuncian desplazamiento forzado en veredas de Cúcuta, Puerto Santander y Tibú. El Espectador, 11-01-2021.
[6] Las AGC de alias «Messi» y el control territorial en el Bajo Atrato. Contagio Radio, 10-01-2021.