Cuando las Fuerzas Armadas quieren pronunciarse sobre los temas políticos de la contingencia acostumbran «ejercicios de enlace» o golpes de Estado, pero constantemente se valen de los militares en retiro para que develen las intenciones de sus oficiales en ejercicio. De esta forma, no vulneran aparentemente su obligación de «no deliberar» en política, cuando todos […]
Cuando las Fuerzas Armadas quieren pronunciarse sobre los temas políticos de la contingencia acostumbran «ejercicios de enlace» o golpes de Estado, pero constantemente se valen de los militares en retiro para que develen las intenciones de sus oficiales en ejercicio. De esta forma, no vulneran aparentemente su obligación de «no deliberar» en política, cuando todos sabemos que sí lo hicieron el 11 de septiembre de 1973 y en esa otra cantidad de cuartelazos y violentas insurrecciones de toda nuestra historia.
No es de sorprenderse que en estas solapadas intervenciones, los uniformados tengan aliciente en lo que piensan algunos políticos de derecha y cuenten, incluso, con la complacencia de las autoridades que debieran denunciar estos actos que vulneran la obediencia que deben los uniformados al poder institucional. En este sentido, el apoyo que le han brindado al comandante en jefe del ejército los actuales ministros de Interior y de Justicia es una vergüenza, y representa el encantamiento de algunas autoridades con el poder militar.
En efecto, cuando el ministro Fernández dice que «hay que creerle» al general Humberto Oviedo respecto de que no existen pactos de silencio castrenses, lo que hace es asumirse como cómplice de algo completamente constatado por los tribunales. Esto es, que las cúpulas castrenses no han colaborado con el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura como ahora lo ha constatado en carne propia la hija del asesinado presidente Frei Montalva. Por cierto que a esta actitud del ministro del Interior ha seguido el respaldo que le brindara el de Justicia, Jaime Campos, caracterizado, ya, por sus incontinencias verbales y su desdén por la justicia y la probidad en la política.
Este incidente se vio coronado con la entrevista que otorgara el ex comandante Izurieta a El Mercurio , donde reconoce que la superioridad jerárquica en realidad conversa de todo entre sus miembros, aunque «sin ánimo de intervenir», como dice, porque ellos «no serían un grupo de presión…». Como si se nos hubiera olvidado la forma cobarde y aviesa con que derrocaron al gobierno de Salvador Allende y cómo a lo largo de nuestra historia no han cesado de acribillar a la población y desbaratar nuestras instituciones republicanas. Ganando, con ello, la mala fama de ser los militares del continente que más han victimizado a su población civil.
No es extraño, por lo mismo, que también el actual titular del ejército advirtiera al país que están listos para tomar La Araucanía si las autoridades lo dispusieran, con lo que naturalmente expresó su profundo deseo de acometer esa acción. Tanto así que en este engolado y colorinche despliegue de soldados y armas hasta desfiló un batallón de efectivos para hacer frente a las demandas de nuestro pueblo originario. Esto incomodó a varios políticos presentes en una manifestación que celebra las muy hipotéticas glorias de un ejército que, insisto, tiene más víctimas en nuestra población que en las tropas extranjeras con las cuales se han enfrentado.
Veremos ahora qué dicen ambos ministros de Michelle Bachelet con las declaraciones del general Izurieta en cuanto a que el cierre de Punta Peuco «no es una decisión racional». Toda vez que se ufana de concurrir con frecuencia a este penal para visitar «a sus camaradas de toda una vida…». ¿Les merecerá algún reparo a los ministros Fernández y Campos que Izurieta acuse a la presidenta de la República de realizar actos irracionales?
Las cada vez más desafiantes e insubordinadas expresiones de militares vuelven a alertar que Chile puede experimentar otro severo quiebre institucional, si es que las autoridades civiles no actúan a tiempo y con firmeza, emprendiendo los esfuerzos necesarios para erradicar de nuestros institutos armados a toda la oficialidad que participó de diversas formas en la conspiración de 1973 o, que después, la ha seguido justificando.
Nos da la impresión que ante los próximos comicios lo que esperan los uniformados es el triunfo de Sebastián Piñera o de la otra expresión todavía más extrema de la derecha, la del candidato José Antonio Kast. Coinciden ambos en la intención de militarizar La Araucanía, con lo cual, como vemos, está tan dispuesto el actual comandante en jefe.
De esta forma es que se hace muy irresponsable que los demás abanderados presidenciales no logren algunos consensos básicos, si es que ya no les fue posible confluir en una sola candidatura. De esta forma, con la complacencia de los postulantes de la derecha, como en las torpes y cobardes expresiones de algunos miembros del gobierno, es que debemos temer que se mantengan las escandalosas partidas presupuestarias castrenses, además de desbaratarse los juicios y sentencias en materia de violaciones a los derechos humanos, si triunfara cualquiera de los dos candidatos ungidos por los militares.
Publicado en «Punto Final», edición Nº 885, 29 de septiembre 2017.