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Las fuerzas de seguridad colombianas se hacen pasar por funcionarios del censo en lugares de crisis humanitarias para después detener a los líderes comunitarios

Fuentes: Corporación Jurídica Libertad

El personal del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a principios del año que transcurre, aprovechando la crisis humanitaria que se generó en el municipio de Argelia por el desplazamiento masivo de campesinos de las veredas, se presentó ante la comunidad como empleados de la secretaría de Gobierno Departamental, de esta manera censaron a la población […]

El personal del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a principios del año que transcurre, aprovechando la crisis humanitaria que se generó en el municipio de Argelia por el desplazamiento masivo de campesinos de las veredas, se presentó ante la comunidad como empleados de la secretaría de Gobierno Departamental, de esta manera censaron a la población y tomaron fotografías para la elaboración del álbum sobre el que posteriormente los testigos harían reconocimientos; luego, como ha ocurrido en todos los procedimientos de capturas masivas, ante los cuerpos de seguridad aparecieron informantes que afirman haber sido integrantes del grupo subversivo o ser víctimas de ellos, y proceden a sindicar a líderes comunitarios, empleados de la alcaldía municipal, personal médico y sanitario, de ser integrantes o colaboradores de los grupos subversivos que operan en la región.

El pasado día 32 de agosto el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- anunció ante los medios de comunicación los resultados de la operación «Resplandor» realizada en Medellín y en los municipio antioqueños de Argelia, El Santuario y Marinilla. Señala el parte oficial la captura de veintinueve (29) personas acusadas de ser milicianos de las FARC.

Se repite el libreto de las capturas masivas adelantadas en diferentes partes de la geografía nacional y que tanto cuestionamiento ha generado. Hace tan poco unos días fueron dejados en libertad por la Fiscalía General de la Nación 62 pobladores de Quinchía, luego de permanecer bajo privación de la libertad por 22 meses, soportando acusaciones de ser integrante de la guerrilla de las FARC.

El pasado fin de semana los pobladores de Argelia, al igual que había sucedido en las localidades de Ovejas (Sucre), Quinchia (Risaralda), Calamar (Guaviare), y Chaparral (Tolima) se vieron sometidos al espectacular montaje de los cuerpos de seguridad en cabeza del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, quienes fueron los encargados de llevar a cabo la ya muy consabida fórmula para las redadas masivas.

El personal del DAS a principios del año que transcurre, aprovechando la crisis humanitaria que se generó en el municipio de Argelia por el desplazamiento masivo de campesinos de las veredas, se presentó ante la comunidad como empleados de la secretaría de Gobierno Departamental, de esta manera censaron a la población y tomaron fotografías para la elaboración del álbum sobre el que posteriormente los testigos harían reconocimientos; luego, como ha ocurrido en todos los procedimientos de capturas masivas, ante los cuerpos de seguridad aparecieron informantes que afirman haber sido integrantes del grupo subversivo o ser víctimas de ellos, y proceden a sindicar a líderes comunitarios, empleados de la alcaldía municipal, personal médico y sanitario, de ser integrantes o colaboradores de los grupos subversivos que operan en la región.

Con base en la señalamientos de los informantes la fiscalía, sin realizar ninguna labor de verificación y de análisis de la información, procedió a ordenar el allanamiento y captura de todas los pobladores que han sido denunciados.

Es importante señalar que en el caso de Argelia, al igual que ha ocurrido en los otros casos de capturas masivas, a las personas privadas de la libertad no les fue incautado ningún elemento de delito al momento de realizarse el procedimiento de allanamiento y de privación de la libertad.

Llamamos la atención de la comunidad nacional e internacional para que exijan a la Fiscalía General de la Nación el respeto del debido proceso en la investigación que se adelanta, y la libertad inmediata de las personas injustamente privadas de su libertad.