1) Colombia vive una situación de incertidumbre en relación al cese de la guerra y la implementación de los acuerdos de La Habana, por varios motivos que intentaremos esbozar más adelante. El ambiente de optimismo del gobierno y de algunos sectores de izquierda es parecido al experimentado con la Constitución del 91, ya que fue […]
1) Colombia vive una situación de incertidumbre en relación al cese de la guerra y la implementación de los acuerdos de La Habana, por varios motivos que intentaremos esbozar más adelante. El ambiente de optimismo del gobierno y de algunos sectores de izquierda es parecido al experimentado con la Constitución del 91, ya que fue considerada un pacto social y político producto de los acuerdos de paz con el M-19.
El rasgo principal de la coyuntura política colombiana es la firma de los acuerdos de paz y el cese del conflicto armado entre el gobierno Santos y las Farc. Ello indica unos compromisos de las partes que tendrán incidencia en los territorios y la población en donde el conflicto armado ha tenido mayor impacto, indudablemente en las zonas rurales. Pero las repercusiones serán nacionales (e internacionales) tanto en el campo como en las ciudades, en estas últimas la violencia y los conflictos son pan de cada día, sin embargo no fueron objeto de discusión específica en la Habana.
El camino para lograr una paz estable y duradera no está expedito, cuenta con muchos obstáculos que se desprenden del modelo estructural del capitalismo y de las fuerzas políticas del establecimiento que aspiran a una paz para la seguridad de sus inversiones empresariales (de nacionales y extranjeros), y así profundizar el modelo extractivista. El panorama de la coyuntura económica colombiana no es halagüeño: la baja de los precios internacionales de los productos mineros y del petróleo ha producido un hueco fiscal difícil de manejar, conllevando a un el déficit presupuestal; además la revaluación del peso con respecto al dólar, los niveles de inflación recientes y el incremento de la deuda externa e interna, pone en duda la economía del llamado postconflicto. Ni siquiera la reforma tributaria anunciada podrá subsanar los escollos, se avecina más apretón del cinturón, más IVA y recortes del gasto social.
Como lo ha dicho el gobierno, y es cierto, el acuerdo no vulnera para nada la propiedad privada, ni el modelo económico prevaleciente, por lo contrario da respiro a los inversionistas (confianza inversionista) y abre la posibilidad al régimen político de cooptar a los exguerrilleros a través de reformas constitucionales y políticas, y al gobierno controlarlos mediante el otorgamiento de apoyo económico para proyectos productivos, préstamos para formar pequeñas empresas y subsidios para los desmovilizados.
2) Después de 4 años de negociación se firmará el texto definitivo de los acuerdos el 26 de septiembre de 2016 en la ciudad de Cartagena, según anuncio presidencial. Independientemente del debate surgido del contenido de los acuerdos desde la ultraderecha Uribista o la izquierda no plegada al Santismo (en dónde nos ubicamos nosotros), el sólo hecho del cese del conflicto armado que por más de 50 años ha soportado el país y la transformación de las FARC-EP en movimiento político legal es el punto que nos llevará a votar SÍ en el plebiscito del 2 de octubre. Es una oportunidad política para desnudar los falsos argumentos de la ultraderecha Uribista y la Derecha Santista en torno a los acuerdos de la Habana. Los acuerdos no son el triunfo de la «Democracia» sobre violencia guerrillera como creen los Santistas, ni la entrega del país al Castro-Chavismo como dicen los Uribistas.
Los acuerdos, avalados por el gobierno Obama, son una pieza clave de la estrategia imperialista de los EEUU y de la Oligarquía colombiana para afianzar la dominación y subordinación de la región a los dictados del gran capital. Es la forma de despejar el territorio colombiano para beneficio de las empresas trasnacionales y sus inversiones en proyectos mineros, palmeros, agroalimentarios y de servicios. Como también desmontar el último reducto insurgente en América Latina e impedir el arribo de nuevos gobiernos de izquierda y progresistas en Suramérica. Ello lo indica el paso del Plan Colombia a Paz Colombia, dos caras de una misma moneda. Lo anterior es coherente y coordina con la estrategia de «golpe suave» aplicadas a Argentina, Brasil y Venezuela, últimamente, en correspondencia con el Plan Cóndor.
Los acuerdos, suscritos por las Farc, es la salida negociada al conflicto armado interno, no es un texto de rendición, sino una salida digna en términos generales, a pesar de que podamos criticar el pacto de impunidad mutuo contenido en el punto de justicia transicional. Para lo cual debemos contrarrestarlo con Comisiones de la verdad histórica que esclarezcan lo sucedido y a las víctimas se les garantice la no repetición.
En el tema de las víctimas es importante sostener que no hay víctimas inocentes totalmente, por el lado de los poderosos muchos son agentes de la violencia criminal paramilitar y del Estado, y por el lado de los movimientos sociales y populares son luchadores en contra del establecimiento. De tal manera que para avanzar hacia la paz se deben desmontar todos factores de violencia armada y política: disolver las Bacrin y las estructuras paramilitares, iniciar los diálogos con el ELN y abandonar el lenguaje guerrerista.
Las Farc entendieron que la guerra exige para los movimientos guerrilleros alta tecnología y que ya no es posible ganarla. Además su desprestigio político no les permite persistir en un propósito inútil y, por ello, se la jugaron toda en la negociación. Ellos saben el riesgo que corren, está la experiencia de la UP cara a su movimiento, pero también saben que el establecimiento a esta altura de la situación tiene que protegerlos para mantener la bandera de la Paz; pero la ultraderecha puede hacer daño y movilizará recursos y opinión en contra del proceso, no hay que subestimar la «Resistencia Civil» del uribismo, ya anunció sabotajes y movilizaciones de sus adeptos a la implementación de los acuerdos si gana el SÍ. Todo dependerá de la movilización popular para resistir a la ultraderecha y exigir garantías y cumplimiento no sólo de los acuerdos si no, también, de las peticiones de los movimientos sociales al gobierno.
3) El plebiscito del 2 de octubre será para los Partidos y Movimientos Políticos del establecimiento una medición de fuerzas para el futuro del llamado postconflicto y de las candidaturas presidenciales del 2018. Si el NO obtiene una alta votación el juego político entre el Uribismo y el Vargasllerismo se activa y podría haber un realineamiento de fuerzas políticas en el congreso para atrancar las reformas que requiere el postacuerdo y vislumbrar la candidatura presidencial de Vargas Lleras, las fisuras entre el Presidente y el Vicepresidente se dejan ver públicamente. Todos entendemos que el candidato de Santos será Humberto De La Calle, por el trofeo de la Habana.
Nuestro voto por el SÍ está sustentado por lo saludable que pueda ser para los movimientos sociales y populares expresar sus demandas sin la criminalización y el señalamiento, es la oportunidad para enfatizar su autonomía y libertad de opciones políticas.
El SÍ para nosotros es el saludo a nuevas fuerzas políticas que dejan las armas para actuar políticamente en la legalidad, independientemente de nuestras críticas, que serán siempre desde la izquierda.
El SÍ en definitiva significa contribuir para crear nuevos espacios políticos de movilización y lucha para el pueblo colombiano.
4) No somos ingenuos de esperar una apertura democrática desde la institucionalidad del Estado. Pero cualquier intersticio debe ser utilizado para potenciar la movilización popular y resistir lo que viene: un postacuerdo conflictivo, lleno de obstáculos.
Sólo la movilización popular debe ocupar los territorios del conflicto armado para defender sus demandas, la desmovilización de la guerrilla no debe significar la militarización del ejército y la policía.
Se abre un período de resistencia popular por el cumplimiento de los acuerdos y nuevas demandas en los campos y ciudades de Colombia. Y si nos toca combinar esta resistencia con la lucha electoral lo haremos, pero con el celo de no ser utilizados por el establecimiento ni movimientos cooptados por el mismo.