Iridia y Acció Contra el Espionatge Policial elevan un recurso de amparo por las graves violaciones de derechos vinculadas a la falta de investigación judicial de las consecuencias de este espionaje.
Las infiltraciones de agentes policiales bajo identidades falsas en movimientos sociales y sus consecuencias en las personas que fueron víctimas de este espionaje, llegarán al Tribunal Constitucional. Irídia-Centre per la Defensa dels Drets Humans, conjuntamente con el colectivo de afectadas por estas infiltraciones Acció Contra l’Espionatge d’Estat, ha interpuesto un recurso de amparo para denunciar la falta de investigación de las graves vulneraciones de derechos fundamentales derivadas de las infiltraciones policiales en espacios políticos y sociales de Barcelona.
Esta acción judicial es una respuesta a la inadmisión a trámite de la querella interpuesta en enero de 2023 por ocho personas afectadas contra el agente infiltrado D. H. P., sus superiores jerárquicos y el Ministerio del Interior. Una resolución que, según Irídia, “supone un incumplimiento grave de la obligación de garantizar la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes, tal como establecen los estándares internacionales de derechos humanos”. Irídia considera que este incumplimiento “pone en riesgo la protección efectiva de los derechos humanos y consolida la impunidad de las autoridades responsables de unas prácticas tan innecesarias como abusivas”.
Tanto el Juzgado como la Audiencia han avalado y hecho propio el
discurso de Fiscalía, que alega que investigar el caso “podría poner en
peligro la seguridad del Estado”. Iridia considera que con este
posicionamiento “se prioriza una cuestión de supuesta seguridad antes
que nuestros derechos fundamentales”.
Especial trascendencia constitucional
El recurso subraya la necesidad que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre los límites legales y éticos del uso de relaciones sexoafectivas por parte de agentes policiales infiltrados, una práctica aún no resuelta por la jurisprudencia. Iridia hace referencia a las declaraciones del Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, en comisión de interior, en los que describía a estos infiltrados como agentes de inteligencia, diferenciándolos de los agentes encubiertos.
“Esta práctica afecta gravemente la dignidad, la libertad sexual y la participación política de las personas afectadas, a la vez que criminaliza y limita los movimientos sociales”, manifiesta Iridia, que reafirma su compromiso “de agotar todas las vías judiciales para exigir que se investiguen unos hechos tan graves y se establezcan responsabilidades políticas y judiciales, llegando a instancias internacionales si fuera necesario”.
La falta de transparencia sobre las infiltraciones policiales
Este caso no es aislado, sino que desde junio de 2022 hasta la actualidad se ha podido conocer la presencia de nueve agentes infiltrados en movimientos sociales en cuatro ciudades diferentes (Barcelona, Girona, València y Madrid). Desde entonces, se han iniciado dos otros procedimientos penales contra los agentes infiltrados, así como sus superiores jerárquicos; el último el pasado jueves 9 de enero en València.
Si bien estas operaciones se han probado como una tendencia represiva al alza, se han topado con la negativa sistemática del Estado español a desclasificar el número de agentes policiales infiltrados en espacios de movilización social y política, amparandose en la Ley franquista de Secretos Oficiales. Esta carencia de transparencia “no solo limita el derecho a la información de la ciudadanía, sino que también dificulta la rendición de cuentas por unas prácticas que tienen impactos devastadores en las personas afectadas y en el tejido asociativo”, explican desde Iridia.
El anuncio de esta acción llega el día siguiente al estreno del documental “Infiltrats”, producido por La Directa y emitido en el programa 30Minuts de 3Cat. Este documental aporta información inédita sobre el caso y sus impactos en las personas y los movimientos afectados, dando respuesta a algunas preguntas que señalan la falta de voluntad política para esclarecer los hechos. La investigación periodística refuerza la necesidad de abrir un debate público sobre la legitimidad de estas operaciones y sus graves implicaciones en los derechos fundamentales.
Las infiltraciones son tortura
Desde Acció Contra l’Espionatge d’Estat, en un comunicado emitido a raíz del citado documental, señalan que “las infiltraciones policiales y las prácticas que las sustentan son tortura y, además, en este caso han ido de la mano de agresiones sexuales perpetradas por el policía infiltrado, es decir, lo que podriamos definir como violencia institucional sexualizada”. El colectivo, creado para denunciar y afrontar colectivamente “los efectos y consecuencias de esta herramienta represiva del estado”, señala que “estas prácticas atentan contra la dignidad y la integridad de las personas y conllevan unos daños y secuelas personales irreparables”.
Desde este colectivo hacen una llamada a “la solidaridad y al apoyo mutuo para generar una respuesta colectiva ya que, más allá de las personas directamente afectadas, estas infiltraciones policiales son una vulneración que nos afecta a todas”. Así como señalan que “no hay que normalizar ni acatar los ejercicios de violencia en manos del estado: el conjunto de casos destapados hasta ahora nos demuestran la gran amplitud de colectivos, espacios, organizaciones y personas que podemos ser objetivos”.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/represion/infiltraciones-policiales-llegan-al-tribunal-constitucional