Las dificultades para acceder al alquiler de una vivienda en ciudades como Madrid se agravan si el demandante no es español. J, un peruano que trabaja para el Estado, cuenta sus doce rechazos en seis meses,
Vivir en Madrid cuesta cada día más. Muchos andan pendientes de las notificaciones del móvil, de un nuevo anuncio en los sitios web de oferta inmobiliaria, porque conseguir un piso con una ventana al exterior, sin moho en sus paredes, es un deseo que pueden cumplir pocos. Ya no basta ser una persona con derecho a la vivienda, las agencias filtran las solicitudes para quedarse solo con “los mejores perfiles”.
El cliente, mejor dicho “candidato al piso”, será evaluado y tendrá que evidenciar cualidades en esto que parecieran unos juegos del hambre de la vivienda. Debe contar con trabajo estable y, con frecuencia, ser capaz de abonar en un día entre 2.000 y 3.500 euros que incluyen el mes en curso, uno o dos de fianza y eventualmente el ya irregular pago de la agencia.
Han puesto muy arriba la vara de la capacidad financiera. Por un estudio de 650 euros, con una estancia mínima de seis meses, la agencia puede pedir como requisitos un contrato indefinido y una nómina superior a los 2.500 euros.
Y parece que podría haber otros criterios de selección.
J. es un peruano que llegó a España en el 2018. Ha alquilado habitaciones en Fuenlabrada y un ático de Lavapiés. Trabaja para el Estado español y cobra un sueldo de 1.500 euros. Cuando quiso alquilar un piso junto con su sobrino –empleado de un súper, 1.000 euros al mes–, comenzó una búsqueda por internet. Su viacrucis duró medio año. Las nóminas y contratos de ambos avalaban su solvencia, de hecho aprobaron todas las evaluaciones de las aseguradoras; sin embargo, por alguna razón los propietarios de los inmuebles los rechazaban. J. bromea con un supuesto racismo, que podría no ser broma ni un caso aislado si entre las reseñas a una inmobiliaria se leen comentarios de personas que fueron marginadas por cuestiones así.
Solo algunas agencias le comunicaban el veredicto a J. En otras ocasiones, no respondían, directamente lo bloqueaban en WhatsApp o el número de contacto era anulado. Víctor Palomo es abogado del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, una organización en defensa de sus derechos. Observa que en las inmobiliarias “se da por hecho que un español va a tener más solvencia que una persona migrante, que esta va a tener más posibilidades de impago, por tanto, se le rechaza. Pero a los franceses, a los americanos, o a las personas de países con dinero sí que les alquilan. A los que no se alquila es a los migrantes que pueden ser de un país de origen más humilde”.
A principios de julio, una empresa dedicada supuestamente a recuperar viviendas ocupadas colgó una lona en un edificio de la calle Atocha de Madrid. En ella, la frase “Tú a Marruecos, Desokupa ¡a la Moncloa!” y la imagen del presidente Pedro Sánchez. No hay pruebas que relacionen el movimiento okupa con una mayoría de origen marroquí. Según las últimas noticias, hay okupas noruegos en Málaga, belgas en Sotogrande y hasta un exapoderado del Partido Popular (PP) en Alicante. Lo que se sabe con certeza, indica Palomo, es que el delito de usurpación es uno de los pocos que ha sido cometido más por las mujeres –52 %– que por los hombres, cuando la regla es 80 % hombres y el resto, mujeres. Que casi un 20% de las trabajadoras de España cobre el salario mínimo (1.050 euros) quizá lo explique.
Volviendo a la historia de J., su hermana intervino. Lo puso en contacto con una persona de su confianza y por fin le alquilaron un piso en Aluche. De lo contrario seguiría en lo mismo, dice él.
Parecería una casualidad a la que restarle importancia, pero doce rechazos en seis meses suponen un par de cosas por lo menos: que el dinero no lo es todo para los caseros –pero ¿qué es lo determinante entonces?– y que siempre hay otro que supera tu poder adquisitivo. Eso propicia la especulación. Habitar Madrid cuesta hoy un 60 % más que hace diez años y los sueldos han aumentado en 3,4 % en ese tiempo. Víctor Palomo cuenta que algunos propietarios han querido desalojar bloques enteros porque sus inquilinos no aceptaban un aumento de la renta.
“Eso es una barrera de clase, es ‘pobres fuera del Centro’. Dentro de la M-30 podrán vivir solo quienes puedan pagar alquileres superiores a los 1.200 o 1.300 euros. Es un peligro porque Madrid pierde su gente, la que hacía los barrios. Se la sustituye por gente con una alta capacidad económica”, dice Palomo.
Coincidentemente, hace unos días un diario titulaba “La vivienda de lujo se dispara”.
Mientras la clase media y los que están debajo de ella pujan por una vivienda, por la Gran Vía caminan balanceando bolsas de ropa hecha en Bangladesh los turistas que gastan en promedio 325 euros al día, batiendo récords históricos de su presencia en esta parte del mundo. La conversión de viviendas de uso habitual a las de alquiler turístico aumenta y reduce todavía más las opciones de unos 750.000 mil residentes en Madrid ,cuyo derecho a la vivienda ejercen por la vía del alquiler.
“Esto ya lo hemos visto. El caso más llamativo con el turismo es Barcelona. Barrios enteros que tenían una historia, una cultura popular, prácticamente han desaparecido. El mercado de La Boquería, que era un mercado de abastos donde iba a comprar la gente mayor, a día de hoy es un sitio donde los puestos te venden fruta cortada a cinco euros o helados o recuerdos: es esa forma de destrozar los barrios. Hay que topar los precios de los alquileres”, dice el representante del sindicato.
Esta ciudad es una mierda
C. es una finlandesa que vive en Madrid desde hace dos años. “Odio esta ciudad. Es una mierda. Es lo peor que me ha pasado en mucho tiempo. Hemos sufrido tanto… La calidad de la vivienda es una mierda, y siendo extranjeros nadie nos hace caso, por eso ha sido difícil conseguir un piso. Por todos lados nos decían que no. Mostrábamos nuestros buenos ingresos: mi pareja tiene un contrato y yo soy comunitaria, tengo una nómina, un sueldo. Pero hay que tener ingresos de una empresa con sede en España por doce meses. Y no pasamos el seguro de impago”, relata.
Finalmente, consiguió firmar un contrato de arrendamiento por un año del ático de una “particular” en Pozuelo de Alarcón. La casa era bonita pero vieja y, para C., acabó siendo una estafa. “Como llegamos en verano, no nos dimos cuenta. En invierno empezó a aparecer moho en el techo. Las lentes de las cámaras con las que trabajamos también tenían hongos. Pero la dueña decía no, no”, cuenta.
Se llamó al seguro, pero nadie apareció. El techo ya se desprendía a pedacitos, chorreaba el agua de las lluvias. “Una vecina nos dijo que nuestra terraza se había caído sobre la del vecino, ahí abajo. Alguien hubiera podido morir por eso. La dueña negó todo, dijo que el problema era nuestro”, dice C.
C. pasó de Pozuelo a El Retiro. Creyó que los 200 euros adicionales que pagaría por el alquiler harían la diferencia. Lo diferente esta vez fue una plaga de chinches. “Es muy triste. Esto me ha costado mucho dinero”, se lamenta, refiriéndose a todo lo que tuvo que tirar. Cada día que pasa, C. se convence más de que los bares de tapas de Madrid están llenos porque nadie aguanta estar en su casa.
Y apunta contra los caseros: “Me parece absurdo que los dueños de las casas tengan tanto desprecio por sus inquilinos cuando ellos están haciendo plata con nosotros. Yo estoy apoyando su estilo de vida. Yo estoy pagando su préstamo bancario, su hipoteca. Deberían tratarme como a cualquier cliente, pero me tratan mal, como si fuera una delincuente que no quiere pagar y destruir todo. Yo quiero vivir cómoda, pero es casi imposible. Madrid es una ciudad muy difícil para quienes no somos españoles. Ya ni siquiera importa si tienes ingresos, solo que cumplas sus requisitos”.
C. es consciente de sus privilegios y no quiere ni imaginarse lo que sería vivir indocumentada en España.
S., un joven colombiano con solo treinta días en Madrid, lo sabe. Mecánico en su país, se dedica a los portes y su día laboral comienza a las ocho y culmina cuando ya es de noche. S. trabaja de lunes a domingo. Quien así lo quiera creer, pensaría que se está forrando, aprovechando esta época de mudanzas continuas, pero la realidad es que los 700 euros que cobra al mes le alcanzan a duras penas para una habitación en Villaverde.
Víctor Palomo comenta que es “el barrio con la renta más baja de Madrid, donde hay más alquileres precarios. Hay alquileres de una habitación para familias y hay pisos sobresaturados: en un piso para cuatro personas viven catorce”.
Son realidades muy distintas a las postales del centro. En el libro La España Invisible, el escritor Sergio C. Fanjul describe los alrededores de la Asamblea de Madrid, dos edificios levantados en Vallecas que deberían representar la inclusión, pero que son otra muestra de la desigualdad o un monumento a ella.
“Delante de la Asamblea hay un carrusel triste, algunos venden mimosas, en la plaza se dispersa bastante basura de la noche anterior, la típica dejadez periférica que no es tan fácil de ver en las zonas más cuidadas del centro, donde parecen concentrarse los esfuerzos públicos de embellecimiento”, escribe Fanjul.
Madrid: referencia mundial del lujo y la calidad de vida
Hace dos semanas, en la III Gran Jornada Inmobiliaria, organizada por un medio de comunicación, se reunieron algunos de los mandamases del sector para opinar –la mayoría para quejarse– de la ley del derecho a la vivienda. Arguyeron inseguridad jurídica, que los propietarios ahora quedaban indefensos legalmente ante los okupas.
Para Víctor Palomo, los okupas no son realmente un problema. “Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial indican que en el 2021 hubo 3.000 sentencias por usurpación en todo el Estado. Es decir, 3.000 sentencias para una población de 47 millones no es algo llamativo”, dice. Las estadísticas de las oficinas antiokupas instaladas por el PP y Vox en Castilla y León son reveladoras: han recibido 37 consultas por Internet y 7 presenciales en un mes; específicamente la de Soria no ha recibido ninguna. Esas 3.000 sentencias de usurpación serían el 0,13 % del total de delitos denunciados en el 2022.
Como abogado y portavoz del sindicato de inquilinas, Palomo se opone a que los fondos y los bancos amplíen su territorio. “Ya bastante tienen. Solo buscan mayores beneficios, el lucro, no les interesan la vida de los inquilinos ni las condiciones en que viven. Ven la vivienda como un bien de mercado muy rentable sin [considerar] cómo se afecta un derecho tan importante como el derecho a la vivienda”.
Mientras tanto, Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP a la presidencia y líder en las encuestas, ha declarado que derogará la ley de vivienda si llega al Gobierno. En el único debate con el actual presidente, Pedro Sánchez, ambos políticos se enfrascaron en un intercambio de pullas cuando los moderadores les plantearon el tema de la vivienda. Sánchez defendió la norma vigente. ¿Qué propone el PP? Desokupar. Lo demás no está claro.
Fuente: https://ctxt.es/es/20230701/Politica/43561/alquler-madrid-migrantes-vivienda-racismo.htm