Nos acercamos a un momento histórico en este país. Un momento en donde la ciudadanía tendrá la posibilidad de decidir si continúa el conflicto armado con las FARC-EP o le damos una salida negociada. El 2 de Octubre del 2016 nos jugamos los próximos 25 años de Colombia. Hace unos meses estuve en el Simposio […]
Nos acercamos a un momento histórico en este país. Un momento en donde la ciudadanía tendrá la posibilidad de decidir si continúa el conflicto armado con las FARC-EP o le damos una salida negociada. El 2 de Octubre del 2016 nos jugamos los próximos 25 años de Colombia.
Hace unos meses estuve en el Simposio de Pensamiento Político Latinoamericano en la Universidad Central «Marta Abreu» de las Villas, en la ciudad de Santa Clara de la Isla de Cuba. La ponencia inaugural trataba sobre «el derecho a la paz en Colombia» y la dicto el profesor Ricardo Sánchez, decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia.
En resumen, el profesor Sánchez sembró la idea de que la paz en Colombia es la firma del acuerdo de fin del conflicto armado entre las FARC-EP y el Estado colombiano, y fue posible solo gracias a la disposición y voluntad política del Secretariado del Estado Mayor Central de la organización insurgente y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
Esto me molesto muchísimo, primero porque contó la mitad de la historia, y segundo, porque lo hizo un profesor que se supone debería mantener el papel de conciencia crítica de la nación del lado de los de abajo. Por el contrario, lo que hizo el profesor desde su posición, fue legitimar el relato oficial que desconoce el papel de las comunidades en los territorios para la construcción del nuevo país que queremos.
Esta idea de que la paz se tramó y desarrollo en las alturas, en los salones de la Casa de Nariño, las selvas de Colombia y un salón de negociaciones en un centro de convenciones en Cuba, es totalmente injusta con el movimiento social y popular colombiano. El fin del conflicto armado sí tuvo que ver con la voluntad política de la clase dirigente del régimen político y la insurgencia de las FARC-EP pero, y es un PERO muy grande, también se está consiguiendo esa firma del acuerdo para la finalización del conflicto armado porque por lo menos en los últimos ocho años (dentro de lo que me consta personalmente) la ciudadanía se ha movilizado de formas y maneras poderosas, cambiando lo que la mayoría daba por sentado, como por ejemplo que la guerra era algo normal.
El tema me lo tomo personal, en parte, porque mi formación como sujeto político activo dentro del movimiento social colombiano pasa por mi experiencia como estudiante de la Universidad Nacional de Colombia y como militante de la Marcha Patriótica. Haciendo memoria, es donde puedo afirmar que lo que hoy estamos viviendo se ha peleado en las calles y carreteras del país, y nos ha costado lágrimas de sangre.
Recuerdo claramente como en el 2008 empieza un ciclo ascendente de la movilización social en el país, a pesar de lo que significó el terrorismo de Estado de la Seguridad Democrática que en ese momento estaba en su apogeo, sustentada en varios años de actividades sangrientas de lo que se denominaron las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC- y que falsamente se desmovilizaron tiempo atrás para que las empezaran a llamar bandas criminales, herederas de décadas de terrorismo de Estado y violencia política contra la oposición al régimen. Mientras tanto se tomaron el Congreso de la República y sus títeres llegaron a ocupar (por lo menos en lo que se comprobó judicialmente) el 35% de las sillas del que se supone es el espacio máximo de la «democracia» colombiana.
En el 2008 fue convocada una movilización por parte del gobierno, con el apoyo de todos los medios masivos de comunicación en contra de las FARC-EP. Algo que se quiso replicar este año (2016) desde el partido Centro Democrático. Son claras las imágenes del momento de la gente en las calles, clase media y alta de las ciudades, movida por el odio que atizó el establecimiento para gritar NO MÁS FARC, como si ellas fueran nuestro verdadero problema. La diferencia entre la movilización del 2008 en contra de las FARC-EP con la que se intentó hacer este año es simple, hace ocho años estaban en la cúpula del poder, ahora están replegados hacia la marginalidad política y asustados ante la posibilidad del fin del conflicto armado que les ha dado justificación como señores de la guerra y voz de «la gente de bien».
Era mi segundo año de ciencia política en la Universidad Nacional de Colombia y ya era consciente de las atrocidades de la guerra, estaba convencido de la necesidad de construir un país en paz y con justicia social al igual que muchas y muchos por ahí. Al mismo tiempo andábamos con cautela, porque vivíamos bajo un gobierno que trataba de manera abierta y sin pena a todo el que ejerciera su derecho a la protesta como un criminal y a todo el que pensara que de pronto las insurgencias tenían un sentido político era juzgado como un «aliado del terrorismo». Desde antes de esos tiempos es común que la gente crea tener el derecho de disponer de la vida de sus compatriotas.
En ese año (2008) fui testigo orgulloso de cómo los indígenas del Cauca reunidos en el CRIC y los corteros de caña del Valle del Cauca le demostraron a Álvaro Uribe Vélez que no tenían miedo, y se movilizaron por su derecho al territorio y vida digna. Fue en ese año que el hoy Senador de la República de Colombia fue obligado por el movimiento indígena a escuchar sus exigencias, a pesar que el señor Uribe tenía la intención de hacer caso omiso a las mismas, acusándolos de ser aliados del «terrorismo». Fue en ese año que recibimos en la Universidad Nacional de Colombia a miles de indígenas del Cauca que marcharon desde sus resguardos hasta Bogotá para visibilizarse y obligar al jefe del Estado a dialogar con las comunidades.
En el 2009 se convocó a una movilización nacional en Cali, Valle del Cauca, donde confluyeron miles de organizaciones sociales y populares del país, exigiendo un acuerdo humanitario entre las FARC-EP y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, como primer paso para humanizar la guerra, ¡HUMANIZAR! Hace siete años no se contemplaba ni siquiera la finalización del conflicto armado, eso no estaba en el horizonte del país. Lo único que se exigía era ponerle un dique al río de sangre.
En el 2010 fue convocada a una Marcha Patriótica y un Cabildo Abierto por la Segunda y Definitiva Independencia en la ciudad de Bogotá ¿La razón?, hacerle frente a la conmemoración oficial de los 200 años de nuestra independencia de los españoles, que al mejor estilo de los regímenes fascistas europeos de la primera mitad del siglo XX, planteó la exaltación de los valores católicos ultramontanos, el machismo y el militarismo y la guerra como ‘vainas’ positivas, en otras palabras, todo un despliegue estatal de legitimación de la barbarie que significaron los ocho años de la Seguridad Democrática. De la misma manera en octubre recordamos la invasión española a nuestro continente. Ambas movilizaciones y discusiones sociales y populares, son antecedente directo de lo que hoy conocemos como el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos.
En medio de esto se desarrollaban movilizaciones desde la Universidad Nacional en Bogotá, la Universidad Pedagógica y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; exigiendo una educación digna y de calidad. Lo normal para mí, mis compañeras y compañeros, era (y es en algunos casos todavía) ser señalados de guerrilleros y/o terroristas. No es que las cosas cambiaran mucho hoy en día, creo que la diferencia está en que la grieta al sentido común de la gente se ha ensanchando.
Es en esta agitación política y social, a pesar de la represión estatal, que se construye un amplio consenso sobre la necesidad de darle fin al conflicto armado colombiano para, entre otras cosas, darnos una oportunidad realista para la construcción de una nueva Colombia.
En el 2010 asume la presidencia Juan Manuel Santos con la promesa de ser un continuador de la Seguridad Democrática. El que no cumpliera con su palabra es el origen de sus actuales diferencias de forma con el senador Álvaro Uribe Vélez, que organizó como respuesta a esa «traición» su partido político de bolsillo, el Centro Democrático. No se puede perder de vista que Juan Manuel Santos fue el Ministro de Defensa más efectivo de Uribe Vélez. Cuando se posesionó (Juan Manuel Santos) mencionó que él tenía «la llave de la paz». Desde el movimiento social y popular se creía que Juan Manuel Santos sería Álvaro Uribe Vélez III.
En el 2011 en Barrancabermeja se realizó la movilización nacional por la Tierra, la Paz y el Territorio que tenía como apellido «El Diálogo es la Ruta»; miles de organizaciones sociales y populares le exigían al gobierno nacional y las insurgencias del país que buscaran una salida política al conflicto social y armado que vivíamos.
Es en ese encuentro que se propone, se aprueba y se lanza la idea de las Constituyentes por la Paz con Justicia Social, bajo el entendido que el poder lo tiene el pueblo. Reconociendo la necesidad de formular una nueva constitución para el nuevo país. Empieza un proceso que aún hoy no ha terminado y que ha rendido sus frutos, como generar desde abajo las propuestas de ordenamiento constitucional de Colombia desde nuestros territorios y sus gentes. En otras palabras, el programa político del movimiento social y popular colombiano para el posacuerdo se está actualizando desde el 2011 a un nivel de detalle que envidiarían otros países.
En el 2011 se desarrolló la movilización estudiantil universitaria más fuerte, amplia y diversa que el país tenga memoria en los años recientes, articulada en lo que se conoció como la Mesa Amplia Nacional Estudiantil -MANE- la cual frenó una reforma a la ley de educación superior que profundizaría de manera desastrosa el modelo neoliberal que ha venido desangrando la educación pública gota a gota.
Recuerdo cómo mi hermana se metió de cabeza desde la Universidad Tecnológica de Pereira, en medio de sus estudios de medicina, a movilizar y organizar, y cómo ella y yo discutíamos fuertemente con mi ‘viejo’ y mi ‘vieja’ que nos decían que no deberíamos estar «en paro» sino, por el contrario, estudiando, que esa era la mejor forma de defender la educación superior, que como siempre no conseguiríamos nada más allá de la represión estatal, poner en riesgo nuestra vida y nuestra integridad. Tenían razón y la siguen teniendo hoy en día, es en medio de las movilizaciones de la MANE que la policía asesinó a Jan Farid Cheng Lugo en una marcha que precedió uno de las asambleas nacionales del espacio que se celebraba en la ciudad de Cali. Al mismo tiempo, recuerdo cómo en esas discusiones con mi papá y mi mamá les decíamos que no podían exigirnos algo que iba en contra de cómo nos habían educado.
Paralelo a esto, y sin saberlo, en ese momento se estaba desarrollando la primera fase del proceso de diálogos entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos. Fue gracias a Alfonso Cano, quien a pesar de la persecución continuó con esta fase de los diálogos de paz, que afortunadamente se llegó a buen término. La mejor prueba de esto es que a pesar de su asesinato por orden directa de Juan Manuel Santos, el Estado Mayor de las FARC-EP tuvo la capacidad de seguir sus orientaciones más allá de esa violación fragante al Derecho Internacional Humanitario y a la confianza entre enemigos que se supone estaban buscándole otra salida a la guerra, mantener el dialogo y avanzar.
En el 2012 se formaliza el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica y es inaugurada la segunda fase del proceso de paz entre las FARC-EP y el gobierno Santos, fase que terminará en próximas semanas con la firma del acuerdo final y el cese al fuego bilateral y definitivo; si es que la ciudadanía le dice SI al plebiscito convocado para el 2 de Octubre del 2016, y comenzar con esto la tercera, última, y más importante fase del proceso, la construcción de paz en los territorios.
En el 2013 el movimiento campesino colombiano se reactivó con una movilización en la región del Catatumbo que dejó como saldo cuatro campesinos asesinados por la fuerza pública y cientos de detenidos en el primer semestre del año. No es que el campesinado estuviera «dormido» los años anteriores. Por ejemplo, recuerdo con alegría haber participado de la IV Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño en el 2009, y cómo esta me marcó al exponerme a la realidad del campesinado colombiano. Esta actividad fue organizada por la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño -CAHUCOPANA-, entre otras cosas, para evitar el desplazamiento de las comunidades por el terrorismo estatal. Tuve la oportunidad de participar en acciones similares en la región del Catatumbo, sobre todo de talleres de formación de lo que hoy es la Asociación Campesina del Catatumbo, que fue protagonista del paro agrario del 2013, la misma que tiene la capacidad de movilizar 15 mil campesinos de la región cuando esta siendo vulnerada su dignidad.
En el segundo semestre del 2013, esa movilización campesina se extendió a todo el país y se convirtió en una movilización agraria, campesina, étnica y popular; con más de 32 puntos de bloqueo en diferentes vías del país y la obligación que adquirió el gobierno de sentarse a negociar con las comunidades sus reivindicaciones. Me duele recordar a los cuatro campesinos del Catatumbo asesinados por la fuerza pública en estas movilizaciones y los miles que se me escapan de todo el país en los últimos años hasta el día de hoy. El terrorismo de Estado es el mayor lastre para que este país avance. En medio de esto se desarrollaban con dificultad los diálogos de paz en Cuba.
Fue en el 2013 que participé en el paro agrario desde el departamento de Arauca. Compañeras y compañeros de mi parche estuvieron en el Nordeste Antioqueño y Boyacá. En el Nordeste fueron testigos de el uso de armas de fuego por parte de la Policía Nacional en el bloqueo que se llevaba a cabo en Barbosa, Antioquia. Los compañeros de Boyacá fueron testigos de cómo el Escuadrón Móvil Antidisturbios le desfiguró la cara a un campesino adolescente del municipio de Úmbita. Para todos los de nuestro parche era gratamente sorpresivo que el campesinado mas conservador del país, el de Boyacá, se viera obligado a movilizarse por sus derechos. En Arauca también participé de un proceso de caracterización de uno de los proyectos de Zona de Reserva Campesina de los más de 60 asociados en ANZORC a nivel nacional. Entendí en ese trabajo al detalle el gran potencial del campesinado colombiano y la gran injusticia que es ser campesino en nuestro país ante las evidentes trabas que pone el Estado para que alcancen un nivel de vida digno.
En el 2013 fue poderosa la movilización del 9 de abril, a casi 50 años del conflicto armado con las FARC-EP y más de 60 años del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, un millón de personas se concentraron en Bogotá a favor de la Mesa de Conversaciones en La Habana. Al igual que en las experiencias pasadas, desde nuestro parche nos encargamos de recibir y facilitarle las condiciones a una delegación de más de 5000 campesinos que llegó desde el departamento de Arauca a sumarse al mar de gente que llenó más de cuatro veces ese día la Plaza de Bolívar para expresar su apoyo ciudadano a la salida política al conflicto. La movilización del 9 de abril en defensa del derecho a la paz de Colombia y sobre todo de los diálogos en La Habana se repitió en el 2014, 2015 y este año, ayudando a sortear momentos difíciles del proceso como el caso del General del Ejército Rubén Dario Alzate hecho prisionero por las FARC-EP en el departamento del Chocó.
En los cuatro años de la Marcha Patriótica se ha registrado el asesinato de por lo menos 112 de sus militantes. Todavía me duele profundamente la impotencia que da ser testigo de cómo este año se han dado tantos asesinatos, uno detrás de otro; ver cómo reproducíamos escenas de la década de los 80s con la Unión Patriótica y tener la certeza que es la extrema derecha y sus aliados paramilitares que como perros arrinconados muestran las garras ante la cercanía de la firma de un acuerdo final. Era repetir lo que mi abuela me contaba de cómo en sus tiempos naturalizaban el hecho y se volvía normal encontrarse a las compañeras y los compañeros en los entierros. Este año se estaba haciendo normal reencontrarse con la gente en los plantones exigiendo que no nos mataran. Creo que la posibilidad de morir es la mayor incertidumbre tras la firma de los acuerdos de La Habana.
Seguramente se me escapan muchas cosas importantes de estos años. En los últimos días haciendo pedagogía para la paz me doy cuenta que la gente confunde la firma del acuerdo del fin del conflicto con la paz misma. Quien es sensato entiende que la paz es un camino en el que se construye un país con justicia social. En términos políticos esto implica no solo tener las razones sino también el poder para ‘hacerlo real’ y eso solo será posible si el acuerdo cumple eso de que no volverán a matar a nadie por pensar diferente. Si el Estado colombiano cumple con eso, todas esas lágrimas de sangre, no solo las de los pocos años en que he sido testigo, sino de las últimas décadas, valieron la pena.
Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article20082