Los conflictos entre el Pueblo Mapuche y las empresas mineras reeditan en la actualidad los que el pueblo mapuche ha tenido históricamente, desde la época española y durante toda la existencia del Estado chileno. A la actitud decidida de los mapuches, responde ahora el Estado enviando fuerzas policiales para proteger a las empresas. La situación […]
Los conflictos entre el Pueblo Mapuche y las empresas mineras reeditan en la actualidad los que el pueblo mapuche ha tenido históricamente, desde la época española y durante toda la existencia del Estado chileno. A la actitud decidida de los mapuches, responde ahora el Estado enviando fuerzas policiales para proteger a las empresas. La situación actual es otro episodio más en la secuencia del proceso desatado por el Estado Chileno hace más de un siglo. En esta secuencia hay que mencionar la invasión del territorio mapuche, la imposición de reducciones, la división de las comunidades y la venta de las tierras, y agregar que las leyes indígenas no reconocen la existencia del pueblo mapuche.
En la desestructuración actual del pueblo mapuche influyen elementos externos e internos. Entre los primeros, están los proyectos o megaproyectos, tanto forestales como energéticos, que condicionan al pueblo mapuche. Entre los elementos internos, están los conflictos entre comunidades y su propia visión del uso y dominio de la tierra.
Elementos externos
Las demandas del pueblo mapuche son reivindicaciones históricas al Estado chileno: ser reconocido como pueblo originario dotado de su correspondiente autonomía. La constante degradación social, económica y ambiental que viven las comunidades y sus tierras ha puesto urgencia a la búsqueda de soluciones.
Frente al aumento y fuerza que han cobrado las movilizaciones de los mapuches, la actitud de las autoridades políticas ha consistido en el uso de la represión, echando mano den forma desmedida de las fuerzas policiales y apoyando las exigencias de las empresas. Pero las autoridades ha intentado principalmente ocultar y deformar este nuevo movimiento reivindicativo, generando un escenario apropiado para el despliegue de una estrategia política y represiva que les permita desarticular a las comunidades más activas.
El gobierno ha insistido en eludir su responsabilidad al dar a entender que los conflictos son particulares entre comunidades y empresas. Y en esta situación, su papel ha sido mantener el orden político destinando un amplio contingente policial. Bajo esta alegación formal, lo que finalmente ha hecho ha sido proteger los bienes y actividades de las empresas.
Además, el gobierno no reconoce ni que los conflictos se hayan agudizado, ni que los mapuches deben ser considerados como nuevos interlocutores a carta cabal. Al contrario, legitima el actual modelo económico y con ello el desarrollo forestal y energético, base de los actuales conflictos. Para el gobierno los conflictos que surjan de este desarrollo deben resolverse sin entorpecer los proyectos. Y resolver estos problemas debería ser una función principal de la gestión de la Corporación de Desarrollo Indígena (CONADI), organismo que desde hace tiempo ya no cuenta con legitimidad ante los mapuches, por su papel en el conflicto Ralco.
La fórmula gubernamental es por todos sabida y consiste en generar mesas de diálogo y consensos entre las partes en conflicto. Pero esta fórmula ya no convence a los mapuches, porque si bien en el terreno el conflicto es con las empresas, en el fondo es con el Estado chileno, ya que es éste el que debe devolver las tierras y reconocer el pueblo mapuche.
Las empresas forestales dicen no ser causantes de la situación actual y que corresponde al Estado dar una solución. Ello significa que los mapuche deben o bien integrarse al actual modelo neoliberal, o bien ser reprimidos, con el fin de resguardar la inversión y la propiedad privada.
Se han presentado muchas denuncias en las zonas de conflicto, donde el gobierno ha dispuesto un mayor control policial. Esto lo vemos reflejado en primer lugar, en el aumento de la dotación policial. Se han enviado Fuerzas Especiales de Carabineros y grupos que trabajan en inteligencia política, en los cuales se ha identificado personal de la Policía de Investigaciones, Fuera de ello, se han instalado controles carreteros y vigilancia de las comunidades.
Las comunidades y sus actuales dirigentes, no pretenden retractar la denuncia de su situación social y de la discriminación actual en la sociedad chilena. Ellos no quieren detenerse hasta lograr la detención de los mega proyectos que atentan contra su supervivencia económica y cultural y la recuperación de sus tierras.
Elementos internos
Más allá, de los conflictos que se originan entre los mapuches y el Estado, también debemos decir los distintos conflictos internos que se han provocado, como la percepción que tienen ahora de la tierra, en cuanto, la mayoría de las tierras compradas por la CONADI ha sido entregada de forma comunitaria. El problema viene de que no existe un mecanismo de repartición de las tierras de uso y tampoco de distribución de las pérdidas y utilidades económicas entre los miembros de las comunidades.
De aquí se originan diversos conflictos internos, como por ejemplo el de la comunidad de Cauñicu en la Octava región, en donde la comunidad tuvo que enfrentar un conflicto interno. El problema se origina en no saber cómo distribuir la tierra, ni quién se hacia cargo de ella. El lonko Huenupe, en este caso, tomó posesión individual de las tierras entregadas por la CONADI y se las apropió para su familia. Como consecuencia de esto, en julio de 2002 un grupo de pehuenches de la comunidad mapuche de Cauñicu, ubicada en el Valle del Queuco, sector Alto Bío-Bío, dio muerte a Agustina Huenupe Pavian y Francisco Huenupe Pavian en su propia casa, utilizando para ello armas de fuego y elementos contundentes, dejando además una docena de lesionados, entre hombres, mujeres y niños.
La constante degradación social, económica y ambiental que viven las comunidades y sus tierras, ha puesto urgencia a la búsqueda de soluciones.
Perspectivas
En la actualidad, se dispone de cuatro perspectivas chilenas para el abordaje de la problemática indígena.
1.- La recogida en el Informe y Recomendaciones de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, del gobierno de Chile, presentado el año 2003, la cual fue encargada por Ricardo Lagos y presidida por Patricio Aylwin. Este informe hace la recomendación del reconocimiento de los derechos territoriales indígenas y el fin del Fondo de Tierras, para terminar con las reclamaciones por la vía de una Comisión de Reparación, que atenderá sólo los casos de tierras usurpadas de Títulos de Merced. Además, cabe recalcar que los resultados emitidos por esta comisión tienen tal grado de ambigüedad que no pueden dar una solución. En el prólogo de un libro de José Bengoa, La Comunidad Reclamada, de 2005, la ahora presidenta Michelle Bachelet señala: «el fracaso de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato ha debilitado aún mas la institucionalidad interétnica en Chile. No hay, ni para hablar de mecanismos válidos de medición». Por lo tanto, no hay una política clara para dar solución definitiva al a conflicto de las tierras para el pueblo mapuche.
2.- La propuesta del Instituto Libertad y Desarrollo o de la derecha neoliberal, Sus análisis fueron evolucionando desde incipientes críticas respecto a la gestión de CONADI y del gobierno frente a los conflictos de tierras, donde rechazan la propia existencia de políticas indígenas, hasta llegar al año 2003 con una completa e inédita re-elaboración conceptual del pensamiento conservador neoliberal chileno. Esta institución sugiere que los recursos destinados a la compra de tierras, sean reorientados hacia el desarrollo social, coincidiendo con la corriente más conservadora del indigenismo tradicional chileno.
3.- Además, están las doctrinas jurídicas penales desarrolladas y aplicadas en el procesamiento a dirigentes y comuneros mapuches, que a través de diversas normativas criminalizan y sancionan duramente las reclamaciones territoriales, sin garantizar el debido proceso ni juicio justo a dirigentes y representantes indígenas, como lo han denunciado organizaciones indígenas, de derechos humanos y observadores internacionales.
4.- La posición del Pueblo Mapuche, es sumamente variada, puesto que hay distintas voces, – instituciones u organizaciones y representaciones – que participan en la toma de decisiones. La CONADI ha tenido parte en que surja un gran conflicto de gobernabilidad, pues los mapuche consideran que esta institución es lejana a sus requerimientos. Se originan conflictos de distintos tipos: ya sea de los dirigentes con los lonkos, ya sea acerca de los mecanismos de acción para la recuperación de las tierras, como los denominados hecho violentos, quema de fundos, camiones, etc. Hay, pues, distintas posiciones en cuanto a las formas de solucionar conflictos, pero todos tienen un solo objetivo final: la defensa de los derechos humanos, la recuperación de sus tierras y el respeto que se les debe como Pueblo.