Ante el desborde de las masacres en el país en estas últimas semanas, la solución mágica que ha planteado el Gobierno es la de intensificar la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito, volver a la aspersión aérea con glifosato y militarizar aún más las regiones cultivadoras. Con ello no habrán soluciones, seguirán las masacres, seguirán proliferando las bandas y los grupos narcoparamilitares, la violencia, la negación de la paz y la acentuación de distintos tipos de violencia.
Las respuestas dadas por el Gobierno encubren las causas reales de lo que está pasando, las responsabilidades estructurales y a aquellos que están detrás de quienes aprietan el gatillo.
¿La aspersión aérea es la varita mágica?
De las declaraciones del Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se desprende que el pilar central de la estrategia de Duque para poner freno a las masacres, será retomar la fumigación que está suspendida desde el Gobierno anterior y que según el Acuerdo de la Habana debe ser el último recurso para erradicar la coca.
Según el Ministro “suspender la aspersión aérea de cultivos de uso ilícito fue un gravísimo error y con seis masacres registradas en las últimas dos semanas es necesario ver la aspersión como un asunto de seguridad nacional” [1]. Para el Gobierno las masacres son el resultado del aumento de los cultivos ilícitos, “es la caja de los criminales que están cometiendo masacres” dijo el Ministro.
Parece mentira que frente a la grave y escandalosa realidad que expresan las masacres, al igual que los 223 asesinatos de excombatientes y los casi 1.000 asesinatos de dirigentes sociales y de defensores de derechos humanos que se han dado después de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc en el 2016, el Gobierno salga con semejante posición, reiterando el compromiso con la Presidencia de Estados Unidos en torno a la erradicación forzosa y la fumigación aérea.
La complicidad de la fuerza pública
Históricamente las masacres, al igual que el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, han hecho parte de la política contrainsurgente del Estado y de la tradición excluyente y violenta de las élites colombianas frente a la población y frente a quienes promueven posiciones de cambio o de resistencia a su dominación Ese es el problema de fondo de muchas de las violencias que se entrecruzan en Colombia, agudizadas en las últimas cuatro décadas por el fenómeno del narcotráfico y la cultura de violencia que es propia de las mafias.
En múltiples ocasiones se ha demostrado que las bandas del narcotráfico y los paramilitares que operan en los territorios, actúan bajo la complicidad de la Policía y Ejército, al ser estos comprados y corrompidos por el dinero de los narcos, esta comprobado que la fuerza pública en las regiones ha sido capturada por los dineros del negocio, lo que explica por qué esos grupos actúan con descaro y libertad.
A la vez, como producto de la doctrina contrainsurgente la fuerza pública esta aliada con estos grupos para combatir a las guerrillas y actuar frente a las organizaciones sociales y el tejido social que supuestamente son su base de apoyo. Ello no sólo facilita sino que estimula la expansión, la actividad, la fuerza y el desarrollo de fuerzas como el Clan del Golfo, los Rastrojos, los Pachencas y otros similares [*].
El narcotráfico, las élites y la violencia
El narcotráfico y el paramilitarismo han sido promovidos y tolerados por la clase dominante y los distintos gobiernos. No es casual que una persona de gran renombre e influencia en Colombia como el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez, mentor del Presidente Duque, tenga actualmente procesos en la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia que lo vinculan con el narcotráfico, el paramilitarismo y masacres como las de El Aro, La Granja y San Roque; lo mismo ha pasado con altos oficiales de la fuerza pública, con dirigentes políticos, con personajes de la justicia y con grupos de poder en varias regiones.
La complicidad sistémica con el narcotráfico, se expresa cuando este Gobierno centra su estrategia en la erradicación forzada, la fumigación y la represión al campesino cultivador y no en los eslabones determinantes de la cadena del negocio, ni en las estructuras más poderosas que se quedan con las mayores ganancias, ni en los grandes beneficiarios, ni en el procesamiento y en los distintos eslabones de la comercialización, especialmente en las estructuras que colocan la droga en los Estado Unidos y Europa, donde están los poderosos del negocio y la mayor fuente de corrupción y de captura de las instituciones, la fuerza pública y del Estado.
Planes alternativos y legalización
Si se quiere doblegar el negocio del narcotráfico y dejar atrás la violencia que éste genera, es imperativo cambiar de política, no puede seguirse con la fracasada estrategia antidrogas impuesta por los Estados Unidos desde hace 50 años; esa estrategia le ha sido funcional a los norteamericanos para una mayor injerencia y control en estos países, pero no ha resuelto el problema del negocio, ha facilitado su captura de la instituciones, la expansión de la cultura mafiosa, el incremento de la violencia y la ha fusionado con la estrategia contrainsurgente y la persecución a otras opciones de Gobierno, de país y de modelo.
Distintos analistas y centros de pensamiento e instituciones han planteado la legalización y con ello la supresión de la actividad ilícita que es la que genera las enormes ganancias.
Lo central en un nuevo enfoque es dar una opción económica, de sobrevivencia al campesino y a las regiones cultivadoras, lo que requiere otra política agraria, la sustitución voluntaria mediante planes alternativos para el campesino y en consecuencia la adopción de un modelo agrario que haga viable la economía campesina, la producción de alimentos y la seguridad alimentaria, esas son las alternativas frente a la erradicación forzada y la aspersión con glifosato. Hay que luchar por ello y hacerlo parte del programa para un nuevo Gobierno.
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[1] Reiniciar la aspersión aérea tendrá resultado positivo sobre masacres: ministro de Defensa. El Espectador, 24-08-2020.