En Colombia, a semejanza de lo que ocurre con las matrioskas rusas, las crisis de distinta índole y gravedad se traslapan unas con otras opacándose entre sí, sin que al final encuentren solución definitiva; de allí la sumatoria de crisis no resueltas que nos agobian. A menos de un año de la finalización del segundo […]
En Colombia, a semejanza de lo que ocurre con las matrioskas rusas, las crisis de distinta índole y gravedad se traslapan unas con otras opacándose entre sí, sin que al final encuentren solución definitiva; de allí la sumatoria de crisis no resueltas que nos agobian.
A menos de un año de la finalización del segundo período de la administración Uribe hasta su más preciada y exitosa política, la de la «seguridad democrática», empezó a mostrar sus fisuras, la primera de ellas y la más aberrante han sido los llamados eufemísticamente «falsos positivos», que no son otra cosa que las ejecuciones extrajudiciales de inermes ciudadanos por parte de agentes del Estado. Además, con cifras incontrastables al respecto, la Corporación Nuevo Arco Iris concluyó en su balance anual sobre el estado del conflicto armado en Colombia que «la política de Seguridad Democrática ha llegado a un techo en términos de resultados militares» y empieza su declive.
El desplazamiento de los desplazados
Y qué decir de la nueva oleada de desplazados, que no migrantes, que se puso de manifiesto en 2008 con un incremento dramático del 24,7% con respecto al año anterior, computándose 380.863 personas. Y lo peor es que no cesa, si tenemos en cuenta que en el transcurso de este año el ritmo de crecimiento del número de desplazados lejos de disminuir se ha acentuado, ahora por cuenta de las mal llamadas bandas criminales emergentes (BACRIM), las cuales se parecen tanto en su accionar a las vitandas AUC como una gota de agua a otra.
Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), en los últimos 7 años más de 2 millones de colombianos han sido objeto de desplazamiento forzado con un acumulado de 4.629.000 entre 1985 y 2008; de estos Acción Social sólo reconoce 3,2 millones, de los cuales 2 millones han sufrido este flagelo desde mediados de 2002. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Antonio Guterres, no dudó en calificar tan dramática situación como una verdadera crisis humanitaria; al fin y al cabo, según ACNUR Colombia exhibe el deshonroso título de ser el país con el mayor número de desplazados internos seguido por Iraq y el Congo.
Ésta, junto con el confinamiento y el despojo de tierras que han asolado el campo colombiano, es una de las secuelas más aberrantes del conflicto social y armado, que no por desconocerlo el gobierno es menos cruel y cruento. No obstante la gravedad de este estado de cosas, la Corte Constitucional se ha visto precisada a tutelar los derechos de los desplazados (1) como único modo de que el Estado se apreste a atender su drama. Y más recientemente tuvo que reconvenir al gobierno y al Congreso de la República por su falta de compromiso (2), prácticamente ordenándole que apropiaran los recursos necesarios para su atención en el presupuesto de la vigencia 2010. Y ello, pese a contar con una Ley, la 387 de 1997, expedida en su momento con el ánimo de hacerle frente a este fenómeno cuando aún estaba larvado, porque en este país, como en los tiempos de la Corona española, a menudo las leyes se obedecen pero no se suelen cumplir.
La universidad pública en aprietos
Hace muy poco estalló la crisis financiera que se venía incubando en las universidades públicas, las cuales según sus directivas viene arrastrando un déficit no menor de los 500.000 millones de pesos. Este déficit se explica en gran medida por el desequilibrio entre ingresos y gastos; y no es para menos, pues según lo dispuesto por la Ley 30 de 1992 los aportes de la Nación deben incrementarse año a año según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), parámetro éste que no consulta para nada las necesidades presupuestarias de la Universidad. Basta con decir que en 1992, cuando fue expedida dicha Ley, la Universidad pública albergaba 200.000 estudiantes, este año supera los 500.000; además, la promoción y apoyo a la investigación que le son inherentes, así como la mejora de la calidad de la educación que se imparte demandan mayores recursos (3).
Por ello, no hace ningún sentido que en el presupuesto para el año entrante, con el rimbombante título de «sostenibilidad de la inversión en medio de la crisis», el aumento de la partida asignada para la transferencia a las universidades públicas se limite a la inflación esperada, esto es, un magro 3%. Con ello se está comprometiendo seriamente la misión de la universidad, así se diga por parte del Ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga que «uno de los grandes ganadores de la discusión del presupuesto 2010 son las universidades públicas» porque supuestamente «dispondrán de 160.000 millones de recursos adicionales para el próximo año», los cuales además de insuficientes se apropiaron al ICFES, al ICETEX y a Colciencias, pero no a las universidades propiamente dichas.
Los estamentos universitarios, entonces, no están peleando contra molinos de viento, como ha querido hacer creer el gobierno, ni se trata tampoco de bochinches armados por ruidosas minorías; se trata de una crisis de enormes proporciones que no se resuelve ignorándola sino con soluciones. Sobre todo si tomamos en cuenta el otro déficit que acusa el sistema universitario, el de su cobertura, pues a duras penas 30 de cada cien jóvenes que inicia algún estudio después de culminar el bachillerato, apenas el 15% de ellos tiene acceso a la universidad y la deserción a este nivel es bárbaro. Según un estudio reciente del programa de Maestría en educación de la Universidad de la Sabana la deserción universitaria es del 48% (4), coincidiendo prácticamente con los registros reportados por el Centro de Estudios Económicos (CEDE) de la Universidad de los Andes que la cifró en el 48.2%. (5)
SOS por la salud
Pero, al decir de mi abuelo, para un roto no falta un descosido y es lo que acaba de ocurrir con la crisis del sector de la salud, puesta de manifiesto en la 54 Cumbre de gobernadores que tuvo lugar en Manizales. Allí los mandatarios seccionales, a través del saliente Presidente de la Federación Nacional de Departamentos Eduardo Verano de la Rosa pusieron el grito en el cielo en presencia del Presidente Uribe y del Ministro de Protección Diego Palacio, al señalar que la deuda vencida de los entes territoriales con las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) por concepto de pagos de atención no prevista en el Plan Obligatorio de Salud (POS), supera los 500.000 millones y, lo que es más grave, amenaza con llegar a los 6 billones en 2011 si no se hace algo por evitarlo. Las primeras en llamar la atención sobre ello fueron las EPS, al decir que para ellas una cuantía de 500.000 millones «es la diferencia entre poder seguir operando o tener que suspender operaciones». (6)
El Ministro Palacio quiso salir del paso prometiendo a los gobernadores girarles entre 300.000 y 350.000 millones como lenitivo de la crisis; pero ello, además de ser a todas luces insuficiente, no enfrenta los problemas estructurales que están en la raíz de la misma. Es de anotar que fue él mismo quien traspasó la papa caliente de los costes de los eventos y eventualidades no contemplados en el POS a los gobernadores a principios de 2009. Por lo demás, el Ministro Palacio quiso restar importancia al problema caricaturizándolo, magnificando algunas anomalías e irregularidades que se han presentado a ciencia y paciencia de los organismos de viglancia, aduciendo que «terminamos creando reinas de belleza por cuenta de los recursos de la Nación» en referencia a las cirugías estéticas no justificadas, o de casos absurdos, más dignos del mundo de supuso, tales como las supuestas histerectomías en varones (¡!).
La verdad sea dicha, lo que está haciendo crisis es el régimen de la Ley 100 de 1993 que estableció los regímenes contributivo (RC) y subsidiado (RS), en el que este último acusa falencias cada vez mayores en su financiamiento, lo cual ha repercutido en la falta de acceso y en la calidad de la atención en salud de la población más vulnerable. Ello ha dado pié a la proliferación de acciones de tutela como único medio de hacer valer el derecho a la salud, las cuales se han venido incrementando exponencialmente, a tal punto que según la Defensoría del Pueblo un tercio de las tutelas presentadas ante jueces y magistrados son atinentes a reclamos en materia de salud. Por esta vía se ha creado una especie de POS plus, el cual le ha abierto una tronera a las finanzas del sector salud, como que el año pasado tuvo un costo aproximado a los 1,2 billones y se estima que llegará a los 1,7 billones (¡!) este año.
Los problemas empezaron con el crecimiento en proporción geométrica del número de afiliados al RS, que ya supera los 21 millones, el cual se financia en gran medida con los aportes del RC cuyo número de afiliados (18 millones) crece en cambio en proporción aritmética, afectado como está por la crisis económica, el crecimiento sin empleo (7) y la creciente informalidad en el empleo. A ello se viene a sumar la distracción de los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA), los cuales se han mantenido invertidos en títulos de tesorería (TES) y CDT, mientras crecen las obligaciones del Estado con las EPS y las IPS.
La situación ha llegado a extremos tales que el Consejo de Estado al resolver una Acción Popular en fallo de segunda instancia el 16 de mayo de 2007 tuvo que ordenar al Ministerio de Protección Social que maneja tales recursos descongelar 1,2 billones que tenía en su portafolio de inversiones para que se aplicaran al objeto de los mismos en lugar de estar financiando el creciente y abultado déficit del gobierno central. También tuvo que intervenir la Corte Constitucional, mediante fallo T – 760, conminando al gobierno a la actualización de los beneficios incluidos en el POS a más tardar el 1 de agosto de este año. La Corte, además, ordenó al gobierno la unificación gradual y progresiva de los POS subsidiado y contributivo a más tardar en octubre, para que no haya en este país ciudadanos de primera y de segunda, así como también el diseño de un nuevo sistema de reembolso en FOSYGA que además de eficiente sea transparente. Y lo que ha ocurrido es que simple y llanamente que el remolón Ministro de Protección no ha querido hacer la tarea; por ello, podemos decir que esta crisis estaba cantada.
El anuncio del Presidente de la República Alvaro Uribe Vélez de decretar la Emergencia Social con el fin de capear la crisis planteada hasta ahora se ha quedado en el solo anuncio, sin que se sepa a ciencia cierta cuál será la «serie de medidas» que promete el Ministro de Protección para tal efecto. Según palabras del Presidente Uribe con base en este estado de excepción se van a «incorporar los recursos económicos que se requieran para el salvamento financiero de la salud a través de las entidades territoriales», muy seguramente provenientes de más impuestos territoriales (a los cigarrillos, licores y cervezas), pero no se ataca el origen de la crisis, con lo que a poco andar estaremos abocados a otra crisis igual o peor que la actual.
Lo social, plato de segunda mesa
Uno de los pilares de la «doctrina» uribista es la cohesión social y ya el Presidente Uribe por segunda vez tiene el sol a sus espaldas sin que el turno para lo social haya llegado, como lo prometió el ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla en sus muy publicitas declaraciones el día que radicó el Proyecto de Plan de desarrollo del segundo tiempo de la administración Uribe. En lo social, definitivamente, este gobierno se rajó; ésta es su verdadera hecatombe, la misma que se pretende disimular con los fuegos de artificio del malhadado Estado de «opinión». Ciertamente, los asuntos del Estado demandan más eficacia y menos efectismo mediático.
Notas:
1) Corte Constitucional. Sentencia T – 025 de 2004
2) CM&. Noviembre, 13 de 2009
3) Ver Decreto 1279 de 2002
4) El Nuevo Siglo. Enero, 28 de 2009
5) Amylkar D. Acosta M. Discurso del Método. Mayo, 15 de 2009
6) Caracol – Radio. Juan Manuel Díaz Granados, director de Acemi, gremio que agrupa a las EPS
7) Amylkar D. Acosta M. La desalarización en Colombia. Riohacha, noviembre 27 de 2009
Fuente: http://www.argenpress.info:80/2009/12/colombia-las-matrioskas-rusas.html