La pretendida inocencia de la Armada de Chile sobre las brutales violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura militar (1973-1990), se está revelando como una gran mentira. Diversos procesos judiciales, entre los que destacan los llevados por la jueza, María Eliana Quezada, están dejando absolutamente claro que la Marina torturó, dio muerte e […]
La pretendida inocencia de la Armada de Chile sobre las brutales violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura militar (1973-1990), se está revelando como una gran mentira.
Diversos procesos judiciales, entre los que destacan los llevados por la jueza, María Eliana Quezada, están dejando absolutamente claro que la Marina torturó, dio muerte e hizo desaparecer a prisioneros con posterioridad al golpe militar de 1973.
Los juicios conducidos por la jueza Quezada son:
El que se origina en la querella presentada en octubre de 2005 por seis expresos políticos que fueron torturados en el Buque Escuela Esmeralda. Y, el que indaga el secuestro, torturas y asesinatos de Michael Woodward, sacerdote católico chileno-británico que desarrolló un prolífico trabajo social en los barrios pobres de Valparaíso y quien se caracterizó por su notable carisma y por su militancia allendista. Murió el 22 de septiembre de 1973, en el Hospital Naval de esta ciudad-puerto, como consecuencia de las torturas recibidas en La Esmeralda.
Al margen de estas causas, personal activo y en retiro de la Armada está siendo juzgado por su participación en la temida Brigada Lautaro, grupo de exterminio de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) que integró a agentes de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden, y que operó en los años 1975 y 1976. Entre otros crímenes, este grupo tiene a su haber el asesinato de dos directivas completas del Partido Comunista en el transcurso de 1976.
Así mismo, existen claras evidencias de la participación de la Brigada Lautaro en el secuestro y desaparición de un grupo de 119 militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), ocurrido a mediados de 1975, caso conocido como Operación Colombo.
Como consecuencia de las indagaciones judiciales respecto de los actos de la Brigada Lautaro, que es seguida por el juez Víctor Montiglio, fueron procesados en el transcurso de 2007 ocho agentes de la Armada. Pero, dados los antecedentes contenidos en el sumario, es de esperar que los enjuiciamientos a miembros de esta rama castrense aumenten considerablemente.
Por otra parte, en noviembre pasado, cuatro oficiales de la Armada fueron condenados por el secuestro y desaparición del estudiante de periodismo, Jaime Aldoney, ocurrido el 12 de septiembre de 1973.
También existen procesos por torturas y muertes que involucran a la Academia de Guerra de esta institución y a su cuartel Silva Palma.
Este conjunto de causas judiciales, todas de muy reciente avance, han destruido el mito construido por la propia Armada, en el sentido que ellos no tuvieron participación en el genocidio desencadenado tras el derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular encabezado por Salvador Allende.
Según el vocero de la Agrupación de Ex Presos Políticos de Valparaíso, Enrique Núñez, el ocultamiento de los crímenes cometidos respondió a una cuidadosa planificación. En entrevista con Apro (www.proceso.com.mx), el dirigente expresó que, como parte de esta política de «lavarse las manos», la Marina anunció en repetidas ocasiones en el transcurso de 1975, el retiro de sus hombres de la principal agencia represiva del régimen: la DINA. Los procesos antes reseñados han demostrado que tal inocencia es absolutamente falsa.
De hecho, desde el mismo 11 de septiembre de 1973, el buque la Esmeralda se convirtió en un centro de detención y torturas. Esta situación, denunciada en aquel tiempo por familiares y víctimas, fue ratificada en la década de 1970 a través de sendos informes de la Organización de Estados Americanos, del Senado de Estados Unidos y de Amnistía Internacional.
En Chile, esta situación sería reconocida institucionalmente mucho más tarde, a través de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que fue creada una vez retornada la democracia (1990). El abultado informe de la citada Comisión (dado a conocer el 9 de febrero de 1991), no incluyó la identidad de los criminales, ni derivó –sino hasta tiempo muy reciente– en la apertura de juicios.
A pesar de todos estos antecedentes, la Armada negó hasta hace muy poco su participación en la violación de derechos humanos cometidos por la dictadura. En diciembre de 1999, el entonces comandante en jefe de la Armada, Jorge Arancibia, dijo que su organización «jamás torturó».
Ante las recientes evidencias judiciales, esta actitud comenzó a cambiar. En septiembre de 2006, el comandante en jefe de la Armada, almirante Rodolfo Codina, entregó a la jueza Quezada la bitácora de La Esmeralda del año 1973. En ella se confirma el ingreso del sacerdote Woodward y de otros detenidos a este barco. Este es el único gesto que podría considerarse como un reconocimiento de lo sucedido.
Justicia a bordo
El pasado 9 de diciembre, cuando La Esmeralda volvía a Valparaíso de su viaje anual de instrucción militar, unos 50 manifestantes protestaron, como cada año, por los crímenes allí cometidos. Tres días después la jueza Quezada, se presentó en La Esmeralda. Era la primera vez que un juez se subía a un barco de la Armada con el fin de investigar violaciones a los derechos humanos. En la diligencia participaron policías, sobrevivientes de las torturas allí realizadas y cinco exfuncionarios de la Armada. También iba Patricia Woodward y Fred Bennets, hermana y cuñado del sacerdote muerto por torturas.
El objetivo de la diligencia era realizar una inspección ocular en la nave, corroborar declaraciones y realizar nuevos interrogatorios. «Fue impresionante ver como la juez convirtió la Cámara de los Oficiales en un verdadero tribunal, puesto que aparte de las víctimas, sentó en hilera a cinco oficiales retirados a quienes tomó declaraciones», comentó a Apro Patricia Woodward, quien estuvo presente en este histórico momento.
Ella relató que la comitiva de la juez recorrió la enfermería, los camarotes y parte de la cubierta. Lo que más le llamó la atención fue que los detenidos pudieron reconocer bien la distribución interna del buque. La expresa María Eliana Comené recordó que en La Esmeralda «había violencia las 24 horas del día: sacaban a los compañeros, los golpeaban, los torturaban, volvían morados y vomitando sangre».
Esta investigación está avanzando rápidamente y se espera que en los próximos días se inicien los primeros procesamientos.
Revelaciones
En la Armada existe preocupación. Sus mandos temen que la jueza Quezada logre descifrar por completo el organigrama, los agentes y el modus operando represivo de la Armada en el periodo previo y posterior al golpe militar.
Apro tuvo acceso a documentos y relatos de la Agrupación de Ex Presos Políticos de Valparaíso, los cuales revelan la manera en que operaron las agencias represivas de la Armada en la década de los 70. Las investigaciones de esta Agrupación fueron realizadas durante 20 años. Incluyen entrevistas a afectados por la represión y a agentes de la propia Armada que, arrepentidos de sus crímenes, decidieron acercarse a sus víctimas para calmar sus conciencias o para alcanzar su perdón.
La información entregada por la mencionada agrupación ha sido cotejada por el reportero con la información histórica y judicial disponible.
Así, se puede establecer que a partir de 1972, con la promulgación de la Ley de Control de Armas, se formó un grupo de inteligencia dependiente del Estado Mayor de la 1ª Zona Naval, bajo el mando el almirante José Toribio Merino. Éste tuvo como función sistematizar la información de organizaciones y personas de la Unidad Popular y el MIR. Es lo que se conoció internamente como el Plan Cochayuyo, que tenía por objeto, además, el control territorial y la neutralización de estos grupos. Esto aparece mencionado por el propio Merino en sus memorias.
La promulgación de la mencionada Ley, permitió durante el gobierno de la Unidad Popular la coordinación de oficiales de distintas ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros, quienes hicieron innumerables allanamientos a empresas estatizadas o bajo control obrero, así como a diversas poblaciones. Según Enrique Núñez, esto se hizo «con el pretexto de buscar armas, pero en realidad lo que estaban haciendo es un mapeo de las organizaciones políticas más activas de la región».
Este dirigente señaló también que desde fines de 1972 personal de la Armada fue destinado a infiltrar organizaciones de izquierda. «Es muy conocida la historia de un señor que se dedicaba a vender pan amasado al exterior de la empresa rusa de casas prefabricadas KPD y que después del golpe resultó que era un alto oficial de la Armada que dirige la represión al interior de esta fábrica. Y así hay muchos casos», señala Núñez.
A partir del 11 de septiembre de 1973, se crea un grupo denominado Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (SICAJSI), en el que participan funcionarios de la Armada y del Cuerpo de Carabineros (policía uniformada). A fines de 1974 pasó a llamarse Servicio de Inteligencia Regional (Sire).
El SICAJSI dependía directamente de la 1ª Zona Naval –con sede en Valparaíso– y se hizo cargo tanto del material recopilado desde antes del 11 de septiembre de 1973 como de lo obtenido en los interrogatorios y allanamientos realizados en la zona de Valparaíso a partir de esa fecha.
El jefe de SICAJSI fue el capitán de navío Sergio Barra Von Kreitshman, quien era secundado por Hector Trobok, coronel de Carabineros. Éstos reportaban al jefe de Estado Mayor de la Armada, Guillermo Aldoney.
El servicio de inteligencia de la Armada Ancla 2, se incorporó al SICAJSI, lo que se habría hecho efectivo en octubre de 1973. Operó desde las dependencias de la Academia de Guerra Naval (con sede en cerro Playa Ancha, Valparaíso), donde los detenidos eran enviados a distintos centros de reclusión dependientes de la Armada, Carabineros y Ejército.
El SICAJSI estaba conformado por un grupo de Análisis que confeccionaba un resumen con las conclusiones y opiniones acerca de la información obtenida de los grupos políticos, personas y ubicación de armas. De acuerdo con la valía de lo obtenido, se enviaba información al grupo de operaciones, éste definía la forma y ocasión en que se verificarían detenciones, allanamientos y otras misiones.
Las personas identificadas y detenidas eran entregadas a un equipo de interrogadores formado por unos 30 hombres y mujeres. Los varones eran en su mayoría Infantes de Marina con especialidad de comandos provenientes del Regimiento IM Miller. Las mujeres, por su parte, provenían del personal femenino de la Armada y Carabineros.
Según Núñez, en la primera etapa del golpe «la represión era masiva y los interrogatorios también». Agrega: «En la medida que torturaban, hay gente que entregó información y otra que no».
Núñez dice que después vino una etapa más selectiva, «en que los servicios de represión se han hecho de un grupo eficiente de interrogadores y han logrado construir un cuadro y un organigrama de cada organización. Después es cosa de empezar a llenar los casilleros no más», afirma.
Núñez señala que los interrogadores de la Armada fueron formados por personal de la Policía de Investigaciones (donde operaba una policía política) y de Carabineros «que eran quienes tenían experiencia en realizar interrogatorios». La realización de torturas a delincuentes comunes, en los cuarteles de Carabineros e Investigaciones, era una práctica muy habitual hasta hace poco tiempo.
Núñez dice que de acuerdo con información que han recopilado, la Dina siempre tuvo como segundo hombre a alguien de la Armada. A entender de Núñez, esta tesis estaría siendo probada en el proceso que investiga las actividades de la Brigada Lautaro, de exterminio de las cúpulas partidistas de la izquierda, en los que han sido procesados seis agentes de la Armada junto con 20 miembros de la Dina, la mayoría de ellos del ejército.
La Armada chilena fue fundamental en la planeación del golpe militar contra el gobierno de Allende. Coordinó y cobijó el accionar conspirativo de agrupaciones de la derecha económica y política, del diario El Mercurio y del gobierno de Estados Unidos.
Clave en este trabajo fue la creación de la Cofradía Náutica del Pacífico Austral –fundada en Valparaíso en 1968–, que bajo la excusa de confraternizar en torno a materias de navegación, congregaba a altos mandos de las Fuerzas Armadas y destacados dirigentes de la derecha política y económica, que serían los principales artífices del golpe. Entre éstos destacó el empresario y director de El Mercurio, Hernán Cubillos, el dueño de este diario, Agustín Edwards, el capitán de navío Roberto Kelly, el almirante Patricio Carvajal y el general de ejército Sergio Arellano.