En el año 2001, la asociación Eaux et Rivières de Bretagne había denunciado a Monsanto por anunciar que su producto RoundUp era eficiente y no presentaba riesgos para el medio ambiente. Las etiquetas del herbicida que los campesinos y jardineros adquirían aseguraba que éste era «100 por ciento biodegradable, limpio». El usuario con conciencia ecológica […]
En el año 2001, la asociación Eaux et Rivières de Bretagne había denunciado a Monsanto por anunciar que su producto RoundUp era eficiente y no presentaba riesgos para el medio ambiente. Las etiquetas del herbicida que los campesinos y jardineros adquirían aseguraba que éste era «100 por ciento biodegradable, limpio».
El usuario con conciencia ecológica lo prefería a otros, porque Monsanto le aseguraba que el producto «respeta el medioambiente» y que, «utilizado según las indicaciones del fabricante, no presenta riesgos particulares para el ser humano o los animales domésticos». En la publicidad de televisión, un perro pulverizaba el producto sobre la maleza, lo que da entender que este veneno era un elemento que se conjugaba «naturalmente» con el medio
ambiente.
Toda esta prosa y estas imágenes tranquilizadoras eran mentiras llanas de la firma para apoderarse del lucrativo mercado de los herbicidas. A sabiendas de que la sociedad francesa es sensible con el tema ambiental, Monsanto había desarrollado una agresiva campaña publicitaria tendiente a desestimar su peligrosidad y banalizar su uso.
Pero las prácticas tramposas de ‘Monsatán’ ya eran conocidas por varias federaciones campesinas, que han tenido que vérselas en otros asuntos con la compañía (la firma es líder mundial en producción de organismos genéticamente modificados, y ha sido acusada de procederes sumamente opacos).
La ONG adjuntó un conjunto de pruebas que demostraban la indudable nocividad del glifosato: en primer lugar, la presencia de las dos moléculas químicas producidas por el RoundUp en el 55 por ciento y en el 35 por ciento de las aguas superficiales de los ríos y quebradas. En segundo lugar, estudios de laboratorios científicos: el equipo del profesor Robert Bellé demostró el carácter potencialmente cancerígeno del herbicida. A su vez, trabajos en biología molecular demostraron que el RoundUp es un perturbador del sistema endocrino. Gilles Seralini sostiene que puede haber una relación con los altos niveles de nacimientos prematuros y abortos en las mujeres granjeras que utilizan el glifosato.
Desde el punto de vista jurídico, la demanda contaba con otro fundamento: en el año 2001, la Comisión Europea había clasificado al glifosato como «tóxico para los organismos acuáticos» y capaz de «provocar efectos nefastos para el ambiente a largo plazo».
Este conjunto de pruebas pesó en la decisión del tribunal del pasado 26 de enero. Si la pena no fue más alta, se debe probablemente a que Monsanto había dejado de mentir. Hoy, las instrucciones de sus herbicidas son muy estrictas en lo que se refiere a la manipulación del glifosato.
En los países del Norte, los científicos se mantienen alertas sobre la peligrosidad del glifosato. Los usuarios están atentos a las indicaciones de las etiquetas. El derecho acompaña estos procesos.
Todo esto está muy lejos de la manera pintoresca e irresponsable como se aborda el tema en Colombia. El RoundUp Ultra se asperja por vía aérea.
El producto criollo tiene una elevadísima concentración, y se mezcla con aditivos sobre los cuales no existe información pública. No se realizan estudios independientes para evaluar los riesgos. Los argumentos para asperjar son peregrinos (lo de «vencer el narcotráfico» es un sofisma de distracción, como lo demuestra más de una década de intensa fumigación).
Mientras tanto, la firma que se inventó el «agente naranja» acrecienta su enorme poder y utiliza las selvas verdes colombianas como laboratorio a gran escala.