Se suele decir que «La razón de Estado se impone cuando el Estado no tiene la razón». En la historia nuestra la mentira y la manipulación de los hechos hacen nata. Una nota de Juan Pablo Cárdenas.
Aunque se diga que el tiempo logra desentrañar todo los grandes misterios de la historia, lo cierto es que en algunos casos esto parece imposible. Especialmente difícil cuando está en la intención de los propios estados que algunos acontecimientos nunca se esclarezcan.
A poco menos de cincuenta años de la muerte de Salvador Allende todo dice que quedará siempre en la nebulosa si su deceso fue a consecuencia de un suicidio o del crimen perpetrado por los militares que irrumpieron en La Moneda aquel 11 de septiembre de 1973. La larga investigación judicial llevada a cabo sin duda dejó sin resolver muchos enigmas; al mismo tiempo que los actores que se encontraban en La Moneda siempre tuvieron versiones diferentes, como la de aquellos jóvenes soldados que por largo tiempo se ufanaron de haber asesinado al Presidente y aquellos testimonios que aseguran que el propio mandatario se quitó la vida. Todo en medio de largas horas, además, en que no se sabía qué pasaba con el cuerpo de Allende, la oscura y apresurada forma en que se sepultaron sus restos y un sinnúmero de dudas respecto, incluso, de algunos restos jamás encontrados de su cadáver y que podrían haber comprobado que a este le dispararon en la sien. Cuestión que coincide con las declaraciones de uno de los oficiales que se refirieron posteriormente en Estados Unidos a su “heroica” irrupción armada al palacio de gobierno.
Siempre hubo versiones distintas de los forenses que revisaron sus restos, pero lo más sospechoso de todo fue la forma en que el gobierno de Patricio Aylwin organizó su sepultura oficial y evitara todo esfuerzo serio por despejar las interrogantes que venían acumulándose por largo tiempo. Un sepelio a cargo del ministro Enrique Correa hoy reconocido como uno de los personajes más sinuosos de la llamada Transición a la Democracia.
Es obvio que a Pinochet y los militares golpistas siempre les convino la hipótesis del suicidio presidencial. Muchos piensan que el destino de la Dictadura habría sido otro si el mundo se hubiera enterado del magnicidio. Tampoco era cómodo para los Estados Unidos haber alentado un golpe militar con el agravante de haber asesinado al presidente de la República en Ejercicio. Lo mejor era, entonces, darle curso a la idea del suicidio, lo que también fuera fácil de aceptar por demócrata cristianos y otros opositores de la Unidad Popular que alentaron la conspiración y que a la postre llegarían a suceder al Dictador.
Para quienes estuvimos cerca de aquellos sucesos, jamás podremos olvidar cómo el médico Enrique París salió detenido de La Moneda voceando que al Presidente lo habían asesinado, para él mismo después encontrar una brutal muerte durante su detención, sin que por largos años se desconociera el lugar de su sepultura.
El deceso del ex presidente Eduardo Frei Montalva sigue sin resolverse después de treinta y nueve años. Otro dilatado proceso judicial terminó con la condena de primera instancia de seis personas que, a juicio del próximo Presidente de la Corte de apelaciones, Alejandro Madrid, se concertaron para asesinarlo en la Clínica donde se sometió a una intervención quirúrgica. De nuevo, las versiones de su fallecimiento fueron desde el comienzo contradictorias, a lo que no ayudó mucho una sentencia condenatoria que dejó muchas dudas, además de adolecer de faltas de ortografía, redacción y de otros vicios gramaticales, como se ha anotado. Pero la sentencia era clara: al ex presidente lo habían ultimado.
Es posible que los profesionales que atendieron al Presidente Frei no cometieran dolo y solo incurrieran en negligencia médica, pero lo que es indudable es que entre los condenados en primera instancia al menos hay dos sujetos que formaban parte de los siniestros aparatos represivos de Pinochet, uno de los cuales continúa preso por otros delitos de lesa humanidad en el Penal de Punta Peuco.
Horripilante parece que al Presidente Frei se le haya realizado una rápida autopsia para lo cual fuera colgado por los pies de una escalera en la propia Clínica Santa María y no en la Morgue. Un secreto, apresurado e improlijo descuartizamiento de su cadáver, que desde el comienzo hizo pensar a muchos de que estábamos ante un homicidio. Toda vez que para el Dictador Frei se había constituido en el principal líder de la oposición y candidato muy seguro a sucederlo. Sumándose a la gran cantidad de despropósitos y violaciones a los protocolos clínicos pasarían varios años antes de que aparecieran otros restos del cuerpo del Presidente, extraña y celosamente guardados en el Hospital de la Universidad Católica a varias cuadras de distancia del recinto donde murió.
Con la resolución judicial se pensó que el crimen quedaba resuelto y comprobado, pero otra apelación judicial acaba de absolver a sus seis presuntos asesinos, cómplices y encubridores. Cuestión que en estos días se considera escandalosa y que ha obligado a los abogados y familiares de la familia del Presidente Frei a presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema. Trámite que amenaza prolongarse por mucho tiempo y del que ya no se confía mucho en que los seis implicados pudieran volver a ser condenados.
Pero, pase lo que pase, este caso busca quedar registrado en la historia como uno más de aquellos enigmas que a los estados les conviene mantener, porque así como el asesinato de Allende parecía ser demoledor para las pretensiones del Dictador de aferrarse a La Moneda, el homicidio de Frei se constituye en un baldón para nuestro prestigio institucional, integridad de nuestras Fuerzas Armadas y probidad judicial. Mal que mal, nuestra trayectoria republicana, ya cargaba con el suicidio del presidente José Manuel Balmaceda y el magnicidio del ministro Diego Portales. Hechos que, sin duda, conspiran contra la pretensión nacional de que aquí no sufrimos de las convulsiones o itinerario criminal de otros países de América Latina. Una presunción a todas luces desmentida por los sucesivos golpes de estado, conspiraciones, masacres y violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos de manos de agentes del Estado.
En ambos casos lo raro es que existan entre los propios partidarios de Allende y Frei algunos que aceptan a ciegas las resoluciones de nuestros Tribunales y se allanen a aceptar una “verdad oficial” que cierre estos luctuosos capítulos en bien de la concordia nacional y las “razones de estado”. Que persistan en la versión del suicidio de Allende en vez de aceptar que fue asesinado en el momento que combatía personalmente contra los golpistas que querían darle caza. O que sigan prefiriendo la versión de la negligencia médica en el caso de Frei, cuando muchos de sus presuntos autores todavía podrían reconocer lo sucedido antes que sigan falleciendo.
Muy extrañas parecen algunas versiones de prensa que ahora se exponen profusamente sobre el sobreseimiento de los que alcanzaron a estar condenados en el Caso Frei. Tenemos la impresión de que en la sentencia unánime de los tres jueces que concluyeron en la muerte accidental del Mandatario pudieran haber sido muy bien asistidos por varios colegas de la Jurisprudencia, así como presionados por esos poderes factuales. Quienes en estas materias siempre han preferido esconder la mugre debajo de las alfombras de nuestra institucionalidad.
¡Vaya qué enorme cobertura mediática dada a aquellos “especialistas” que defienden el fallo absolutorio tal como en su época se les brindó también a quienes aseguraban que Allende tenía como obsesión y promesa auto eliminarse! Testimonios que se desbaratan al revisar los numerosos libros y documentales de quienes investigaron la muerte de Allende para concluir en su asesinato. O también ahora pudieran alcanzar más tribuna los que creen en las razones políticas como en las pericias médicas y policiales que avalan que Eduardo Frei fue realmente ultimado.
Parece una enorme verdad que la historia la escriben los vencedores.
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