Al constante goteo de muertes de trabajadores en Madrid (100 en lo que va de año) se une ahora una dura revelación: más de la mitad de los accidentes laborales no llegan a ser investigados por la vía penal, debido a que, si el obrero no muere en el acto, no se elabora atestado policial […]
Al constante goteo de muertes de trabajadores en Madrid (100 en lo que va de año) se une ahora una dura revelación: más de la mitad de los accidentes laborales no llegan a ser investigados por la vía penal, debido a que, si el obrero no muere en el acto, no se elabora atestado policial y los jueces no reciben noticias del suceso. Lo denuncia Pedro Martínez, fiscal del Tribunal Superior y responsable de delitos laborales
Más de la mitad de los accidentes laborales con resultado de muerte que se producen en Madrid -100 en lo que va de año, según los sindicatos- quedan sin investigar debido a que los jueces «no reciben la noticia del crimen», afirma el teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia, Pedro Martínez. «A diferencia de lo que ocurre en los accidentes de tráfico, en los que la policía se desplaza al lugar e instruye un atestado que después es remitido al juzgado, cuando se trata de un siniestro laboral, sólo en raras ocasiones la policía levanta atestado», aclara Martínez.
Únicamente en un caso se investigan de oficio los accidentes: cuando el trabajador fallece en el tajo y el juez acude allí para levantar el cadáver. Paralelamente a ordenar la autopsia, abre un procedimiento. Pero si el fallecimiento -muchos de ellos tipificables como homicidios imprudentes- se produce en la ambulancia o ya en el hospital, lo habitual es que el juez no tenga la notitia criminis y no se levante atestado. Así, el suceso queda judicialmente impune.
Un dato que avala esta alta tasa de impunidad es que en 2004, según la memoria de la Fiscalía General del Estado, sólo se incoaron 480 causas por homicidio imprudente en accidente laboral. En ese mismo año, el Ministerio de Trabajo tiene contabilizadas no 480, sino 968 muertes laborales (en toda España). El ministerio, a través de sus inspectores, sí levanta un expediente sancionador en todos los casos, pero éste no siempre termina en manos de jueces y fiscales.
Arreglos extrajudiciales
La experiencia de Martínez, quien, además de teniente fiscal, es el coordinador de la fiscalía en materia de delitos laborales, es que más de la mitad no se investigan judicialmente. «Ello crea indefensión a las familias de las víctimas y las deja en manos de las aseguradoras, a las que les salen más baratos los arreglos extrajudiciales», afirma.
Para solventar este problema, la Fiscalía de Madrid, que dirige Manuel Moix, ha puesto en marcha una iniciativa pionera cuyo objetivo es implicar a la Policía Municipal en la investigación de estos posibles homicidios imprudentes fruto de accidentes laborales. Para ello ha redactado un convenio que será suscrito en septiembre con el Ayuntamiento y que -aplicando lo previsto en la reciente Ley de Capitalidad- dará funciones de policía judicial a la Policía Municipal.
La finalidad del convenio es que, bajo mandato de la fiscalía, una brigada de agentes municipales acuda «de inmediato» a la obra en la que se haya producido un accidente laboral con resultado de muerte o heridas graves; y, además, levante un atestado sobre lo ocurrido e impida con su presencia que desaparezcan los indicios del delito, como ocurre ahora en muchas ocasiones.
Los policías, incluso, filmarán en vídeo la situación de la obra, el lugar concreto en el que se ha producido el siniestro y, además, recabarán todas las pruebas que necesitan jueces y fiscales para perseguir penalmente a los responsables, por acción u omisión.
La iniciativa pretende acabar con la altísima tasa de siniestralidad laboral que hay en toda España y -aunque por debajo de la media- en la Comunidad de Madrid. Según datos del Ministerio de Trabajo, en 2005, en España, fallecieron un promedio de tres trabajadores diarios. Sólo en Madrid hay un accidente laboral mortal cada dos días (excluyendo los accidentes in itínere: los que se producen cuando el trabajador se desplaza a su puesto de trabajo). Y este año la media ya es de uno cada dos días.
Gran parte de los obreros mueren en la ambulancia camino del hospital, o en el centro sanitario, y en esos casos no se abre el correspondiente atestado judicial. ¿Por qué? «Los médicos se limitan a levantar un parte indicando que el ‘usuario tal’ ha ingresado con politraumatismo, la causa de la muerte y alguna circunstancia de relieve clínico. Pero ignoran la causa del accidente, o no la indican porque nadie se la refiere oficialmente», señala el responsable de delitos laborales de Madrid.
«Es cierto que ese parte es enviado luego al juzgado, pero, al no indicarse en él la causa concreta de las heridas, el juez y el fiscal la archivan», prosigue Martínez. Sólo en raras ocasiones se inicia la investigación: cuando los familiares del fallecido lo denuncian. Y esto suele ser muy inhabitual. Pero, aun así, sería una denuncia sin apenas pruebas, ya que los indicios del delito desaparecen tras el accidente. Incluso cuando acuden los inspectores de Trabajo a levantar su acta, ya suele ser demasiado tarde.
También es frecuente que los compañeros de la víctima, que por lo general siguen trabajando para el empresario, sean reacios a testificar sobre lo realmente ocurrido. Y si se produce la denuncia y el juez ordena un peritaje, también éste suele resultar estéril, porque cuando el técnico se desplaza al tajo, las pruebas se han esfumado.
En definitiva, las familias de las víctimas quedan a expensas de las aseguradoras, en el caso de que éstas existan. «Lo normal es que las aseguradoras se pongan rápido en contacto con los familiares y les ofrezcan un arreglo económico que evite la vía judicial», añade el fiscal. «Muchas familias, en ese momento de dolor, acceden a la oferta instantánea económica en lugar de esperar al resultado de la vía judicial, que puede durar, si hay recursos, cinco o seis años».
Esta ausencia de una adecuada investigación se debe a que, hasta ahora, al menos en Madrid, nadie hace el oportuno atestado policial, que es la vía correcta para que el juez abra un procedimiento judicial y haga partícipe del mismo al fiscal para que éste impulse las pesquisas. En teoría, esa labor debía realizarla el Cuerpo Nacional de Policía, desbordado por el trabajo. Y reacio ahora, según fuentes jurídicas, a que esta labor se encomiende a policías municipales revestidos de policías judiciales.
El teniente fiscal subraya: «El Cuerpo Nacional de Policía no debe ser reacio a este acuerdo, porque no se trata de restar, sino de sumar esfuerzos. Lo importante es que las administraciones estatal, autonómica y municipal han decidido ahora ir juntas para frenar la lacerante realidad de la siniestralidad laboral. Estamos dando un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas en un Estado con amplios niveles de descentralización».. Para combatir esta impunidad, la fiscalía y el Ayuntamiento han acordado crear una brigada de siniestralidad laboral en el seno de la Policía Municipal. Además, un juez acaba de dictar una novedosa sentencia que impone penas de cárcel a tres responsables de una obra por la falta de seguridad en el tajo, aun sin mediar accidente.
Una brigada para vigilar las obras
El convenio que van a firmar la Fiscalía de Madrid y el Ayuntamiento para combatir la impunidad de los accidentes laborales no limitará la labor de la Policía Municipal a investigar los accidentes con muertes o heridos muy graves. Además, la faculta para visitar aleatoriamente las obras de la capital y denunciar los casos en que se incumplan las medidas de seguridad previstas en la normativa laboral.
El convenio no especifica cuántos policías asignará el gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón a este cometido. El texto, que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010, establece el desarrollo de cursos de formación para los agentes que compongan la brigada de siniestralidad laboral.
Los cursos los impartirán jueces, fiscales y técnicos de seguridad y salud de la Comunidad de Madrid. Constada una infracción grave que suponga un peligro para los trabajadores, los agentes la elevarán ante la Inspección de Trabajo -en Madrid hay unos 200 inspectores- para que sus técnicos inspeccionen la obra, elaboren un informe y remitan los hechos al fiscal. La Fiscalía de Madrid calcula que serán necesarios al menos seis fiscales especializados para asumir el trabajo que se va a derivar de este convenio.
Desde la fiscalía se pide al Gobierno de la Comunidad de Madrid que también se sume a este convenio para extender su eficacia a toda la región.