Los seis años de política de seguridad democrática del gobierno colombiano de Álvaro Uribe no han favorecido la protección de las mujeres, concluyó un encuentro de defensoras de los derechos humanos. El Taller de Estrategias de Protección para Defensoras de Derechos Humanos en Colombia se llevó a cabo el 6 de junio en Bogotá, en […]
Los seis años de política de seguridad democrática del gobierno colombiano de Álvaro Uribe no han favorecido la protección de las mujeres, concluyó un encuentro de defensoras de los derechos humanos.
El Taller de Estrategias de Protección para Defensoras de Derechos Humanos en Colombia se llevó a cabo el 6 de junio en Bogotá, en el marco de la Campaña Internacional sobre Mujeres Defensoras de Derechos Humanos.
Medio centenar de campesinas, indígenas y afrocolombianas, representantes de grupos populares, movimientos sociales y feministas de distintas regiones del país, llegaron para compartir experiencias con mujeres de Asia, África, Europa y el resto de América Latina.
Desplazamiento, violencia sexual, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas son los desastres que comparten.
«Hasta pensar se convierte en causa de agresión», dijo Pilar Sánchez, del oriental departamento de Boyacá, afectado históricamente por la presencia de grupos delictivos, control militar y marcada presencia paramilitar en la última década.
«A las mujeres nos pisotean por todo. Porque ejercemos liderazgo, porque defendemos nuestros derechos, los de nuestros hijos, los de la comunidad. Pero también por el sexo, por la religión, por todo. En las zonas fronterizas es peor, porque toca enfrentar a la guerrilla, a los ‘paras’ (paramilitares), al ejército», describió Sánchez.
«La política de Uribe ha representado mayor inseguridad para las mujeres. La mal llamada desmovilización de grupos paramilitares, que en verdad mantienen control en espacios de administración y justicia regional, afecta en especial a mujeres, niñas y adolescentes», dijo a IPS María Eugenia Ramírez, de la Mesa de Trabajo del Instituto Latinoamericano de Derechos Alternativos (ILSA), con sede en Bogotá.
Su afirmación se sustenta en crímenes como el asesinato de la líder Yolanda Izquierdo, en enero de 2007, en el noroccidental departamento de Córdoba.
Izquierdo representaba a varios cientos de campesinos que reclamaban la devolución de sus tierras, tomadas por grupos paramilitares comandados por Salvatore Mancuso, extraditado en mayo a Estados Unidos, donde se lo acusa de delitos de narcotráfico.
Se suman los asesinatos de Carmen Santana, en febrero de 2007, en el norteño departamento de La Guajira, y de cuatro mujeres más en distintas zonas, por una causa común: la solicitud de restitución de tierras en cumplimiento de la Ley de Justicia y Paz, que «no se aplica», afirman las denunciantes.
Esa ley fue aprobada por el gobierno como marco de la desmovilización que negoció con los paramilitares, milicias ultraderechistas aliadas de la fuerza pública en la lucha contra la guerrilla de izquierda. La ley otorga beneficios penales –un máximo de ocho años de prisión– a los desmovilizados que confiesen todos sus crímenes y los obliga a reparar a las víctimas.
La autoridad constitucional dispuso cambios a la norma, como la pérdida de todos los beneficios para los desmovilizados que oculten delitos en sus testimonios. Pero la sorpresiva extradición de los principales jefes «paras», dispuesta por el gobierno, frenó varios procesos claves para llegar a la verdad de los peores crímenes de guerra cometidos en las últimas dos décadas.
La Escuela Nacional Sindical asegura que en los primeros 11 meses de 2006 fueron asesinadas 13 mujeres sindicalistas, 15 en 2005, y 16 en 2004.
La líder Yolanda Becerra, de la no gubernamental Organización Femenina Popular, con un largo historial de amenazas por su trabajo con mujeres de base en la petrolera ciudad de Barrancabermeja, nororiente del país, fue asaltada en su casa en noviembre de 2007.
Miembros del grupo paramilitar Águilas Negras, surgido tras la desmovilización, «entraron a mi apartamento, destruyeron documentos, amenazaron, torturaron psicológicamente y me sacaron de la ciudad», dijo Becerra a IPS.
«Pero no quebrantaron mi apuesta. Desde Bucaramanga (capital del nororiental Santander) mantengo el compromiso de defensa a la vida y a la democracia «, agregó.
«De todas maneras, digo que estoy ‘de buenas’ porque nunca me amenazan sola», apuntó con un dejo de ironía. «Lo hacen con personas respetadas, reconocidas, como el padre Francisco de Roux», líder jesuita.
Las situaciones de violencia y agresión se extienden incluso a personas del común, que habitan regiones en las que tradicionalmente se mantuvo el dominio guerrillero.
«Mantenemos acciones de alertas tempranas, de protección, de trabajo constante», dijo Ramírez. «El año pasado, logramos sacar del país a ocho mujeres con sus familias por las amenazas reiteradas en su contra, pero la situación es grave», añadió.
La abogada Claudia Girón sostuvo que han sido asesinadas seis mujeres líderes y muchas más están amenazadas en zonas cercanas a la capital, desde el 6 de marzo, cuando se llevó a cabo una marcha contra la violencia estatal y paramilitar.
Girón es esposa de Iván Cepeda, organizador de esa marcha y portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.
«Por eso llamo la atención a los organismos internacionales, para que se mantengan atentos a la situación que se vive en Colombia», dijo Girón ante el auditorio.
La embajadora de Suecia, Lena Nordström, reafirmó en claro español su interés de apoyo. «Continuaremos trabajando como en los últimos años por las mujeres colombianas afectadas por el desplazamiento y la violación de sus derechos. Para mi país es un verdadero compromiso», dijo.
La representante de la Campaña Internacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Sumila Abeyke, expresó que se mantendrá el empeño de afianzar estrategias que logren la protección de las mujeres víctimas y líderes de derechos humanos.
«Es un reto que venceremos con sentimiento de solidaridad», afirmó.
La colombiana Ramírez afirmó que se continuará trabajando porque se cumplan la legislación interna, y las recomendaciones de la relatoría especial de violencia contra las mujeres de las Naciones Unidas, emitidas en 2002, y de la relatoría especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
«Son temas son importantes que aportan en nuestro empeño. Pero también ponemos en práctica mecanismos de protección entre nosotras, y encuentros como estos son apoyo importante para el alma», dijo Ramírez.
Abeyke finalizó reafirmando el compromiso de contar «todas estas historias a través de nuestras redes» para mantener «el sentimiento de solidaridad, y continuaremos cuidándonos unas a otras, venciendo las fronteras reales e imaginarias que nos han impuesto».