Muchos profesores se preguntan sobre el neoliberalismo en educación, lo vinculan a políticas macro que no ligan al quehacer cotidiano de los docentes. El neoliberalismo, en su expresión de reducción del poder del estado para traspasarlo al todopoderoso mercado se inicia en nuestro país en el marco de la Constitución del 80, que no ha […]
Muchos profesores se preguntan sobre el neoliberalismo en educación, lo vinculan a políticas macro que no ligan al quehacer cotidiano de los docentes.
El neoliberalismo, en su expresión de reducción del poder del estado para traspasarlo al todopoderoso mercado se inicia en nuestro país en el marco de la Constitución del 80, que no ha sido modificada en lo sustancial, donde consagra la educación como mercancía, de la cual ya no es el estado garante para todos los chilenos. Ello tiene su expresión concreta en la municipalización de la educación, paso intermedio para la total privatización. El amarre viene en la L.O.C.E., Ley orgánica constitucional de educación, de fecha 10 de marzo de l990 que habla de libertad de enseñanza, borrando el concepto «derecho a la educación».
A partir de ahí las medidas que se van implementando en educación, ya sea en manos de corporados, o municipalizados, tienen que ver con una reforma funcional al modelo, que sobre la base de modificaciones parche, y no de fondo, tales como: Instalación de criterios de productividad, medibles en tanto SIMCE o PSU en educación, versus nuestra concepción de desarrollo integral y armónico del educando. Instalación de criterios de competitividad entre docentes vía incentivos individuales versus nuestros criterios pedagógicos de trabajo socializado, en equipo. Instalación de rentas diferenciadas por concepto de una evaluación docente que precariza más nuestro empleo transformándose en la antesala de la acreditación cada cuatro años de nuestra permanencia en el cargo. Postulación a la obtención de recursos vía proyectos sin dar continuidad ni respaldo serio a las actividades desarrolladas en cada escuela o liceo. Paralelamente a este avance del neoliberalismo en educación se va fortaleciendo la mantención y creación de establecimientos particulares subvencionados que, van nutriéndose de la matrícula que le restan a la educación municipalizada, y que se financian con dineros fiscales y de la familia, dineros que no es posible controlar pues ha habido una negativa persistente a crear una Superintendencia de educación que pueda evitar los abusos de estos empleadores, supuestos colaboradores de la función educativa. La tónica de los últimos meses no es distinta. Cuando el alcalde de la comuna de La Granja, Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Sr. Arriagada, decide que en su comuna ya no mantendrá la extensión horaria de los docentes a 38 horas, por efectos de la JEC, y ofrece para completar el mismo sueldo que los docentes presenten un PROYECTO, que cancelará vía honorarios ( con boleta) de marzo a diciembre estamos en presencia de la quintaesencia del neoliberalismo llevando la prevaricación del empleo docente a términos intolerables.
Es preciso estar atentos frente a estas medidas. Son muchos los municipios que reparten la miseria, ante el evidente desfinanciamiento de la educación, sea por el fracaso de la gestión municipal, sea por el efecto perverso del sistema de subvenciones, rebajando el número de horas de trabajo de los docentes, arbitraria e ilegalmente, y son muchos los docentes que lamentablemente están aceptando estas medidas. No podemos aceptar ni cierre de escuelas, ni fusión de cursos pues desde nuestra perspectiva profesional llevamos años señalando que es necesaria e imprescindible la rebaja de alumnos en el aula para otorgar de verdad atención más personalizada. Se encuentra en el parlamento un proyecto de ley que plantea la subvención preferencial, mayores recursos a mejores resultados. Neoliberalismo puro. Si al cabo de un periodo no hay mejoras sustantivas de los rendimientos standarizados, se plantea el cierre de escuelas. Lo mismo por la vía de la intervención en establecimientos críticos. Ya es hora que las nuevas autoridades entiendan que la solución pasa por tener a los docentes trabajando en mejores condiciones, con una carrera profesional que garantice estabilidad, con políticas sociales que resuelvan el problema de la calidad de vida de nuestros alumnos, para que estén en condiciones de efectuar los aprendizajes que la escuela debe requerir. En un año con negociación es imprescindible que los profesores y profesoras nos planteemos con mayor decisión en nuestras demandas. Es preciso trabajar para hacer realidad las propuestas de nuestro Congreso curricular, que con una mirada profesional, técnica y política, marca los rumbos para nuestro quehacer. No queremos más de lo mismo. Queremos construir, con alumnos y apoderados un país distinto, justo y solidario, sin brechas estigmatizadoras, un país que avance hacia una democracia real.
La autora es Dirigente Nacional del Colegio de Profesores de Chile.