De forma unánime, la Cámara de Diputados acordó, hace un par de semanas -por segunda vez en su historia postdictadura- crear una comisión investigadora de las acciones (u omisiones) realizadas por órganos del Estado en las privatizaciones efectuadas durante el régimen militar. El acuerdo, y es éste el aspecto relevante, se tomó tras una demanda […]
De forma unánime, la Cámara de Diputados acordó, hace un par de semanas -por segunda vez en su historia postdictadura- crear una comisión investigadora de las acciones (u omisiones) realizadas por órganos del Estado en las privatizaciones efectuadas durante el régimen militar. El acuerdo, y es éste el aspecto relevante, se tomó tras una demanda parlamentaria que buscaba investigar las cuentas de Augusto Pinochet en el Banco Riggs. Al no alcanzarse un acuerdo en esa materia, los congresistas derivaron de modo tangencial, por un lado pero también directo, hacia el proceso de privatizaciones. La Cámara no pasó de un tema a otro, sino que demostró que ambos están íntimamente relacionados. La oscuridad de las cuentas de Pinochet, que de alguna manera responderían a un fraude al Fisco, se extiende a las múltiples privatizaciones que también habrían involucrado pérdidas irregulares al erario público. Aun cuando el acuerdo explicita que no será posible presentar acusaciones constitucionales por hechos acaecidos antes del 11 de marzo de 1990, ello no inhibe la posibilidad de una investigación y la determinación «del impacto que el proceso de privatizaciones generó en la concentración de la riqueza y en la mala distribución del ingreso, con el consiguiente daño patrimonial al Estado chileno». Según el texto de acuerdo, las privatizaciones que se realizaron durante el régimen militar no sólo fueron oscuras y dañaron el erario fiscal, sino que los operadores del proceso no asumieron ninguna responsabilidad política ni tampoco penal; se trató de un proceso de traspaso de la riqueza desde el Estado a privados, lo que, hasta el día de hoy, ha creado una concentración de la propiedad y también una fuerte concentración de la renta en estos grupos. Puede afirmarse que sobre estas bases se apoya la actual institucionalidad económica. La oscuridad que hoy observamos en las cuentas de Pinochet se ha extendido a las privatizaciones. Y qué mejor ejemplo que Endesa, la privatización más paradigmática de la dictadura. José Yuraszeck, aquel opaco funcionario de Pinochet y ex militante de la ultraderechista Patria y Libertad, se convierte de la noche a la mañana en «zar de la electricidad» tras protagonizar, con secuestros, querellas e investigaciones judiciales incluidas, no precisamente la operación mayor de nuestra amplificada globalización, sino el fraude bursátil más grande de nuestra historia. La decisión del Congreso de investigar las privatizaciones, por tanto, no sólo pone en tela de juicio el proceso de enajenación realizado durante la dictadura, sino las bases sobre las cuales se ha apoyado toda la economía de la Concertación. El tan glorificado auge económico parte de una gran estafa al Fisco.
EL «LEGADO DEL REGIMEN»
La periodista María Olivia Monckeberg en su libro El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno eleva a tres mil millones de dólares las pérdidas fiscales durante el proceso privatizador. Unas 400 empresas públicas pasaron con dudosos procedimientos a manos de los asesores y funcionarios más cercanos a Pinochet. Un tesoro, un botín preciado, que robusteció bajo el alero del poder económico al poder político. Una operación que apuntaba, como les gusta decir a la derecha, a consolidar y prolongar el legado del régimen militar. El Chile actual, parafraseando a Tomás Moulian, se edificaba sobre unos poderes económico y político fusionados. Un mismo poderío que se mantendría intacto tras el retorno a la democracia. «El último gabinete de Pinochet que asumió después del triunfo del No en el plebiscito -señala Monckeberg-, tuvo un carácter marcadamente economicista. El objetivo estratégico de ese equipo estaba a la vista: asegurar la proyección de la ‘obra del régimen’. Trasladar las empresas a manos de quienes habían detentado el poder en esos años fue su norte. Y para eso aplicaron el acelerador a fondo». La fusión de ambos poderes salta a la vista. Los mismos altos funcionarios de Pinochet se repiten en las cúpulas corporativas. Entre los ministros que se proyectaron al mundo de los negocios -cito un artículo de Belarmino Elgueta Becker en PF 545- destacan Jorge Cauas, Sergio de Castro, Pablo Barahona, Hernán Büchi, Carlos Cáceres, Juan Antonio Guzmán, José Piñera, Miguel Angel Poduje, Sergio Melnick, Máximo Silva Bafalluy, Alvaro Donoso, Luis Larraín y otros. De este modo, las privatizaciones no son sólo un traspaso de riqueza, sino una operación política para mantener y proyectar en el poder a los grupos afines a Pinochet. El descubrimiento de las cuentas de Pinochet en Estados Unidos ha precipitado un fenómeno de trasvasije del poder en la derecha. La derecha política más dura, que hoy ha perdido el poder, aún mantiene su lealtad con el ex dictador pese a las evidencias del turbio origen del dinero. La derecha económica, cuyo poder salió fortalecido tras la dictadura mediante la apropiación de las empresas públicas, se desmarca finalmente de la controvertida figura del anciano militar. No lo hace sin embargo de «la obra del régimen», que es el elemento que legitima su poder y su fortuna.
LEGITIMACION DE LAS PRIVATIZACIONES
La legitimación final de aquel poder y del turbio proceso de privatizaciones no la hizo la derecha, sino la Concertación. Al recurrir a los más sorprendentes ejercicios de transformismo político e ideológico, los actuales gobernantes, al certificar un modelo económico, legalizaron también «el saqueo». A partir de allí todo se conoce. Las falencias democráticas fueron suplidas por el éxito macroeconómico, ahora garantizado por los nuevos gobernantes. La economía de mercado y su interfaz más doméstica, el consumo de masas (como elemento democratizador y estrategia comunicacional), pasó, tras un proceso de cuidadoso marketing y publicidad, a conformar el núcleo simbólico y discursivo de los gobiernos. Los países latinoamericanos adoptaron la fórmula planteada hacia finales de los 80 por el Banco Mundial y el FMI para los países periféricos, que se conoció como el «Consenso de Washington». Jorge Vergara Estévez, en un breve ensayo titulado «La experiencia chilena de las privatizaciones», publicado en la revista Laberinto número 13 de la Universidad de Málaga, España, cita al economista John Williamson, quien resume la famosa fórmula. Esta consistía en «la aplicación de los diez instrumentos de política económica neoliberal para llevar adelante el objetivo de un sistema capitalista mundial basado en la libertad del mercado, donde predominan los más ‘aptos’ en una especie de darwinismo social». Estas medidas, hoy bien conocidas por los chilenos, eran, por cierto, la disciplina fiscal, reducción del gasto público, reformas tributarias para disminuir los impuestos directos a los mayores ingresos y aumentar los indirectos, tasas de interés de acuerdo al mercado, tipo de cambio real según el mercado, liberalización de las importaciones, estímulo a la inversión extranjera, privatizaciones de empresas públicas y desregulación del proceso económico. Chile, que hacia finales de los 80 ya había realizado gran parte de estas reformas, amplificó, profundizó y refrendó este proceso, lo que fue un reconocimiento a las políticas económicas de la dictadura y una legalización de sus procedimientos y consecuencias. A partir de esta extrema concentración del poder económico y también político se desarrolla nuestra transición, la que sin llevar a una verdadera democracia sí consolida y refuerza la estructura económica basada en el sector privado. Si ésta es nuestra actual base, lo que hoy tenemos en el entramado económico y social son sus efectos. El acuerdo de la Cámara de Diputados de investigar las privatizaciones no debería ser un mero ejercicio de arqueología económica, sino una búsqueda del origen de los problemas -como la enorme desigualdad y el progresivo deterioro de la distribución de la renta- que con el correr de los años no han hecho más que agravarse.